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Esta semana:

• Wilfredo Miranda Aburto habla sobre la lapidación de la democracia en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

• Marina de la Sierra nos explica qué es la Doctrina Donroe, la nueva estrategia de Estados Unidos en América Latina.

La democracia debe ser defendida y procurada como el mejor sistema político que hemos ideado los humanos con el mayor grado de justicia. El debate crucial no es ese, sino quiénes son los aliados para sostener tal mecanismo en una época donde la autocracia acecha y el intervencionismo es rampante. Algunos por ejemplo, mantienen que ante la caída de varias democracias en América Latina , el mejor aliado es Washington. Otros, que se debe sostener la soberanía de cada nación sin intervencionismos.

Ese es el debate al centro de los textos de esta semana.

Desde Nicaragua, Wilfredo Miranda Aburto, nos hace entender los horrores de la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nos muestra cómo Nicargua dista, por mucho, de ese ideal democrático que sostenemos.

Desde Brasil, Marina de la Sierra cuestiona el despliegue del poderío militar estadounidense como estrategia para intentar recuperar la dominación global, en un mundo donde Estados Unidos dejó de ser la única gran potencia.

Sin más, vayamos a Los Anteojos.

La bestia bicéfala que abolió las elecciones en Nicaragua

El régimen copresidencialista anuncia el fin de la democracia

Dos días después que Daniel Ortega decretó en plaza pública la pretensión de abolir las elecciones en Nicaragua, le pregunté a Josefina, que vive en Managua, qué le parecía la declaración que copó titulares alrededor del mundo por la despreocupada desfachatez con la que el viejo dictador sandinista la soltó en el acto del aniversario 47 del derrocamiento de la dinastía somocista. «Siento alivio», me dijo, y la respuesta, de inmediato, me dislocó.

Para mí, un periodista que lleva más de siete años en el exilio, mantener la conexión con quienes viven dentro del país es vital. Por eso intento mantener ese polo a tierra con esa realidad arrebatada y, para serles franco, lo que sale de ella nunca deja de sorprenderme. Es una realidad que se mueve en otra sintonía, en una de sobrevivencia ante un régimen que ha impuesto el terror y la represión sin piedad como política de gobierno.

—¿Alivio?—le dije sin poder disimular el asombro.

—Sí… Es un gran alivio que quiten las elecciones, porque así no nos obligan a ir a votar, a participar en un circo. Pero sobre todo, no nos marcan—remarca la mujer que vive en la capital nicaragüense junto a su nutrida familia.

Josefina, cuyos apellidos me reservo por razones de seguridad, viene de una familia sandinista, activa en la revolución de los ochenta. Esa generación que, tras derrocar al somocismo, cautivó al mundo con una épica guerrillera y que, tras una guerra impuesta por Estados Unidos y la propia perversión de los ideales primigenios del sandinismo, acabó devenida en ese destino del que parecen no escapar casi todas las revoluciones: convertidas en algo, similar o peor, que aquello que derrocaron. En el caso de Nicaragua, sucedió con el regreso al poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2006, en una dictadura tan familiar como totalitaria. En especial tras el viraje de las protestas de 2018, cuando asesinaron a más de 356 personas que salieron a las calles a protestar pacíficamente por un cambio democrático, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De modo que la frase que Ortega soltó durante el acto del pasado 19 de julio, esa que ha resonado tanto, y dice «aquí no volverá a haber elecciones», es la mejor síntesis de una larga deriva dictatorial que empezó, precisamente, pervirtiendo comicios con repetidos fraudes denunciados por organismos de observación como el Centro Carter, la Unión Europea y la OEA.

Fraudes en comicios municipales y generales. Es por eso que Josefina, en la práctica, no siente que le hayan arrebatado el poder de elegir, porque era algo que ella sintió violado en 2008, cuando votó por primera vez y las actas marcadas por la oposición aparecieron en basureros de León, al occidente de Nicaragua, una de las primeras ciudades donde, irónicamente, triunfó la revolución sandinista en 1979, esa que prometió libertad.

Josefina se decepcionó del rumbo que tomó el Frente Sandinista, el partido político de la familia, en especial en 1998, cuando Zoilamérica Ortega Murillo, denunció a su padrastro, Daniel Ortega, por violarla repetidamente desde los once años.

Ella tenía 14 años entonces y la repulsión se le instaló desde esa vez contra aquel hombre que le habían enseñado a reconocer como líder. Luego, en su adultez y con su propia familia, se distanció de la «política», pero apoyó a los heridos de las protestas de 2018. Sintió que era un deber. Aunque está en total desacuerdo con la represión sostenida desde entonces, vive en Nicaragua con una especie de mordaza. La asume como necesaria para seguir «sobreviviendo» y sacar adelante a sus hijos. Por esa razón tuvo que aceptar el carné de militante sandinista, para no quedar como una sospechosa opositora.

En las pasadas elecciones de 2021, cuando el régimen encarceló a todos los precandidatos opositores, Josefina entendió la hondura del control territorial del régimen en los barrios. Asegura que uno de los funcionarios sandinistas le explicó que los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) están encargados de «levantar listas» de las personas que habitan en los domicilios y que, con base en el padrón electoral, verifican «quiénes no fueron a votar».

«Entonces es así como te marcan. O sea, si no votás te convertís, para ellos, en opositor de entrada. Y creo que no tengo que explicarte qué significa ser considerado «traidor» para el gobierno», dice.

Y claro que lo sé, porque en 2023 el régimen me declaró «traidor a la patria» por mi labor periodística. Confiscaron mis bienes, congelaron mis cuentas bancarias, me declararon prófugo de la justicia y me despojaron de mi nacionalidad. Me sucedió junto a más de 400 nicaragüenses desnacionalizados cuyos derechos civiles y políticos, como el de elegir y ser electos, quedaron inhabilitados de por vida, según la dictadura sandinista.

Cuando Josefina me lo explica, de alguna forma entiendo su alivio. Lo que era un «derecho sagrado» pasó a ser un trámite bajo vigilancia. «Un circo», como insiste, del que sacaba más perjuicio que beneficio. Sin embargo, en la admisión de Ortega de su deseo de abolir las elecciones en Nicaragua se esconde algo más grave que el alivio que siente Josefina.

Después de los disparos letales y los asesinados de 2018, la profanación de las tumbas de las víctimas de abril, las encarceladas con torturas, violaciones, desapariciones, exilios, desnacionalizaciones, confiscaciones, la persecución religiosa, la clausura de universidades y organizaciones civiles, el destierro de la prensa, el Poder Judicial convertido en escribanía de la pareja gobernante, el expolio indígena, las purgas internas, la represión transnacional, la copresidencia impuesta por decreto y la hilera de fraudes electorales, los Ortega-Murillo volvieron a cruzar otro rubicón en su afán de poder sin fin, de corte macbethiano, al enarbolar ahora la pretensión de eliminar las elecciones en Nicaragua.

Es que el «aquí no volverá a haber elecciones» que pronunció el caudillo sandinista en la Plaza de la Fe el pasado 19 de julio volvió a instalar esa incredulidad que desgaja: los Ortega-Murillo siempre cruzan fronteras que ni sabíamos que existían, siempre encuentran una convención más que violar. Abolir uno de los derechos más básicos de toda democracia, las elecciones, cabreó incluso a las bases sandinistas. Hasta en dictaduras como la de los copresidentes esos votos servían de simulación para validarse. Pero acometieron un paso que ni Somoza se atrevió a dar.

En Nicaragua, simpatizantes sandinistas y ciudadanos hablan en voz baja de un anuncio que los descalabra. Confirma la radicalización de un régimen familiar decidido a confrontar las presiones internacionales, en especial las de Estados Unidos, que lleva años exigiendo elecciones libres. Peor aún, sepulta las ruinas de la democracia y toda esperanza de un cambio político pacífico por la vía del voto. Y no es una amenaza en el aire: la leal Asamblea Nacional sandinista ya empezó este 22 de julio los trámites para dar cabida legal al deseo del dictador, inhabilitar para siempre a los partidos opositores, casi todos desterrados y, con ellos, la alternancia. Este lunes 27 de julio, el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, convocó al cuerpo diplomático acreditado en Managua para informar que realizarán una reforma constitucional en septiembre y que sí harán elecciones, pero a la «nicaragüense», es decir un eufemismo en que cualquier competencia real al poder de turno está proscrita. Además, planean ampliar el plazo del mandato presidencial a más de seis años, como actualmente está establecido. ¿Cuántos años más? Los que sus jefes, los copresidentes, deseen.

Lo grave ahora es lo superlativo de la pretensión, aparejado a la consolidación de un poder de pareja que se sostiene en el terror y en una macroeconomía funcional, aunque la pobreza siga amaneciendo ahí como el dinosaurio de Monterroso. La gran incógnita, por ahora, es de qué tipo de legalidad específica van a dotar a las «elecciones a la nicaragüense». En eso los Ortega-Murillo son muy creativos: ya impusieron la copresidencia, una figura inédita en el mundo con una reforma constitucional en la que aprobaron la reelección indefinida. Por ahora todo sigue en el limbo y lo dicho por Porras puede cambiar mañana, después de aplacar un poco la nutrida crítica internacional al deseo de abolir los comicios.

De modo que los analistas políticos siguen apostando por dos vías. Que el régimen suspenda las elecciones mediante una reforma constitucional o que convierta la Asamblea Nacional en Constituyente, sin convocar comicios, para adjudicarse el plazo que deseen en el poder, quizá hasta la muerte. Eso también le ahorraría a la impopular, pero temida, copresidenta Murillo un trámite sucesorio por las urnas. En todo caso, un régimen de partido único, el viejo anhelo del caudillo sandinista. Y ahí aparece el espejo que muchos invocan: China.

Si ese fuera el caso, como advierten dos analistas políticos exiliados, Juan Carlos Gutiérrez y Eliseo Núñez, incluso con China sería distinto, porque en Pekín hay un partido, una nomenclatura que decide. En Nicaragua, pese al lema de que «el pueblo es presidente», no existe una nomenclatura sandinista que resuelva como en la revolución de los ochenta. Todo se concentra en la pareja copresidencial. Nada, absolutamente nada, se decide al margen de Ortega y Murillo. Lo que hay son operadores obedientes, sin autonomía, so pena de cárcel. Ese autoritarismo marital es la diferencia clave con la China actual. Un modelo chino con impronta copresidencial se parecería más a la vieja China roja, cuando Mao gobernaba de la mano de su madame, Jiang Qing.

Más allá de los vericuetos legales que encuentren para legalizar la abolición de las elecciones, lo más abyecto es la negativa total de los copresidentes a una alternancia pacífica, en especial hacia los opositores desterrados, a quienes ya inhabilitaron de por vida con condenas de traición a la patria. La oposición nica sigue torpemente desunida, pero el fantasma de un frente nacional y plural, como en las protestas de 2018, todavía atemoriza a los Ortega-Murillo.

Y esto trasciende a los opositores. A partir del 19 de julio de 2026, todos los nicaragüenses también pierden el sufragio, ese que otros llaman «sagrado», como en Costa Rica, país tan cercano y tan lejano en tradición democrática. La diferencia es capital: allí se abolió el ejército, no las elecciones. Es el corolario de la destrucción de Nicaragua a manos de dos ancianos represores que, como en Macbeth, están tan metidos en un río de sangre que volver atrás sería tan difícil como seguir adelante. Solo les satisface conservar el poder, aunque cueste otro crimen más, para no acabar juzgados por crímenes de lesa humanidad. Esta bestia bicéfala vestida de copresidencialismo es lo más maligno que los nicaragüenses han sufrido en su historia moderna.

Y sin embargo, Josefina siente alivio. No porque no entienda lo que viene, sino porque lo entiende demasiado bien. Para ella, dejar de votar es dejar de estar en la lista, dejar de ser marcada. En ese alivio cabe todo el horror de lo que Nicaragua se ha convertido. Un país donde perder un derecho, tan manoseado y violado como el voto, se siente como ganar un respiro.

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América Latina y la Doctrina Donroe

La historia se repite, aunque nunca de forma idéntica—va tropezando torpemente con las particularidades del presente que nos conducen a otra espiral de repeticiones distintas—.

El 2026 comenzó con el sentimiento de que caminamos un camino ya transitado, en donde florece nuevamente el lado más crudo del intervencionismo estadounidense en el continente americano— ese que siempre ha estado, pero que, desde el fin de la Guerra Fría, ha adoptado tácticas híbridas, apoyándose más del poder blando que de las armas; del golpe judicial que del golpe militar; de la asfixia financiera que del bloqueo naval.

Una particularidad del presente es que, en la retórica de la nueva generación de halcones que hoy ocupa Washington—Trump, Marco Rubio, J.D. Vance, con el músculo financiero de Silicon Valley detrás—, han desaparecido las viejas justificaciones que aludían a la democracia y a la misión civilizatoria del orden liberal. En su lugar, emerge sin pudor el burdo llamado al control territorial, ideológico y de recursos. En esa particularidad se asoma una nostalgia por ser la nación de antes en el mundo de antes, en donde las guerras e intervenciones se emprendían, implícitamente, por recursos como el petróleo, que garantizaban su dominación material; un mundo en donde las empresas estadounidenses eran propiamente estadounidenses y no un conglomerado de intereses sin fronteras, cotizando en bolsas asediadas por las firmas globales de gestión de activos; un mundo en donde persiste «la era de dominio de Occidente» con los Estados Unidos al frente.

Tropezamos, entonces, con el hecho de que ya no vivimos en el mundo unipolar que precedió la Guerra Fría, ni en un mundo donde el petróleo es la única fuente energética, ni vivimos ya, quizá, en la era del petrodólar. Y eso es lo que oculta la retórica de «es nuestro hemisferio» de la administración actual: si su ambición principal es gobernar el hemisferio occidental, supone una importante degradación del poder estadounidense.

¿Qué significa entonces que Trump salga a declarar su corolario de la Doctrina Monroe, poniendo como ejemplo el ataque a Venezuela para el resto de América Latina? ¿Qué hay detrás de las máscaras que mantuvieron tantos años en pie al orden liberal?

Si el fascismo es un teatro, el escenario está en Venezuela

Venezuela es el motor de la intervención estadounidense en Latinoamérica, aunque, paradójicamente, su petróleo tal vez no sea lo que se use para echarlo a andar.

Cuando Trump declaró que tomar el control del gobierno de Venezuela no le costaría nada a los estadounidenses, ya que el gasto se pagaría con el dinero «que sale del suelo Venezolano»—es decir, con su petróleo—, nos sumergió en el mismo espiral que precedió la invasión de Irak: Paul Wolfowitz, entonces Secretario de Defensa, aseguró que el crudo iraquí financiaría la reconstrucción postguerra, argumento que sirvió de luz verde para una apertura masiva y privatización de la industria petrolera en beneficio de empresas como ExxonMobil y Shell. Trump ha intentado imitar esta estrategia, en la cual grandes ejecutivos petroleros occidentales llegaron a dirigir el Ministerio del Petróleo durante los meses posteriores a la invasión, luego ejerciendo como asesores del nuevo Gobierno iraquí y desempeñando un papel fundamental en la redacción de la Ley de Hidrocarburos de Irak, diseñada precisamente para garantizar la inversión privada extranjera.

Hay una ironía profunda en que la narrativa de «invasión por petróleo»—tanto en su versión trumpista como en la crítica simplista de izquierda—oculta deliberadamente. Hay que recordar que, en Irak, lo que realmente ocurrió no fue extracción, sino saqueo financiero: contratos multimillonarios a empresas como Halliburton, una producción colapsada que tardó dos décadas en recuperarse (y solo entonces gracias a la inversión china, no estadounidense) y, sobre todo, un sistema que no falló, sino que funcionó exactamente como estaba diseñado. En un capitalismo financiarizado, el dinero no se hace inundando mercados de petróleo, sino restringiendo la oferta, inflando precios, secuestrando flujos futuros y extrayendo rentas mediante instrumentos de deuda.

Al evocar a Irak, no solo se busca popularizar una nueva intervención, se busca reactivar la imagen de un Estados Unidos superpoderoso, capaz de repetir eternamente el pasado. Que Trump proclame abiertamente que todo esto es por el petróleo no significa que las máscaras de las invasiones estadounidenses por fin hayan caído; significa que la nueva máscara es hacernos creer que ya no hay máscara. Tomarle la palabra y reducir todo a una invasión por petróleo es precisamente el error que nos impide ver el cuadro real: el de una potencia que, al recurrir a manuales desgastados, delata su ansiedad por un dominio que en el siglo XXI ya no le pertenece.

Reconstruir Petróleos de Venezuela (PDVSA) —una empresa devastada por años de sanciones, fuga de cerebros y desinversión masiva— requeriría décadas y billones de dólares. No es, precisamente, una apuesta atractiva, y las grandes petroleras lo saben: lejos de presionar por una guerra, han sido notablemente reticentes. A esto se suma un hecho incómodo para esta narrativa: hoy Estados Unidos es el mayor productor mundial de crudo. Eso no lo vuelve inmune a los shocks energéticos globales —la crisis en el estrecho de Ormuz lo demuestra—, pero la necesidad estratégica ya no es la misma que en el siglo XX. La prueba más evidente la dio el propio Maduro, que ofreció repetidamente concesiones petroleras a cambio de un alivio de las sanciones. Si el objetivo fuera solo el crudo, la ruta comercial ya estaba abierta. Que Washington la rechazara revela que el verdadero juego es otro: se trata de un castigo ejemplar. Y en el centro está Marco Rubio, líder de una cruzada ideológica forjada durante décadas en los pasillos del exilio anticastrista de Miami. Su aversión al gobierno de Cuba y, por extensión, a sus aliados como Venezuela, no es una postura circunstancial: es el núcleo de un proyecto personal cuidadosamente cultivado, pero, fundamentado en una mentira central de su núcleo familiar. Finalmente, como lo reveló el Wall Street Journal, sus padres huyeron de la isla en 1956, durante el gobierno de Fulgencio Batista, no de Fidel Castro. Pero claro, eso no contribuye a la construcción de un Marco Rubio como estandarte de la lucha contra el supuesto comunismo cubano.

En un gobierno donde la coherencia ideológica brilla por su ausencia, Rubio pretende representar la excepción: es el único asesor con un historial largo, sostenido y obsesivo en la configuración de las políticas hacia América Latina. Ha sido uno de los principales impulsores de las sanciones contra Venezuela, ideadas para que la vida cotidiana de la gente común y corriente sea insostenible. Y detrás del teatro, que ha puesto en escena a Trump como el presunto futuro superhéroe que logrará reducir los precios de la gasolina en su país— una promesa que ni a las petroleras les conviene, ni es realmente factible en los siguientes diez o veinte años— late una guerra mucho más decisiva: la que se libra por la moneda en que se intercambia el crudo. El petrodólar es el pilar que permite a Estados Unidos financiar su déficit y sostener su deuda; cualquier intento de vender petróleo fuera del dólar —como han explorado China, Rusia, Irán y, claro, Venezuela— es una amenaza existencial para esa arquitectura. Por eso el castigo a Venezuela no se explica solo por el petróleo, sino por el ejemplo: desalentar a cualquier país que aspire a comercializar su riqueza energética al margen del sistema monetario estadounidense.

Venezuela es el laboratorio perfecto de este mecanismo. Las sanciones no buscaban simplemente castigar a Maduro, buscaban garantizar el colapso productivo de PDVSA para activar una cadena perfectamente orquestada: el default activa arbitrajes internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI); los acreedores financieros —BlackRock, los fondos buitre— absorben deuda soberana a precio de liquidación; y la «reconstrucción» futura no vendrá en forma de inversión productiva, sino de acuerdos de producción compartida, swaps de deuda por petróleo y una producción permanentemente estrangulada que garantice rentas, no abastecimiento. El objetivo nunca ha sido que los estadounidenses paguen menos por gasolina, más bien que el petróleo venezolano valga más, no produciéndolo sino existiendo como garantía colateral de deuda, como palanca geopolítica, como activo financiero en manos de gestoras globales—y, sobre todo, que ningún barril se negocie jamás fuera del perímetro del dólar.

Así, el país que más aportó al capitalismo mundial en el siglo XX, durante el mismo tiempo que carecía de un sistema de cloacas adecuado en los epicentros de producción petrolera, se encamina a más de lo mismo: a hipotecar su soberanía a través de un saqueo financiero que, como en Irak, dejará la producción estrangulada, la deuda como único legado y el petróleo convertido en garantía colateral de unos acreedores que nunca pondrán un pie en el lago de Maracaibo. Al final, no se trata solo de barriles, sino de quién dicta el lenguaje en que se valoran.

Detrás del telón del «narcoterrorismo»

Esta obsesión con Venezuela es el eslabón más visible de una cadena de intervenciones que recorre el continente bajo una lógica similar.

Es importante recordar que las alusiones al petróleo venezolano comenzaron a multiplicarse solamente después de la captura de Maduro. Antes de eso, Marco Rubio anunciaba su intención de designar al inexistente «Cártel de los Soles» como organización terrorista extranjera, con el objetivo de acusar a Nicolás Maduro de liderar una conspiración narcoterrorista. El término, acuñado en los años noventa por la prensa venezolana para referirse a generales corruptos por los soles en sus hombreras, fue inflado hasta convertirlo en un arma de guerra narrativa que proporcionaba la cobertura legal y retórica para fusionar la guerra contra las drogas y la guerra contra el terror en un mismo comodín geopolítico. Pero los cargos que enfrenta Maduro hoy tienen poco que ver con esa construcción inicial: el 3 de enero de 2026, la narrativa oficial empezó a cambiar. Las referencias al Cártel de los Soles en los documentos judiciales se redujeron drásticamente—de más de 30 menciones a solo dos—, mientras que las alusiones al petróleo comenzaron a multiplicarse en los comunicados. El presidente dejó de hablar de narcoterrorismo para afirmar que «vamos a tomar el petróleo». La justificación inicial, construida sobre un fantasma, se desvaneció cuando cumplió su función.

Desde su campaña en 2024, Trump insistió en vincular la expansión del supuesto cártel con las guerrillas colombianas y los cárteles mexicanos más importantes. La lógica no es nueva: construir un enemigo amplificado que oculte las verdaderas redes del poder, donde los cárteles funcionan como un dispositivo simbólico para desviar la atención de la complicidad estatal en los flujos del narcotráfico. En México, esa lógica se materializa en la presión para que el gobierno de Claudia Sheinbaum permita operativos militares conjuntos contra los cárteles, designados ya como terroristas. El mismo task force estadounidense que asesinó pescadores en el Caribe bajo sospechas infundadas de narcotráfico colaboró brindando información crucial para la fatal operación contra «El Mencho» en México. Fueron militares mexicanos quienes arriesgaron, y perdieron su vida, pero fue la inteligencia estadounidense la que estuvo detrás. A eso se suma el caso de Chihuahua, donde se confirmó la presencia de agentes operativos de la CIA que participaron en el presunto desmantelamiento de un narcolaboratorio, un patrón que muestra cómo la guerra se libra con una letalidad sin control judicial ni fronteras claras, donde un mismo comando puede matar en altamar impunemente y luego operar en suelo extranjero. Las amenazas de suspensión de ayuda —que enfrentan no solo México, sino también Colombia, como parte de la misma estrategia— son una herramienta de coerción para alinear gobiernos y doblegar soberanías. Es el nuevo rostro de un intervencionismo que se levanta sobre los cimientos del pasado para buscar desesperadamente (re)organizar un hemisferio en un mundo que ya no controla.

Centroamérica es, quizás como siempre ha sido, el lugar más apto para desenmascarar las lógicas que en otros escenarios requieren sutileza. El 28 de noviembre de 2025, Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por conspirar para introducir más de 400 toneladas de cocaína y proteger a narcotraficantes, calificando su procesamiento como una «cacería de brujas» montada por el gobierno de Joe Biden. Simultáneamente, amenazó con cortar la ayuda a Honduras si no ganaba las elecciones su candidato preferido, el conservador Nasry «Tito» Asfura, del mismo partido que Hernández. La ironía alcanzó su punto más alto cuando la Mara Salvatrucha (MS-13)— designada por el propio Trump como organización terrorista extranjera— respaldó activamente a Asfura en las urnas, intimidando a punta de muerte a los votantes. Así, la cortina de humo del narcoterrorismo se activa o desactiva según la conveniencia ideológica y estratégica del momento.

En El Salvador, la estrategia alcanza su expresión más siniestra: la subcontratación de la tortura. Mientras Washington aplaude el modelo Bukele —quien, según reveló El Faro, pactó con pandillas desde su etapa como alcalde para obtener beneficios políticos—, el gobierno salvadoreño se convierte en el brazo carcelario de Estados Unidos, en donde migrantes deportados son encarcelados en el CECOT, sin debido proceso, y sometidos a golpizas sistemáticas, desnudez forzada y violencia sexual en un régimen que los propios guardias describen como «el infierno». Aquí es dónde cobra relevancia aquella frase del ex Secretario de Estado y arquitecto de dictaduras latinoamericanas, Henry Kissinger: tal vez ser enemigo de Estados Unidos sea peligroso, pero ser su amigo es fatal. Bien harían en recordarlo las nuevas corrientes MAGA en nuestro continente, desde Machado y Milei hasta Kast y Bukele: el aplauso entusiasta al autoritarismo que sí sigue las órdenes no es el sello de una alianza sino el eco que escucha un verdugo subcontratado y, sobre todo, desechable.

La violencia es el último acto

El imperio se repliega, se fortifica, y en ese repliegue se vuelve más peligroso: recurre a la nostalgia que alimenta el sueño de hacer a «América grande de nuevo» —aquel que cree que invadir Venezuela y arrancarle el petróleo restaurará su dominio global; que imagina sus empresas como las potencias industriales del siglo XX; que da por hecho que el dólar reina sin desafíos; que añora aquel mundo donde cada barril arrancado a sangre y fuego alimentaba la máquina de grandeza de una nación que hoy, simplemente, ya no existe. Esa es la fantasía que la administración vende a su base MAGA: la promesa de fábricas reabiertas, de empleos eternos, de un país que vuelve a producir como antes. Pero el capital ya no tiene patria, y los barriles —si es que llegan a fluir— no serán para echar a andar las ciudades devastadas por décadas de desindustrialización, sino para engordar los fideicomisos de fondos de inversión que operan desde paraísos fiscales. El fatal intento por restaurar el dominio estadounidense no lo pagará su élite— los magnates de Silicon Valley, los gestores de activos sin rostro, los arquitectos de los algoritmos que gobiernan la vida— que, a cambio de la lealtad de las masas, solo estarán dispuestos a rentarles espacios virtuales. El sueño de la grandeza americana termina siendo un producto más.

En el centro de todo, Venezuela espera su turno: ya no para ser invadida, sino para ser descuartizada financieramente, para que su petróleo se convierta en garantía de deuda y su soberanía en una cláusula de un contrato redactado en Nueva York. Lo que estamos presenciando es la furia de un imperio que intenta desesperadamente volver a controlar un orden global que se le escapa entre los dedos. Y en esa desesperación, América Latina se convierte en el laboratorio donde ensaya las formas más crudas de su decadencia. El imperio, en su repliegue, no se vuelve más débil; se vuelve más depredador. Y quienes lo sufren no son sus adversarios, ni los dictadores, ni el líder de un cártel o de una pandilla. Es la gente común— la venezolana asfixiada por sanciones, la mexicana entre cárteles y torres de vigilancia fronteriza, la salvadoreña que no sabe en qué cárcel está su hijo— atrapada en el fuego cruzado de una guerra que no es la suya.

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La historia se repite, aunque, paradójicamente, nunca de forma idéntica—va tropezando torpemente con las particularidades del presente que nos conducen a otra espiral de repeticiones distintas.

El 2026 comenzó con el sentimiento de que caminamos un camino ya transitado, en donde florece nuevamente el lado más crudo del intervencionismo estadounidense en el continente americano— ese que siempre ha estado, pero que, desde el fin de la Guerra Fría, ha adoptado tácticas híbridas, apoyándose más del poder blando que de las armas; del golpe judicial que del golpe militar; de la asfixia financiera que del bloqueo naval.

Una particularidad del presente es que, en la retórica de la nueva generación de halcones que hoy ocupa Washington—Trump, Marco Rubio, J.D. Vance, con el músculo financiero de Silicon Valley detrás—, han desaparecido las viejas justificaciones que aludían a la democracia y a la misión civilizatoria del orden liberal. En su lugar, emerge sin pudor el burdo llamado al control territorial, ideológico y de recursos. En esa particularidad se asoma una nostalgia por ser la nación de antes en el mundo de antes, en donde las guerras e intervenciones se emprendían, implícitamente, por recursos como el petróleo, que garantizaban su dominación material; un mundo en donde las empresas estadounidenses eran propiamente estadounidenses y no un conglomerado de intereses sin fronteras, cotizando en bolsas asediadas por las firmas globales de gestión de activos; un mundo en donde persiste «la era de dominio de Occidente» con los Estados Unidos al frente.

Tropezamos, entonces, con el hecho de que ya no vivimos en el mundo unipolar que precedió la Guerra Fría, ni en un mundo donde el petróleo es la única fuente energética, ni vivimos ya, quizá, en la era del petrodólar. Y eso es lo que oculta la retórica de «es nuestro hemisferio» de la administración actual: si su ambición principal es gobernar el hemisferio occidental, supone una importante degradación del poder estadounidense.

¿Qué significa entonces que Trump salga a declarar su corolario de la Doctrina Monroe, poniendo como ejemplo el ataque a Venezuela para el resto de América Latina? ¿Qué hay detrás de las máscaras que mantuvieron tantos años en pie al orden liberal?

Si el fascismo es un teatro, el escenario está en Venezuela

Venezuela es el motor de la intervención estadounidense en Latinoamérica, aunque, paradójicamente, su petróleo tal vez no sea lo que se use para echarlo a andar.

Cuando Trump declaró que tomar el control del gobierno de Venezuela no le costaría nada a los estadounidenses, ya que el gasto se pagaría con el dinero «que sale del suelo Venezolano»—es decir, con su petróleo—, nos sumergió en el mismo espiral que precedió la invasión de Irak: Paul Wolfowitz, entonces Secretario de Defensa, aseguró que el crudo iraquí financiaría la reconstrucción postguerra, argumento que sirvió de luz verde para una apertura masiva y privatización de la industria petrolera en beneficio de empresas como ExxonMobil y Shell. Trump ha intentado imitar esta estrategia, en la cual grandes ejecutivos petroleros occidentales llegaron a dirigir el Ministerio del Petróleo durante los meses posteriores a la invasión, luego ejerciendo como asesores del nuevo Gobierno iraquí y desempeñando un papel fundamental en la redacción de la Ley de Hidrocarburos de Irak, diseñada precisamente para garantizar la inversión privada extranjera.

Hay una ironía profunda en que la narrativa de «invasión por petróleo»—tanto en su versión trumpista como en la crítica simplista de izquierda—oculta deliberadamente. Hay que recordar que, en Irak, lo que realmente ocurrió no fue extracción, sino saqueo financiero: contratos multimillonarios a empresas como Halliburton, una producción colapsada que tardó dos décadas en recuperarse (y solo entonces gracias a la inversión china, no estadounidense) y, sobre todo, un sistema que no falló, sino que funcionó exactamente como estaba diseñado. En un capitalismo financiarizado, el dinero no se hace inundando mercados de petróleo, sino restringiendo la oferta, inflando precios, secuestrando flujos futuros y extrayendo rentas mediante instrumentos de deuda.

Al evocar a Irak, no solo se busca popularizar una nueva intervención, se busca reactivar la imagen de un Estados Unidos superpoderoso, capaz de repetir eternamente el pasado. Que Trump proclame abiertamente que todo esto es por el petróleo no significa que las máscaras de las invasiones estadounidenses por fin hayan caído; significa que la nueva máscara es hacernos creer que ya no hay máscara. Tomarle la palabra y reducir todo a una invasión por petróleo es precisamente el error que nos impide ver el cuadro real: el de una potencia que, al recurrir a manuales desgastados, delata su ansiedad por un dominio que en el siglo XXI ya no le pertenece.

Reconstruir Petróleos de Venezuela (PDVSA) —una empresa devastada por años de sanciones, fuga de cerebros y desinversión masiva— requeriría décadas y billones de dólares. No es, precisamente, una apuesta atractiva, y las grandes petroleras lo saben: lejos de presionar por una guerra, han sido notablemente reticentes. A esto se suma un hecho incómodo para esta narrativa: hoy Estados Unidos es el mayor productor mundial de crudo. Eso no lo vuelve inmune a los shocks energéticos globales —la crisis en el estrecho de Ormuz lo demuestra—, pero la necesidad estratégica ya no es la misma que en el siglo XX. La prueba más evidente la dio el propio Maduro, que ofreció repetidamente concesiones petroleras a cambio de un alivio de las sanciones. Si el objetivo fuera solo el crudo, la ruta comercial ya estaba abierta. Que Washington la rechazara revela que el verdadero juego es otro: se trata de un castigo ejemplar. Y en el centro está Marco Rubio, líder de una cruzada ideológica forjada durante décadas en los pasillos del exilio anticastrista de Miami. Su aversión al gobierno de Cuba y, por extensión, a sus aliados como Venezuela, no es una postura circunstancial: es el núcleo de un proyecto personal cuidadosamente cultivado, pero, fundamentado en una mentira central de su núcleo familiar. Finalmente, como lo reveló el Wall Street Journal, sus padres huyeron de la isla en 1956, durante el gobierno de Fulgencio Batista, no de Fidel Castro. Pero claro, eso no contribuye a la construcción de un Marco Rubio como estandarte de la lucha contra el supuesto comunismo cubano.

En un gobierno donde la coherencia ideológica brilla por su ausencia, Rubio pretende representar la excepción: es el único asesor con un historial largo, sostenido y obsesivo en la configuración de las políticas hacia América Latina. Ha sido uno de los principales impulsores de las sanciones contra Venezuela, ideadas para que la vida cotidiana de la gente común y corriente sea insostenible. Y detrás del teatro, que ha puesto en escena a Trump como el presunto futuro superhéroe que logrará reducir los precios de la gasolina en su país— una promesa que ni a las petroleras les conviene, ni es realmente factible en los siguientes diez o veinte años— late una guerra mucho más decisiva: la que se libra por la moneda en que se intercambia el crudo. El petrodólar es el pilar que permite a Estados Unidos financiar su déficit y sostener su deuda; cualquier intento de vender petróleo fuera del dólar —como han explorado China, Rusia, Irán y, claro, Venezuela— es una amenaza existencial para esa arquitectura. Por eso el castigo a Venezuela no se explica solo por el petróleo, sino por el ejemplo: desalentar a cualquier país que aspire a comercializar su riqueza energética al margen del sistema monetario estadounidense.

Venezuela es el laboratorio perfecto de este mecanismo. Las sanciones no buscaban simplemente castigar a Maduro, buscaban garantizar el colapso productivo de PDVSA para activar una cadena perfectamente orquestada: el default activa arbitrajes internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI); los acreedores financieros —BlackRock, los fondos buitre— absorben deuda soberana a precio de liquidación; y la «reconstrucción» futura no vendrá en forma de inversión productiva, sino de acuerdos de producción compartida, swaps de deuda por petróleo y una producción permanentemente estrangulada que garantice rentas, no abastecimiento. El objetivo nunca ha sido que los estadounidenses paguen menos por gasolina, más bien que el petróleo venezolano valga más, no produciéndolo sino existiendo como garantía colateral de deuda, como palanca geopolítica, como activo financiero en manos de gestoras globales—y, sobre todo, que ningún barril se negocie jamás fuera del perímetro del dólar.

Así, el país que más aportó al capitalismo mundial en el siglo XX, durante el mismo tiempo que carecía de un sistema de cloacas adecuado en los epicentros de producción petrolera, se encamina a más de lo mismo: a hipotecar su soberanía a través de un saqueo financiero que, como en Irak, dejará la producción estrangulada, la deuda como único legado y el petróleo convertido en garantía colateral de unos acreedores que nunca pondrán un pie en el lago de Maracaibo. Al final, no se trata solo de barriles, sino de quién dicta el lenguaje en que se valoran.

Detrás del telón del «narcoterrorismo»

Esta obsesión con Venezuela es el eslabón más visible de una cadena de intervenciones que recorre el continente bajo una lógica similar.

Es importante recordar que las alusiones al petróleo venezolano comenzaron a multiplicarse solamente después de la captura de Maduro. Antes de eso, Marco Rubio anunciaba su intención de designar al inexistente «Cártel de los Soles» como organización terrorista extranjera, con el objetivo de acusar a Nicolás Maduro de liderar una conspiración narcoterrorista. El término, acuñado en los años noventa por la prensa venezolana para referirse a generales corruptos por los soles en sus hombreras, fue inflado hasta convertirlo en un arma de guerra narrativa que proporcionaba la cobertura legal y retórica para fusionar la guerra contra las drogas y la guerra contra el terror en un mismo comodín geopolítico. Pero los cargos que enfrenta Maduro hoy tienen poco que ver con esa construcción inicial: el 3 de enero de 2026, la narrativa oficial empezó a cambiar. Las referencias al Cártel de los Soles en los documentos judiciales se redujeron drásticamente—de más de 30 menciones a solo dos—, mientras que las alusiones al petróleo comenzaron a multiplicarse en los comunicados. El presidente dejó de hablar de narcoterrorismo para afirmar que «vamos a tomar el petróleo». La justificación inicial, construida sobre un fantasma, se desvaneció cuando cumplió su función.

Desde su campaña en 2024, Trump insistió en vincular la expansión del supuesto cártel con las guerrillas colombianas y los cárteles mexicanos más importantes. La lógica no es nueva: construir un enemigo amplificado que oculte las verdaderas redes del poder, donde los cárteles funcionan como un dispositivo simbólico para desviar la atención de la complicidad estatal en los flujos del narcotráfico. En México, esa lógica se materializa en la presión para que el gobierno de Claudia Sheinbaum permita operativos militares conjuntos contra los cárteles, designados ya como terroristas. El mismo task force estadounidense que asesinó pescadores en el Caribe bajo sospechas infundadas de narcotráfico colaboró brindando información crucial para la fatal operación contra «El Mencho» en México. Fueron militares mexicanos quienes arriesgaron, y perdieron su vida, pero fue la inteligencia estadounidense la que estuvo detrás. A eso se suma el caso de Chihuahua, donde se confirmó la presencia de agentes operativos de la CIA que participaron en el presunto desmantelamiento de un narcolaboratorio, un patrón que muestra cómo la guerra se libra con una letalidad sin control judicial ni fronteras claras, donde un mismo comando puede matar en altamar impunemente y luego operar en suelo extranjero. Las amenazas de suspensión de ayuda —que enfrentan no solo México, sino también Colombia, como parte de la misma estrategia— son una herramienta de coerción para alinear gobiernos y doblegar soberanías. Es el nuevo rostro de un intervencionismo que se levanta sobre los cimientos del pasado para buscar desesperadamente (re)organizar un hemisferio en un mundo que ya no controla.

Centroamérica es, quizás como siempre ha sido, el lugar más apto para desenmascarar las lógicas que en otros escenarios requieren sutileza. El 28 de noviembre de 2025, Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por conspirar para introducir más de 400 toneladas de cocaína y proteger a narcotraficantes, calificando su procesamiento como una «cacería de brujas» montada por el gobierno de Joe Biden. Simultáneamente, amenazó con cortar la ayuda a Honduras si no ganaba las elecciones su candidato preferido, el conservador Nasry «Tito» Asfura, del mismo partido que Hernández. La ironía alcanzó su punto más alto cuando la Mara Salvatrucha (MS-13)— designada por el propio Trump como organización terrorista extranjera— respaldó activamente a Asfura en las urnas, intimidando a punta de muerte a los votantes. Así, la cortina de humo del narcoterrorismo se activa o desactiva según la conveniencia ideológica y estratégica del momento.

En El Salvador, la estrategia alcanza su expresión más siniestra: la subcontratación de la tortura. Mientras Washington aplaude el modelo Bukele —quien, según reveló El Faro, pactó con pandillas desde su etapa como alcalde para obtener beneficios políticos—, el gobierno salvadoreño se convierte en el brazo carcelario de Estados Unidos, en donde migrantes deportados son encarcelados en el CECOT, sin debido proceso, y sometidos a golpizas sistemáticas, desnudez forzada y violencia sexual en un régimen que los propios guardias describen como «el infierno». Aquí es dónde cobra relevancia aquella frase del ex Secretario de Estado y arquitecto de dictaduras latinoamericanas, Henry Kissinger: tal vez ser enemigo de Estados Unidos sea peligroso, pero ser su amigo es fatal. Bien harían en recordarlo las nuevas corrientes MAGA en nuestro continente, desde Machado y Milei hasta Kast y Bukele: el aplauso entusiasta al autoritarismo que sí sigue las órdenes no es el sello de una alianza sino el eco que escucha un verdugo subcontratado y, sobre todo, desechable.

La violencia es el último acto

El imperio se repliega, se fortifica, y en ese repliegue se vuelve más peligroso: recurre a la nostalgia que alimenta el sueño de hacer a «América grande de nuevo» —aquel que cree que invadir Venezuela y arrancarle el petróleo restaurará su dominio global; que imagina sus empresas como las potencias industriales del siglo XX; que da por hecho que el dólar reina sin desafíos; que añora aquel mundo donde cada barril arrancado a sangre y fuego alimentaba la máquina de grandeza de una nación que hoy, simplemente, ya no existe. Esa es la fantasía que la administración vende a su base MAGA: la promesa de fábricas reabiertas, de empleos eternos, de un país que vuelve a producir como antes. Pero el capital ya no tiene patria, y los barriles —si es que llegan a fluir— no serán para echar a andar las ciudades devastadas por décadas de desindustrialización, sino para engordar los fideicomisos de fondos de inversión que operan desde paraísos fiscales. El fatal intento por restaurar el dominio estadounidense no lo pagará su élite— los magnates de Silicon Valley, los gestores de activos sin rostro, los arquitectos de los algoritmos que gobiernan la vida— que, a cambio de la lealtad de las masas, solo estarán dispuestos a rentarles espacios virtuales. El sueño de la grandeza americana termina siendo un producto más.

En el centro de todo, Venezuela espera su turno: ya no para ser invadida, sino para ser descuartizada financieramente, para que su petróleo se convierta en garantía de deuda y su soberanía en una cláusula de un contrato redactado en Nueva York. Lo que estamos presenciando es la furia de un imperio que intenta desesperadamente volver a controlar un orden global que se le escapa entre los dedos. Y en esa desesperación, América Latina se convierte en el laboratorio donde ensaya las formas más crudas de su decadencia. El imperio, en su repliegue, no se vuelve más débil; se vuelve más depredador. Y quienes lo sufren no son sus adversarios, ni los dictadores, ni el líder de un cártel o de una pandilla. Es la gente común— la venezolana asfixiada por sanciones, la mexicana entre cárteles y torres de vigilancia fronteriza, la salvadoreña que no sabe en qué cárcel está su hijo— atrapada en el fuego cruzado de una guerra que no es la suya.

Marina de la Sierra (México y Brasil). Es periodista e investigadora, enfocado en tecnología y derechos humano.Colabora con Empower LLC; cursa la maestría en Integración Latinoamericana en la Universidad de São Paulo.

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Dos días después que Daniel Ortega decretó en plaza pública la pretensión de abolir las elecciones en Nicaragua, le pregunté a Josefina, que vive en Managua, qué le parecía la declaración que copó titulares alrededor del mundo por la despreocupada desfachatez con la que el viejo dictador sandinista la soltó en el acto del aniversario 47 del derrocamiento de la dinastía somocista. «Siento alivio», me dijo, y la respuesta, de inmediato, me dislocó.

Para mí, un periodista que lleva más de siete años en el exilio, mantener la conexión con quienes viven dentro del país es vital. Por eso intento mantener ese polo a tierra con esa realidad arrebatada y, para serles franco, lo que sale de ella nunca deja de sorprenderme. Es una realidad que se mueve en otra sintonía, en una de sobrevivencia ante un régimen que ha impuesto el terror y la represión sin piedad como política de gobierno.

—¿Alivio?—le dije sin poder disimular el asombro.

—Sí… Es un gran alivio que quiten las elecciones, porque así no nos obligan a ir a votar, a participar en un circo. Pero sobre todo, no nos marcan—remarca la mujer que vive en la capital nicaragüense junto a su nutrida familia.

Josefina, cuyos apellidos me reservo por razones de seguridad, viene de una familia sandinista, activa en la revolución de los ochenta. Esa generación que, tras derrocar al somocismo, cautivó al mundo con una épica guerrillera y que, tras una guerra impuesta por Estados Unidos y la propia perversión de los ideales primigenios del sandinismo, acabó devenida en ese destino del que parecen no escapar casi todas las revoluciones: convertidas en algo, similar o peor, que aquello que derrocaron. En el caso de Nicaragua, sucedió con el regreso al poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2006, en una dictadura tan familiar como totalitaria. En especial tras el viraje de las protestas de 2018, cuando asesinaron a más de 356 personas que salieron a las calles a protestar pacíficamente por un cambio democrático, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De modo que la frase que Ortega soltó durante el acto del pasado 19 de julio, esa que ha resonado tanto, y dice «aquí no volverá a haber elecciones», es la mejor síntesis de una larga deriva dictatorial que empezó, precisamente, pervirtiendo comicios con repetidos fraudes denunciados por organismos de observación como el Centro Carter, la Unión Europea y la OEA.

Fraudes en comicios municipales y generales. Es por eso que Josefina, en la práctica, no siente que le hayan arrebatado el poder de elegir, porque era algo que ella sintió violado en 2008, cuando votó por primera vez y las actas marcadas por la oposición aparecieron en basureros de León, al occidente de Nicaragua, una de las primeras ciudades donde, irónicamente, triunfó la revolución sandinista en 1979, esa que prometió libertad.

Josefina se decepcionó del rumbo que tomó el Frente Sandinista, el partido político de la familia, en especial en 1998, cuando Zoilamérica Ortega Murillo, denunció a su padrastro, Daniel Ortega, por violarla repetidamente desde los once años.

Ella tenía 14 años entonces y la repulsión se le instaló desde esa vez contra aquel hombre que le habían enseñado a reconocer como líder. Luego, en su adultez y con su propia familia, se distanció de la «política», pero apoyó a los heridos de las protestas de 2018. Sintió que era un deber. Aunque está en total desacuerdo con la represión sostenida desde entonces, vive en Nicaragua con una especie de mordaza. La asume como necesaria para seguir «sobreviviendo» y sacar adelante a sus hijos. Por esa razón tuvo que aceptar el carné de militante sandinista, para no quedar como una sospechosa opositora.

En las pasadas elecciones de 2021, cuando el régimen encarceló a todos los precandidatos opositores, Josefina entendió la hondura del control territorial del régimen en los barrios. Asegura que uno de los funcionarios sandinistas le explicó que los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) están encargados de «levantar listas» de las personas que habitan en los domicilios y que, con base en el padrón electoral, verifican «quiénes no fueron a votar».

«Entonces es así como te marcan. O sea, si no votás te convertís, para ellos, en opositor de entrada. Y creo que no tengo que explicarte qué significa ser considerado «traidor» para el gobierno», dice.

Y claro que lo sé, porque en 2023 el régimen me declaró «traidor a la patria» por mi labor periodística. Confiscaron mis bienes, congelaron mis cuentas bancarias, me declararon prófugo de la justicia y me despojaron de mi nacionalidad. Me sucedió junto a más de 400 nicaragüenses desnacionalizados cuyos derechos civiles y políticos, como el de elegir y ser electos, quedaron inhabilitados de por vida, según la dictadura sandinista.

Cuando Josefina me lo explica, de alguna forma entiendo su alivio. Lo que era un «derecho sagrado» pasó a ser un trámite bajo vigilancia. «Un circo», como insiste, del que sacaba más perjuicio que beneficio. Sin embargo, en la admisión de Ortega de su deseo de abolir las elecciones en Nicaragua se esconde algo más grave que el alivio que siente Josefina.

Después de los disparos letales y los asesinados de 2018, la profanación de las tumbas de las víctimas de abril, las encarceladas con torturas, violaciones, desapariciones, exilios, desnacionalizaciones, confiscaciones, la persecución religiosa, la clausura de universidades y organizaciones civiles, el destierro de la prensa, el Poder Judicial convertido en escribanía de la pareja gobernante, el expolio indígena, las purgas internas, la represión transnacional, la copresidencia impuesta por decreto y la hilera de fraudes electorales, los Ortega-Murillo volvieron a cruzar otro rubicón en su afán de poder sin fin, de corte macbethiano, al enarbolar ahora la pretensión de eliminar las elecciones en Nicaragua.

Es que el «aquí no volverá a haber elecciones» que pronunció el caudillo sandinista en la Plaza de la Fe el pasado 19 de julio volvió a instalar esa incredulidad que desgaja: los Ortega-Murillo siempre cruzan fronteras que ni sabíamos que existían, siempre encuentran una convención más que violar. Abolir uno de los derechos más básicos de toda democracia, las elecciones, cabreó incluso a las bases sandinistas. Hasta en dictaduras como la de los copresidentes esos votos servían de simulación para validarse. Pero acometieron un paso que ni Somoza se atrevió a dar.

En Nicaragua, simpatizantes sandinistas y ciudadanos hablan en voz baja de un anuncio que los descalabra. Confirma la radicalización de un régimen familiar decidido a confrontar las presiones internacionales, en especial las de Estados Unidos, que lleva años exigiendo elecciones libres. Peor aún, sepulta las ruinas de la democracia y toda esperanza de un cambio político pacífico por la vía del voto. Y no es una amenaza en el aire: la leal Asamblea Nacional sandinista ya empezó este 22 de julio los trámites para dar cabida legal al deseo del dictador, inhabilitar para siempre a los partidos opositores, casi todos desterrados y, con ellos, la alternancia. Este lunes 27 de julio, el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, convocó al cuerpo diplomático acreditado en Managua para informar que realizarán una reforma constitucional en septiembre y que sí harán elecciones, pero a la «nicaragüense», es decir un eufemismo en que cualquier competencia real al poder de turno está proscrita. Además, planean ampliar el plazo del mandato presidencial a más de seis años, como actualmente está establecido. ¿Cuántos años más? Los que sus jefes, los copresidentes, deseen.

Lo grave ahora es lo superlativo de la pretensión, aparejado a la consolidación de un poder de pareja que se sostiene en el terror y en una macroeconomía funcional, aunque la pobreza siga amaneciendo ahí como el dinosaurio de Monterroso. La gran incógnita, por ahora, es de qué tipo de legalidad específica van a dotar a las «elecciones a la nicaragüense». En eso los Ortega-Murillo son muy creativos: ya impusieron la copresidencia, una figura inédita en el mundo con una reforma constitucional en la que aprobaron la reelección indefinida. Por ahora todo sigue en el limbo y lo dicho por Porras puede cambiar mañana, después de aplacar un poco la nutrida crítica internacional al deseo de abolir los comicios.

De modo que los analistas políticos siguen apostando por dos vías. Que el régimen suspenda las elecciones mediante una reforma constitucional o que convierta la Asamblea Nacional en Constituyente, sin convocar comicios, para adjudicarse el plazo que deseen en el poder, quizá hasta la muerte. Eso también le ahorraría a la impopular, pero temida, copresidenta Murillo un trámite sucesorio por las urnas. En todo caso, un régimen de partido único, el viejo anhelo del caudillo sandinista. Y ahí aparece el espejo que muchos invocan: China.

Si ese fuera el caso, como advierten dos analistas políticos exiliados, Juan Carlos Gutiérrez y Eliseo Núñez, incluso con China sería distinto, porque en Pekín hay un partido, una nomenclatura que decide. En Nicaragua, pese al lema de que «el pueblo es presidente», no existe una nomenclatura sandinista que resuelva como en la revolución de los ochenta. Todo se concentra en la pareja copresidencial. Nada, absolutamente nada, se decide al margen de Ortega y Murillo. Lo que hay son operadores obedientes, sin autonomía, so pena de cárcel. Ese autoritarismo marital es la diferencia clave con la China actual. Un modelo chino con impronta copresidencial se parecería más a la vieja China roja, cuando Mao gobernaba de la mano de su madame, Jiang Qing.

Más allá de los vericuetos legales que encuentren para legalizar la abolición de las elecciones, lo más abyecto es la negativa total de los copresidentes a una alternancia pacífica, en especial hacia los opositores desterrados, a quienes ya inhabilitaron de por vida con condenas de traición a la patria. La oposición nica sigue torpemente desunida, pero el fantasma de un frente nacional y plural, como en las protestas de 2018, todavía atemoriza a los Ortega-Murillo.

Y esto trasciende a los opositores. A partir del 19 de julio de 2026, todos los nicaragüenses también pierden el sufragio, ese que otros llaman «sagrado», como en Costa Rica, país tan cercano y tan lejano en tradición democrática. La diferencia es capital: allí se abolió el ejército, no las elecciones. Es el corolario de la destrucción de Nicaragua a manos de dos ancianos represores que, como en Macbeth, están tan metidos en un río de sangre que volver atrás sería tan difícil como seguir adelante. Solo les satisface conservar el poder, aunque cueste otro crimen más, para no acabar juzgados por crímenes de lesa humanidad. Esta bestia bicéfala vestida de copresidencialismo es lo más maligno que los nicaragüenses han sufrido en su historia moderna.

Y sin embargo, Josefina siente alivio. No porque no entienda lo que viene, sino porque lo entiende demasiado bien. Para ella, dejar de votar es dejar de estar en la lista, dejar de ser marcada. En ese alivio cabe todo el horror de lo que Nicaragua se ha convertido. Un país donde perder un derecho, tan manoseado y violado como el voto, se siente como ganar un respiro.

Wilfredo Miranda Aburto (Nicaragua) es coordinador editorial y editor en Divergentes y colaborador de El País. Ha sido galardonado con el Premio Ortega y Gasset (2022) y el Rey de España de Periodismo Iberoamericano (2018).

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Esta semana:

• Celeste Tossolini explora el odio colectivo contra Argentina durante el Mundial (y la irreverencia que lo evoca)

• Barnaby Shand cuenta de la llegada (literal y figurativa) de Andy Burnham como primer ministro del Reino Unido

He aquí, la semifinal del Mundial. Argentina e Inglaterra se vuelven a encontrar. No fue intencional. Pasa que dos de los países que se enfrentaron—y que, en su disputa, cargan con demasiada historia—también dejan mucho de qué hablar esta semana.

Argentina ha sido el tema en redes del último mes. Su paso por las etapas del Mundial ha estado rodeado de controversia que, a su vez, ha generado un discurso de odio lleno de estereotipos contra una nación entera. «Argentina es corrupta»; «No podrían sin la FIFA» y otros tantos desdenes que el lector puede imaginar. Celeste Tossolini tomó el problema de frente. Esta semana explora no sólo ese odio colectivo reciente, sino el espíritu de la nación entera (y su irreverencia que, quizá, es una virtud más que un defecto).

Inglaterra, por su parte, está pasando por un cambio contundente. Tras una administración fallida pero taciturna, Keir Starmer abandona la silla de primer ministro. Su administración dejó muchos logros que no supo comunicar y, en su lugar, se hizo de un descontento colectivo ante un político sin carisma. Entra, en su lugar, Andy Burnham, el vocal alcalde de Manchester North. Burnham promete cambios radicales a un país que lleva siete primeros ministros desde que accedió a salir de la Unión Europea en 2016. Barnaby Shand tomó la oportunidad para hacer cuentas de estos años tumultuosos, de cómo, tras años de caos, Starmer prometía quietud y cómo esa promesa resultó ser una mala practica.

Acá no hay ganadores como en las semifinales, pero sí hay buena lectura para entender ambos lados de la cancha.

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Argentina: ese país irreverente

Por qué todos odiaron a Argentina en el Mundial

Vengo viajando hacia Argentina y, mientras avanzo, no dejo de pensar en el odio que circuló durante estos últimos días. Cuando intento ubicar el origen de esta argentofobia renovada, lo primero que aparece son las redes sociales. Es ahí donde la he visto expresarse con mayor intensidad: en comentarios, publicaciones y videos que convierten a un país entero en una caricatura y a una selección de fútbol en el blanco de un resentimiento que parece ir mucho más allá de la cancha.

Sin embargo, fuera de las pantallas, mi experiencia ha sido otra. Durante este tiempo me paseé con distintas camisetas de Argentina por las calles de Ciudad de México, entré a bares, recorrí colonias, vi partidos en lugares diversos y atravesé terminales de aeropuertos internacionales de la región. Y, frente a mis ojos, no ocurrió nada de todo aquello que las redes parecían anunciar. Solo encontré sonrisas, miradas cómplices de otros compatriotas y alguno que otro grito espontáneo de: «¡Argentina!», «¡Messi!».

Y es que, no lo sé, será sintomático de la época, esta en la que nadie puede mirarse a la cara y ser sincero. Parece servir más expresar el odio a través de una red social. Pienso al respecto y lo relaciono con un fenómeno parecido a ese del «voto escondido» del que hablamos en la actualidad: la cantidad de gente que vota a Javier Milei, por ejemplo, y no podemos saber quién es porque parece darles vergüenza decirlo en voz alta. ¿Todavía? No lo sé.

En estos tiempos parece que todo sucede muy rápido. Hemos pasado, en poco tiempo, de ser una selección muy querida —tan solo cabe recordar que, hace cuatro años, en Catar, todo el mundo quería que Messi ganara la Copa—a ser el equipo malvado; ese al que especialmente los países latinoamericanos le han deseado lo peor durante todo el Mundial. La imagen de Argentina frente al mundo dejó de ser la de un país diverso y lleno de matices para transformarse en un personaje plano: el villano arrogante que necesita ser castigado por la comunidad internacional.

Volvamos a las redes. Hay varias cosas importantes acá. Lucas Malaspina, consultor en comunicación política y asuntos públicos, hizo un análisis muy valioso de lo que está sucediendo en el entorno digital. Y coincido plenamente con su tesis principal al afirmar que no existió una única campaña coordinada contra Argentina, sino la confluencia de públicos que llegan al rechazo de Argentina por diferentes motivos y que, en las redes, terminan por reforzarse y alimentarse entre sí. Todo muy de esta época.

Lucas habla de «capas». Menciona primero la futbolística: «Hay una primera capa puramente futbolera: el cansancio frente a un campeón que lleva años ganando, la gente que apoyaba a Cristiano Ronaldo y que ve a Messi con envidia, sumado a la tendencia a apoyar al equipo más débil, que es la que reúne a los países cuyos equipos fueron eliminados». A esto se agrega una memoria previa de comportamientos provocadores de jugadores e hinchas argentinos. De eso vamos a hablar luego.

La segunda capa que analiza Lucas es, claro, la política. Para muchos públicos internacionales, la Argentina actual ya no se separa con facilidad de la figura de Javier Milei. Nuestro presidente es el más conocido a nivel global de nuestra historia, y también es sabida su cercanía con Trump, sus alineamientos con el gobierno de Netanyahu y con Israel en general. Eso hace que una selección históricamente asociada con la insubordinación latinoamericana, los derechos humanos y episodios históricos como el de Maradona enfrentándose a los poderosos, empiece a ser leída, también, como la representación deportiva de un país políticamente alineado con el poder occidental.

La tercera es cultural y hasta racial. Circula desde hace un tiempo—desde que tengo memoria, diría yo—una imagen de Argentina como un país blanco, arrogante, europeísta y que se percibe superior al resto de América Latina. Acá es donde aparecen argumentos tan pequeños como «Argentina es racista porque no tiene negros en la selección», que otro día lo podemos discutir pero no es el objetivo de este texto.

Considero que todo esto se alimenta con un ingrediente principal—puede ser otra capa—que se observa bastante en las redes: la crítica al comportamiento de los argentinos, el argentinismo—ese que molesta a tantos—. Somos un país irreverente y eso a muchos les cae muy mal. En este contexto se ha potenciado la crítica que ha sonado, más bien, así: arrogantes, soberbios, creídos, quilomberos, rebeldes. En este punto hay que extenderse.

La marca país

La irreverencia argentina está en la forma de discutir en la mesa familiar, en la costumbre de poner en duda a quien se presenta como autoridad, en el humor que ridiculiza al poderoso y en la sospecha permanente frente a las jerarquías. Argentina actúa sin el respeto o la sumisión que tradicionalmente se espera ante cosas o personas aparentemente «superiores», las normas o lo establecido.

Todo lo anterior molesta a muchos. Porque algunos han deseado vernos rendidos a los pies de los poderosos en muchos momentos de la historia y no lo han conseguido. Eso desconcierta a varias sociedades del mundo: que no se acepte esa posición de subordinación en todo momento. Y por eso nos tildan de irrespetuosos, maleducados. Pero, aunque resulte difícil de entender, eso que se califica como negativo desde el exterior es uno de nuestros mayores orgullos como nación.

Esto ya fue estudiado por uno de los politólogos más importantes de la historia, argentino, claro. Guillermo O’Donnell lo analizó en el año 1984 en un ensayo alucinante que tituló «¿Y a mí qué me importa?». Ahí, el autor aborda recursos lingüísticos contrastantes entre Río de Janeiro y Buenos Aires y lanza un audaz análisis sobre la conexión entre lo «micro» y patrones «macro» agregados de comportamiento político en ambos países.

El trabajo parte del análisis de un libro de Roberto DaMatta y de una frase que se repetía a menudo y en voz alta en las calles de Río, cuando dos personas discutían: «¿Vos sabés con quién estás hablando?» («Você sabe com quem está falando?»). El que recibía esa pregunta se quedaba callado, intimidado. Y O’Donnell lo contrasta con una interlocución argentina: «¿Quién se cree que soy yo?», a la que su memoria porteña recuerda haber oído responder muchas veces: «¿Y a mí, qué mierda me importa?».

Lo que desde el exterior se percibe como arrogancia es, para nosotros, una marca país que nos identifica y nos llena de orgullo: forma parte de la identidad con la que nos pensamos. Argentina es un país que jamás naturalizó la sumisión ni aceptó las jerarquías como el orden inevitable de las relaciones.

Esa irreverencia puede reconocerse en los estudiantes, en las madres, en los trabajadores y en las mujeres. Está en la Reforma Universitaria de 1918, cuando los estudiantes cordobeses se rebelaron contra una universidad jerárquica y clerical y convocaron a la juventud latinoamericana a conquistar su autonomía. Está también en el 17 de octubre de 1945, cuando miles de trabajadores irrumpieron en el centro político de Buenos Aires, reclamaron su lugar como protagonistas de la vida nacional y alteraron para siempre las jerarquías sociales del país. En las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que enfrentaron a la dictadura y desafiaron al terrorismo de Estado. Y en el movimiento feminista argentino, desde la irrupción de Ni Una Menos hasta la marea verde, que convirtió demandas largamente relegadas al ámbito privado en una movilización política capaz de ocupar las calles, disputar poderes arraigados, transformar las leyes e inspirar a toda una región.

En el fútbol, esa irreverencia encontró quizá su expresión más acabada en la figura de Diego Armando Maradona. Contra Inglaterra, en 1986, marcó primero un gol con la mano y, apenas cuatro minutos después, el que sería elegido como el Gol del Siglo. La picardía y el genio, la transgresión y la belleza, quedaron reunidos en una misma actuación. Pero también está en la gambeta, en la cultura del potrero y en esa costumbre argentina de jugar como si las reglas pudieran discutirse, los poderosos pudieran ser vencidos y el escenario más solemne pudiera convertirse, de pronto, en un espacio propio.

En la música, esa irreverencia atraviesa desde el tango y el cuarteto hasta el rock nacional. Está en las letras que convirtieron el lenguaje de la calle en cultura, en los ritmos populares que sobrevivieron al desprecio de las élites y en músicos que se negaron a guardar silencio frente al autoritarismo. Está en Charly García cantando mediante metáforas aquello que la dictadura prohibía nombrar; en Mercedes Sosa haciendo de su voz una forma de resistencia y está presente también, en una tradición de rock que convirtió la rebeldía juvenil, el humor y la provocación en parte central de la cultura argentina. Pero también está en lo que jugamos y quizá en ninguno de manera tan clara como en el juego de cartas. El truco premia la picardía y la provocación. En el truco, como en buena parte de nuestra cultura, importa tanto lo que uno tiene como la insolencia con la que se atreve a jugarlo.

Pero podemos ir mucho más atrás y más bien buscar sus raíces en la propia conformación de la sociedad argentina moderna. Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza, en un ensayo titulado «La democratización del bienestar», analizan cómo la sociedad de inmigrantes que se consolidó durante la primera mitad del siglo XX se caracterizó por relaciones sociales frontales, desprovistas de las actitudes tradicionales de respeto frente a las jerarquías. Donde lo individual coexistió con una extendida práctica asociativa y con una fuerte valoración de la educación y de la cultura letrada. Luego, con el avance de la industria, la agricultura y el comercio, emergió durante la primera mitad del siglo XX en el país una clase media cargada de expectativas, conocimiento y, claro, la demanda de derechos.

Tal vez allí se encuentre una de las claves de esa irreverencia: en una sociedad que aprendió a pensarse a sí misma no desde la obediencia, sino desde la expectativa de ascenso social, acceso a la educación y el derecho a reclamar un lugar.

Es por ello que cuando la FIFA y las autoridades de seguridad prohibieron el ingreso de banderas, camisetas y carteles que hicieran alusión a las Islas Malvinas—por considerarlos mensajes políticos, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se paseó por los medios nacionales anunciándolo—, unos muchachos encontraron la manera de responder. Y esos muchachos, al finalizar el histórico encuentro contra los ingleses, hicieron llorar de emoción y orgullo a gran parte del país con una sábana de hotel intervenida. «Las Malvinas son argentinas», leímos. Y lloramos.

Y es que, hay algo ahí: los dueños del mundo—o quienes se creen eso—no han soportado, con el paso de los años, que una nación de la que esperan—incluido su propio presidente—que ocupe un lugar de colonizada, no lo acepte, y en cambio juegue, se pelee, y se sienta aún más orgullosa de su propia cultura, la cual renace cada vez que la tumban.

Una irreverencia en el deporte, en la música, en el habla, en la escritura, en la industria de la moda y en el porte, así como en el humor, en la amistad, en la manera de relacionarnos entre nosotros y para con el mundo, en la política. Y así podría seguir.

La final de 2026 terminó de una manera dolorosa. Argentina perdió ante España en la prórroga. Después de haber defendido durante todo el Mundial la conquista en Catar, la selección quedó a pocos minutos de volver a levantar la Copa. El pitazo final dejó silencio, lágrimas y una tristeza difícil de explicar para quienes creen que se trata solamente de fútbol.

Durante semanas, una selección a la que muchos habían convertido en villana volvió a llevarnos hasta una final del mundo, volvió a emocionarnos. Lo hizo rodeada de rechazo, provocaciones y deseos de verla caer; y, aun así, consiguió que un país entero volviera a reunirse alrededor de una pelota.

No podemos responder a toda esta ola en contra de nosotros y al pensarlo bien, entiendo que algunos no lo entiendan. Esto es lo que elegimos ser: un manifiesto de amor y orgullo por nuestra tierra, en una época de odio interno y externo exacerbado. Este Mundial fue un viaje hermoso.

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Burnham, desde el norte

El nuevo primer ministro del Reino Unido

—Quiero ver el tren —dice el director del programa. Sabe que es esencial.

El operador, nervioso, presiona un par de botones. Es difícil seguir desde el aire las curvas que el tren lleva por tierra.

—Ahora vamos a la segunda toma—comanda el director—el helicóptero dos.

Aparece en pantalla. Se ve la máquina desde el aire. Lo que importa no es el trayecto; es el destino.

—Eso, despacio... cambiamos en 3, 2, 1... Ahora, ¡Euston! —grita el director; el nombre de la estación. La emoción ya es demasiada. No todos los días llega el futuro del país por tren.

—Llega en dos minutos, dos minutos—declara—Todos atentos.

—El tren ya está ahí, ¡ya está! ¿Su equipo nos confirmó que ahí está? —duda de pronto el director.

—Sí —afirma el operador—. Confirmado. Burnham llega en dos minutos, desde el norte, a Londres, por el tren.

Así como vaticinan, ocurre.

Andy Burnham, el próximo primer ministro del Reino Unido–y recientemente electo miembro del parlamento—llega desde Manchester. No hay caravana, no hay ceremonia, solo viene en tren. Y aún si Sky News tiene a dos—¡dos!—helicópteros cubriéndolo, no hay indicación clara de que el próximo primer ministro esté en un vagón. Solo es un tren, uno de los tantos que entran a la estación de Euston a diario. Pero este tiene dos ángulos de helicóptero. No se puede perder la toma.

Todo parece indicar que Andy Burnham viene en ese tren. El otrora alcalde de Manchester, y ahora el Honorable Miembro del Parlamento por Makerfield, una circunscripción en las afueras occidentales del Gran Manchester. ¿Cómo llegamos aquí?

De un arrasador triunfo del partido del trabajo en julio de 2024 (el tercero más grande de la historia) y una mayoría de 172 escaños liderada por Keir Starmer, a los repetidos y finalmente ensordecedores llamados a su salida que terminarían con Burnham en ese tren y la prensa vuelta loca. Es la historia de dos hombres bastante distintos, con políticas que distan entre sí. Uno anodino, adusto y gris; el otro, carismático. Y es la historia de un cambio en la política británica que, desconocía, iría contra mis expectativas.

Cuando era niño me hice de una teoría que, hasta hace poco, me acompañaba. Mientras menos escuchara de nuestros políticos, mejor. Quiero que trabajen, eso sí; quiero que hagan un buen trabajo y sean una buenas personas; no quiero, sobre todo, que estén constantemente en la prensa (recuerdo las escenas incansables de guerras en mi niñez—del Afganistán de Tony Blair; de nuevos muertos, de crisis, de un mundo que no entendí). No news is good news, pensé.

Este año, se cumple una década de ruidos interminables en el Reino Unido; de esos que mi intuición infantil decían ser la antítesis de un buen gobierno. En 2016, el país votó a favor de dejar la Unión Europea. Viendo los resultados, David Cameron renunció como titular del gobierno; la escisión quedó en manos de Theresa May. Ella duraría poco; sus sucesores, también. Desde la renuncia de Cameron, el Reino Unido ha pasado por cinco primeros ministros en una letanía que incluye un maestro de los memes y controversia, un banquero educado en los Estados Unidos y, hasta hace poco, una papa sin sal.

Ese ruido incluyó a los que renunciaron por no lograr la dimisión de la Unión Europea; los que estuvieron envueltos en escándalos por fiestas en COVID; hasta los que perdieron elecciones históricas. Tantos eventos en una letanía interminable. En esos años volvía a mi deseo infantil: un primer ministro del que no escuchara cosa alguna.

Ahora, me doy cuenta de cuánto me equivoqué. El «no news» es imposible, así que mi imperativo de no news is good news es lógicamente falaz. Siempre hay noticias. Por eso mismo, las buenas noticias (good news; activas y de su propia voluntad, ¡un cambio!) deberían ser el estándar. No el silencio. Me gustaba el silencio porque era un niño que, a duras penas, leía las noticias de vez en vez.

Aún así, se hizo el cambio.

En 2024, llegó el silencio al número 10 de la calle Downing (sort of). Aunque no voté por él, estaba relativamente feliz con la llegada de Keir Starmer. ¡Él era la personificación de mi teoría infantil! ¡Era superficialmente irrelevante! Estable, sensible, astuto: un abogado (de hecho, exdirector de la Fiscalía Pública y exjefe del Servicio de la Fiscalía de la Corona). Era el tipo de político que creí querer, y que creí que necesitábamos. Estaba equivocado.

Hace dos años, en una elección contundente, el Reino Unido votó contra los Tories—como se le conoce a los conservadores—y dio un margen enorme al Partido Laborista (Labour Party). De los 650 escaños en el parlamento, el Laborista se hizo con 411 de ellos—211 más que la elección anterior—. Dirigiendo a la mayoría estaba un congresista londinense callado; sin el carisma de varios de sus predecesores. Si algo, ese era el atractivo de Keir Starmer. El nuevo primer ministro llegó como la mejor alternativa a años de conmoción.

Tampoco duraría. Hace ya un mes, Starmer entregó su renuncia al puesto.

Lo interesante de este final es que no hay un problema específico. No hay drama, ni escándalo. Para muchos, como para mí, su apoyo a Israel y la postura británica contra la causa palestina fueron una afrenta grave (una mancha, masiva y fea). El gobierno encabezado por Starmer incluso insistió en meter abuelos, curas, estudiantes, veteranos y abogados en la cárcel por llevar letreros de cartón en protestas.

Sumándole a los agravios, mintió sobre el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en los Estados Unidos. Para resumir el asunto, archivos desclasificados del caso Epstein revelaron que Mandelson, entonces embajador del Reino Unido en Estados Unidos, usó su oficina para darle información sensible al depredador sexual. En febrero, el británico fue arrestado. Para abril salió a la luz que no había aprobado sus autorizaciones de seguridad necesarias para asumir el cargo. Starmer le mintió al parlamento sobre todo esto. Morgan McSweeney, su influyente jefe de personal, fue despedido (¡Vaya, algo de consecuencias!) y Starmer intentó sobrellevar el tema. Es mi posición que, si Burnham no figurara, este no habría sido el final de Starmer. Primeros ministros británicos han sobrevivido ante cosas mucho, mucho peores.

La caída masiva del exprimer ministro, poco tiempo después de haber ganado una victoria aplastante no se explica por un hecho específico. Ninguna acusación avivó llamados generalizados a que dejara el cargo. El sentimiento en las calles era que simplemente, a la gente no le agradaba y prefería que el hombre que gobernaba Manchester tomara las riendas.

Es una forma extraña de retirarse (al menos inusual en esta última década de puertas giratorias en la política local). Primero, en enero, Starmer bloqueó a Burnham para contender en la elección en Gorton & Denton. Esto ha sido interpretado ampliamente como un movimiento cauteloso. Si Burnham hubiera ganado el asiento, hubiera podido convertirse en el líder del Partido Laborista y, por ende, se perfilaría como futuro primer ministro. De estos hechos, Burnham, quien siguió como alcalde de Manchester, salió con fuerza, mientras que Starmer terminó debilitado.

De enero a mayo, y también pasando a junio, la presión contra Starmer creció. Vaya que se volvió despreciado. En la encuesta promedio, Starmer contaba con una desaprobación del 48% de la población, con un máximo (o mínimo) de 62 % al fin del año pasado—uno de los primeros ministros menos populares en la era moderna—.

Britain poggles, the mines shut, the children break, shiny London Towers grow and the MPs drink a subsidised wine.

A Starmer lo juzgamos por quien era, más que por lo que había hecho. Es relativo, claro. La economía creció un poco, los tiempos de espera para recibir una cita médica bajaron (una métrica importante para la opinión popular inglesa); hay más profesores en los colegios y la inmigración se redujo un 80% (una locura para un gobierno laborista). El problema es que estoy leyendo la lista oficial que publicó el partido. Mientras la leo, me quedo dormido. What has Keir done («Qué ha hecho Keir»), el nombre de la página, ya es una confesión del fracaso más que un festival de sus éxitos. Lo que definirá los años de Starmer es cómo, a pesar de esos logros, no hubo manera de comunicarlos; los hizo en ese silencio que yo añoraba y que, al final, fue su perdición. Intentó hacer bromas hasta el cansancio y, cuando triunfaba, le salían en contra—incluso cuando, en una escuela, trató de socializar con niños haciendo el gesto con las manos de 6-7 y, en su lugar, se hizo en un hazmerreír de las redes sociales—. Starmer no fue un político. No estaba en su sangre, no lo vivía y tampoco parecía que lo disfrutara.

Lo que definirá los años de Starmer es cómo, a pesar de esos éxitos, no hubo manera de comunicarnos; los hizo en ese silencio que yo añoraba y que, al final, fue su perdición.

En la política, ahora me percato, hace falta ruido.

Starmer no quería hacer política. No cortejó y no cultivó fanáticos ni lealtades. No solucionaba las disputas entre departamentos (por eso los giros de volante repentinos y la renuncia de grandes aliados como John Healey). Le hacía falta hacer política. ¿Quién debe ser nuestro líder, nuestro primer ministro? Mi intuición es que debe ser un político; de esos que evitan el silencio.

Andy Burnham contrasta abismalmente con su antecesor: le encanta el juego de la política. Él conspira. Viene del norte (acento, importante), con la cara de cualquier vecino. A la vez, lo veo como un asesino, y estoy contento. Se presenta como un poco a la izquierda de Starmer; con él están contentos la mayoría de los laboristas, los del Partido Verde (Greens) y los demócratas liberales (Lib Dems). Yo también.

Me parece un buen hombre (un político). Sorpresivamente, me alegra que no sea callado; que represente algo. Quiere destruir la Cámara de los Lores—el órgano superior del parlamento, administrado por legisladores electos por el rey o miembros del clérigo—; en su lugar, planea colocar un Senado electo por las regiones. Planea terminar con el HS2—el sistema de trenes de alta velocidad—y llevarlo hasta Escocia, matando todo renacuajo que esté de por medio. Quizá eso se necesita para crear: un primer ministro desalmado.

Burnham explora, al menos, la posibilidad de un impuesto sobre la riqueza (su observación clásica es que en el Reino Unido, el trabajo tiene impuestos de más y la riqueza, tiene impuestos de menos). También tiene la propuesta de nacionalizar el sistema de proveeduría de agua y energía, así como los autobuses (parcialmente, como hizo en Manchester). El primer ministro entrante quiere conseguir unas olimpiadas y que sus sedes estén en el norte (Liverpool, Manchester, Leeds, Newcastle y Sheffield), porque Londres ya ha tenido tres. Y hay tantas otras propuestas; esas son solo las que más resonaron entre el público.

Su cargo no es excepcional. Es la sexta persona en los últimos diez años en ser el representante gubernamental del Reino Unido. En su primer discurso como primer ministro, el 20 de julio pasado, el propio Burnham lo reconoció.

«El Reino Unido necesita mostrarle al mundo que podemos recuperar nuestra estabilidad, ese es nuestro reto, hacer que la política funcione, hacer que funcione mejor». Bueno, intenta ser honesto. No hemos sido suficientemente buenos. Pauso. Recapacito. Burnham realmente no habla de él mismo, considera que ha hecho las cosas fantásticas en Manchester, lejos de los constantes y costosos errores en Westminster.

«Haremos de este momento un punto de inflexión para Gran Bretaña, impulsando los mayores cambios de los últimos cuarenta años. Un nuevo modelo político y un nuevo modelo económico», continúa. Todos los políticos lo dicen, pero por alguna razón, me inclino a creerle.

«Reindustrializaremos el Reino Unido, utilizando la contratación pública para apoyar a la industria británica… cierta ayuda con el coste de la vida… Ayudaremos a más jóvenes a acceder al mercado laboral transformando el sistema educativo y brindándoles más apoyo, incluido el apoyo a la salud mental… Ayudaremos a las personas a tener una buena calidad de vida, construyendo un Estado más orientado a la prevención e invirtiendo en el éxito de las personas en lugar de pagar por el fracaso». Eso me interesa.

Muestra una visión de cambios radicales, pero también hay giros pequeños e inmediatos que no deben ser desestimados. A veces me preocupan los grandes proyectos en la política. La paciencia se debilita y en algún punto los funcionarios deben dar resultados (que se vean directo en el bolsillo y en el día a día). Por ejemplo, recuerdo cómo a los días de su llegada al cargo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ordenó arreglar un prominente bache en el puente ciclista de Williamsburg. Pequeño, sí, pero algo que mejoró las vidas de miles y miles de sus votantes.

Otra medida, no mencionada en su discurso pero ya implementada, es la reducción del IVA en las facturas de energía. Si la política consiste en mejorar de forma significativa la vida de las personas, entonces esto es política. Comprender qué es lo que destaca o resulta relevante es fundamental para entender a Burnham.

El primer ministro también ha enfatizado que gobernará con el corazón de la gente en su agenda, que construiremos un nuevo sentido nacional de unidad y propósito a través de todos los códigos postales. Luego, habló de esperanza. No lo hace al estilo Obama, no es emocional al mencionarlo (quizás no es el mejor momento con lo que ya hemos atravesado), pero es firme. Es un estilo británico de esperanza.

Su discurso duró cinco minutos. No usó notas. Su voz fue grave y con su característico acento del norte. Recuerdo que tuve un profesor que atribuía parcialmente el éxito de Obama a su voz grave. No lo tomé en serio pero quizás me equivocaba. Supongo que este profesor ha de estar interesado en Burnham.

Es probable que el recién estrenado primer ministro busque una elección que, con el respaldo popular, le dé el mandato para una agenda más agresiva. Ya corren rumores desde Westminster de que esto sucederá tarde o temprano, y en todos los partidos se realizan las preparaciones acorde. La definición será un tema de encuestas. Si algo nos dice su carrera, es que Burnham sabe operar. En un tiempo en que el país está hambriento de liderazgo, me intriga.

De niño, en los East Midlands, asumí que el silencio era competencia. Puede que lo fuera entonces, en esos años tan distintos a los que me han tocado en mi joven adultez. En estos, más que nunca, el ruido, el juego, la comunicación y la visión son importantes. Ojalá que lo tengamos en Burnham. Los británicos, es lo menos que merecemos. Vivamos en esperanza; vamos viendo.

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Este ensayo fue escrito por Celeste Tossolini. Puedes leer más de la autora y sus publicaciones en la biografía que incluimos al final del texto.

Perpetuo

Creando la mejor revista en español

Vengo viajando hacia Argentina y, mientras avanzo, no dejo de pensar en el odio que circuló durante estos últimos días. Cuando intento ubicar el origen de esta argentofobia renovada, lo primero que aparecen son las redes sociales. Es ahí donde la he visto expresarse con mayor intensidad: en comentarios, publicaciones y videos que convierten a un país entero en una caricatura y a una selección de fútbol en el blanco de un resentimiento que parece ir mucho más allá de la cancha.

Sin embargo, fuera de las pantallas, mi experiencia ha sido otra. Durante este tiempo me paseé con distintas camisetas de Argentina por las calles de Ciudad de México, entré a bares, recorrí colonias, vi partidos en lugares diversos y atravesé terminales de aeropuertos internacionales de la región. Y, frente a mis ojos, no ocurrió nada de todo aquello que las redes parecían anunciar. Solo encontré sonrisas, miradas cómplices de otros compatriotas y alguno que otro grito espontáneo de: «¡Argentina!», «¡Messi!».

Y es que, no lo sé, será sintomático de la época, esta en la que nadie puede mirarse a la cara y ser sincero. Parece servir más expresar el odio a través de una red social. Pienso al respecto y lo relaciono con un fenómeno parecido a ese del «voto escondido» del que hablamos en la actualidad: la cantidad de gente que vota a Javier Milei, por ejemplo, y no podemos saber quién es porque parece darles vergüenza decirlo en voz alta. ¿Todavía? No lo sé.

En estos tiempos parece que todo sucede muy rápido. Hemos pasado, en poco tiempo, de ser una selección muy querida —tan solo cabe recordar que, hace cuatro años, en Catar, todo el mundo quería que Messi ganara la Copa—a ser el equipo malvado; ese al que especialmente los países latinoamericanos le han deseado lo peor durante todo el Mundial. La imagen de Argentina frente al mundo dejó de ser la de un país diverso y lleno de matices para transformarse en un personaje plano: el villano arrogante que necesita ser castigado por la comunidad internacional.

Volvamos a las redes. Hay varias cosas importantes acá. Lucas Malaspina, consultor en comunicación política y asuntos públicos, hizo un análisis muy valioso de lo que está sucediendo en el entorno digital. Y coincido plenamente con su tesis principal al afirmar que no existió una única campaña coordinada contra Argentina, sino la confluencia de públicos que llegan al rechazo de Argentina por diferentes motivos y que, en las redes, terminan por reforzarse y alimentarse entre sí. Todo muy de esta época.

Lucas habla de «capas». Menciona primero la futbolística: «Hay una primera capa puramente futbolera: el cansancio frente a un campeón que lleva años ganando, la gente que apoyaba a Cristiano Ronaldo y que ve a Messi con envidia, sumado a la tendencia a apoyar al equipo más débil, que es la que reúne a los países cuyos equipos fueron eliminados». A esto se agrega una memoria previa de comportamientos provocadores de jugadores e hinchas argentinos. De eso vamos a hablar luego.

La segunda capa que analiza Lucas es, claro, la política. Para muchos públicos internacionales, la Argentina actual ya no se separa con facilidad de la figura de Javier Milei. Nuestro presidente es el más conocido a nivel global de nuestra historia, y también es sabida su cercanía con Trump, sus alineamientos con el gobierno de Netanyahu y con Israel en general. Eso hace que una selección históricamente asociada con la insubordinación latinoamericana, los derechos humanos y episodios históricos como el de Maradona enfrentándose a los poderosos, empiece a ser leída, también, como la representación deportiva de un país políticamente alineado con el poder occidental.

La tercera es cultural y hasta racial. Circula desde hace un tiempo—desde que tengo memoria, diría yo—una imagen de Argentina como un país blanco, arrogante, europeísta y que se percibe superior al resto de América Latina. Acá es donde aparecen argumentos tan pequeños como «Argentina es racista porque no tiene negros en la selección», que otro día lo podemos discutir pero no es el objetivo de este texto.

Considero que todo esto se alimenta con un ingrediente principal—puede ser otra capa—que se observa bastante en las redes: la crítica al comportamiento de los argentinos, el argentinismo—ese que molesta a tantos—. Somos un país irreverente y eso a muchos les cae muy mal. En este contexto se ha potenciado la crítica que ha sonado, más bien, así: arrogantes, soberbios, creídos, quilomberos, rebeldes. En este punto hay que extenderse.

La marca país

La irreverencia argentina está en la forma de discutir en la mesa familiar, en la costumbre de poner en duda a quien se presenta como autoridad, en el humor que ridiculiza al poderoso y en la sospecha permanente frente a las jerarquías. Argentina actúa sin el respeto o la sumisión que tradicionalmente se espera ante cosas o personas aparentemente «superiores», las normas o lo establecido.

Todo lo anterior molesta a muchos. Porque algunos han deseado vernos rendidos a los pies de los poderosos en muchos momentos de la historia y no lo han conseguido. Eso desconcierta a varias sociedades del mundo: que no se acepte esa posición de subordinación en todo momento. Y por eso nos tildan de irrespetuosos, maleducados. Pero, aunque resulte difícil de entender, eso que se califica como negativo desde el exterior es uno de nuestros mayores orgullos como nación.

Esto ya fue estudiado por uno de los politólogos más importantes de la historia —argentino, claro—. Guillermo O’Donnell lo analizó en el año 1984 en un ensayo alucinante que tituló «¿Y a mí qué me importa?». Ahí, el autor aborda recursos lingüísticos contrastantes entre Río de Janeiro y Buenos Aires y lanza un audaz análisis sobre la conexión entre lo «micro» y patrones «macro» agregados de comportamiento político en ambos países.

El trabajo parte del análisis de un libro de Roberto DaMatta y de una frase que se repetía a menudo y en voz alta en las calles de Río, cuando dos personas discutían: «¿Vos sabés con quién estás hablando?» («Você sabe com quem está falando?»). El que recibía esa pregunta se quedaba callado, intimidado. Y O’Donnell lo contrasta con una interlocución argentina: «¿Quién se cree que soy yo?», a la que su memoria porteña recuerda haber oído responder muchas veces: «¿Y a mí, qué mierda me importa?».

Lo que desde el exterior se percibe como arrogancia es, para nosotros, una marca país que nos identifica y nos llena de orgullo: forma parte de la identidad con la que nos pensamos. Argentina es un país que jamás naturalizó la sumisión ni aceptó las jerarquías como el orden inevitable de las relaciones.

Esa irreverencia puede reconocerse en los estudiantes, en las madres, en los trabajadores y en las mujeres. Está en la Reforma Universitaria de 1918, cuando los estudiantes cordobeses se rebelaron contra una universidad jerárquica y clerical y convocaron a la juventud latinoamericana a conquistar su autonomía. Está también en el 17 de octubre de 1945, cuando miles de trabajadores irrumpieron en el centro político de Buenos Aires, reclamaron su lugar como protagonistas de la vida nacional y alteraron para siempre las jerarquías sociales del país. En las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que enfrentaron a la dictadura y desafiaron al terrorismo de Estado. Y en el movimiento feminista argentino, desde la irrupción de Ni Una Menos hasta la marea verde, que convirtió demandas largamente relegadas al ámbito privado en una movilización política capaz de ocupar las calles, disputar poderes arraigados, transformar las leyes e inspirar a toda una región.

En el fútbol, esa irreverencia encontró quizá su expresión más acabada en la figura de Diego Armando Maradona. Contra Inglaterra, en 1986, marcó primero un gol con la mano y, apenas cuatro minutos después, el que sería elegido como el Gol del Siglo. La picardía y el genio, la transgresión y la belleza, quedaron reunidos en una misma actuación. Pero también está en la gambeta, en la cultura del potrero y en esa costumbre argentina de jugar como si las reglas pudieran discutirse, los poderosos pudieran ser vencidos y el escenario más solemne pudiera convertirse, de pronto, en un espacio propio.

En la música, esa irreverencia atraviesa desde el tango y el cuarteto hasta el rock nacional. Está en las letras que convirtieron el lenguaje de la calle en cultura, en los ritmos populares que sobrevivieron al desprecio de las élites y en músicos que se negaron a guardar silencio frente al autoritarismo. Está en Charly García cantando mediante metáforas aquello que la dictadura prohibía nombrar; en Mercedes Sosa haciendo de su voz una forma de resistencia y está presente, también, en una tradición de rock que convirtió la rebeldía juvenil, el humor y la provocación en parte central de la cultura argentina. Pero también está en lo que jugamos y quizá en ninguno de manera tan clara como en el juego de cartas. El truco premia la picardía y la provocación. En el truco, como en buena parte de nuestra cultura, importa tanto lo que uno tiene como la insolencia con la que se atreve a jugarlo.

Pero podemos ir mucho más atrás y más bien buscar sus raíces en la propia conformación de la sociedad argentina moderna. Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza, en un ensayo titulado «La democratización del bienestar», analizan cómo la sociedad de inmigrantes que se consolidó durante la primera mitad del siglo XX se caracterizó por relaciones sociales frontales, desprovistas de las actitudes tradicionales de respeto frente a las jerarquías. Donde lo individual coexistió con una extendida práctica asociativa y con una fuerte valoración de la educación y de la cultura letrada. Luego, con el avance de la industria, la agricultura y el comercio, emergió durante la primera mitad del siglo XX en el país una clase media cargada de expectativas, conocimiento y, claro, la demanda de derechos.

Tal vez allí se encuentre una de las claves de esa irreverencia: en una sociedad que aprendió a pensarse a sí misma no desde la obediencia, sino desde la expectativa de ascenso social, acceso a la educación y el derecho a reclamar un lugar.

Es por ello que cuando la FIFA y las autoridades de seguridad prohibieron el ingreso de banderas, camisetas y carteles que hicieran alusión a las Islas Malvinas—por considerarlos mensajes políticos, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se paseó por los medios nacionales anunciándolo—, unos muchachos encontraron la manera de responder. Y esos muchachos, al finalizar el histórico encuentro contra los ingleses, hicieron llorar de emoción y orgullo a gran parte del país con una sábana de hotel intervenida. «Las Malvinas son argentinas», leímos. Y lloramos.

Y es que, hay algo ahí: los dueños del mundo —o quienes se creen eso— no han soportado, con el paso de los años, que una nación de la que esperan —incluido su propio presidente— que ocupe un lugar de colonizada, no lo acepte, y en cambio juegue, se pelee y se sienta aún más orgullosa de su propia cultura, la cual renace cada vez que la tumban.

Una irreverencia en el deporte, en la música, en el habla, en la escritura, en la industria de la moda y en el porte, así como en el humor, en la amistad, en la manera de relacionarnos entre nosotros y para con el mundo, en la política. Y así podría seguir.

La final de 2026 terminó de una manera dolorosa. Argentina perdió ante España en la prórroga. Después de haber defendido durante todo el Mundial la conquista en Catar, la selección quedó a pocos minutos de volver a levantar la Copa. El pitazo final dejó silencio, lágrimas y una tristeza difícil de explicar para quienes creen que se trata solamente de fútbol.

Durante semanas, una selección a la que muchos habían convertido en villana volvió a llevarnos hasta una final del mundo, volvió a emocionarnos. Lo hizo rodeada de rechazo, provocaciones y deseos de verla caer; y, aun así, consiguió que un país entero volviera a reunirse alrededor de una pelota.

No podemos responder a toda esta ola en contra de nosotros y al pensarlo bien, entiendo que algunos no lo entiendan. Esto es lo que elegimos ser: un manifiesto de amor y orgullo por nuestra tierra, en una época de odio interno y externo exacerbado. Este Mundial fue un viaje hermoso.

Celeste Tossolini es una politóloga argentina egresada de la Licenciatura en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, maestra en Ciencia Política por el CIDE (México). Es analista, y escritora colaborando con diversos medios de alcance nacional como Milenio.

Este ensayo fue escrito por Barnaby Shand. Puedes leer más del autor y sus publicaciones en la biografía que incluimos al final del texto.

—Quiero ver el tren —dice el director del programa. Sabe que es esencial.

El operador, nervioso, presiona un par de botones. Es difícil seguir desde el aire las curvas que el tren lleva por tierra.

—Ahora vamos a la segunda toma—comanda el director—, el helicóptero dos.

Aparece en pantalla. Se ve la máquina desde el aire. Lo que importa no es el trayecto; es el destino.

—Eso, despacio... cambiamos en 3, 2, 1... Ahora, ¡Euston! —grita el director; el nombre de la estación. La emoción ya es demasiada. No todos los días llega el futuro del país por tren

—Llega en dos minutos, dos minutos—declara—Todos atentos.

—El tren ya está ahí, ¡ya está! ¿Su equipo nos confirmó que ahí está? —duda de pronto el director.

—Sí —afirma el operador—. Confirmado. Burnham llega en dos minutos, desde el norte, a Londres, por el tren.

Así como vaticinan, ocurre.

Andy Burnham, el próximo primer ministro del Reino Unido (y recientemente electo miembro del parlamento) llega desde Manchester en tren. No hay caravana, no hay ceremonia, solo viene en tren. Y aún si Sky News tiene a dos (¡dos!) helicópteros cubriéndolo, no hay indicación clara de que el próximo primer ministro esté en el tren. Solo es un tren, uno de los tantos que entran a la estación de Euston a diario. Pero este tiene dos ángulos de helicóptero. No se puede perder la toma.

Todo parece indicar que Andy Burnham viene en ese tren. El otrora alcalde de Manchester, y ahora el Honorable Miembro del Parlamento por Makerfield (una circunscripción en las afueras occidentales del Gran Manchester). ¿Cómo llegamos aquí?

De un arrasador triunfo del Partido Laborista en julio de 2024 (el tercero más grande de la historia) y una mayoría de 172 escaños liderada por Keir Starmer, a los repetidos y finalmente ensordecedores llamados a su salida que terminarían con Burnham en ese tren y la prensa vuelta loca. Es la historia de dos hombres bastante distintos, con políticas que distan entre sí. Uno anodino, adusto y gris; el otro, carismático. Y es la historia de un cambio en la política británica que, desconocía, iría contra mis expectativas.

Cuando era niño me hice de una teoría que, hasta hace poco, me acompañaba. Mientras menos escuchara de nuestros políticos, mejor. Quiero que trabajen, eso sí; quiero que hagan un buen trabajo y sean una buenas personas; no quiero, sin embargo, que estén constantemente en la prensa (recuerdo las escenas incansables de guerras en mi niñez: del Afganistán de Tony Blair; de nuevos muertos, de crisis, de un mundo que no entendí). No news is good news, pensé.

Este año, se cumple una década de ruidos interminables en el Reino Unido; de esos que mi intuición infantil decían ser la antítesis de un buen gobierno. En 2016, el país votó a favor de dejar la Unión Europea. Viendo los resultados, David Cameron renunció como titular del gobierno; la escisión quedó en manos de Theresa May. Ella duraría poco; sus sucesores, también. Desde la renuncia de Cameron, el Reino Unido ha pasado por cinco primeros ministros en una letanía que incluye un maestro de los memes y controversia, un banquero educado en los Estados Unidos y, hasta hace poco, una papa sin sal.

Ese ruido incluyó a los que renunciaron por no lograr la dimisión de la Unión Europea; los que estuvieron envueltos en escándalos por fiestas en COVID; hasta los que perdieron elecciones históricas. Tantos eventos en una letanía interminable. En esos años volvía a mi deseo infantil: un primer ministro del que no escuchara cosa alguna.

Ahora, me doy cuenta de cuánto me equivoqué. El «no news» es imposible, así que mi imperativo de no news is good news es lógicamente falaz. Siempre hay noticias. Por eso mismo, las buenas noticias (good news; activas y de su propia voluntad, ¡un cambio!) deberían ser el estándar. No el silencio. Me gustaba el silencio porque era un niño que, a duras penas, leía las noticias de vez en vez.

Aún así, se hizo el cambio.

En 2024, llegó el silencio al número 10 de la calle Downing (sort of). Aunque no voté por él, estaba relativamente feliz con la llegada de Keir Starmer. ¡Él era la personificación de mi teoría infantil! ¡Era superficialmente irrelevante! Estable, sensible, astuto: un abogado (de hecho, exdirector de la Fiscalía Pública y exjefe del Servicio de la Fiscalía de la Corona). Era el tipo de político que creí querer, y que creí que necesitábamos. Estaba equivocado.

Hace dos años, en una elección contundente, el Reino Unido votó contra los Tories (como se le conoce a los conservadores) y dio un margen enorme al Partido Laborista (Labour Party). De los 650 escaños en el parlamento, el Laborista se hizo con 411 de ellos—211 más que la elección anterior—. Dirigiendo a la mayoría estaba un congresista londinense callado, sin el carisma de varios de sus predecesores. Si algo, ese era el atractivo de Keir Starmer. El entonces nuevo primer ministro llegó como la mejor alternativa tras años de conmoción.

Tampoco duraría. Hace ya un mes, Starmer entregó su renuncia al puesto.

Lo interesante de este final es que no hay un problema específico. No hay drama, ni escándalo. Para muchos, como para mí, su apoyo a Israel y la postura británica contra la causa palestina fueron una afrenta grave (una mancha, masiva y fea). El gobierno encabezado por Starmer incluso insistió en meter abuelos, curas, estudiantes, veteranos y abogados en la cárcel por llevar letreros de cartón en protestas.

Sumándole a los agravios, mintió sobre el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en los Estados Unidos. Para resumir el asunto, archivos desclasificados del caso Epstein revelaron que Mandelson, entonces embajador del Reino Unido en Estados Unidos, usó su oficina para darle información sensible al depredador sexual. En febrero, el británico fue arrestado. Para abril salió a la luz que no había aprobado sus autorizaciones de seguridad necesarias para asumir el cargo. Starmer le mintió al parlamento sobre todo esto. Morgan McSweeney, su influyente jefe de personal, fue despedido (¡vaya, algo de consecuencias!) y Starmer intentó sobrellevar el tema. Es mi posición que, si Burnham no figurara, este no habría sido el final de Starmer. Primeros ministros británicos han sobrevivido ante cosas mucho, mucho peores.

La caída masiva del exprimer ministro, poco tiempo después de haber ganado una victoria aplastante, no se explica por un hecho específico. Ninguna acusación avivó llamados generalizados a que dejara el cargo. El sentimiento en las calles era que simplemente, a la gente no le agradaba y prefería que el hombre que gobernaba Manchester tomara las riendas.

Es una forma extraña de retirarse (al menos inusual en esta última década de puertas giratorias en la política local). Primero, en enero, Starmer bloqueó a Burnham para contender en la elección en Gorton & Denton. Esto ha sido interpretado ampliamente como un movimiento cauteloso. Si Burnham hubiera ganado el asiento, hubiera podido convertirse en el líder del Partido Laborista y, por ende, se perfilaría como futuro primer ministro. De estos hechos, Burnham, quien siguió como alcalde de Manchester, salió con fuerza, mientras que Starmer terminó debilitado.

De enero a mayo, y también pasando a junio, la presión contra Starmer creció. Vaya que se volvió despreciado. En la encuesta promedio, Starmer contaba con una desaprobación del 48% de la población y un máximo (o mínimo) de 62 % al fin del año pasado, lo que lo convirtió en uno de los primeros ministros menos populares en la era moderna.

Britain poggles, the mines shut, the children break, shiny London Towers grow and the MPs drink a subsidised wine.

A Starmer lo juzgamos por quien era, más que por lo que había hecho. Es relativo, claro. La economía creció un poco, los tiempos de espera para recibir una cita médica bajaron (una métrica importante para la opinión popular inglesa); hay más profesores en los colegios y la inmigración se redujo un 80% (una locura para un gobierno laborista). El problema es que estoy leyendo la lista oficial que publicó el partido. Mientras la leo, me quedo dormido. What has Keir done («Qué ha hecho Keir»), el nombre de la página, ya es una confesión del fracaso más que un festival de sus éxitos. Lo que definirá los años de Starmer es cómo, a pesar de esos logros, no hubo manera de comunicarlos; los hizo en ese silencio que yo añoraba y que, al final, fue su perdición. Intentó hacer bromas hasta el cansancio y, cuando triunfaba, le salían en contra —incluso cuando, en una escuela, trató de socializar con niños haciendo el gesto con las manos de 6-7 y, en su lugar, se hizo en un hazmerreír de las redes sociales—. Starmer no fue un político. No estaba en su sangre, no lo vivía y tampoco parecía que lo disfrutara.

Lo que definirá los años de Starmer es cómo, a pesar de esos éxitos, no hubo manera de comunicarnos; los hizo en ese silencio que yo añoraba y que, al final, fue su perdición.

En la política, ahora me percato, hace falta ruido.

Starmer no quería hacer política. No cortejó y no cultivó fanáticos ni lealtades. No solucionaba las disputas entre departamentos (por eso los giros de volante repentinos y la renuncia de grandes aliados como John Healey). Le hacía falta hacer política.

¿Quién debe ser nuestro líder, nuestro primer ministro? Mi intuición es que debe ser un político; de esos que evitan el silencio.

Andy Burnham contrasta abismalmente con su antecesor: le encanta el juego de la política. Él conspira. Viene del norte (acento, importante), con la cara de cualquier vecino. A la vez, lo veo como un asesino, y estoy contento. Se presenta como un poco a la izquierda de Starmer; con él están contentos la mayoría de los laboristas, los del Partido Verde (Greens) y los demócratas liberales (Lib Dems). Yo también.

Me parece un buen hombre (uno político). Sorpresivamente, me alegra que no sea callado; que represente algo. Quiere destruir la Cámara de los Lores—el órgano superior del parlamento, administrado por legisladores electos por el rey o miembros del clérigo—; en su lugar, planea colocar un Senado electo por las regiones. Planea terminar con el HS2—el sistema de trenes de alta velocidad—y llevarlo hasta Escocia, matando todo renacuajo que esté de por medio. Quizá eso se necesita para crear: un primer ministro desalmado.

Burnham explora, al menos, la posibilidad de un impuesto sobre la riqueza (su observación clásica es que, en el Reino Unido, el trabajo tiene impuestos de más y la riqueza tiene impuestos de menos). También tiene la propuesta de nacionalizar el sistema de proveeduría de agua y energía, así como los autobuses (parcialmente, como hizo en Manchester). El primer ministro entrante quiere conseguir unas olimpiadas y que sus sedes estén en el norte (Liverpool, Manchester, Leeds, Newcastle y Sheffield), porque Londres ya ha tenido tres. Y hay tantas otras propuestas; esas son solo las que más resonaron entre el público.

Su cargo no es excepcional. Es la sexta persona en los últimos diez años en ser el representante gubernamental del Reino Unido. En su primer discurso como primer ministro, el 20 de julio pasado, el propio Burnham lo reconoció.

«El Reino Unido necesita mostrarle al mundo que podemos recuperar nuestra estabilidad; ese es nuestro reto, hacer que la política funcione, hacer que funcione mejor». Bueno, intenta ser honesto. No hemos sido suficientemente buenos… Pauso. Recapacito. Burnham realmente no habla de él mismo; considera que ha hecho las cosas fantásticas en Manchester, lejos de los constantes y costosos errores en Westminster.

«Haremos de este momento un punto de inflexión para Gran Bretaña, impulsando los mayores cambios de los últimos cuarenta años. Un nuevo modelo político y un nuevo modelo económico», continúa. Todos los políticos lo dicen, pero por alguna razón, me inclino a creerle.

«Reindustrializaremos el Reino Unido, utilizando la contratación pública para apoyar a la industria británica… cierta ayuda con el coste de la vida… Ayudaremos a más jóvenes a acceder al mercado laboral transformando el sistema educativo y brindándoles más apoyo, incluido el apoyo a la salud mental… Ayudaremos a las personas a tener una buena calidad de vida, construyendo un Estado más orientado a la prevención e invirtiendo en el éxito de las personas en lugar de pagar por el fracaso». Eso me interesa.

Muestra una visión de cambios radicales, pero también hay giros pequeños e inmediatos que no deben ser desestimados. A veces me preocupan los grandes proyectos en la política. La paciencia se debilita y en algún punto los funcionarios deben dar resultados (que se vean directo en el bolsillo y en el día a día). Por ejemplo, recuerdo cómo a los días de su llegada al cargo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ordenó arreglar un prominente bache en el puente ciclista de Williamsburg. Pequeño, sí, pero algo que mejoró las vidas de miles y miles de sus votantes.

Otra medida, no mencionada en su discurso pero ya implementada, es la reducción del IVA en las facturas de energía. Si la política consiste en mejorar de forma significativa la vida de las personas, entonces esto es política. Comprender qué es lo que destaca o resulta relevante es fundamental para entender a Burnham.

El primer ministro también ha enfatizado que gobernará con el corazón de la gente en su agenda, que construiremos un nuevo sentido nacional de unidad y propósito a través de todos los códigos postales. Luego, habló de esperanza. No lo hace al estilo Obama, no es emocional al mencionarlo (quizás no es el mejor momento, con lo que ya hemos atravesado), pero es firme. Es un estilo británico de esperanza.

Su discurso duró cinco minutos. No usó notas. Su voz fue grave y con su característico acento del norte. Recuerdo que tuve un profesor que atribuía parcialmente el éxito de Obama a su voz grave. No lo tomé en serio, pero quizás me equivocaba. Supongo que este profesor ha de estar interesado en Burnham.

Es probable que el recién estrenado primer ministro busque una elección que, con el respaldo popular, le dé el mandato para una agenda más agresiva. Ya corren rumores desde Westminster de que esto sucederá tarde o temprano, y en todos los partidos se realizan las preparaciones acorde. La definición será un tema de encuestas. Si algo nos dice su carrera, es que Burnham sabe operar. En un tiempo en que el país está hambriento de liderazgo, me intriga.

De niño, en los East Midlands, asumí que el silencio era competencia. Puede que lo fuera entonces, en esos años tan distintos a los que me han tocado en mi joven adultez. En estos, más que nunca, el ruido, el juego, la comunicación y la visión son importantes. Ojalá que lo tengamos en Burnham. Es lo menos que merecemos los británicos. Vivamos en esperanza; vamos viendo.

Barnaby Shand (Reino Unido) es un escritor, comentarista político y crítico de comida. Se enfoca en el Reino Unido, España y Argentina. Edita Barny’s.

Quiero tener cuidado. Esta semana, tocamos dos países que, recientemente, han sido azotados por la tragedia contundente tras años de una tragedia paulatina. Hablamos de Cuba y de Venezuela, con crónicas a pie de calle de La Habana, la capital cubana, y El Junquito, cerca de Caracas.

Digo cuidado porque poner estos dos países en una misma edición de Los Anteojos puede parecer una decisión ideológica. Es decir, una crítica—ya gastada—al autoritarismo defectuoso de América Latina. Para Perpetuo, nuestra decisión dista de ello. Hoy, publicamos estas historias no por criticar ese desplome gradual de años que han vivido ambas naciones—aun si, ese mismo desgaste, está presente en nuestros textos—; las publicamos por su relevancia en el momento actual y la carencia de narrativas del tema.

Venezuela y Cuba están, de nuevo, en boca del mundo. Ahora, por dos tragedias modernas.

Desde las cercanías de Caracas, Joshua de Freitas narra cómo el país sigue recogiendo escombros a tres semanas de temblores catastróficos. En un momento en el que la narrativa está en La Guaira, su historia recuerda la extensión de la catástrofe y, también, cómo se vuelve más grave ante la falta de respuesta.

Desde La Habana, Manuel D la Cruz habla de la cotidianeidad del cubano; de una juventud que ve sus sueños arrebatados y se encuentra entre fuerzas globales. Es una historia de impotencia, donde la cerveza cada vez cuesta más y las esperanzas salen más caras.

(Como la semana pasada, encontrarás los textos íntegros en este correo; si quieres ver más fotografías o compartir los textos, puedes hacerlo con los enlaces que ponemos al final de cada uno de ellos).

Antes de iniciar, un favor. Si te gusta lo que escribimos en Perpetuo y quieres ayudarnos a ser la mejor revista del español, compártenos con dos amigos. Mándales este correo; envíales este enlace. Eso nos ayuda mucho.

Eso es todo, vamos a los anteojos.

Perpetuo

Creando la mejor revista en español

Entre escombros y silencios

Venezuela, a tres semanas de temblores catastróficos

Eladio Sillva no se lo imaginaba, pero aún así pasó, que un par de terremotos revelarían tanto la intimidad de su comunidad. No de una forma cursi; de una, más bien, visceral. Entre las grietas y el cemento podía ver el cuarto de algún vecino. Cómo decoraban su baño. Qué colores les gustaba más para pintar sus paredes. Qué santo tenía colgado en su pared.

Caminaba por las calles de El Junquito, un poblado montañoso, agrícola y turístico ubicado entre Caracas —la capital de Venezuela— y La Guaira —una de las poblaciones más afectadas por los sismos que azotaron al país el 24 de junio de 2026—. Han pasado 18 días desde los terremotos. Algunos escombros siguen intactos.

Las decenas de comercios que adornan el pueblo siguen cerrados, a la espera de ser evaluados para seguir trabajando. No todos los días llegan temblores de 7.2 y 7.5 grados uno tras de otro.

—Busco a un ingeniero: quiero que me diga de frente cómo quedó el restaurante de mis sobrinos —dice Eladio con voz baja.

Eladio “era” un comerciante de la zona: junto a sus sobrinos tenía un restaurante especializado en carne de cerdo. El pretérito no es editorial. Él se describe con verbos en pasado: ya no sabe si seguirá esa profesión. Caminó solo: sus sobrinos ahora viven en la casa de unos vecinos como desplazados, lejos de El Junquito.

El poblado ha quedado entre dos polos de respuestas. En Caracas, maquinaria pesada aplana los edificios caídos. En La Guaira son los propios vecinos quienes desentierran a sus seres queridos, esperando la ayuda del gobierno o de rescatistas internacionales. Pero en El Junquito esperan a las autoridades en silencio.

—Solo los vecinos saben el verdadero impacto que tuvo su comunidad —comentó Eladio, tapándose de las cámaras y de los militares que patrullaban la zona.

Él le achaca su comentario a las canas, a sus más de 70 años de edad. Pero, en realidad, resume los informes de Reporteros Sin Fronteras, que denuncian una alta censura institucional en medio del desastre. La presidencia interina de Venezuela, hasta ahora, solo ofrece una lista, una imagen por Telegram, con números que reflejan el impacto humano de los terremotos.

El conteo de la administración pública para el 12 de julio llevaba 4,490 fallecidos y 17,907 personas que perdieron su vivienda. No distinguen los datos por zonas; tampoco por edad, ni por género. Nada nuevo; no hay datos demográficos en Venezuela desde el censo de 2011.

Frente al silencio institucional, los vecinos y los periodistas se han vuelto en quienes recogen los datos. Según los reportes comunitarios, al menos 1,200 personas quedaron sin hogar y al menos cuatro personas fallecieron en El Junquito.

Nadie sabe cuántas edificaciones quedaron habitables.

Eladio es uno de los sobrevivientes, «uno de los no desaparecidos» de El Junquito. Lo dice así porque se acercó a una de sus vecinas y, en un cuaderno escolar, anotó su nombre, su documento de identidad y dónde vivía. Lo escribió con tinta, con esperanza a que no se borre.

—El gobierno solo nos ha ayudado en una cosa—dijo el comerciante—: Protección Civil ha pegado unas calcomanías [stickers] con colores del semáforo en pocas edificaciones para indicar si una estructura está estable. Pero esas evaluaciones no están en todos lados, ni sabemos cuál lugar será el siguiente en tener ese privilegio.

Ese sticker era lo que buscaba Eladio. Tanteaba con la mirada las fachadas de la zona comercial de El Junquito —justo en la frontera entre Caracas y La Guaira— una pegatina de color rojo, amarilla o verde. Pasaba por los escombros de un vecino, luego veía un comercio cerrado, pasaba por un techo roto y, al fin, vio el comercio suyo y el de sus sobrinos.

Encontró una calcomanía amarilla: el comercio está en pie, pero estructuralmente comprometida.

Un sticker no era suficiente. Eladio buscaba a un ingeniero para tener más información: qué se agrietó, qué se desplomó, qué sobrevivió.

—Quiero empezar de nuevo, pero quiero saber por dónde empezar— reclamó en voz baja. Volteó su mirada a unos militares que se encontraban a pocos metros. Tenía miedo de ser reprimido por alzar su preocupación.

Su familia se niega a ir a un refugio porque desconfían de la gestión de la presidencia interina, tampoco existe una aseguradora que le permita reconstruir lo perdido.

La experiencia de su familia son el reflejo de datos que la Universidad Católica Andrés Bello ha destacado desde hace años: la vulnerabilidad institucional en Venezuela es alta. A través de una encuesta anual, la academia venezolana precisó que el venezolano no tiene capacidad de ahorro por los altos índices de inflación y las restricciones de apoyos de créditos bancarios.

—Esto es un limbo, esta es la verdadera incertidumbre —repetía Eladio.

Para él, y quizás para muchos turistas, entrar a El Junquito o a Caracas era sumergirse en una elegía. Donde antes cada comercio sintonizaba una canción de salsa ahora existe el silencio. Los vecinos ahora se sientan sin conversar entre ellos, esperando a que otra persona entre en su comercio.

Eladio pasó al lado de una de las edificaciones caídas de El Junquito. Señaló con el dedo una de las habitaciones descubiertas y comentó que allí vivían unos vecinos que salieron justo antes que el edificio se partiera por la mitad.

—Quedamos expuestos: estamos vulnerables y nadie nos atiende. El ciudadano es quien ayuda a otros ciudadanos —reflexionó—. Cada poblado fuera de la capital está totalmente desamparado por el Estado—.

Comunidades al occidente de Caracas y cerca del epicentro de los terremotos —como Morón, Tucacas y Yumare— han denunciado a la prensa local que la ayuda estatal ha sido igual de lenta que en la capital y La Guaira. El silencio ha llegado a tal punto que los vecinos de Yumare, donde fue el primer epicentro sismológico, le dijeron a la periodista venezolana Lisseth Boon que se enteraron de los daños al país horas después del desastre porque no tenían señal telefónica y creyeron que era un corte del servicio rutinario.

Eladio siguió su camino entre los escombros de El Junquito.

A pocos metros vio una grúa removiendo escombros: la primera y la única que divisó todo el poblado. Habló con otros vecinos y le comentaron que llegó antier, a 16 días del desastre.

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Cuba y los tiempos raros de Dios

Historias desde una Habana olvidada

Adriano no ha perdido su deseo de hacer cine. Se graduó de medicina, y justo en el momento de entregarse a sus prácticas laborales, se comprometió con su pasión primera.

A sus 28 años, dicharachero, enérgico, tomador de cerveza, muestra el hambre exacta para comerse el mundo. Es inteligente, pretencioso; tiene herramientas a mano para incendiarlo todo, pero en su rostro, sin embargo, hay un cansancio, una quietud incoherente con su edad, como si el mundo, ese mundo aislado que es Cuba, se lo estuviera comiendo a él mordisco a mordisco. Adriano vive en el corazón de La Habana, que dejó de ser Vieja para ser Sucia, una Habana donde se turnan tres grandes monstruos para azuzar a cualquier joven promesa de soñador o de sueño: los apagones, la falta de agua y la escasez extrema.

Hemos venido a Selva Roof, un sitio ubicado en el Paseo del Prado, a hablar de cine, de literatura, de Donald Trump y del dolor del archipiélago, y desde cualquier posición en que miremos, el lente enfoca borroso. «No hay un escenario ideal. Una intervención no es el escenario ideal, pero un estallido o guerra civil tampoco». Selva, en donde una cerveza importada seguía costando 400 pesos cubanos, asombrosamente, pronto dejará de ser también el escenario ideal para ir a beber con amigos y hablar de los escenarios ideales y de las escenas inconclusas. Un mes después, cuando el dólar alcance la escandalosa cifra de 700 pesos cubanos, la cerveza subirá a 550, y un trago de ron irá de 600 a mil pesos.

Ahora mismo Adriano, como todo joven cubano, tiene la mirada un tanto cerrada. Hace cinco años existía para los cubanos un lote de fondos y recursos a los que aplicar con un proyecto cinematográfico. Ahora, además del empobrecido y políticamente oficialista Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, ICAIC, solo se puede aspirar a un selectivo Fondo de Cine de Noruega. Cada vez se le ha hecho más difícil imaginarse en Cuba haciendo un buen cine. Cada vez se le ha hecho más difícil imaginarse en Cuba. Cada vez se le ha hecho más difícil.

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«Me voy para Italia. Ya lo hablé con mi mamá. Desde allá trataré de seguir haciendo cine, aplicando a fondos, pero ya Cuba no es para mí».

Cuba no es para nadie.

Cuba lleva 70 años siendo de cualquiera menos de los cubanos.

Ahora está sobre la mesa que pueda ser de los norteamericanos.

La ética y el patriotismo dividen pensares, pero desde el barrio, desde el barrio agotado y adormecido sobre el colchón de la locura, a la gente le da lo mismo que Cuba sea para los norteamericanos o para los turcos. Yessy, con un desgano peculiar, así mismo lo dice.

Yessenia Franco pasó su 2024 y 2025 en Turquía, por un contrato laboral como cantante. Supo, que al venir, no podían faltar en sus maletas, al menos dos ventiladores recargables, un power bank, y una o dos lámparas también recargables. Años atrás, ningún músico tenía en mente tales souvenirs, pero la Cuba de hoy no se parece en nada a ninguna otra Cuba que jamás haya existido.

«De Turquía vine en pareja, llegamos aquí y decidimos vivir juntos. Finalmente no funcionó y me quedé viviendo sola. El resumen del cuento es que, toda esta etapa negra de Cuba la he pasado viviendo sola».

En San Miguel del Padrón estaba la casa de su familia. Madre, tías, primas.

Ella, por primera vez en su vida, lejos: primero en Turquía, luego en el Cerro. Lejos, y deprimida. Sin el potaje de su tía, sin las risas con sus primas, sin el abrazo de su madre. Sin luz—durante 30 horas seguidas—, sin agua, sin la esperanza de un nuevo contrato en Turquía o cualquier otro sitio, porque las aerolíneas abandonaron a Cuba como se abandona a la niña fea del aula, y sin un puto sitio en Cuba al que tocarle chachachá y son a yuma alguno, porque los yumas abandonaron Cuba como se abandona el último sitio de la nostalgia.

Yessenia narra los malabares que hace para recibir amigos en casa para maquillarse, para cocinar, para no llorar todos los días, y yo termino llorando con ella. Su mamá no escucha de su boca los malabares—Yessy no puede gastarse semanalmente entre dos mil y tres mil pesos para ir a ver a su madre—pero los conoce, porque el malabarismo es el arte del hogar cubano por estos meses.

—A mí me da igual que vengan los americanos o cualquier otra gente, pero en verdad es necesario que pase algo ya, que pase algo desde afuera, porque nosotros no somos capaces de articular ese cambio. Me dolería una operación militar, seguramente dejaría algunos muertos, traería también un escenario político inestable y complejo, pero ahora mismo nuestro escenario es complejo e inestable de todos modos, sin esperanza de nada.

—¿Tu salud mental, Yessy?

—Comprometida. Yo digo que hay que tener nervios de acero para que todo lo que está pasando no te pase por arriba. Yo estoy deprimida, eso no es un secreto.

—¿Por tu separación?

—Sí, por ahí empezó, pero si le sumas a eso todo el desastre en el que vivimos, no tener luz y no saber cuándo llega, cocinar con carbón, no tener agua días seguidos, no tener trabajo ni esperanza de trabajo, ¿qué te digo? Yo no he tenido un momento de calma desde que llegué de Turquía. Probé la soledad y está bien, pero no para estos tiempos. A veces quiero confiar en que los tiempos de Dios son perfectos, pero con Cuba los tiempos de Dios están un poco raros.

Uno sale a caminar La Habana y nota una tristeza sin par. La depresión de Yessy. El cansancio de Adriano.

No la nota simplemente en los ancianos cansados que la recorren, o en los lugares vacíos que hasta ayer estuvieron infectados de turismo. Ahora la tristeza cobra otra forma, como una especie de filtro encima de la alegría menor propia del cubano.

Sí, se sigue plantando un dominó en cualquier sitio, seguimos yendo a Selva Roof a bebernos una o dos cervezas a 500 pesos, se sigue poniendo una bocina en medio de la calle con una buena timba o un buen reparto, se sigue sacando una botella de ron—mucho más cara e inaccesible cada día—para amenizar la tarde, pero es justo ahí, en medio de esa risa o de esa vuelta de casino, donde se nota el desgaste de la supervivencia. Ya el cubano no es feliz de forma honesta, si es que en algún momento lo pudo haber sido.

Un país que se ha apagado energéticamente dos veces en una misma semana—en marzo de este año—y que ha establecido un sistema de apagones ordinario de entre 10 y 36 horas, no es un país feliz, si es que al menos logra ser habitable. Una isla sin agua potable, sin pescado, sin mariscos.

Las protestas ciudadanas, mediante cacerolazos nocturnos y quema de basura, también han definido el lenguaje de estos meses. Un país hastiado, un país al que diariamente se le pudre la poca comida que logra alcanzar, ha decidido alzar su voz y su caldero vacío, y llorar a viva voz.

La represión política no ha estado ausente de ninguna manera.

Si bien la detención de Kamil y Ernesto, líderes del proyecto audiovisual El 4tico, ha sido quizás el momento político más mediático de los últimos meses, al igual que la represión sobre los jóvenes del proyecto Fuera de Caja, y el hostigamiento sobre la influencer Anna Bensi y su madre, cabe destacar que bajo la sombra, muchos otros jóvenes—sobre todo en las provincias del centro y de oriente del país—están siendo hostigados, interrogados, detenidos y procesados.

La realidad supera la ficción, y no hay titular, por amarillista que sea, que logre tomarle el pulso exacto a la desesperanza del pueblo de Cuba. Y es justo ahí, en ese monitor del cadáver de Cuba, donde se lee un signo vital: la posible injerencia o intervención de Estados Unidos.

Nuestro muerto no se levanta ni aunque quiera—ha asumido el pueblo cubano—; debemos ser asistidos.

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Adriano no ha perdido su deseo de hacer cine. Se graduó de medicina, pero justo en el momento de entregarse a sus prácticas laborales se comprometió con su pasión primera.

A sus 28 años, dicharachero, enérgico, tomador de cerveza, muestra el hambre exacta para comerse al mundo. Es inteligente, pretencioso; tiene herramientas a mano para incendiarlo todo. En su rostro, sin embargo, hay un cansancio, una quietud incoherente con su edad, como si el mundo, ese mundo aislado que es Cuba, se lo estuviera comiendo a él mordisco a mordisco.

Adriano vive en el corazón de La Habana, que dejó de ser Vieja para ser Sucia; una Habana donde se turnan tres grandes monstruos para azuzar cualquier joven promesa de soñador o de sueño: los apagones, la falta de agua y la escasez extrema.

Hemos venido a Selva Roof, un sitio ubicado en el Paseo del Prado, para hablar de cine, de literatura, de Donald Trump y del dolor del archipiélago. Desde cualquier posición en que miremos, el lente enfoca borroso.

«No hay un escenario ideal. Una intervención no es el escenario ideal, pero un estallido o guerra civil tampoco». El Selva Roof, en donde una cerveza importada seguía costando 400 pesos cubanos, asombrosamente, pronto dejará de ser también el escenario ideal para ir a beber con amigos y hablar de los escenarios ideales y de las escenas inconclusas. Un mes después, cuando el dólar alcance la escandalosa cifra de 700 pesos cubanos, la cerveza subirá a 550 y un trago de ron irá de 600 a mil pesos.

Ahora mismo, Adriano, como todo joven cubano, tiene la mirada un tanto cerrada. Hace cinco años existía para los cubanos un lote de fondos y recursos a los que aplicar con un proyecto cinematográfico. Ahora, además del empobrecido y políticamente oficialista Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, ICAIC, solo se puede aspirar a un selectivo Fondo de Cine de Noruega. Cada vez se le ha hecho más difícil imaginarse en Cuba haciendo un buen cine. Cada vez se le ha hecho más difícil imaginarse en Cuba. Cada vez se le ha hecho más difícil.

«Me voy para Italia. Ya lo hablé con mi mamá. Desde allá trataré de seguir haciendo cine, aplicando a fondos, pero ya Cuba no es para mí».

Cuba no es para nadie. Cuba lleva 70 años siendo de cualquiera menos de los cubanos. Ahora está sobre la mesa que pueda ser de los norteamericanos.

La ética y el patriotismo dividen pensares; pero desde el barrio, desde el barrio agotado y adormecido sobre el colchón de la locura, a la gente le da lo mismo que Cuba sea para los norteamericanos o para los turcos. Yessy, con un desgano peculiar, así mismo lo dice.

Yessenia Franco pasó su 2024 y 2025 en Turquía por un contrato laboral como cantante. Supo, al regresar, que no podía faltar en sus maletas al menos dos ventiladores recargables, un power bank y una o dos lámparas también recargables. Años atrás, ningún músico tenía en mente tales souvenirs, pero la Cuba de hoy no se parece en nada a ninguna otra Cuba que jamás haya existido.

«De Turquía vine en pareja; llegamos aquí y decidimos vivir juntos. Finalmente no funcionó y me quedé viviendo sola. El resumen del cuento es que toda esta etapa negra de Cuba la he pasado viviendo sola».

En San Miguel del Padrón estaba la casa de su familia. Madre, tías, primas. Ella, por primera vez en su vida, estbaa lejos: primero en Turquía, luego en el Cerro. Lejos, y deprimida. Sin el potaje de su tía, sin las risas con sus primas, sin el abrazo de su madre. Sin luz —durante 30 horas seguidas—, sin agua, sin la esperanza de un nuevo contrato en Turquía o cualquier otro sitio, porque las aerolíneas abandonaron a Cuba como se abandona a la niña fea del aula, y sin un puto sitio en Cuba al que tocarle chachachá y son a yuma alguno, porque los yumas abandonaron Cuba como se abandona el último sitio de la nostalgia.

Yessenia narra los malabares que hace para recibir amigos en casa para maquillarse, para cocinar, para no llorar todos los días. Yo termino llorando con ella. Su mamá no escucha de su boca los malabares —Yessy no puede gastarse semanalmente entre dos mil y tres mil pesos para ir a ver a su madre—, pero los conoce. Porque el malabarismo es el arte del hogar cubano por estos meses.

—A mí me da igual que vengan los americanos o cualquier otra gente, pero en verdad es necesario que pase algo ya, que pase algo desde afuera, porque nosotros no somos capaces de articular ese cambio. Me dolería una operación militar, seguramente dejaría algunos muertos, traería también un escenario político inestable y complejo, pero ahora mismo nuestro escenario es complejo e inestable de todos modos, sin esperanza de nada.

—¿Tu salud mental, Yessy?

—Comprometida. Yo digo que hay que tener nervios de acero para que todo lo que está pasando no te pase por arriba. Yo estoy deprimida, eso no es un secreto.

—¿Por tu separación?

—Sí, por ahí empezó, pero si le sumas a eso todo el desastre en el que vivimos, no tener luz y no saber cuándo llega, cocinar con carbón, no tener agua durante días seguidos, no tener trabajo ni esperanza de trabajo, ¿qué te digo? Yo no he tenido un momento de calma desde que llegué de Turquía. Probé la soledad y está bien, pero no para estos tiempos. A veces quiero confiar en que los tiempos de Dios son perfectos, pero con Cuba los tiempos de Dios están un poco raros.

Uno sale a caminar La Habana y nota una tristeza sin par. La depresión de Yessy. El cansancio de Adriano. No la nota solamente en los también cansados ancianos que la recorren o en los lugares vacíos que hace unos ayeres estuvieron infectados de turismo. Ahora la tristeza cobra otra forma, como una especie de filtro encima de la alegría menor propia del cubano.

Sí, se sigue plantando un dominó en cualquier sitio; seguimos yendo a Selva Roof a bebernos una o dos cervezas a 500 pesos; se sigue poniendo una bocina en medio de la calle con una buena timba o un buen reparto; se sigue sacando una botella de ron—mucho más cara e inaccesible cada día—para amenizar la tarde; pero es justo ahí, en medio de esa risa o de esa vuelta de casino, donde se nota el desgaste de la supervivencia. Ya el cubano no es feliz de forma honesta, si es que en algún momento lo pudo haber sido.

Un país que se ha apagado energéticamente dos veces en una misma semana —en marzo de este año— y que ha establecido un sistema de apagones ordinario de entre 10 y 36 horas, no es un país feliz. Apenas y logra ser habitable. Una isla sin agua potable, sin pescado, sin mariscos.

Las protestas ciudadanas, mediante cacerolazos nocturnos y quema de basura, también han definido el lenguaje de estos meses. Un país hastiado, un país al que diariamente se le pudre la poca comida que logra alcanzar, ha decidido alzar su voz y su caldero vacío, y llorar a viva voz.

La represión política no ha estado ausente de ninguna manera.

Si bien la detención de Kamil y Ernesto, líderes del proyecto audiovisual El 4tico, ha sido quizás el momento político más mediático de los últimos meses, al igual que la represión sobre los jóvenes del proyecto Fuera de Caja y el hostigamiento sobre la influencer Anna Bensi y su madre, cabe destacar que, bajo la sombra, muchos otros jóvenes —sobre todo en las provincias del centro y de oriente del país— están siendo también hostigados e interrogados, detenidos y procesados.

La realidad supera la ficción y no hay titular, por amarillista que sea, que logre tomarle el pulso exacto a la desesperanza del pueblo de Cuba. Y es justo ahí, en ese monitor del cadáver de Cuba, donde se lee un signo vital: la posible injerencia o intervención de Estados Unidos.

Nuestro muerto no se levanta ni aunque quiera —ha asumido el pueblo cubano—; debemos ser asistidos.

Manuel D La Cruz (La Habana Cuba). Escritor y periodista. Ha colaborado en medios como El Estornudo, Árbol Invertido e Incubadora.

Eladio Silva no se lo imaginaba, pero aun así pasó, que un par de terremotos revelarían tanto de la intimidad de su comunidad. No de una forma cursi; de una, más bien, visceral. Entre las grietas y el cemento podía ver el cuarto de algún vecino. Cómo decoraban su baño. Qué colores les gustaba más para pintar sus paredes. Qué santo tenía colgado en su pared.

Caminaba por las calles de El Junquito, un poblado montañoso, agrícola y turístico ubicado entre Caracas —la capital de Venezuela— y La Guaira —una de las poblaciones más afectadas por los sismos que azotaron al país el 24 de junio de 2026—. Han pasado 18 días desde los terremotos. Algunos escombros siguen intactos.

Las decenas de comercios que adornan el pueblo siguen cerrados, a la espera de ser evaluados para seguir trabajando. No todos los días llegan temblores de magnitud 7.2 y 7.5 uno tras de otro.

—Busco a un ingeniero: quiero que me diga de frente cómo quedó el restaurante de mis sobrinos —dice Eladio con voz baja.

Eladio “era” un comerciante de la zona: junto a sus sobrinos tenía un restaurante especializado en carne de cerdo. El pretérito no es editorial. Él se describe con verbos en pasado: ya no sabe si seguirá esa profesión. Caminó solo: sus sobrinos ahora viven en la casa de unos vecinos como desplazados, lejos de El Junquito.

El poblado ha quedado entre dos polos de respuestas. En Caracas, maquinaria pesada aplana los edificios caídos. En La Guaira son los propios vecinos quienes desentierran a sus seres queridos, esperando la ayuda del gobierno o de rescatistas internacionales. Pero en El Junquito esperan a las autoridades en silencio.

—Solo los vecinos saben el verdadero impacto que tuvo en su comunidad —comentó Eladio, tapándose de las cámaras y de los militares que patrullaban la zona.

Él le achaca su comentario a las canas, a sus más de 70 años de edad. Pero, en realidad, resume los informes de Reporteros Sin Fronteras, que denuncian una alta censura institucional en medio del desastre. La presidencia interina de Venezuela, hasta ahora, solo ofrece una lista, una imagen por Telegram, con números que reflejan el impacto humano de los terremotos.

El conteo de la administración pública para el 12 de julio llevaba 4,490 fallecidos y 17,907 personas que perdieron su vivienda. No distinguen los datos por zonas; tampoco por edad, ni por género. Nada nuevo; no hay datos demográficos en Venezuela desde el censo de 2011.

Frente al silencio institucional, los vecinos y los periodistas se han vuelto en quienes recogen los datos. Según los reportes comunitarios, al menos 1,200 personas quedaron sin hogar y al menos cuatro personas fallecieron en El Junquito.

Nadie sabe cuántas edificaciones quedaron habitables.

Eladio es uno de los sobrevivientes, «uno de los no desaparecidos» de El Junquito. Lo dice así porque se acercó a una de sus vecinas y, en un cuaderno escolar, anotó su nombre, su documento de identidad y dónde vivía. Lo escribió con tinta, con la esperanza de que no se borre.

—El gobierno solo nos ha ayudado en una cosa —dijo el comerciante—: Protección Civil ha pegado unas calcomanías [stickers] con colores del semáforo en pocas edificaciones para indicar si una estructura está estable. Pero esas evaluaciones no están en todos lados, ni sabemos cuál lugar será el siguiente en tener ese privilegio.

Ese sticker era lo que buscaba Eladio. Tanteaba con la mirada las fachadas de la zona comercial de El Junquito —justo en la frontera entre Caracas y La Guaira— una pegatina de color roja, amarilla o verde. Pasaba por los escombros de un vecino, luego veía un comercio cerrado, pasaba por un techo roto y, al fin, vio el comercio suyo y el de sus sobrinos.

Encontró una calcomanía amarilla: el comercio está en pie, pero estructuralmente comprometido.

Un sticker no era suficiente. Eladio buscaba a un ingeniero para tener más información: qué se agrietó, qué se desplomó, qué sobrevivió.

—Quiero empezar de nuevo, pero quiero saber por dónde empezar—reclamó en voz baja. Volteó su mirada a unos militares que se encontraban a pocos metros. Tenía miedo de ser reprimido por alzar su preocupación.

Su familia se niega a ir a un refugio porque desconfían de la gestión de la presidencia interina, tampoco existe una aseguradora que le permita reconstruir lo perdido.

La experiencia de su familia es el reflejo de datos que la Universidad Católica Andrés Bello ha destacado desde hace años: la vulnerabilidad institucional en Venezuela es alta. A través de una encuesta anual, la academia venezolana precisó que el venezolano no tiene capacidad de ahorro por los altos índices de inflación y las restricciones de apoyos de créditos bancarios.

—Esto es un limbo, esta es la verdadera incertidumbre —repetía Eladio.

Para él, y quizás para muchos turistas, entrar a El Junquito o a Caracas era sumergirse en una elegía. Donde antes cada comercio sintonizaba una canción de salsa ahora existe el silencio. Los vecinos ahora se sientan sin conversar entre ellos, esperando a que otra persona entre en su comercio.

Eladio pasó al lado de una de las edificaciones caídas de El Junquito. Señaló con el dedo una de las habitaciones descubiertas y comentó que allí vivían unos vecinos que salieron justo antes de que el edificio se partiera por la mitad.

—Quedamos expuestos: estamos vulnerables y nadie nos atiende. El ciudadano es quien ayuda a otros ciudadanos —reflexionó—. Cada poblado fuera de la capital está totalmente desamparado por el Estado.

Comunidades al occidente de Caracas y cerca del epicentro de los terremotos —como Morón, Tucacas y Yumare— han denunciado a la prensa local que la ayuda estatal ha sido igual de lenta que en la capital y La Guaira. El silencio ha llegado a tal punto que los vecinos de Yumare, donde fue el primer epicentro sismológico, le dijeron a la periodista venezolana Lisseth Boon que se enteraron de los daños al país horas después del desastre porque no tenían señal telefónica y creyeron que era un corte del servicio rutinario.

Eladio siguió su camino entre los escombros de El Junquito.

A pocos metros vio una grúa removiendo escombros: la primera y la única que divisó todo el poblado. Habló con otros vecinos y le comentaron que llegó antier, a 16 días del desastre.

Joshua de Freitas (Caracas, Venezuela) es periodista. Cubre ciencia y derechos humanos desde el periodismo narrativo y el periodismo de datos.

El pasado vuelve. Si algo, es impresionante que, en nuestro afán por definirlo, le atribuyéramos un tiempo donde no hay retorno. En eso pienso esta semana, tras leer los textos de Hernán P. Floríndez y Paula Simón. Ambos muestran cómo hay un pasado latente que ignoramos pero, eventualmente, regresa.

Ese tema—el de los pasados—no fue intencional. Cada semana, los editores de Perpetuo nos sentamos y discutimos los temas más interesantes que ocurren en el mundo. La regla es preguntarnos: ¿qué tema escuchamos mucho pero no entendemos a fondo? En un mundo donde dominan los textos breves y las imágenes en redes, hay mucho de dónde escoger. Los anteojos es nuestro intento por profundizar.

Queríamos hablar del Mundial; sobre todo, de cómo se ha vivido en las calles de México—tres veces anfitrión—. También, ahora que los resultados se han sellado, queríamos escuchar del Perú y las consecuencias de su elección presidencial. Resultaron dos crónicas que vuelven la vista atrás.

Floríndez lo hace explícito. Habló con víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori ahora que su hija, Keiko Fujimori, es presidenta electa del país. Es un esfuerzo por ver el pasado que vuelve y sentir bajo amenaza los esfuerzos de una vida de luchas.

Simón, por su parte, lo hace en lo implícito. Su crónica es la de la fiebre mundialista que vuelve cada cuatro años; la de la ilusión mexicana, tantas veces aplastada. Y de lo que es ver los espectaculares un día después.

(Por cierto, intentamos algo nuevo—por primera vez, colocamos los textos íntegros en este newsletter para que no tengan que ir a un enlace a leer el resto; esperamos sea de su agrado aun si resulta en un correo largo).

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El dolor de volver a empezar

Sobre las víctimas de Fujimori ahora que su hija será presidenta

Durante más de tres décadas en el Perú, los familiares de las víctimas de Cantuta han dedicado sus vidas a denunciar los crímenes cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori y a sostener la memoria de sus familiares asesinados. Ahora, la victoria electoral de Keiko Fujimori—hija del exdictador— trae la sensación de un retorno al inicio. ¿Qué sucede cuando un país te obliga a reiniciar un duelo que creías estar terminando?

Después de la noticia, el padre de Bertila Lozano no aguantó más.

Cuando Augusto Lozano descubrió en 2023, luego de 30 años, que unos centímetros de hueso correspondían al maxilar superior derecho de su hija desaparecida, su cuerpo comenzó a apagarse. «Y de ahí nomás, al mes, él falleció», relata la señora Juana Torres, esposa de Lozano y madre de Bertila; tratando de cerrar dos despedidas al mismo tiempo. «Después, hicieron más excavaciones. Encontraron nuevamente un pedazo de los huesos de Bertila, estaba parte de su frente. Y me fui a Lima, pero decidí traerme esa partecita de mi hija para acá, enterrarla acá en su pueblo».

Parecen hallazgos mínimos. A veces es encontrar un poco de frente, unos restos de maxilar, un fragmento de codo. Pero en esa mínima parte, está la posibilidad de cierre; de por fin, dar la sepultura ansiada. De que sus familiares vuelvan a tener un lugar en el mundo. De intentar juntar, después de cientos de marchas, juicios, denuncias, memoriales y testimonios, a hijos y padres en una misma oración.

Bertila Lozano fue uno de los nueve estudiantes—junto al profesor Hugo Muñoz—secuestrados y desaparecidos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, mejor conocida como La Cantuta, en 1992.

El crimen sucedió durante los momentos más violentos de la historia peruana reciente: desde los años ochenta, Sendero Luminoso, una organización terrorista de inspiración maoísta, declaró una guerra contra el Estado a través de asesinatos, atentados y masacres, dejando a miles de víctimas. Como respuesta, sectores de las Fuerzas Armadas peruanas recurrieron también a las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzadas.

Solo tres meses antes del secuestro de los estudiantes, Alberto Fujimori cerró el Congreso en un autogolpe de Estado de la mano de los militares, e intervino el Poder Judicial y el Ministerio Público con la excusa de derrotar al terrorismo. En ese contexto, actuó el Grupo Colina, un destacamento militar encubierto.

Fue ese grupo—que buscando represalias tras un atentado senderista en Lima que le quitó la vida a 25 personas y dejó más de 200 heridos—el responsable de entrar a la ciudad universitaria, secuestrar a los estudiantes, trasladarlos hasta las afueras de la capital, dispararles, envolver sus cuerpos en cajas de cartón, prenderles fuego, e intentar ocultar los restos entre la arena de un cerro descampado.

En 2009, este caso fue crucial para condenar a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad contra Alberto Fujimori, probando que el Grupo Colina estuvo bajo su dominio. Tanto la Comisión de la Verdad y Reconciliación, como las investigaciones judiciales, establecieron además que eran estudiantes universitarios sin relación alguna con Sendero Luminoso.

Desde hace 33 años, los familiares de las víctimas de La Cantuta buscan los cuerpos de sus desaparecidos y luchan por juzgar a los responsables. Consiguieron lo que parecía imposible: decenas de condenas, incluyendo sentencias históricas contra el mismo Fujimori y otros implicados, como el exgeneral Nicolás Hermoza Ríos, el exasesor Vladimiro Montesinos y el jefe de operaciones Santiago Martín Rivas. También lograron la recuperación e identificación de cinco de los estudiantes desaparecidos y el profesor Hugo Muñoz Sánchez. Su presencia y activismo marcaron en diferentes generaciones el recuerdo vivo de las atrocidades cometidas por la dictadura. Bajo el lema de «Nunca más» fueron símbolo de oposición al retorno de aquel periodo de la historia.

Parecía suficiente.

Carmen Amaro es hermana de Armando, otro de los estudiantes desaparecidos en La Cantuta. De él, solo se recuperaron unos trozos de codo y unas llaves calcinadas. Amaro ha sido de las principales organizadoras de las familias. Por años ha coordinado la logística, los actos memoriales, la presencia en medios, los gastos, las acciones judiciales e incluso el soporte emocional de los familiares. A sus 19 años hizo de la lucha por la memoria su prioridad de vida. Un camino trascendente, pero austero y desgastante como pocos.

«Cuando decidí involucrarme sabía qué significaba, cuál era mi prioridad, mi compromiso con mi hermano» dice Amaro. «Lo hice como demostración de amor, una apuesta de una vida. Quizá si yo no lo hubiera hecho, yo podría tener una familia, tuviera un trabajo estable, no lo sé. Pero no me arrepiento».

La presencia pública de las familias en juicios y en búsqueda de sus hijos, parecía haber fijado un límite moral innegociable al país. Pero no siempre la verdad histórica es la memoria de sus ciudadanos.

A mediados de junio, con el conteo de las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori, hija del exmandatario y candidata por cuarta vez, resultó electa como la nueva presidenta del Perú.

«Yo decidí entregar todos estos años y ahora siento que es retornar al inicio» admite Amaro. «Solo que dejé de tener 19, ahora tengo 53 años. Ya no tengo las mismas energías. Ahora yo veo por mi madre, yo siento el riesgo, yo me pregunto ahora qué les va a pasar».

Cuando Amaro vio las noticias sobre la inminente victoria fujimorista, no estaba sola. A miles de kilómetros de Lima, compartía una habitación en Colombia con Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, otro de los estudiantes desaparecidos en La Cantuta. Ambas fueron invitadas por organizaciones de derechos humanos para compartir la experiencia peruana de búsqueda de justicia y memoria. Entre otras cosas, contaban cómo, después de 34 años, las familias habían iniciado plantones semanales ininterrumpidos frente al Palacio de Justicia de Lima para impedir que casos emblemáticos fueran archivados.

Los resultados que llegaban desde Perú cambiaron la conversación. Algo se había roto.

«Sentí la rabia de darme cuenta o de pensar que fueron 34 años de mi vida que no sirvieron para nada», recuerda Ortiz. «Eso es lo peor, porque al final de cuentas, más de la mitad de mi vida me he dedicado a defender la memoria de mis hermanos. Por justicia, por verdad; como una importancia no solo para mí o mi familia, sino que sea importante para el país, para que no se vuelva a repetir».

La impunidad, en realidad, no comenzó con el conteo de votos. Fue ganando terreno día a día. Primero, en 2023 cuando un tribunal de justicia promovido por el mismo fujimorismo—y en contra del derecho internacional— otorgó la liberación inmediata e indultó a Alberto Fujimori. Después, en 2024, cuando el congreso peruano aprobó la Ley 3210 que prohíbe juzgar como delitos de lesa humanidad a los crímenes cometidos antes de 2002, beneficiando directamente a integrantes del Grupo Colina. Luego, en 2025, con la Ley 32301 que prohíbe la representación legal de ONGs en juicios contra el estado, dejando a las familias sin abogados en sus casos. Y finalmente, con una reforma del Código Penal para que cualquier abuso o violación a los derechos humanos cometidos por policías y militares en funciones, sean procesados solo por sus pares en una justicia militar/policial paralela.

La victoria electoral de Keiko Fujimori fue la constatación de que la historia puede ser pendular. La ilusión de terminar un duelo, para tener que repetirlo.

«Yo creo que este 18 julio va a ser duro» dice Carmen, recordando el aniversario de La Cantuta. «Y es como que uno siempre va al cementerio y toca una rendición de cuentas. Una tiene que decirle… lo siento… mira, este año, no sé. ¿Qué les vamos a decir ahora? ¿Cómo les vamos a mirar? Si siento que hemos fallado, que quizás no estuvimos a la altura. Es como una revisión. ¿Qué hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? Es inevitable, y yo la verdad pienso en mi madre, pienso en mi hermano. Es como si una vez más lo estuvieran asesinando», dice Carmen, quien al mismo tiempo asegura que no piensan dejar de hacer lo que siempre han hecho «siempre apostaremos por la justicia, la memoria y la verdad, no hemos abandonado nunca, por más que controlen el país».

Quizá por eso Gisela Ortiz insiste: «hay una verdad jurídica, pero no hay una verdad ciudadana. A la gente no le importa si fue delincuente o no, si sufriste o no. Eso es doloroso».

Si bien los familiares probaron en un juicio histórico que Alberto Fujimori fue protector y responsable de los grupos paramilitares en su gobierno; tres décadas después, 9 millones 222 mil 375 peruanos eligieron el mismo apellido para la presidencia. El mismo movimiento contra el que estas familias habían dedicado su vida.

«No podemos minimizar el riesgo» confiesa Gisela Ortiz. «Sería lo peor que podríamos hacer. Si decidimos quedarnos, no podemos pensar que no va a pasar nada, que no nos van a detener o que no nos vayan a desaparecer. Si te quedas, tienes que quedarte a vivir con la alerta. De quién está cerca cuando abres tu puerta, quién camina cerca a ti (...) Hay que pensar con quiénes contamos, quién va a salir a dar la cara por ti. Digo, si te matan, ¿quién va a asistir a tu familia? Yo no tengo pensión, o sea, mi hijo va a ser un huérfano y va a vivir… ¿De qué? ¿De qué? Es duro, pero hay que pensarlo para evaluar qué hacer», confiesa Gisela Ortiz.

La hermana de Luis Enrique Ortiz Perea ya no tiene 20 años. La joven responsable de testimoniar contra una dictadura ahora tiene 54 años, un hijo por el que velar y una madre a quien cuidar. El tiempo le acumuló responsabilidades, pero nunca le quitó la primera.

Parece que el tiempo avanza para y contra todo, menos para el duelo o la espera. Raida Cóndor, madre de Carmen Amaro, aún no puede dormir hasta que su hija regrese a casa. No importa la hora. Si llega muy tarde o muy temprano, si debe esperar hoy o hace treinta años.

«Siempre que salgo, trato de no demorarme», dice Amaro, «porque mi madre me espera en el balcón. Hasta ahora, no se puede dormir hasta que yo llegue».

«Emocionalmente no sé si voy a poder aguantar un fujimorismo en el gobierno», suspira Gisela. «Porque los tienes que ver, los tienes que escuchar y además los tienes que evidenciar. Todo lo que vayan a hacer, cada atropello, cada pisoteo de derechos y a la gente, tenemos que estar ahí. Yo no sé si voy a poder aguantar, quizá, si supiera que esto acaba en un mes, me encierro. No salgo, no importa, pero son cinco años… o más, quizá sean más».

Volver a esperar.

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Jolgorio Mundialista

Sobre los festejos (y la tragedia) en el Ángel de la Independencia

Ese martes desperté sintiéndome mal; sin poder respirar, con el pecho seco de tanto toser y un dolor en la espalda—advertencia única del porvenir de una gripe—. Inmediatamente me metí a bañar, esperando que el agua caliente espantara los males. Al salir, con el vapor aún recubriendo el espejo, abrí mi computadora y busqué en internet boletos en reventa para el partido de ese día en la tarde: México contra Ecuador.

La mejor opción era en la última fila, hasta arriba, en una esquina, por poco más de 30 mil pesos (unos 1,800 dólares). Imposible. Quedé con mis amigas en el restaurante Fishers de Polanco, el segundo mejor lugar. Acepto que esta crónica sería más emocionante de escribir (y quizás leer) si el escenario de la trama fuera el mítico Estadio Azteca, pero juzgue usted.

El Mundial se celebraba en casa. La selección mexicana jugaba en el Estadio Azteca—temporalmente renombrado «Estadio Ciudad de México» por necesidad de los patrocinadores oficiales—tras lograr lo que nunca: pasar de primeros tras la fase de grupo y hacerlo sin recibir un gol en contra. En el país, se sentía un optimismo contagioso resumido por tres palabras: «¿Y si sí?» ¿Y si esta vez, al fin, llegábamos lejos; incluso, ganábamos el Mundial?

La fiebre era contagiosa. Aún si yo peleaba con un malestar físico, la emoción era tal como para salir de casa, unirme a la multitud y celebrar.

Al llegar pedí una michelada cubana, escarchada, buena para mis ánimos que, en ese momento, eran poco mundialistas. En la ciudad hacía frío —no ayudaba a mi malestar— y el partido se había retrasado una hora. Nos sentamos cuatro en la mesa, compramos unos cigarros, pedimos de tomar y platicamos a gritos los chismes de la semana, opacados por el ruido de las matracas, los tambores y el grandísimo y arrítmico cantar de «Cielito lindo» entre cientos de personas desbordando el lugar.

La esperanza era palpable.

Empezó el partido y con él los ánimos en el Fishers. Aficionados se paraban frente a la pantalla, haciendo gestos y moviendo las manos hacia arriba en desaprobación. Cada cierto tiempo estallaba una porra colectiva, algunas con insultos y albures; otras con un simple movimiento de las matracas. Bastaron 22 minutos para que llegara ese primer gol. La euforia se disparó. Nos paramos a brincos de las sillas y abrazamos al amigo, al familiar, al vecino de mesa, al que ya era compadre, primo segundo, hermano de patria, cuatedetodalavida.

Lo mismo con el minuto 32. Otro gol. Abrazos, coreadas, chelas, «¡Raúl! ¡Raúl!», hermano perdido, confidente, padrino de boda. La felicidad se tradujo en tambores, tragos de alcohol y bailes entre todos los que estábamos ahí.

Bastó la ilusión de un probable triunfo, el descontrol de un martes con sabor a viernes y la alegría de un gusanito comunal para convencerme de ir a festejar al Ángel de la Independencia. Ese lugar que se ha convertido en el reflejo de la necesidad casi desesperada de festejar algo en colectivo: habíamos derrotado a Ecuador; el primer partido de eliminación que ganábamos en décadas.

Tenía varios mensajes y llamadas perdidas de mis papás. Me pedían que no fuera a festejar a la calle, que iba a haber mucha gente: borrachos, violentos, y grupos radicales de aficionados, esos de los que se hablaba en la década de los 80, durante el último mundial en México; que se decía, provocaban peleas y disturbios en los lugares públicos. Les aseguré que me cuidaría y que estaría de regreso temprano.

Pero había que ir a celebrar.

Llegué unos 25 minutos después por la glorieta de la Diana Cazadora, con su arco en alto y, para siempre, su flecha perdida. Había miles de personas caminando sobre Paseo de la Reforma. Llevaban bocinas, trompetas, bengalas, espuma, confeti y fuegos artificiales. Esas banquetas largas y anchas actuaron como restaurante, con puestos de esquites, tamales, micheladas y gomichelas, medio amontonados entre la gente que quería pasar.

También fueron antro: bajo distintos toldos colgaban bocinas enormes desde las que sonaban corridos tumbados y reguetón. Algunas personas se paraban frente a ellos a bailar, con un trago en mano, impidiendo el paso de la gente. Si lograbas pasar, eras objeto de algún insulto o piropo que, en realidad, era acosador.

El río de gente en la capital avanzaba por ambos sentidos: unos llegaban desde Chapultepec y otros desde la Roma Norte. Personas con máscaras de luchadores, con sombreros de charro, con trompetas, con penachos de plumas y pelucas del Tri, ondeando banderas de México, cargando latas de cerveza y vasos rojos apilados. Todos de verde, blanco, rojo, negro; alguno que otro sin playera, medio desnudo, medio borracho.

Cada cierto tiempo, una figura emergía del mar de cabezas. Varias manos la impulsaban hacia el cielo y, por un breve segundo, flotaba sobre la multitud, arqueando la espalda, levantando el pecho y dejándose caer de regreso a unas manos desconocidas. Cuando por fin pisaba suelo firme, se escuchaba, entre aplausos y gritos: «¡Ya voló! ¡Ya voló!». La calle estaba empapada entre una mezcla de cervezas y agua de lluvia, con todo tipo de envolturas de plástico tiradas en el piso, montones de basura, entre comida y latas aplastadas, abandonados en las orillas de las banquetas.

Eran casi las dos de la mañana. Estábamos convencidas que entre más avanzábamos, más nos íbamos a amontonar entre la gente, así que decidimos dar la vuelta. En el camino de regreso vimos a dos personas meterse dentro de trafitambos y ser empujados por otros para pelear entre sí, como un tipo de carritos chocones; vimos un ring improvisado, con guantes, referí y espectadores; vimos a dos hombres sin camisa, borrachos, intentar pelear y fallar; vimos a personas entrar con sus motocicletas entre la multitud, a toda velocidad, esperando a que los aficionados se hicieran a un lado ante el riesgo de ser atropellados; vimos a parejas besarse, empujarse, amontonarse por un espacio angosto y hasta hacer un payaso de rodeo.

Vimos a México entero, en un solo lugar, consumido por la dicha de la celebración.

El siguiente día me desperté temprano. Procrastiné trabajar las primeras horas del día; la desvelada y la gripa me impidieron abrir mi computadora. Al mediodía vencí al demonio y entré a mi portal de noticias de confianza: cuatro personas habían muerto en los festejos del día anterior. Dos mujeres de 19 y 48 años; un hombre de 44. Murieron de asfixia. El hombre y la mujer más joven fueron hallados inconscientes entre las calles de Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez, apenas a una cuadra del Ángel de la Independencia. La cuarta persona era un hombre de 30 años que ingresó más tarde al hospital por una crisis epiléptica. En Guadalajara, 48 personas fueron detenidas y dos policías lesionados. Hubo golpes, caídas, represiones, y hasta gas lacrimógeno involucrado.

En redes sociales había miles de videos de la noche anterior en escenas tipo hooliganescas; aficionados golpeándose entre ellos, rompiendo vidrios de los locales, volteando coches, atropellando gente. Pero esta vez no era la final de un Liverpool contra Manchester United, era un partido entre México y Ecuador en 16vos de final, en un país que hace de cualquier victoria una fiesta y de las calles un punto de encuentro; que se enorgullece de la calidez de su gente y presume cuidar a los suyos. En esas celebraciones había niños, bebés, personas de la tercera edad. En esas celebraciones cuatro personas perdieron la vida.

Cinco días después, el domingo 5 de julio, México volvió a jugar en el Estadio Azteca. Ahora se disputaba los 8vos de final contra Inglaterra. Un partido simbólico: acompañado por, quizás, las aficiones más grandes, ruidosas y pasionales del mundo; con una selección que cargaba con la presión de jugar el partido en casa y la de millones de mexicanos que, por primera vez en mucho tiempo, sentían que el equipo podía seguir haciendo historia. Esta vez el gobierno limitó el aforo de personas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia: la gente no se amontonó, ningún local fue destruido, nadie se murió.

México perdió por un gol de diferencia y con eso fuimos eliminados de esta Copa del Mundo.

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Durante más de tres décadas en el Perú, los familiares de las víctimas de Cantuta han dedicado sus vidas a denunciar los crímenes cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori y a sostener la memoria de sus familiares asesinados. Ahora, la victoria electoral de Keiko Fujimori—hija del exdictador— trae la sensación de un retorno al inicio. ¿Qué sucede cuando un país te obliga a reiniciar un duelo que creías estar terminando?

Después de la noticia, el padre de Bertila Lozano no aguantó más.

Cuando Augusto Lozano descubrió en 2023, luego de 30 años, que unos centímetros de hueso correspondían al maxilar superior derecho de su hija desaparecida, su cuerpo comenzó a apagarse. «Y de ahí nomás, al mes, él falleció», relata la señora Juana Torres, esposa de Lozano y madre de Bertila; tratando de cerrar dos despedidas al mismo tiempo. «Después, hicieron más excavaciones. Encontraron nuevamente un pedazo de los huesos de Bertila, estaba parte de su frente. Y me fui a Lima, pero decidí traerme esa partecita de mi hija para acá, enterrarla acá en su pueblo».

Parecen hallazgos mínimos. A veces es encontrar un poco de frente, unos restos de maxilar, un fragmento de codo. Pero en esa mínima parte, está la posibilidad de cierre; de por fin, dar la sepultura ansiada. De que sus familiares vuelvan a tener un lugar en el mundo. De intentar juntar, después de cientos de marchas, juicios, denuncias, memoriales y testimonios, a hijos y padres en una misma oración.

Bertila Lozano fue uno de los nueve estudiantes—junto al profesor Hugo Muñoz—secuestrados y desaparecidos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, mejor conocida como La Cantuta, en 1992.

El crimen sucedió durante los momentos más violentos de la historia peruana reciente: desde los años ochenta, Sendero Luminoso, una organización terrorista de inspiración maoísta, declaró una guerra contra el Estado a través de asesinatos, atentados y masacres, dejando a miles de víctimas. Como respuesta, sectores de las Fuerzas Armadas peruanas recurrieron también a las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzadas.

Solo tres meses antes del secuestro de los estudiantes, Alberto Fujimori cerró el Congreso en un autogolpe de Estado de la mano de los militares, e intervino el Poder Judicial y el Ministerio Público con la excusa de derrotar al terrorismo. En ese contexto, actuó el Grupo Colina, un destacamento militar encubierto.

Fue ese grupo—que buscando represalias tras un atentado senderista en Lima que le quitó la vida a 25 personas y dejó más de 200 heridos—el responsable de entrar a la ciudad universitaria, secuestrar a los estudiantes, trasladarlos hasta las afueras de la capital, dispararles, envolver sus cuerpos en cajas de cartón, prenderles fuego, e intentar ocultar los restos entre la arena de un cerro descampado.

En 2009, este caso fue crucial para condenar a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad contra Alberto Fujimori, probando que el Grupo Colina estuvo bajo su dominio. Tanto la Comisión de la Verdad y Reconciliación, como las investigaciones judiciales, establecieron además que eran estudiantes universitarios sin relación alguna con Sendero Luminoso.

Desde hace 33 años, los familiares de las víctimas de La Cantuta buscan los cuerpos de sus desaparecidos y luchan por juzgar a los responsables. Consiguieron lo que parecía imposible: decenas de condenas, incluyendo sentencias históricas contra el mismo Fujimori y otros implicados, como el exgeneral Nicolás Hermoza Ríos, el exasesor Vladimiro Montesinos y el jefe de operaciones Santiago Martín Rivas. También lograron la recuperación e identificación de cinco de los estudiantes desaparecidos y el profesor Hugo Muñoz Sánchez. Su presencia y activismo marcaron en diferentes generaciones el recuerdo vivo de las atrocidades cometidas por la dictadura. Bajo el lema de «Nunca más» fueron símbolo de oposición al retorno de aquel periodo de la historia.

Parecía suficiente.

Carmen Amaro es hermana de Armando, otro de los estudiantes desaparecidos en La Cantuta. De él, solo se recuperaron unos trozos de codo y unas llaves calcinadas. Amaro ha sido de las principales organizadoras de las familias. Por años ha coordinado la logística, los actos memoriales, la presencia en medios, los gastos, las acciones judiciales e incluso el soporte emocional de los familiares. A sus 19 años hizo de la lucha por la memoria su prioridad de vida. Un camino trascendente, pero austero y desgastante como pocos.

«Cuando decidí involucrarme sabía qué significaba, cuál era mi prioridad, mi compromiso con mi hermano» dice Amaro. «Lo hice como demostración de amor, una apuesta de una vida. Quizá si yo no lo hubiera hecho, yo podría tener una familia, tuviera un trabajo estable, no lo sé. Pero no me arrepiento».

La presencia pública de las familias en juicios y en búsqueda de sus hijos, parecía haber fijado un límite moral innegociable al país. Pero no siempre la verdad histórica es la memoria de sus ciudadanos.

A mediados de junio, con el conteo de las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori, hija del exmandatario y candidata por cuarta vez, resultó electa como la nueva presidenta del Perú.

«Yo decidí entregar todos estos años y ahora siento que es retornar al inicio» admite Amaro. «Solo que dejé de tener 19, ahora tengo 53 años. Ya no tengo las mismas energías. Ahora yo veo por mi madre, yo siento el riesgo, yo me pregunto ahora qué les va a pasar».

Cuando Amaro vio las noticias sobre la inminente victoria fujimorista, no estaba sola. A miles de kilómetros de Lima, compartía una habitación en Colombia con Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, otro de los estudiantes desaparecidos en La Cantuta. Ambas fueron invitadas por organizaciones de derechos humanos para compartir la experiencia peruana de búsqueda de justicia y memoria. Entre otras cosas, contaban cómo, después de 34 años, las familias habían iniciado plantones semanales ininterrumpidos frente al Palacio de Justicia de Lima para impedir que casos emblemáticos fueran archivados.

Los resultados que llegaban desde Perú cambiaron la conversación. Algo se había roto.

«Sentí la rabia de darme cuenta o de pensar que fueron 34 años de mi vida que no sirvieron para nada», recuerda Ortiz. «Eso es lo peor, porque al final de cuentas, más de la mitad de mi vida me he dedicado a defender la memoria de mis hermanos. Por justicia, por verdad; como una importancia no solo para mí o mi familia, sino que sea importante para el país, para que no se vuelva a repetir».

La impunidad, en realidad, no comenzó con el conteo de votos. Fue ganando terreno día a día. Primero, en 2023 cuando un tribunal de justicia promovido por el mismo fujimorismo—y en contra del derecho internacional— otorgó la liberación inmediata e indultó a Alberto Fujimori. Después, en 2024, cuando el congreso peruano aprobó la Ley 3210 que prohíbe juzgar como delitos de lesa humanidad a los crímenes cometidos antes de 2002, beneficiando directamente a integrantes del Grupo Colina. Luego, en 2025, con la Ley 32301 que prohíbe la representación legal de ONGs en juicios contra el estado, dejando a las familias sin abogados en sus casos. Y finalmente, con una reforma del Código Penal para que cualquier abuso o violación a los derechos humanos cometidos por policías y militares en funciones, sean procesados solo por sus pares en una justicia militar/policial paralela.

La victoria electoral de Keiko Fujimori fue la constatación de que la historia puede ser pendular. La ilusión de terminar un duelo, para tener que repetirlo.

«Yo creo que este 18 julio va a ser duro» dice Carmen, recordando el aniversario de La Cantuta. «Y es como que uno siempre va al cementerio y toca una rendición de cuentas. Una tiene que decirle… lo siento… mira, este año, no sé. ¿Qué les vamos a decir ahora? ¿Cómo les vamos a mirar? Si siento que hemos fallado, que quizás no estuvimos a la altura. Es como una revisión. ¿Qué hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? Es inevitable, y yo la verdad pienso en mi madre, pienso en mi hermano. Es como si una vez más lo estuvieran asesinando», dice Carmen, quien al mismo tiempo asegura que no piensan dejar de hacer lo que siempre han hecho «siempre apostaremos por la justicia, la memoria y la verdad, no hemos abandonado nunca, por más que controlen el país».

Quizá por eso Gisela Ortiz insiste: «hay una verdad jurídica, pero no hay una verdad ciudadana. A la gente no le importa si fue delincuente o no, si sufriste o no. Eso es doloroso».

Si bien los familiares probaron en un juicio histórico que Alberto Fujimori fue protector y responsable de los grupos paramilitares en su gobierno; tres décadas después, 9 millones 222 mil 375 peruanos eligieron el mismo apellido para la presidencia. El mismo movimiento contra el que estas familias habían dedicado su vida.

«No podemos minimizar el riesgo» confiesa Gisela Ortiz. «Sería lo peor que podríamos hacer. Si decidimos quedarnos, no podemos pensar que no va a pasar nada, que no nos van a detener o que no nos vayan a desaparecer. Si te quedas, tienes que quedarte a vivir con la alerta. De quién está cerca cuando abres tu puerta, quién camina cerca a ti (...) Hay que pensar con quiénes contamos, quién va a salir a dar la cara por ti. Digo, si te matan, ¿quién va a asistir a tu familia? Yo no tengo pensión, o sea, mi hijo va a ser un huérfano y va a vivir… ¿De qué? ¿De qué? Es duro, pero hay que pensarlo para evaluar qué hacer», confiesa Gisela Ortiz.

La hermana de Luis Enrique Ortiz Perea ya no tiene 20 años. La joven responsable de testimoniar contra una dictadura ahora tiene 54 años, un hijo por el que velar y una madre a quien cuidar. El tiempo le acumuló responsabilidades, pero nunca le quitó la primera.

Parece que el tiempo avanza para y contra todo, menos para el duelo o la espera. Raida Cóndor, madre de Carmen Amaro, aún no puede dormir hasta que su hija regrese a casa. No importa la hora. Si llega muy tarde o muy temprano, si debe esperar hoy o hace treinta años.

«Siempre que salgo, trato de no demorarme», dice Amaro, «porque mi madre me espera en el balcón. Hasta ahora, no se puede dormir hasta que yo llegue».

«Emocionalmente no sé si voy a poder aguantar un fujimorismo en el gobierno», suspira Gisela. «Porque los tienes que ver, los tienes que escuchar y además los tienes que evidenciar. Todo lo que vayan a hacer, cada atropello, cada pisoteo de derechos y a la gente, tenemos que estar ahí. Yo no sé si voy a poder aguantar, quizá, si supiera que esto acaba en un mes, me encierro. No salgo, no importa, pero son cinco años… o más, quizá sean más».

Volver a esperar.

Hernán P. Floríndez (Lima, Perú) es periodista especializado en corrupción política, crimen organizado y derechos humanos. Es reportero de la Unidad de Investigación de Latina Noticias y ha escrito para Hildebrandt en sus Trece, La República e IDL-Reporteros.

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Ese martes desperté sintiéndome mal; sin poder respirar, con el pecho seco de tanto toser y un dolor en la espalda—advertencia única del porvenir de una gripe—. Inmediatamente me metí a bañar, esperando que el agua caliente espantara los males. Al salir, con el vapor aún recubriendo el espejo, abrí mi computadora y busqué en internet boletos en reventa para el partido de ese día en la tarde: México contra Ecuador.

La mejor opción era en la última fila, hasta arriba, en una esquina, por poco más de 30 mil pesos (unos 1,800 dólares). Imposible. Quedé con mis amigas en el restaurante Fishers de Polanco, el segundo mejor lugar. Acepto que esta crónica sería más emocionante de escribir (y quizás leer) si el escenario de la trama fuera el mítico Estadio Azteca, pero juzgue usted.

El Mundial se celebraba en casa. La selección mexicana jugaba en el Estadio Azteca—temporalmente renombrado «Estadio Ciudad de México» por necesidad de los patrocinadores oficiales—tras lograr lo que nunca: pasar de primeros tras la fase de grupo y hacerlo sin recibir un gol en contra. En el país, se sentía un optimismo contagioso resumido por tres palabras: «¿Y si sí?» ¿Y si esta vez, al fin, llegábamos lejos; incluso, ganábamos el Mundial?

La fiebre era contagiosa. Aún si yo peleaba con un malestar físico, la emoción era tal como para salir de casa, unirme a la multitud y celebrar.

Al llegar pedí una michelada cubana, escarchada, buena para mis ánimos que, en ese momento, eran poco mundialistas. En la ciudad hacía frío —no ayudaba a mi malestar— y el partido se había retrasado una hora. Nos sentamos cuatro en la mesa, compramos unos cigarros, pedimos de tomar y platicamos a gritos los chismes de la semana, opacados por el ruido de las matracas, los tambores y el grandísimo y arrítmico cantar de «Cielito lindo» entre cientos de personas desbordando el lugar.

La esperanza era palpable.

Empezó el partido y con él los ánimos en el Fishers. Aficionados se paraban frente a la pantalla, haciendo gestos y moviendo las manos hacia arriba en desaprobación. Cada cierto tiempo estallaba una porra colectiva, algunas con insultos y albures; otras con un simple movimiento de las matracas. Bastaron 22 minutos para que llegara ese primer gol. La euforia se disparó. Nos paramos a brincos de las sillas y abrazamos al amigo, al familiar, al vecino de mesa, al que ya era compadre, primo segundo, hermano de patria, cuatedetodalavida.

Lo mismo con el minuto 32. Otro gol. Abrazos, coreadas, chelas, «¡Raúl! ¡Raúl!», hermano perdido, confidente, padrino de boda. La felicidad se tradujo en tambores, tragos de alcohol y bailes entre todos los que estábamos ahí.

Bastó la ilusión de un probable triunfo, el descontrol de un martes con sabor a viernes y la alegría de un gusanito comunal para convencerme de ir a festejar al Ángel de la Independencia. Ese lugar que se ha convertido en el reflejo de la necesidad casi desesperada de festejar algo en colectivo: habíamos derrotado a Ecuador; el primer partido de eliminación que ganábamos en décadas.

Tenía varios mensajes y llamadas perdidas de mis papás. Me pedían que no fuera a festejar a la calle, que iba a haber mucha gente: borrachos, violentos, y grupos radicales de aficionados, esos de los que se hablaba en la década de los 80, durante el último mundial en México; que se decía, provocaban peleas y disturbios en los lugares públicos. Les aseguré que me cuidaría y que estaría de regreso temprano.

Pero había que ir a celebrar.

Llegué unos 25 minutos después por la glorieta de la Diana Cazadora, con su arco en alto y, para siempre, su flecha perdida. Había miles de personas caminando sobre Paseo de la Reforma. Llevaban bocinas, trompetas, bengalas, espuma, confeti y fuegos artificiales. Esas banquetas largas y anchas actuaron como restaurante, con puestos de esquites, tamales, micheladas y gomichelas, medio amontonados entre la gente que quería pasar.

También fueron antro: bajo distintos toldos colgaban bocinas enormes desde las que sonaban corridos tumbados y reguetón. Algunas personas se paraban frente a ellos a bailar, con un trago en mano, impidiendo el paso de la gente. Si lograbas pasar, eras objeto de algún insulto o piropo que, en realidad, era acosador.

El río de gente en la capital avanzaba por ambos sentidos: unos llegaban desde Chapultepec y otros desde la Roma Norte. Personas con máscaras de luchadores, con sombreros de charro, con trompetas, con penachos de plumas y pelucas del Tri, ondeando banderas de México, cargando latas de cerveza y vasos rojos apilados. Todos de verde, blanco, rojo, negro; alguno que otro sin playera, medio desnudo, medio borracho.

Cada cierto tiempo, una figura emergía del mar de cabezas. Varias manos la impulsaban hacia el cielo y, por un breve segundo, flotaba sobre la multitud, arqueando la espalda, levantando el pecho y dejándose caer de regreso a unas manos desconocidas. Cuando por fin pisaba suelo firme, se escuchaba, entre aplausos y gritos: «¡Ya voló! ¡Ya voló!». La calle estaba empapada entre una mezcla de cervezas y agua de lluvia, con todo tipo de envolturas de plástico tiradas en el piso, montones de basura, entre comida y latas aplastadas, abandonados en las orillas de las banquetas.

Eran casi las dos de la mañana. Estábamos convencidas que entre más avanzábamos, más nos íbamos a amontonar entre la gente, así que decidimos dar la vuelta. En el camino de regreso vimos a dos personas meterse dentro de trafitambos y ser empujados por otros para pelear entre sí, como un tipo de carritos chocones; vimos un ring improvisado, con guantes, referí y espectadores; vimos a dos hombres sin camisa, borrachos, intentar pelear y fallar; vimos a personas entrar con sus motocicletas entre la multitud, a toda velocidad, esperando a que los aficionados se hicieran a un lado ante el riesgo de ser atropellados; vimos a parejas besarse, empujarse, amontonarse por un espacio angosto y hasta hacer un payaso de rodeo.

Vimos a México entero, en un solo lugar, consumido por la dicha de la celebración.

El siguiente día me desperté temprano. Procrastiné trabajar las primeras horas del día; la desvelada y la gripa me impidieron abrir mi computadora. Al mediodía vencí al demonio y entré a mi portal de noticias de confianza: cuatro personas habían muerto en los festejos del día anterior. Dos mujeres de 19 y 48 años; un hombre de 44. Murieron de asfixia. El hombre y la mujer más joven fueron hallados inconscientes entre las calles de Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez, apenas a una cuadra del Ángel de la Independencia. La cuarta persona era un hombre de 30 años que ingresó más tarde al hospital por una crisis epiléptica. En Guadalajara, 48 personas fueron detenidas y dos policías lesionados. Hubo golpes, caídas, represiones, y hasta gas lacrimógeno involucrado.

En redes sociales había miles de videos de la noche anterior en escenas tipo hooliganescas; aficionados golpeándose entre ellos, rompiendo vidrios de los locales, volteando coches, atropellando gente. Pero esta vez no era la final de un Liverpool contra Manchester United, era un partido entre México y Ecuador en 16vos de final, en un país que hace de cualquier victoria una fiesta y de las calles un punto de encuentro; que se enorgullece de la calidez de su gente y presume cuidar a los suyos. En esas celebraciones había niños, bebés, personas de la tercera edad. En esas celebraciones cuatro personas perdieron la vida.

Cinco días después, el domingo 5 de julio, México volvió a jugar en el Estadio Azteca. Ahora se disputaba los 8vos de final contra Inglaterra. Un partido simbólico: acompañado por, quizás, las aficiones más grandes, ruidosas y pasionales del mundo; con una selección que cargaba con la presión de jugar el partido en casa y la de millones de mexicanos que, por primera vez en mucho tiempo, sentían que el equipo podía seguir haciendo historia. Esta vez el gobierno limitó el aforo de personas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia: la gente no se amontonó, ningún local fue destruido, nadie se murió.

México perdió por un gol de diferencia y con eso fuimos eliminados de esta Copa del Mundo.

Paula Simón (Ciudad de México, México) es una periodista. Trabaja para el Financial Times y la estación de radio Ibero 90.9. Ha colaborado en medios como Volcánicas, Nexos y Revista Purgante.

Cuando pensamos en esta sección—en Los Anteojos de Perpetuo—queríamos que fuera un lugar para entender el mundo por medio de historias. Esto implica, sobre todo, explicar partes del mundo que no entendemos; cubrir temas que no reciben la cobertura necesaria pero, sin embargo, trascienden.

Esta semana, tenemos dos historias que encajan con esa visión.

Primero viajamos a Bolivia, donde Mercedes Bluske reconstruye uno de los periodos más complicados de la historia reciente del país: las protestas generales que detuvieron decenas de carreteras por más de un mes. Seguro has visto imágenes de los retenes; Bluske ahora cuenta la historia detrás de ellos.

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Después, nos movemos a pocos kilómetros de la oficina de Perpetuo en la Ciudad de México, para entender una de las controversias culturales más grandes en el país: cómo el museo dedicado al poeta Ramón López Velarde será, ahora, un cabaret. Así como lo leen. Isabel Segovia trabajó en el museo y, con sus anteojos, podemos entenderlo desde adentro—sobre todo, la nostalgia que queda con su cierre—.

Todo esto, hay que decirlo, se lo debemos a nuestro patrocinador de la semana: Polymarket.

Verán, Los anteojos son posibles gracias al apoyo de Polymarket—la plataforma que alberga a los mercados del futuro—. En términos concretos, es un sitio donde los usuarios pueden apostar en cualquier tema, desde los goles en el Mundial, hasta el número de tweets de Elon Musk en un mes. Lo interesante es que, también, permiten apostar en eventos políticos. Digamos, por ejemplo, si el presidente de Bolivia dejará a medias su mandato.

Ese último punto nos da una gráfica como la de abajo donde, en ciertos momentos, podemos ver picos de incertidumbre. Llegan a coincidir con algunos de los picos que Bluske describe en su crónica. Una forma interesante de ver los cambios en la opinión pública en Bolivia—donde es difícil encontrar crónicas, menos aún datos certeros—.

Si quieres participar en la nueva forma de entender el mercado, puedes hacerlo con el siguiente enlace:

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Bolivia: 50 días de espera

Sobre las protestas que detuvieron a Bolivia por más de un mes

Por 53 días en Bolivia el tiempo dejó de medirse en horas, para empezar a contarse en filas: las que había que hacer para llenar el tanque de combustible, las que recorrían varios mercados antes de encontrar leche o huevos, las que formaban los vehículos detenidos frente a un bloqueo con la esperanza de que alguien anunciara un cuarto intermedio.

La imagen más visible de la crisis fueron las carreteras cortadas. Coche tras coche; camión tras camión, todos en la espera de llegar a su destino o dando la vuelta, derrotados.

Por casi dos meses, el país se detuvo de lleno, asediado por tantos frentes, que es imposible atribuir la responsabilidad a una solo de ellos. En la espera, y en la incertidumbre, los bolivianos nos preguntamos: ¿cómo llegamos aquí?, ¿quién es el responsable?

No existe una sola respuesta.

Las filas fueron solo un síntoma de un conflicto mayor, que aún seguimos desentrañando.

Pero en ellas, en las filas y la espera, está la llave para entender a un país dinámico. En esos 53 días está la clave de Bolivia.

El punto de partida ha de ser la inflexión.

Tras casi 20 años de gobierno por el Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por el ahora expresidente Evo Morales, Bolivia votó por un cambio. En las elecciones del año pasado, el centrista Rodrigo Paz llegó a la presidencia con una agenda que prometía un rumbo nuevo y estabilidad para Bolivia. Pronto se enfrentaría a las muchas tensiones que habitaban en el país y al desafío de mantener el frágil equilibrio.

Entre sus primeros intentos por reformar al país, estuvo la Ley 1720 de Conversión de Tierras. Con ella, buscaba un cambio para los pequeños terratenientes bolivianos: aquellos que poseen tierra para su autosustento. Antes de su ratificación, Bolivia prohibía las hipotecas sobre pequeñas propiedades para proteger a terratenientes rurales. Ahora, con la nueva normativa, esos mismos pequeños propietarios podían transformar voluntariamente sus predios en medianas propiedades, y así acceder a créditos bancarios. La nueva Ley abría la puerta a la mercantilización de la tierra y a una mayor concentración de la propiedad agraria.

Pero el cambio, habría de revelar las muchas fracturas que quedan en Bolivia.

No todos la recibieron con entusiasmo.

Para organizaciones indígenas de los departamentos de Pando y Beni, la medida favorecía a los grandes empresarios agropecuarios y debilitaba la protección sobre la propiedad campesina. Así que decidieron actuar; decidieron marchar.

El ocho de abril, grupos en contra de la Ley partieron de Cobija, en el departamento de Pando, para recorrer los más de mil kilómetros que los separaban de la Sede de Gobierno, en La Paz.

Tras casi un mes de caminata, la marcha indígena llegó a La Paz el 4 de mayo para exigir la derogación de la norma. Ante el creciente descontento social, el Gobierno cedió nueve días después y la abrogó.

Pero para entonces, el conflicto había dejado de girar alrededor de una sola ley. Ahora la queja giraba sobre diferentes aspectos en torno a la nueva administración del país. Mientras grupos indígenas avanzaban hacia La Paz, otros sectores comenzaron a movilizarse por razones distintas: el deterioro económico, la escasez de combustibles y el creciente descontento con la gestión del presidente Paz.

Sumándose a las protestas indígenas, la Central Obrera Boliviana (COB) abrió un nuevo frente de conflicto. Exigía incremento salarial, medidas frente a la crisis económica, soluciones al desabastecimiento de combustibles, el cumplimiento de promesas electorales y el rechazo a varias reformas impulsadas por el Ejecutivo, como «ley anti bloqueos», que buscaba proteger la libre circulación en el territorio nacional. Como medida de presión para el cumplimiento de sus demandas, el 1 de mayo declaró un paro nacional indefinido.

Cinco días después se sumó la Federación Túpac Katari—una de las agrupaciones sindicales agrícola más grandes del país—, que anunció el bloqueo indefinido en las 20 provincias de La Paz. Si la COB aportó la articulación sindical nacional, la organización campesina aportó el control territorial que terminó cercando al departamento durante semanas.

No es todo.

El 11 de mayo ingresó un tercer actor: el magisterio urbano y rural. Los maestros reclamaban aumento salarial, mayor presupuesto para educación, la contratación de más personal permanente para reducir la sobrecarga laboral y mejoras en infraestructura escolar. A diferencia de otros sectores, su conflicto fue breve. Cinco días después aceptaron un acuerdo con el Gobierno que creó un bono anual y postergó la negociación salarial hasta octubre.

Aún con un actor menos, el conflicto apenas empezaba.

[…]

Lee el resto del anteojo:

La casa del poeta que no ha muerto

Sobre el cierre de la casa de Ramón López Velarde

Hace unos meses, formaba parte del equipo que atendía La Casa del Poeta Ramón López Velarde. Ahora, tras el anuncio de que la casa será hecha en un cabaret por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, he dejado de ser parte del equipo. Me quedan sólo los recuerdos de mi tiempo en ella y esos últimos días que marcaron su final; de la epopeya que fueron mis meses en el museo.

Si hoy las escribo, es porque, entre las muchas voces que han surgido en el debate, no he visto esas que hablen del sitio como tal. La casa se ha envuelto en una discusión más grande sobre la poesía y su espacio en la cultura del México de hoy. Falta, en ellas, una vista de adentro; de cómo ese espacio en sí mantenía un encanto que pronto habrá de desvanecerse.

¿Qué decir de la casa? ¿Por dónde empezar? Está en el corazón de la colonia Roma Norte. Es, en estrictos términos, el lugar donde el poeta Ramón López Velarde pasó los últimos años de su vida. Por años, sirvió como museo y como espacio para los literatos. Era, también, mucho más que los hechos. Era un lugar tan lleno de vida; todo tipo de gente nos visitaba; donde corrían frases tan recurrentes que parecían ya formar parte de los poemarios de Ramón:

—¡Hola! ¿Viene al museo? El museo tiene un costo de diez pesos por persona y se lo cobraría mi compañero en la parte de arriba.

A veces sólo nos contestaban con sonrisas y miradas, otras veces se tardaban en formar respuesta. Las más entretenidas eran con turistas extranjeros. Con ellos, construíamos puentes en los cuales su idioma y el nuestro se encontraban.

—¿Gusta una visita guiada o prefiere recorrerlo libremente?

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Eran tantas las visitas, que desarrollamos una especie de sexto sentido. Sabíamos cómo serían las visitas; quién tomaría la visita guiada y quién quería guiarse para conseguir perderse. Era un lugar de rumores; mismos que, debo aclarar, eran todos ciertos. Era un sitio donde las parejas despertaban la tentación de un beso en el pasillo; también un sitio donde, en la sección de opiniones, los adolescentes nos dejaban sus confesiones más dramáticas y los soñadores, dibujos populares o retratos. Les decíamos «libritos» y jamás los tiramos; cada uno de ellos tenía nuestro más inmenso cariño.

Sabíamos distinguir entre los apasionados de lo estético, que venían por unas buenas fotos y los más bohemios, quienes nos llenaban de preguntas sobre el museo que ni nosotros habíamos considerado. Nunca nos sentimos ofendidos por los visitantes que desconocían a la estrella de nuestro equipo, el amigo de todos, Ramón López Velarde. Al fin y al cabo, nos encantaba hablar de él y todo lo que su obra representa para México.

Hablar por ejemplo de sus versos románticos; de su mancha púrpura y el son del corazón. Disfrutábamos contar de su amor por el país—de su Suave Patria—y cómo el país, por generaciones, lo quiso tanto de vuelta que su cumpleaños es ahora el día del poeta.

Nuestro querido Ramón en verdad formaba parte de nuestro equipo. Muchos visitantes nos aseguraban ver sombras y escuchar voces; juraban que alguien les tocaba el hombro o acariciaba su pelo.

—¡Es obvio que es Ramón!— repetíamos tanto en burla, así como aferrándonos a su memoria la cual nunca moriría.

Cada mañana, era hábito avisarle a Ramón que ya habíamos llegado o que ya nos íbamos, ¿por qué no lo haríamos, si estábamos en su casa? Él realmente no había muerto; su obra seguía presente en cada rincón de la casa. Nuestro amigo recibía muchas visitas, escritores, locutores, camarógrafos, extranjeros, locales, músicos, y a veces hasta mascotas.

Tristemente un día, recibimos a unos visitantes que no pudimos encasillar en esas jerarquías que dictaba la costumbre. Pronto nos arrepentiríamos de mostrarles cada rincón donde se escondía la magia del sitio. No tardamos en darnos cuenta de sus intenciones, en qué clase de personas teníamos enfrente. No estaban interesadas en la literatura o la historia de la misma. Ellas hacían evidente, con comentarios de mal gusto y su vestimenta provocativa, de dónde venían al igual que su verdadera vocación.

Los siguientes días, hicimos chistes sobre en lo que se convertiría la casa; que Ramón sería el más feliz recordando sus noches en burdeles, chistes donde escondíamos el pavor de una realidad muy posible: la de una casa despojada de nuestro amigo.

Un día llegó una carta donde sentenciaron a todo y a todos. La casa ya no llevaría el nombre de Ramón; tampoco el título de poesía. Sería ahora la «Casa de las Palabras», con oficinas gubernamentales, una librería del Fondo de Cultura y un cabaret. Nadie decía nada porque el silencio, junto con las lágrimas que aprisionábamos en las pestañas, ya lo decía todo. La orden fue muy clara, aunque tal vez intentaron decorarla con palabreo, nosotros tan ensamblados de literatura, entendimos todo: nos ordenaron destruir cualquier evidencia que despertara el recuerdo de la magia; que evocara que esa, por años, fue la casa de los versos. Nunca entendimos el porqué pasaba esto, no podían hacerle esto a Ramón.

Los últimos días nos mirábamos con empatía; con sonrisas quebradas, consolábamos ese llanto que juramos ser un secreto. Vaciamos la casa entera, menos el museo porque quienes lo ocuparían habían dado su palabra que seguiría en pie e intacto. Ahora, nos dirigíamos a Ramón pidiéndole que asustara a estas personas; no importaba si creíamos en los espíritus, todos teníamos la esperanza de que algo nos escuchara. Que ese algo fuera alguien, ese alguien fuera Ramón.

Estábamos seguros de algo: nuestro amado amigo realmente no estaría feliz con su nueva compañía, sino que nos extrañaría tanto como nosotros a él.

Finalmente se confirmó el último rumor. Los hechos eran ciertos. La casa sería despojada de lo que representó para generaciones de escritores.

Jamás debió haberse hecho realidad. Me impresiona cómo pretenden humillar a los ídolos que construyen la leyenda que es México. Como literata me vienen muchas frases a la mente, muchas figuras importantes que han hablado de esto. Hay una de Ray Bradbury que pesa más que nunca: «No hace falta quemar los libros. Basta con que la gente deje de leerlos». Al final todos conocemos el desenlace de sembrar el veneno que condena a la cultura. El terror me invade, todos deberíamos entrar en pánico. Si esto le pasó a Ramón López Velarde, al poeta nacional—a nuestro amigo—, deben intuir lo obvio ¡nadie está a salvo!

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Esperamos que esta lectura de hiciera pensar con más detalle sobre el mundo y los problemas de nuestra coyuntura.

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50 días de bloqueos empujaron al Gobierno de Rodrigo Paz a declarar el estado de excepción. La medida marca un punto de inflexión en un conflicto que comenzó con demandas sociales, derivó en una disputa política y terminó alterando la vida cotidiana de millones de personas. Este relato es de aquellos días de espera.

Por 53 días en Bolivia el tiempo dejó de medirse en horas, para empezar a contarse en filas: las que había que hacer para llenar el tanque de combustible, las que recorrían varios mercados antes de encontrar leche o huevos, las que formaban los vehículos detenidos frente a un bloqueo con la esperanza de que alguien anunciara un cuarto intermedio.

La imagen más visible de la crisis fueron las carreteras cortadas. Coche tras coche; camión tras camión, todos en la espera de llegar a su destino o dando la vuelta, derrotados.

Por casi dos meses, el país se detuvo de lleno, asediado por tantos frentes, que es imposible atribuir la responsabilidad a una solo de ellos. En la espera, y en la incertidumbre, los bolivianos nos preguntamos: ¿cómo llegamos aquí?, ¿quién es el responsable?

No existe una sola respuesta.

Las filas fueron solo un síntoma de un conflicto mayor, que aún seguimos desentrañando.

Pero en ellas, en las filas y la espera, está la llave para entender a un país dinámico. En esos 53 días está la clave de Bolivia.

El punto de partida ha de ser la inflexión.

Tras casi 20 años de gobierno por el Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por el ahora expresidente Evo Morales, Bolivia votó por un cambio. En las elecciones del año pasado, el centrista Rodrigo Paz llegó a la presidencia con una agenda que prometía un rumbo nuevo y estabilidad para Bolivia. Pronto se enfrentaría a las muchas tensiones que habitaban en el país y al desafío de mantener el frágil equilibrio.

Entre sus primeros intentos por reformar al país, estuvo la Ley 1720 de Conversión de Tierras. Con ella, buscaba un cambio para los pequeños terratenientes bolivianos: aquellos que poseen tierra para su autosustento. Antes de su ratificación, Bolivia prohibía las hipotecas sobre pequeñas propiedades para proteger a terratenientes rurales. Ahora, con la nueva normativa, esos mismos pequeños propietarios podían transformar voluntariamente sus predios en medianas propiedades, y así acceder a créditos bancarios. La nueva Ley abría la puerta a la mercantilización de la tierra y a una mayor concentración de la propiedad agraria.

Pero el cambio, habría de revelar las muchas fracturas que quedan en Bolivia.

No todos la recibieron con entusiasmo.

Para organizaciones indígenas de los departamentos de Pando y Beni, la medida favorecía a los grandes empresarios agropecuarios y debilitaba la protección sobre la propiedad campesina. Así que decidieron actuar; decidieron marchar.

El ocho de abril, grupos en contra de la Ley partieron de Cobija, en el departamento de Pando, para recorrer los más de mil kilómetros que los separaban de la Sede de Gobierno, en La Paz.

Tras casi un mes de caminata, la marcha indígena llegó a La Paz el 4 de mayo para exigir la derogación de la norma. Ante el creciente descontento social, el Gobierno cedió nueve días después y la abrogó.

Pero para entonces, el conflicto había dejado de girar alrededor de una sola ley. Ahora la queja giraba sobre diferentes aspectos en torno a la nueva administración del país. Mientras grupos indígenas avanzaban hacia La Paz, otros sectores comenzaron a movilizarse por razones distintas: el deterioro económico, la escasez de combustibles y el creciente descontento con la gestión del presidente Paz.

Sumándose a las protestas indígenas, la Central Obrera Boliviana (COB) abrió un nuevo frente de conflicto. Exigía incremento salarial, medidas frente a la crisis económica, soluciones al desabastecimiento de combustibles, el cumplimiento de promesas electorales y el rechazo a varias reformas impulsadas por el Ejecutivo, como «ley anti bloqueos», que buscaba proteger la libre circulación en el territorio nacional. Como medida de presión para el cumplimiento de sus demandas, el 1 de mayo declaró un paro nacional indefinido.

Cinco días después se sumó la Federación Túpac Katari—una de las agrupaciones sindicales agrícola más grandes del país—, que anunció el bloqueo indefinido en las 20 provincias de La Paz. Si la COB aportó la articulación sindical nacional, la organización campesina aportó el control territorial que terminó cercando al departamento durante semanas.

No es todo.

El 11 de mayo ingresó un tercer actor: el magisterio urbano y rural. Los maestros reclamaban aumento salarial, mayor presupuesto para educación, la contratación de más personal permanente para reducir la sobrecarga laboral y mejoras en infraestructura escolar. A diferencia de otros sectores, su conflicto fue breve. Cinco días después aceptaron un acuerdo con el Gobierno que creó un bono anual y postergó la negociación salarial hasta octubre.

Aún con un actor menos, el conflicto apenas empezaba.

Con el magisterio fuera del conflicto, la COB radicalizó sus medidas.

Para entonces, Bolivia registraba 22 puntos de bloqueo carretero; 18 de ellos estaban concentrados en las cercanías de La Paz. La ciudad comenzó a vaciarse.

Lo primero en desaparecer fueron los alimentos de los mercados; de la mano, desaparecieron de las mesas. Lo poco que llegaba duplicaba o triplicaba su precio. El maple de huevos pasó de costar entre cuatro y cinco dólares a superar los diez, según el cambio oficial fijo que estuvo vigente en Bolivia hasta este 29 de junio. El kilo de queso prácticamente se triplicó. Lo mismo fue sucediendo con otros alimentos básicos, como el pollo.

Hablé con Mariana, una tarijeña que vive en La Paz, para entender el conflicto. Su historia resume mejor que cualquier estadística el aislamiento que comenzó a vivir la ciudad.

«Mi familia tenía que ir al aeropuerto de Tarija», recordó, «y buscar conocidos que viajaran a La Paz entre los pasajeros para mandarme una conservadora con alimentos, porque las filas para enviar encomiendas, que en su mayoría eran conservadoras, eran de más de dos cuadras».

El 23 de mayo el Gobierno intentó romper ese cerco con el Corredor Humanitario de las Banderas Blancas, un operativo que buscaba ingresar cisternas con combustible, alimentos y medicamentos hacia las ciudades de La Paz y El Alto. Fue eso, un intento. Los enfrentamientos entre policías y bloqueadores obligaron a suspender el operativo para evitar una escalada de la violencia.

En lugar de abrir las carreteras, el Gobierno buscó rutas alternativas.

Habilitó vuelos humanitarios para transportar alimentos a las zonas afectadas; la primera dama, María Elena Urquidi, impulsó la campaña «Una Bolivia, un Corazón», que reunió 16 toneladas de ayuda para distribuirlas entre familias vulnerables de La Paz y El Alto.

Pero el desabastecimiento ya no era un problema exclusivo de occidente.

En la ciudad de Sucre, más al centro del país, las góndolas de lácteos quedaron vacías. En otras zonas comenzó a escasear la carne, el aceite y los combustibles.

En Santa Cruz, al este del país, productores avícolas advertían que no recibían el alimento balanceado necesario para criar aves en granjas.

Los efectos del conflicto se extendían a las ciudades, pero también se agudizaban en las carreteras.

Miles de choferes permanecían atrapados desde hacía semanas entre un punto de bloqueo y otro; dormían dentro de sus camiones, cocinaban con lo poco que encontraban y esperaban en la ruta, ante el miedo de perder su carga.

Según la Cámara de Transporte Pesado de Oruro, tres conductores murieron durante los bloqueos.

Las víctimas no fueron únicamente transportistas.

En Sucre, la Asociación de Voluntarios Contra el Cáncer Infantil (AVCCI) denunció la muerte de una niña que no logró llegar desde la comunidad de Tambo Quemado para recibir atención médica.

El conflicto se había esparcido por toda Bolivia, desde los manifestantes en el occidente, hasta los que necesitaban atención médica en el centro y la falta de alimentos al poniente. El panorama era igual en todo el país.

Toda Bolivia, detenida.

La figura de Evo Morales no tardó en surgir en medio del conflicto. Morales gobernó el país del 2006 al 2019. Fue un periodo de cambios. El primer presidente indígena en un país donde el 38.7% de la población se percibe como indígena. Mismo que lideró una reducción de la pobreza, nacionalizó hidrocarburos y, en un intento de reelección por cuarta vez, desató protestas masivas que lo obligaron a dejar el país.

Volvió un año después, cuando su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), retomaba la presidencia bajo el mando de Luis Arce.

El idilio duró poco.

Pronto terminaría dividiendo el partido en dos: aquellos que apoyaban a Arce y aquellos de su lado; los leales al expresidente. Ya fuera de la silla presidencial, fue sujeto a investigaciones por estupro, trata y tráfico de personas. Ahora, existe una orden de aprehensión en su contra; misma que evita dentro de territorio nacional.

Desde su retorno al país, Morales se ha atrincherado en Lauca Eñe, en la región del Trópico de Cochabamba, uno de los bastiones que mantiene en el país, donde el apoyo de las bases dificulta todo intento de arresto.

Ahí, en la periferia nacional, trata de mantener su relevancia. En las elecciones presidenciales, sin competir, promovió el voto nulo contra los candidatos. Consiguió que un 19% de la población votara de esta forma.

Ahora, en las protestas, aparecía en un momento clave para posicionarse en el discurso nacional.

Durante una emisión de su programa en Radio Kawsachun Coca, Morales reivindicó el protagonismo de las organizaciones sociales que mantenían los bloqueos y aseguró que sus bases se harían respetar.

Para la politóloga Susana Bejarano Auad, Morales llegó cuando el conflicto ya estaba instalado.

«Evo Morales no ha sido autor de la movilización. Evo Morales se ha colgado de la movilización con intereses políticos propios».

Pero la semilla estaba puesta. El líder histórico de la izquierda se colocaba del lado de las protestas que, inexplicablemente, habían consumido a la nación. En conversación con Bejarano, la analista sostuvo que el Gobierno leyó la crisis únicamente como una operación política del evismo y dejó de ver un malestar más profundo.

«Es una movilización de tierras altas y de movimientos sociales que no habían votado por el voto nulo impulsado por Morales en las elecciones, sino por el propio presidente Paz, y que ahora se encuentran inconformes con su gestión».

Aunque Morales volvió a ocupar el centro del debate público, las organizaciones que iniciaron las protestas no salieron a las carreteras para exigir su retorno, sino para reclamar respuestas frente a una economía cada vez más deteriorada.

Morales era una narrativa cómoda, pero engañosa, para explicar un conflicto que atañía a tantos sectores que no podía atribuirse a una sola persona, sin importar su peso político.

Este era un conflicto nacional.

El 8 de junio, cuando la Administradora Boliviana de Carreteras registró el punto más alto del conflicto —93 bloqueos simultáneos en todo el país—, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley de Regulación de los Estados de Excepción.

La norma no levantaba los bloqueos ni declaraba automáticamente un estado de excepción. Lo que sí hacía era cambiar las reglas del juego.

A partir de ese momento, el Gobierno contaba con un marco legal para adoptar medidas extraordinarias y recurrir, si lo consideraba necesario, al apoyo de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden.

La discusión dejó de ser jurídica para convertirse en política. ¿Debía intervenir el Gobierno para desbloquear las carreteras o insistir en el diálogo?

Se gestaba lo que podría ser una crisis de violencia; un estallido con respuesta del Estado. Pero eso se quedó en hubiera.

Aún con el poder en la mano, el presidente Paz eligió lo segundo.

Mientras sectores empresariales, cívicos y parte de la oposición reclamaban la aplicación del estado de excepción, el Ejecutivo apostó por una estrategia más lenta: negociar con algunos sectores, aislar a otros y esperar que el desgaste terminara debilitando las protestas.

Mientras tanto, el humor social empezaba a cambiar. El rechazo por las movilizaciones dejó las redes sociales y llegó a las calles.

Cuando el dirigente de la COB, Octavio Urquizo, ofrecía una entrevista con la prensa, una mujer se acercó y le lanzó un tomate al rostro mientras le gritaba: «¡Traga esto!» y le recriminaba sobre los bloqueos.

La escena sintetizaba el desgaste de una protesta que empezaba a afectar a los ciudadanos. Pronto, también alcanzaría a las organizaciones movilizadas.

En el departamento de Chuquisaca, la Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios (Futpoch) decidió suspender los bloqueos. Otras organizaciones comenzaron a declarar cuartos intermedios o habilitar el paso temporal de vehículos para aliviar el desabastecimiento.

Las carreteras empezaban a abrirse, aunque lentamente.

El 17 de junio, la COB presentó un nuevo pliego petitorio para iniciar el diálogo con el Gobierno. Ya no se trataba únicamente de salarios o combustibles. Exigía la liberación de los detenidos durante las protestas, la paralización de la llamada ley antibloqueos y el cumplimiento de compromisos asumidos por el Ejecutivo durante la campaña electoral.

En el oriente, mientras tanto, la paciencia también se agotaba. El sector avícola advirtió que, si el Gobierno no actuaba para desbloquear las carreteras, ellos mismos iniciarían medidas de presión y amenazaron con «bloquear los cielos». La paradoja era perfecta: bloquear para exigir que terminaran los bloqueos.

Dos días después, tras largas horas de diálogo que mantuvieron expectante al país, el Gobierno y la COB llegaron a un acuerdo para iniciar el desbloqueo del país. Respecto a la liberación de los detenidos durante las protestas, el ministro de la presidencia, José Luis Lupo, descartó liberar a los que estuvieran vinculados con ataques armados y uso de explosivos durante el conflicto.

Aun así, el diálogo avanzó.

«Creemos que tiene que existir una reconciliación», afirmó Mario Argollo, líder de la COB, en un tono conciliador desconocido hasta entonces «hay un país que está esperando que haya humo blanco. Somos responsables con el país, hay que empezar a limar nuestras diferencias».

El conflicto acababa.

Como parte del acuerdo las partes implicadas establecieron un plazo de 90 días para trabajar en comisiones, para tratar las peticiones presentadas por la organización social en su último pliego petitorio.

La madrugada del 20 de junio el Gobierno declaró estado de excepción en el territorio nacional.

La medida autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía en el desbloqueo de carreteras, proteger la infraestructura crítica y asegurar el paso de alimentos, combustibles y medicamentos. Se daba mientras, a la vez, se negociaba con las partes activas de las tantas protestas.

El presidente advirtió que quienes mantuvieran los bloqueos o interrumpieran servicios esenciales serían procesados por la justicia.

«Llega un momento en que no actuar deja de ser prudencia y se convierte en irresponsabilidad. Ese momento ha llegado», dijo en un mensaje televisado, cuando aún permanecían 39 puntos de bloqueo en el país.

Ahora, entre negociaciones y diálogo, se ha restaurado la normalidad. Las carreteras se despejan y los ciudadanos esperan que en los próximos días, el tiempo se vuelva a medir en horas.

Quedan solo los recuerdos de este conflicto, aun si sus causas siguen latentes en la sociedad. Bolivia se detuvo, sus problemas más profundos continúan.

Mercedes Bluske Moscoso (Bolivia) es periodista de investigación y escritora; cofundadora del medio digital Verdad con Tinta. Ha publicado con la International Women’s Media Foundation, CONNECTAS y la BBC de Londres.

Perpetuo

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«Yo que sólo canté de la exquisita
partitura del íntimo decoro,
alzo hoy la voz a la mitad del foro,
a la manera del tenor que imita
la gutural modulación del bajo
para cortar a la epopeya un gajo».

-Suave Patria, Ramón López Velarde

Hace unos meses, formaba parte del equipo que atendía La Casa del Poeta Ramón López Velarde. Ahora, tras el anuncio de que la casa será hecha en un cabaret por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, he dejado de ser parte del equipo. Me quedan sólo los recuerdos de mi tiempo en ella y esos últimos días que marcaron su final; de la epopeya que fueron mis meses en el museo.

Si hoy las escribo, es porque, entre las muchas voces que han surgido en el debate, no he visto esas que hablen del sitio como tal. La casa se ha envuelto en una discusión más grande sobre la poesía y su espacio en la cultura del México de hoy. Falta, en ellas, una vista de adentro; de cómo ese espacio en sí mantenía un encanto que pronto habrá de desvanecerse.

¿Qué decir de la casa? ¿Por dónde empezar? Está en el corazón de la colonia Roma Norte. Es, en estrictos términos, el lugar donde el poeta Ramón López Velarde pasó los últimos años de su vida. Por años, sirvió como museo y como espacio para los literatos. Era, también, mucho más que los hechos. Era un lugar tan lleno de vida; todo tipo de gente nos visitaba; donde corrían frases tan recurrentes que parecían ya formar parte de los poemarios de Ramón:

—¡Hola! ¿Viene al museo? El museo tiene un costo de diez pesos por persona y se lo cobraría mi compañero en la parte de arriba.

A veces sólo nos contestaban con sonrisas y miradas, otras veces se tardaban en formar respuesta. Las más entretenidas eran con turistas extranjeros. Con ellos, construíamos puentes en los cuales su idioma y el nuestro se encontraban.

—¿Gusta una visita guiada o prefiere recorrerlo libremente?

Eran tantas las visitas, que desarrollamos una especie de sexto sentido. Sabíamos cómo serían las visitas; quién tomaría la visita guiada y quién quería guiarse para conseguir perderse. Era un lugar de rumores; mismos que, debo aclarar, eran todos ciertos. Era un sitio donde las parejas despertaban la tentación de un beso en el pasillo; también un sitio donde, en la sección de opiniones, los adolescentes nos dejaban sus confesiones más dramáticas y los soñadores, dibujos populares o retratos. Les decíamos «libritos» y jamás los tiramos; cada uno de ellos tenía nuestro más inmenso cariño.

Sabíamos distinguir entre los apasionados de lo estético, que venían por unas buenas fotos y los más bohemios, quienes nos llenaban de preguntas sobre el museo que ni nosotros habíamos considerado. Nunca nos sentimos ofendidos por los visitantes que desconocían a la estrella de nuestro equipo, el amigo de todos, Ramón López Velarde. Al fin y al cabo, nos encantaba hablar de él y todo lo que su obra representa para México.

Hablar por ejemplo de sus versos románticos; de su mancha púrpura y el son del corazón. Disfrutábamos contar de su amor por el país—de su Suave Patria—y cómo el país, por generaciones, lo quiso tanto de vuelta que su cumpleaños es ahora el día del poeta.

Nuestro querido Ramón en verdad formaba parte de nuestro equipo. Muchos visitantes nos aseguraban ver sombras y escuchar voces; juraban que alguien les tocaba el hombro o acariciaba su pelo.

—¡Es obvio que es Ramón!— repetíamos tanto en burla, así como aferrándonos a su memoria la cual nunca moriría.

Cada mañana, era hábito avisarle a Ramón que ya habíamos llegado o que ya nos íbamos, ¿por qué no lo haríamos, si estábamos en su casa? Él realmente no había muerto; su obra seguía presente en cada rincón de la casa. Nuestro amigo recibía muchas visitas, escritores, locutores, camarógrafos, extranjeros, locales, músicos, y a veces hasta mascotas.

Tristemente un día, recibimos a unos visitantes que no pudimos encasillar en esas jerarquías que dictaba la costumbre. Pronto nos arrepentiríamos de mostrarles cada rincón donde se escondía la magia del sitio. No tardamos en darnos cuenta de sus intenciones, en qué clase de personas teníamos enfrente. No estaban interesadas en la literatura o la historia de la misma. Ellas hacían evidente, con comentarios de mal gusto y su vestimenta provocativa, de dónde venían al igual que su verdadera vocación.

Los siguientes días, hicimos chistes sobre en lo que se convertiría la casa; que Ramón sería el más feliz recordando sus noches en burdeles, chistes donde escondíamos el pavor de una realidad muy posible: la de una casa despojada de nuestro amigo.

Un día llegó una carta donde sentenciaron a todo y a todos. La casa ya no llevaría el nombre de Ramón; tampoco el título de poesía. Sería ahora la «Casa de las Palabras», con oficinas gubernamentales, una librería del Fondo de Cultura y un cabaret. Nadie decía nada porque el silencio, junto con las lágrimas que aprisionábamos en las pestañas, ya lo decía todo. La orden fue muy clara, aunque tal vez intentaron decorarla con palabreo, nosotros tan ensamblados de literatura, entendimos todo: nos ordenaron destruir cualquier evidencia que despertara el recuerdo de la magia; que evocara que esa, por años, fue la casa de los versos. Nunca entendimos el porqué pasaba esto, no podían hacerle esto a Ramón.

Los últimos días nos mirábamos con empatía; con sonrisas quebradas, consolábamos ese llanto que juramos ser un secreto. Vaciamos la casa entera, menos el museo porque quienes lo ocuparían habían dado su palabra que seguiría en pie e intacto. Ahora, nos dirigíamos a Ramón pidiéndole que asustara a estas personas; no importaba si creíamos en los espíritus, todos teníamos la esperanza de que algo nos escuchara. Que ese algo fuera alguien, ese alguien fuera Ramón.

Estábamos seguros de algo: nuestro amado amigo realmente no estaría feliz con su nueva compañía, sino que nos extrañaría tanto como nosotros a él.

Finalmente se confirmó el último rumor. Los hechos eran ciertos. La casa sería despojada de lo que representó para generaciones de escritores.

Jamás debió haberse hecho realidad. Me impresiona cómo pretenden humillar a los ídolos que construyen la leyenda que es México. Como literata me vienen muchas frases a la mente, muchas figuras importantes que han hablado de esto. Hay una de Ray Bradbury que pesa más que nunca: «No hace falta quemar los libros. Basta con que la gente deje de leerlos». Al final todos conocemos el desenlace de sembrar el veneno que condena a la cultura. El terror me invade, todos deberíamos entrar en pánico. Si esto le pasó a Ramón López Velarde, al poeta nacional—a nuestro amigo—, deben intuir lo obvio ¡nadie está a salvo!

Isabel Segovia Núñez (Ciudad de México, México). Es una poeta, cuentista e ilustradora mexicana. Trabajó en el museo Casa del Poeta Ramón López Velarde

Vaya semanas ha vivido América Latina. En un periodo tan corto, dos de sus países más grandes (el Perú y Colombia) vivieron elecciones complicadas. En ambas, la semilla del conflicto parece ser la misma: la polarización rampante; la división del estado entre dos proyectos que discrepan. En ambos, también, parece que triunfarán fuerzas de derecha.

Esta semana, quisimos explorar a detalle lo que ocurría en los principios geográficos de América del Sur. Para ello, encargamos textos a dos periodistas e investigadores que admiramos.

Desde Bogotá, Sebastián Hoyos escudriña la elección presidencial y el alza de su ganador: Abelardo de la Espriella, a quien conocen como El Tigre. Lo hace tratando de entender las fuerzas que llevaron a que un candidato de ultraderecha reemplazara un gobierno de izquierda en el país. (Y además, sirve como contexto a la historia de conflictos armados en Colombia).

Desde Lima, Héctor Villa León nos habla de la elección peruana sin enfocarse en un solo candidato. Su mirada cae en los peruanos y cómo vivieron una elección presidencial tan reñida que, al momento de escribir estas palabras—a más de dos semanas de los comicios—sigue sin anunciar a su ganador.

Lo del Perú es intrigante en verdad; hay pocas formas de desmenuzar lo que ha ocurrido en el país andino. Aunque sí que hay formas (que, además, nos permiten agradecer a un amigo de esta revista).

Verán, Los anteojos es posibles gracias al apoyo de Polymarket—la plataforma que alberga a los mercados del futuro—. En esencia, es un sitio donde los usuarios pueden apostar en cualquier cosa, desde los ganadores del Óscar, hasta cuándo saldrá el siguiente modelo de IA de Anthropic. Lo interesante es que, también, permiten apostar en elecciones. Y sí, lo permitieron para la elección del Perú.

Lo que resulta de ello es una gráfica como la de abajo, donde se muestran las opiniones del mercado sobre la elección en tiempo real. Se notan los picos y cómo—lo que me parece intrigante—el mercado fue haciéndose a favor de Keiko Fujimori (quien, todo indica, acabará siendo la siguiente presidenta del Perú).

Si quieres participar en la nueva forma de entender el mercado, puedes hacerlo con el siguiente enlace:

Descubre mercados con Polymarket

Póngale otra raya al tigre

Cómo Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia

El atuendo lo dijo todo. En lugar del traje o la guayabera, llevaba una camiseta amarilla brillante con rayas rojas sobre los hombros. Es un jersey: el uniforme de la Selección Colombia en tiempos de Mundial.

O eso parecía. Más de cerca, surgían las diferencias. No tenía el logotipo del balón rojo que representa a la federación colombiana de fútbol, tampoco el del patrocinador oficial. En su lugar, a la izquierda, aparecían las palabras «Firme por la patria», en un tono oscuro; a la derecha, donde debería ir el logo de la federación, había un tigre a medio rugir.

Es el mismo diseño de base pero con elementos más intensos y llamativos. Es una Colombia con otros detalles: una nueva imagen del gobierno que han elegido más de doce millones de ciudadanos en las urnas. Llegaban los tiempos del hombre que portaba esa extraña camiseta, Abelardo de la Espriella, quien pasó de la periferia política a la Presidencia de la República en la noche del 21 de junio.

Estando solo en un escenario, rodeado por un panel de vidrio a prueba de balas, y con micrófono en mano, daba su primer discurso tras hacerse públicos los resultados. Frente a él estaban miles de personas que lo vieron llegar en una caravana triunfal que había recorrido Barranquilla por horas, recibiendo a su presidente entre arengas, gritos y aplausos: la ocasión no parecía una congregación política del común, era como si Colombia hubiera ganado la copa del mundo.

El público celebró sus palabras como el golazo de James Rodríguez en el mundial del 2014, en los inolvidables octavos contra Uruguay: “Esta es la noche en la que comienza una nueva era, un nuevo orden, la Patria Milagro”.

De la Espriella llegó a la Casa de Nariño en medio de un resultado más ajustado que el de todos los pronósticos y en la elección con mayor participación en la historia de Colombia. En medio de semejante panorama, se inauguró la época de su mandato.

Sus votantes le dicen El Tigre.

No era un tigre de papel

Aunque llevaba años moviéndose cerca de las altas esferas del poder, De la Espriella se presentó como un extraño en la política. Cultivó la imagen de un hombre sin compromisos con los partidos tradicionales, alguien que podía hablarle al país sin intermediarios, sin jefes políticos y sin caudillos de por medio. Su apuesta consistía en convencer a los electores de que no venía a ocupar un lugar dentro del sistema, sino a desafiarlo.

Al escribir este ensayo, los cómputos de la Registraduría sugieren un margen estrecho, no solo en el preconteo, también en lo que podría ser el escrutinio: una Colombia dividida en dos visiones de estado y lo que debería ser su futuro.

Por un lado, está la de El Tigre, que convirtió la seguridad en una emoción política antes que en una propuesta programática.

Más que la guerra misma, fue el cansancio social frente al conflicto lo que terminó alimentando el ascenso político de El Tigre. Supo entender que la seguridad volvería a ser el eje de la política colombiana. Así capitalizó ese anhelo de orden y construyó alrededor de esto una identidad, una estética y una campaña ganadora.

Lo esencial en su campaña política no era el tigre. Ni siquiera el eslogan. Era el gesto. La mano derecha subía hasta la frente en un saludo militar y descendía con rapidez mientras gritaba: “¡Firmes por la patria!”. En un país agotado por la violencia, la inseguridad y la sensación de pérdida de control estatal, ese gesto resumía mejor que cualquier programa de gobierno la promesa política de Abelardo de la Espriella.

Por eso, su foco estuvo orientado en imponer mano dura y hacer frente a los grupos guerrilleros y a las bandas criminales que aún perduran, e incluso prosperan, en ciertas zonas del país. Son actores que llevan sumidos varios años en una guerra a muerte por el control y el dominio de territorios en donde abundan los corredores de narcotráfico, los cultivos de coca, los reductos de la minería ilegal o el contrabando fronterizo, especialmente en la porosa frontera con Venezuela.

Hace más de un año, muy pocas personas lo tenían en el radar político. Ahora, tras este golpe sobre la mesa, millones de personas le apostaron para que tome las riendas del gobierno y les devuelva las garantías que sienten que perdieron en los últimos cuatro años de progresismo.

Le apostaron a la promesa de que el Estado volvería a imponerse en regiones como Arauca, El Catatumbo, el Pacífico, el bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba y la frontera suroriental en la Amazonía. Bajo su lectura, el gobierno cedió demasiado terreno frente a los actores armados, perdiendo el control en varios territorios, al apostarle a su política fallida de ‘Paz Total’. Un intento del presidente Petro por establecer mesas de diálogo y sometimiento con las decenas de insurgencias armadas y organizaciones criminales que hay en Colombia.

Ese panorama no era nuevo. Desde hacía años una parte del electorado venía mostrando desconfianza frente a las salidas negociadas del conflicto. Esa inclinación recuerda, en cierta medida, el resultado del plebiscito de 2016, cuando una estrecha mayoría de los votantes rechazó el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Aunque el acuerdo fue posteriormente renegociado y aprobado por el Congreso, aquella votación evidenció que amplios sectores de la sociedad seguían prefiriendo respuestas más severas frente a la insurgencia y desconfiaban de las concesiones ofrecidas en el proceso de paz.

Más de una década después, en otra contienda nacional, volvió ese sentimiento.

La apuesta de El Tigre fue asumir que el colombiano promedio tendría a la seguridad como su prioridad superior y que querría a un presidente que se pusiera manos a la obra para restaurarla.

Había algo de verdad en su diagnóstico.

[…]

Lee el resto del anteojo:

La noche que se hizo en semanas

Crónica de la elección peruana

A las seis de la tarde, Sebastián Meza se sentó frente al televisor con su novia Nicole. Celebraban ese 7 de junio de 2026 dos años de relación. Estaban nerviosos.

“Según el conteo rápido, basado en una muestra de 1,037 actas con nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±1.9 puntos porcentuales, Roberto Sánchez obtuvo el 50.3% de los votos válidos y Keiko Fujimori el 49.7%. La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 0,6 puntos porcentuales”, se escuchó en el comunicado de esa hora.

La Asociación Civil Transparencia declaró formalmente un empate técnico y se abstuvo de proyectar un ganador.

Sebastián, tomado de la mano de su novia, se quedó sin decir una palabra. Sabía lo que este resultado significaba.

El día en Huacho, provincia de Lima, estuvo soleado. Sebastián se había preparado para pasar el día junto con su novia, pasear a su mascota, desayunar y compartir con su familia y finalmente ir a votar.

Su celebración se vio, en parte, opacada por la jornada electoral. Nicole hablaba y Sebastián respondía a su conversación mientras veía el televisor. Cuando sonó una notificación en su celular, soltó la mano de su novia para ver lo que decían los grupos de WhatsApp, para, desde el dispositivo que sostenía, medir cuál era el ánimo del Perú frente a la elección presidencial tras el flash electoral.

Por meses, el país se había sumido en el ritual democrático en medio de uno de los periodos más inestables de la política nacional. En los últimos diez años, el Perú ha pasado por ocho presidentes, cuatro de ellos fueron destituidos; uno se encuentra bajo arresto y todos investigados por corrupción.

La última vez que el país celebró comicios fue en 2021. En ese entonces, llegó al poder el izquierdista Pedro Castillo. Poco después, sería puesto bajo arresto tras un intento fallido de disolver el Congreso. Después de Castillo, su vicepresidenta Dina Boluarte tomaría las riendas del poder hasta perder las facultades de la presidencia tras un voto del Congreso. Su sucesor, José Jerí, terminaría en las mismas tras acusaciones de corrupción.

Cuatro presidentes; solo dos fueron electos popularmente.

Así llegó el 2026. Con una primera vuelta fragmentada entre 35 candidatos que, al final, se consolidaron en dos. Por la derecha, llegaba Keiko Fujimori en su cuarto intento por hacerse de la presidencia. La hija del dictador Alberto Fujimori, congresista de años y eterno segundo lugar. Por la izquierda, el exministro de Comercio Exterior y congresista Roberto Sánchez, afín al proyecto de Pedro Castillo y que tiene el objetivo de sacar al expresidente de la prisión. Las encuestas marcaban lo que ya se sabía en las calles: un país que sigue dividido en dos visiones opuestas.

Los hechos lo comprobaron.

Los primeros resultados que dio la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras procesar las actas reales, se inclinaban ligeramente hacia la izquierda. Pero era eso, una vertiente ligera.

Este panorama, incierto para Sebastián y millones de peruanos, tenía una carga de esperanza; de que llegara alguien al poder que se fijara en las comunidades que han estado olvidadas por años y se encontraban a la deriva; sin acceso a servicios básicos. A comunidades enteras que estaban heridas por la mala gestión gubernamental.

Y aunque el tiempo pasaba para Sebastián y Nicole, los resultados parecían moverse a otra velocidad… Una más lenta.

A 150 kilómetros de distancia de Huacho estaba acostada Pierina Masalías en el mueble ubicado en la sala de su casa. Tenía un antifaz que no le permitía ver y la protegía de la luz. Fue la recomendación que le dio el médico que la operó de la vista.

No podía mirar la pantalla con claridad, pero insistió en que su madre encendiera el televisor. Escuchó el conteo rápido como quien espera un diagnóstico médico.

[…]

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Esperamos que esta lectura de hiciera pensar con más detalle sobre el mundo y los problemas de nuestra coyuntura.

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A las seis de la tarde, Sebastián Meza se sentó frente al televisor con su novia Nicole. Celebraban ese 7 de junio de 2026 dos años de relación. Estaban nerviosos.

“Según el conteo rápido, basado en una muestra de 1,037 actas con nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±1.9 puntos porcentuales, Roberto Sánchez obtuvo el 50.3% de los votos válidos y Keiko Fujimori el 49.7%. La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 0,6 puntos porcentuales”, se escuchó en el comunicado de esa hora.

La Asociación Civil Transparencia declaró formalmente un empate técnico y se abstuvo de proyectar un ganador.

Sebastián, tomado de la mano de su novia, se quedó sin decir una palabra. Sabía lo que este resultado significaba.

El día en Huacho, provincia de Lima, estuvo soleado. Sebastián se había preparado para pasar el día junto con su novia, pasear a su mascota, desayunar y compartir con su familia y finalmente ir a votar.

Su celebración se vio, en parte, opacada por la jornada electoral. Nicole hablaba y Sebastián respondía a su conversación mientras veía el televisor. Cuando sonó una notificación en su celular, soltó la mano de su novia para ver lo que decían los grupos de WhatsApp, para, desde el dispositivo que sostenía, medir cuál era el ánimo del Perú frente a la elección presidencial tras el flash electoral.

Por meses, el país se había sumido en el ritual democrático en medio de uno de los periodos más inestables de la política nacional. En los últimos diez años, el Perú ha pasado por ocho presidentes, cuatro de ellos fueron destituidos; uno se encuentra bajo arresto y todos investigados por corrupción.

La última vez que el país celebró comicios fue en 2021. En ese entonces, llegó al poder el izquierdista Pedro Castillo. Poco después, sería puesto bajo arresto tras un intento fallido de disolver el Congreso. Después de Castillo, su vicepresidenta Dina Boluarte tomaría las riendas del poder hasta perder las facultades de la presidencia tras un voto del Congreso. Su sucesor, José Jerí, terminaría en las mismas tras acusaciones de corrupción.

Cuatro presidentes; solo dos fueron electos popularmente.

Así llegó el 2026. Con una primera vuelta fragmentada entre 35 candidatos que, al final, se consolidaron en dos. Por la derecha, llegaba Keiko Fujimori en su cuarto intento por hacerse de la presidencia. La hija del dictador Alberto Fujimori, congresista de años y eterno segundo lugar. Por la izquierda, el exministro de Comercio Exterior y congresista Roberto Sánchez, afín al proyecto de Pedro Castillo y que tiene el objetivo de sacar al expresidente de la prisión. Las encuestas marcaban lo que ya se sabía en las calles: un país que sigue dividido en dos visiones opuestas.

Los hechos lo comprobaron.

Los primeros resultados que dio la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras procesar las actas reales, se inclinaban ligeramente hacia la izquierda. Pero era eso, una vertiente ligera.

Este panorama, incierto para Sebastián y millones de peruanos, tenía una carga de esperanza; de que llegara alguien al poder que se fijara en las comunidades que han estado olvidadas por años y se encontraban a la deriva; sin acceso a servicios básicos. A comunidades enteras que estaban heridas por la mala gestión gubernamental.

Y aunque el tiempo pasaba para Sebastián y Nicole, los resultados parecían moverse a otra velocidad… Una más lenta.

A 150 kilómetros de distancia de Huacho estaba acostada Pierina Masalías en el mueble ubicado en la sala de su casa. Tenía un antifaz que no le permitía ver y la protegía de la luz. Fue la recomendación que le dio el médico que la operó de la vista.

No podía mirar la pantalla con claridad, pero insistió en que su madre encendiera el televisor. Escuchó el conteo rápido como quien espera un diagnóstico médico.

La espera de un día

Se esperaba la confusión; también la pausa.

El día después de la segunda vuelta presidencial se vivió con normalidad. Ya han sido varios años de inestabilidad política en el Perú con un deterioro que ha ido in crescendo por la falta de confianza hacia el Estado y sus instituciones. Nadie pensó que los resultados llegarían rápido.

Pero tampoco creían que tardarían tanto.

Sebastián cumplió en Huacho su voto. Ya el lunes estaba de vuelta en Lima para trabajar. Todo lo que le rodeaba aún tenía el sabor de un proceso electoral incierto que se negaba a concluir.

El Metropolitano en Lima, es el sistema de transporte público de la capital y que traslada a 700 mil usuarios todos los días. Sebastián es una de estas personas que lo usa cada día para llegar hasta su trabajo. Alrededor suyo, la gente estaba pegada a sus teléfonos. Solo que ahora, en lugar de memes, notaba la política. Las miradas se fijaban en las pantallas diminutas, actualizando y viendo la página de la ONPE.

Todos querían saber; entender qué había pasado.

La tentación de sacar el teléfono hizo de las suyas. Sebastián no aguantó, lo tomó de su bolsillo y revisó, como todos, los resultados. Mientras actualizaba la pantalla de su celular, escuchaba cómo unos amigos sentados delante suyo discutían sobre quién debería ganar; la señora de vestido elegante hablaba por teléfono para contar los resultados a alguien más del otro lado del teléfono. Miradas fijas y alaridos de remontada se escuchaban de diferentes personas.

La revisión de los resultados electorales se volvió una tarea más dentro de la rutina acelerada del peruano. Uno se despierta, se lava los dientes y ve los resultados. Se baña y voltea al celular. Con el desayuno, la televisión prendida; rumbo al trabajo, actualizarse de nuevo. Esta “nueva” rutina forjaba en Sebastián y en millones de peruanos una especie de sentimiento colectivo que parecía confirmar con solo subir al Metropolitano.

Para Pierina el sentimiento era más de intranquilidad y desconfianza. En los últimos años, vivió dos procesos electorales y, en el medio de uno y otro, vacancias, destituciones presidenciales, protestas, muertos. Así como tantos peruanos.

No sabía si esta vez, por fin, podría ser distinto, pese a que los candidatos que se enfrentaron en la segunda vuelta no eran diferentes a los anteriores. Aún no se recuperaba de la cirugía ocular así que, en lugar de mirar, escuchaba. Su oído estuvo muy atento a los resultados y la discusión colectiva que ocurría en las pantallas de televisión.

Pasó un día, luego otro. Luego otro más.

A las 5:30 de la tarde del lunes 15 de junio, una semana y un día después de la segunda vuelta electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizaría a mediados de julio.

Un mes más.

La decisión de participar en la segunda jornada electoral para Pierina fue muy distinta a los procesos anteriores. Ella, como suele hacer, revisó las propuestas de los candidatos para decidir. Su voto de primera vuelta fue para uno de los treinta y tres candidatos que quedaron fuera de la contienda. En la segunda, pensó mucho para poder elegir, y aunque se niega a rendirse a votar por “el mal menor”, fue el camino que le tocó tomar, ya que ninguna de las dos opciones refleja su inclinación política.

Sebastián atravesó una situación similar, aunque él se decidió por la memoria, la decencia cívica y el voto sanitario. Recordó en 2021, cuando se enfrentaba Pedro Castillo con Keiko Fujimori y se preguntó cuál era el voto de las provincias, “de los poblados donde el Estado no existe (...)” y ahí encontró el voto más izquierdista dogmático y abrazó la causa del heredero del sombrero de Castillo.

La noche que (todavía) no termina

Han pasado 17 días desde la segunda vuelta presidencial en Perú al momento de escribir estas palabras. Pese a que algunos analistas ya dan por ganadora a la candidata Keiko Fujimori y marcan, con ello, el retorno de la derecha, el margen es estrecho. Quedan aún actas que no se han terminado de contabilizar y el proceso de impugnación y revisión, que sigue desarrollándose, y que debe cumplir el Jurado Electoral Especial (JEE).

Esto todavía no termina.

Pierina tenía 20 años cuando vio por televisión una de sus primeras crisis políticas. Después vinieron otras. Presidentes destituidos, protestas, muertos, elecciones. A veces le cuesta recordar cuántas exactamente. Por eso, cuando escucha que el resultado definitivo podría tardar un mes más, no se sorprende.

Solo suspira.

Ha pasado tanto tiempo que ya está bien de los ojos. La cirugía salió como se esperaba y ahora puede usar la vista de nuevo. Ya no tiene el antifaz que le impidió mirar los resultados; pero estos siguen sin llegar. Lo único que cambia es que ahora los ve, ya no los escucha.

Para ella, el resultado no es una victoria; es más una oportunidad, un momento para que el nuevo presidente haga introspección del país que se le viene. Por un lado, robustecer la confianza de quienes votaron por él (o ella) y ganarse la del otro 50%, sin que esto genere más heridas o más división que resquebraje el país.

Sebastián siente que es peor. Lo asume como un abismo donde “la heredera de una de las dictaduras más corruptas de la historia tomará las riendas del país y lo encaminará hacia la consolidación de una organización delictiva financiada por el gran empresariado y las economías ilegales”. Ya no ve a personas viendo sus teléfonos en el Metropolitano como las veía durante la primera semana. Ahora es menos frecuente.

El anuncio se ha hecho una realidad latente; una espera que pasa de días a semanas y ahora coquetea con hacerse de meses.

Para lidiar mejor con su ansiedad, Sebastián dice que cerró la pestaña de su navegador. Lo dice como quien abandona una discusión o renuncia a una esperanza. Pero no se resiste. A veces vuelve y escribe las mismas cuatro letras de siempre: O-N-P-E. Espera unos segundos a que cargue la página y revisa el conteo esperando que suceda el milagro… al menos, por una vez. El resultado apenas ha cambiado por unas décimas.

Él sonríe con resignación y un poco de preocupación. Decide cerrarla.

Han pasado dos semanas desde la elección y el país sigue haciendo exactamente lo mismo: mirar una pantalla y esperar.

Héctor Villa León (Lima, Perú) Periodista. Trabaja con AFP y MVS Noticias; director de Cápsula Migrante. Ha colaborado con DW, Inquire First, Ojo Público, Efecto Cocuyo, entre otros. Nació en Venezuela, pero vive en Lima.

Perpetuo

Creando la mejor revista en español

El atuendo lo dijo todo. En lugar del traje o la guayabera, llevaba una camiseta amarilla brillante con rayas rojas sobre los hombros. Es un jersey: el uniforme de la Selección Colombia en tiempos de Mundial.

O eso parecía. Más de cerca, surgían las diferencias. No tenía el logotipo del balón rojo que representa a la federación colombiana de fútbol, tampoco el del patrocinador oficial. En su lugar, a la izquierda, aparecían las palabras «Firme por la patria», en un tono oscuro; a la derecha, donde debería ir el logo de la federación, había un tigre a medio rugir.

Es el mismo diseño de base pero con elementos más intensos y llamativos. Es una Colombia con otros detalles: una nueva imagen del gobierno que han elegido más de doce millones de ciudadanos en las urnas. Llegaban los tiempos del hombre que portaba esa extraña camiseta, Abelardo de la Espriella, quien pasó de la periferia política a la Presidencia de la República en la noche del 21 de junio.

Estando solo en un escenario, rodeado por un panel de vidrio a prueba de balas, y con micrófono en mano, daba su primer discurso tras hacerse públicos los resultados. Frente a él estaban miles de personas que lo vieron llegar en una caravana triunfal que había recorrido Barranquilla por horas, recibiendo a su presidente entre arengas, gritos y aplausos: la ocasión no parecía una congregación política del común, era como si Colombia hubiera ganado la copa del mundo.

El público celebró sus palabras como el golazo de James Rodríguez en el mundial del 2014, en los inolvidables octavos contra Uruguay: “Esta es la noche en la que comienza una nueva era, un nuevo orden, la Patria Milagro”.

De la Espriella llegó a la Casa de Nariño en medio de un resultado más ajustado que el de todos los pronósticos y en la elección con mayor participación en la historia de Colombia. En medio de semejante panorama, se inauguró la época de su mandato.

Sus votantes le dicen El Tigre.

No era un tigre de papel

Aunque llevaba años moviéndose cerca de las altas esferas del poder, De la Espriella se presentó como un extraño en la política. Cultivó la imagen de un hombre sin compromisos con los partidos tradicionales, alguien que podía hablarle al país sin intermediarios, sin jefes políticos y sin caudillos de por medio. Su apuesta consistía en convencer a los electores de que no venía a ocupar un lugar dentro del sistema, sino a desafiarlo.

Al escribir este ensayo, los cómputos de la Registraduría sugieren un margen estrecho, no solo en el preconteo, también en lo que podría ser el escrutinio: una Colombia dividida en dos visiones de estado y lo que debería ser su futuro.

Por un lado, está la de El Tigre, que convirtió la seguridad en una emoción política antes que en una propuesta programática.

Más que la guerra misma, fue el cansancio social frente al conflicto lo que terminó alimentando el ascenso político de El Tigre. Supo entender que la seguridad volvería a ser el eje de la política colombiana. Así capitalizó ese anhelo de orden y construyó alrededor de esto una identidad, una estética y una campaña ganadora.

Lo esencial en su campaña política no era el tigre. Ni siquiera el eslogan. Era el gesto. La mano derecha subía hasta la frente en un saludo militar y descendía con rapidez mientras gritaba: “¡Firmes por la patria!”. En un país agotado por la violencia, la inseguridad y la sensación de pérdida de control estatal, ese gesto resumía mejor que cualquier programa de gobierno la promesa política de Abelardo de la Espriella.

Por eso, su foco estuvo orientado en imponer mano dura y hacer frente a los grupos guerrilleros y a las bandas criminales que aún perduran, e incluso prosperan, en ciertas zonas del país. Son actores que llevan sumidos varios años en una guerra a muerte por el control y el dominio de territorios en donde abundan los corredores de narcotráfico, los cultivos de coca, los reductos de la minería ilegal o el contrabando fronterizo, especialmente en la porosa frontera con Venezuela.

Hace más de un año, muy pocas personas lo tenían en el radar político. Ahora, tras este golpe sobre la mesa, millones de personas le apostaron para que tome las riendas del gobierno y les devuelva las garantías que sienten que perdieron en los últimos cuatro años de progresismo.

Le apostaron a la promesa de que el Estado volvería a imponerse en regiones como Arauca, El Catatumbo, el Pacífico, el bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba y la frontera suroriental en la Amazonía. Bajo su lectura, el gobierno cedió demasiado terreno frente a los actores armados, perdiendo el control en varios territorios, al apostarle a su política fallida de ‘Paz Total’. Un intento del presidente Petro por establecer mesas de diálogo y sometimiento con las decenas de insurgencias armadas y organizaciones criminales que hay en Colombia.

Ese panorama no era nuevo. Desde hacía años una parte del electorado venía mostrando desconfianza frente a las salidas negociadas del conflicto. Esa inclinación recuerda, en cierta medida, el resultado del plebiscito de 2016, cuando una estrecha mayoría de los votantes rechazó el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Aunque el acuerdo fue posteriormente renegociado y aprobado por el Congreso, aquella votación evidenció que amplios sectores de la sociedad seguían prefiriendo respuestas más severas frente a la insurgencia y desconfiaban de las concesiones ofrecidas en el proceso de paz.

Más de una década después, en otra contienda nacional, volvió ese sentimiento.

La apuesta de El Tigre fue asumir que el colombiano promedio tendría a la seguridad como su prioridad superior y que querría a un presidente que se pusiera manos a la obra para restaurarla.

Había algo de verdad en su diagnóstico.

En estos territorios en conflicto convergen algunas de las principales economías ilegales de Colombia y se registraron varios de los episodios más graves de desplazamiento, confinamiento y confrontación armada del cuatrienio por las disputas que sostienen grupos armados y organizaciones criminales por el poder territorial.

De hecho, la campaña presidencial de El Tigre estuvo marcada por denuncias de presiones armadas sobre los votantes en regiones como estas.

Tras la primera vuelta, De la Espriella aseguró que existían resultados electorales atípicos en los departamentos de Nariño y Cauca, denunciando que grupos armados estaban exigiendo pruebas fotográficas del voto a favor de Cepeda para permitir el tránsito por retenes ilegales.

Según el diario El Colombiano, señalamientos similares fueron realizados por las autoridades gubernamentales del Caquetá, Antioquia, Meta y Guaviare, quienes denunciaron presuntos constreñimientos al electorado por parte de disidencias de las extintas FARC y otras estructuras armadas para favorecer al candidato del Pacto Histórico. Incluso altos mandos militares, como el mayor Erick Rodríguez Aparicio, advirtieron sobre prácticas de “carnetización” en comunidades rurales en zonas bajo influencia de grupos ilegales, como es el caso del Frente 36 de las FARC en los municipios de Angostura y Campamento, al norte de Antioquia.

Sin embargo, la promesa de restablecer el orden también despertó viejos fantasmas.

Más de doce millones de colombianos del otro lado de la balanza sienten que El Tigre representa el regreso de una forma de entender el orden que el país ya conoció y que dejó profundas cicatrices. Les incomoda que a la Presidencia haya llegado alguien que estuvo demasiado cerca de actores que protagonizaron algunas de las peores atrocidades del conflicto armado, como las masacres de El Aro, La Granja o El Salado.

Recordemos que De la Espriella fue abogado defensor de varios jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)—un grupo paramilitar de derecha que, durante la década de los ochentas, mantuvo un conflicto vivo y violento con fuerzas de izquierda como las FARC y el ELN—. De la Espriella los defendió durante el proceso de Justicia y Paz impulsado por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entre las figuras que representó jurídicamente estuvieron paramilitares de la AUC como Salvatore Mancuso, Juan Carlos Sierra y otros comandantes más.

Pero ¿por qué produce tanto temor que De la Espriella haya sido abogado de paramilitares?

Les asusta lo que ese pasado simboliza. Temen que Colombia vuelva a confundir autoridad con violencia y que, en nombre de la prosperidad, la seguridad y el orden, se retomen estrategias basadas en la confrontación militar, los bombardeos, las fumigaciones y otras políticas que durante décadas han sido objeto de profundas controversias. La misma imagen que millones de personas celebraban como una promesa de seguridad era leída por otros como el resurgimiento de una historia violenta que el país aún no termina de procesar.

Su contrincante, el candidato Iván Cepeda, profundizó esos temores en sus huestes en una rueda de prensa que convocó el 11 de junio, donde revivió antiguas denuncias contra De la Espriella por presuntos vínculos con estructuras paramilitares, acusándolo de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.

Cuando baja la bandera

El rumbo político de El Tigre es diametralmente opuesto al del presidente saliente, Gustavo Petro, y el progresismo del partido que lo llevó al poder: el Pacto Histórico; lo mismo con su contrincante, el senador Iván Cepeda —hijo de un líder de izquierda asesinado décadas atrás, en lo que se conoció como el genocidio de la Unión Patriótica—. Quizá, su postura política solo puede entenderse por medio de esa oposición.

De la Espriella considera tanto a Petro como a los que participan del Pacto Histórico como los grandes culpables del deterioro del sistema de salud, el resquebrajamiento del orden público, el fortalecimiento de las economías ilícitas, las numerosas crisis diplomáticas que pusieron en vilo la estabilidad comercial y de escándalos de corrupción que sacudieron a la opinión pública en más de una ocasión durante los últimos cuatro años. En su discurso a lo largo de la campaña, dedicó insultos y oprobios en ataques a la izquierda y sus militantes, a quienes llama peyorativamente «zurdos».

Esos ‘zurdos’ hacen más para explicar su campaña y ascenso de lo que el discurso deja ver. Son el otro lado de Colombia.

Iván Cepeda se ganó el favoritismo del presidente Gustavo Petro y las bancadas de izquierda en agosto del año pasado, cuando una jueza condenó al expresidente Uribe —uno de los políticos más poderosos en la historia reciente del país—, a doce años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Esta fue la primera sentencia de un pleito de trece años que ahora se disputa en la Corte Suprema de Justicia. Cepeda inició esta disputa en 2012, cuando denunció públicamente en el Congreso los supuestos vínculos entre el expresidente y el surgimiento de grupos paramilitares en Antioquia. Uribe le respondió ese mismo año, señalándolo por presunta manipulación de testigos en su contra.

Aunque el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Uribe meses después de la condena inicial, ese hito catapultó a Cepeda no solo como candidato presidencial, fortaleciendo su imagen pública y mostrando, a su vez, el estado de la política colombiana. Cepeda se convirtió en el hombre que propició una condena histórica contra un expresidente de la República, un defensor de los procesos de paz en Colombia —durante el 2015 y 2016, facilitó conversaciones de paz entre el gobierno, las FARC y el ELN— y de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Era el sucesor predilecto de la izquierda y de las promesas de una Colombia distinta para las clases populares. Esa es la otra visión de país que entró en la contienda.

Aprovechando la popularidad del pleito contra el expresidente Uribe, Cepeda encabezó las encuestas autorizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta la primera vuelta presidencial. Los números lo daban como el gran favorito en la contienda electoral frente a la candidata de la oposición y la derecha que se dividía entre El Tigre y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia (quien había recibido la bendición de Uribe, esperando un ‘boom’ similar al que tuvo el candidato Iván Duque en las elecciones presidenciales del 2018 tras recibir el apoyo uribista).

La historia era la de una Colombia descontenta, que buscaba justicia y que aprobaba, en cierta medida, al gobierno de Gustavo Petro. Una Colombia cuyas deudas aún dejaban espacio para la continuidad de un proyecto político de izquierda.

Pero lo que no calculó el progresismo fue que entre las sombras de las redes sociales, el algoritmo y el sensacionalismo propio de un showman, se movía lentamente De la Espriella. El Tigre iba haciendo su camino.

Su campaña política, y el equipo detrás de ella, pegó el primer batacazo el 31 de mayo cuando el Tigre, candidato del movimiento Defensores por la patria, sorprendió al ganar la primera vuelta presidencial con un total de 10,361,499 votos (43.74%), sacándole una diferencia de más de 600,000 votos a Cepeda. Ninguna encuestadora lo tenía en el radar, mucho menos los medios de comunicación tradicionales.

Desde el inicio, la apuesta del gobierno y el presidente Petro fue la misma: resolver el asunto en primera. Ganar directamente o hacerlo con un margen amplio para entrar triunfales a la segunda vuelta.

Ahora quedaban en jaque, casi al borde del nocaut.

Desde esa sorpresa, el gobierno de izquierda jugó a contrarreloj estas últimas semanas, con una necesidad latente de remontar el resultado y salir a buscar los votos del centro (los del ‘votante indeciso’), que representaron alrededor de un millón de sufragios en la primera vuelta. Ahí estaba la diferencia para achicar el margen con De la Espriella.

La presión aumentaba aún más con cada sondeo que se publicaba. Todas las encuestadoras (por lo menos, las autorizadas por el CNE) situaron al candidato De la Espriella por encima de Cepeda, incluso días antes de la segunda vuelta. El Tigre era el favorito: la tendencia decía que el péndulo político viraría de la izquierda a la extrema derecha.

La presión llegó hasta la Casa de Nariño. Petro mismo, desaforado, usó sus redes para llamar al voto. Tras la primera vuelta, lo hizo incluso para desprestigiar los resultados, señalar un presunto fraude y sugerir una elección más reñida de lo que los números mostraban, a pesar de que la institucionalidad y las misiones de observación internacional dijeran lo contrario.

Así, con un presidente con mano en la contienda y una tensa confrontación entre Cepeda y De la Espriella, el colombiano del común salió a ejercer su derecho al sufragio este 21 de junio.

Salió a dar la sorpresa.

Dos Colombias

Los resultados llegaron por la tarde. Horas después, con los cómputos de la Registraduría y el CNE rondando en los titulares de la prensa nacional e internacional, El Tigre, con su camiseta de la selección alterada, subió al escenario después de una caravana triunfal por la capital del Atlántico, en la costa norte del país.

Llegaba con la noticia de una elección reñida. El preconteo sugería un poco menos de un punto porcentual de diferencia con su rival. El reflejo de un país dividido que, por cuatro años, tendría el mandato y la obligación constitucional de gobernar.

Traía en su mano un micrófono. Habló en una voz tan fuerte que parecía cercana al grito. Sonaba afónico: como un hincha que sale de un partido absolutamente reñido.

Sus palabras, tras una campaña de señalamientos y polarización, ahora eran de unidad y diálogo con la oposición y sus bancadas. Era un golpe de realidad que le llegaba al ver que la visión del progresismo seguía vigente y con una abrumante mayoría en la ciudadanía. Para ser exactos, la Registraduría decía que se trataba de 12,708,712 personas, que representaron un 48.70% en la contienda electoral.

“Voy a gobernar para todos los colombianos”, dijo desde la tarima, desde la que sonaban arengas políticas que su equipo de campaña había copiado de cánticos icónicos del fútbol. “Para quienes votaron por mí y para quienes votaron por otro candidato. No habrá vencedores ni vencidos”, tampoco “retaliaciones o persecuciones”.

Pero sí habrá firmeza, como lo reiteró en más de una ocasión.

Una de las novelas más famosas de la literatura colombiana narra las aventuras, peripecias y abusos del colonizador alemán, Geo von Lengerke, quien emigró a mediados del siglo XIX al entonces Estado Soberano de Santander. Ahí hizo una gran fortuna creando rutas comerciales hacia Alemania. La forma como hizo los cultivos, los caminos y los entramados comerciales quedaron marcados en la tierra, como si se trataran de rayas que le salen a un tigre. De ahí el nombre de la obra escrita por Pedro Gómez Valderrama: La otra raya del tigre.

Tras los resultados de este domingo, Colombia se ha pintado de nuevo. Se abre un período de peligros, miedos y terrores para unos; pero de oportunidades y riquezas para otros, quienes esperan materializar para sus vidas una de las frases más icónicas de la novela: “vivieron como señores feudales en medio del trópico”. Ahora, se agrega una línea más sobre la historia de Colombia.

Le llegó una nueva raya al Tigre.

Sebastián Hoyos (Bogotá, Colombia) es periodista e historiador. Investiga y escribe sobre el conflicto armado, política, memoria e historia de América Latina. Es cofundador de Disco Amarillo, un estudio de creación cinematográfica.

¡Bienvenido a los anteojos! Esta es una nueva sección semanal en .

Cada miércoles, reunimos las mejores voces del español para comentar la coyuntura, desde el metro de Nueva York, hasta los glaciales de Tierra de Fuego. Somos un lugar para entender lo que pasa con historias y narrativa.

No somos tu periódico, somos lo que lees cuando el periódico no es suficiente.

Esta semana, arrancamos con dos de las democracias más grandes de América Latina. Primero, viajamos a Colombia donde Sarah Díaz nos narra el paso fugaz (y la igual de fugaz caída) de Paloma Valencia, candidata a la presidencia del país que se quedó fuera de la segunda vuelta (y que es, además, una reflexión sobre la erosión de los centros políticos en el país). De ahí, tomamos un vuelo a São Paolo, donde Antonio Carlos Leite relata la injerencia de Estados Unidos en la elección brasileña (para la que aún faltan meses).

Pero antes de ello, queremos agradecer a nuestro patrocinador.

Esta sección es posible gracias al apoyo de Polymarket—la plataforma que alberga a los mercados del futuro. Polymarket te permite apostar en lo que quieras, desde las canciones de Bad Bunny en el Superbowl hasta las elecciones de América Latina, creando así, uno de los mercados más dinámicos que hay.

Es, también, una fuente en tiempo real de opiniones. Vean, por ejemplo, como ha cambiado la opinión sobre las elecciones de Brasil en los mercados que permite Polymarket (un adelanto a lo que escribe Leite):

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¿Y qué hacemos con los tibios?

Carta desde Bogotá; tras las elecciones de primera vuelta en Colombia

Era sábado 24 de mayo de 2026, en una semana, los colombianos saldrían a las urnas y votarían, en primera vuelta, por su presidente. Es esa semana rara entre el día de la madre y el inicio del mes de las vacaciones de mitad de año, cuando los colombianos todavía están pagando las deudas de las flores, los regalos y la salida a almorzar. En Bogotá los trancones transcurrían como cualquier sábado (o cualquier día de la semana para ser más exactos) y en los pueblos la gente tomaba tinto en la puerta de la tienda. Los candidatos realizaban su cierre de campaña, reuniéndose con sus votantes para dar los últimos mensajes.

Así lo hizo Paloma Valencia, quien, hasta entonces, representaba la esperanza de la centroderecha moderada. Llegó rodeada de su familia. Sonriente, en traje blanco; una hora dentro de discursos, aplausos y vitores, pasa el micrófono a su hija Amapola y pregunta:

—¿Con quién estás?

La niña de 9 años no contesta. Se ve cansada, molesta, sin emoción, incluso apática. Su madre, ante su silencio, intenta ayudarle:

—Con Paloma—le susurra.

Ella sigue sin contestar. Murmura algo. Su madre, de nuevo, insiste. Le pide que diga «¡Vamos a ganar!». La niña le contesta

—Pero ¿y si perdemos?

—¡No vamos a perder!—le contesta Paloma, ante el eco silencioso de las palabras de su hija que resonaban en las paredes del recinto y en las mentes de los votantes.

Muchos de los que vivimos en Colombia conocemos muy bien su historia política, cómo ha estado permeada por la violencia desde la independencia, la gravedad de los conflictos internos y las disputas entre partidos. En el siglo XX, Colombia vivió una polarización bipartidista tan extrema que la identidad política era casi genética: se nacía liberal o conservador, igual que se nacía con un apellido. Ser de centro se consideraba como traición. Identificarte con un partido no solo era cómo votabas, era cómo te vestías, a qué iglesia ibas, con quién se casaban tus hijos, en qué tienda compraba tu familia. Cambiar de bando, o aún peor, no tener uno te podía costar la vida.

Aunque desde la entrada en vigor de la Constitución de 1991 es más fácil crear nuevos partidos y participar en política, la pluralidad nos duró poco.

En la última década estas tensiones entre los extremos han vuelto, pero con diferentes nombres y expresiones. Al ir a una cafetería a hablar con tus vecinos pasamos de escuchar: “Liberal o conservador, pero no sapo” a expresiones como «¿No eres petrista ni uribista? Entonces eres tibio»; «Cómo vas a ser de centro, si el centro en Colombia no existe.»; así la lógica rematada por un creativo refrán moderno: «tibio ni el café».

En Colombia parece una tarea imposible estar en el centro. La división en el país siempre ha sido común en más temas de los que recuerdo, desde el conflicto armado y el proceso de paz hasta la política de drogas. Estos choques son más visibles en los círculos que me rodean en época de elecciones. No importa cuántos proyectos de centro surjan, normalmente son aplastados por el “voto útil” y la polarización. Así les ha pasado a cientos de candidatos en elecciones nacionales y locales.

Al final la hija de Paloma Valencia tuvo razón. Perdieron.

El resultado fue contundente. Las posiciones de izquierda y derecha obtuvieron el 40.9 y 43.7 por ciento de los votos respectivamente, mientras que “arrastrando a los tibios” quedaron Sergio Fajardo (de centro) y Claudia López (de centroizquierda) que en conjunto reunieron menos del 5.5% de los votos. Paloma Valencia, con su apuesta por el centro, quedó en un distante tercero: 6.93%; con más de ocho millones de distancia contra el segundo.

Las personas no se identificaron con Paloma que, le apostó por acercarse a los votantes del medio, por intentar hacer algo con los tibios y ganárselos, mientras los dos candidatos que arrasaron con los votos hicieron todo lo contrario y le apostaron a los extremos, esto llevó a que los colombianos votaran a favor de dos voces opuestas.

Por la izquierda, el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, representa la sucesión del presidente actual, Gustavo Petro. Por otro lado, Abelardo de la Espriella, abogado representando la extrema derecha.

Pero para entender qué pasó en esta primera vuelta, hay que entender a Paloma Valencia.

Valencia es senadora del Centro Democrático—partido de derecha, (a pesar de tener la palabra centro en su nombre) asociado con el expresidente Álvaro Uribe famoso por sus posiciones duras contra las guerrillas y el conflicto armado—. Es hija del exmandatario Ignacio Valencia López. Sus estudios e ingeniosas respuestas en debates en el Congreso la llevaron a tener un gran apoyo popular en las encuestas antes de empezar la contienda electoral. Venía con varios metros de ventaja. Durante la campaña se identificaba como “la candidata de Uribe”, un rostro con mucha historia y peso político que le daba una base con la cual trabajar. El uribismo es un bloque fuerte en Colombia; eso no significa que la seguirían a ciegas, aún podía perderlos. Y lo hizo.

Aunque viene de la derecha, Paloma no es la más a la derecha de su partido. En lugar de ir sola con su partido, ganó la Gran Consulta por Colombia—un pacto entre partidos, predominantemente de centro y centroderecha, por nominar un solo candidato que hiciera frente a la izquierda, consulta realizada a la par de las elecciones legislativas—. Su partido fue el segundo más votado en el Congreso. Con margen de crecer en su nicho, se encontraba muy pareja con el otro candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, quien se abstuvo de la Gran Consulta. Sin embargo, como dice mi mamá: el que mucho abarca poco aprieta.

Paloma le apostó al centro para hacerse con los votos que no se identificaban con los extremos. Tras la Gran Consulta, Paloma nominó a Juan Daniel Oviedo como su candidato a vicepresidente. Encargado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) durante la pandemia, perteneciente al Concejo de Bogotá y siendo el segundo más votado en la consulta, Oviedo acepta. Un candidato más progresista que Paloma. Un hombre homosexual que basó su campaña durante la consulta en “ser de centro”. Ese discurso ganó el voto de muchos, convirtiéndolo en la sorpresa de la jornada y la sorpresa, también, del Centro Democrático.

Aunque se veían bien en las fotos y en las redes, aunque la idea de unificar los centros cuadraba… para los ciudadanos, eran una pareja dispareja; una alianza mal articulada. Los votantes resaltaron la incoherencia de Oviedo, que durante su propia campaña a la presidencia abogó por ser un candidato que no se une “a los de siempre” y que al final terminó haciéndolo; notaron los debates entre ellos mismos en vez de con los otros candidatos. Paloma anunciaba al expresidente Álvaro Uribe como Ministro de Defensa; Oviedo se oponía. Paloma estaba a favor de unas cosas, Oviedo de otras.

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A mão de Trump

Sobre EE.UU. en Brasil

No había garantía de que se diera, pero aun así se dio. El presidente estaba en medio de revisiones médicas y negociaciones sobre una guerra distante. La reunión prometida no estaba en la agenda pública y las garantías habrán sido solo palabras; promesas.

De São Paulo a Washington hay unas once horas de vuelo—sin contar las posibles escalas—; las suficientes para reflexionar a detalle sobre la reunión y temer que no se haga. Más con una agenda ocupada, decenas de prioridades que balancear y el hecho de que, hace poco, se había reunido con su rival.

Aun así, hizo el tiempo. Se cumplió.

Donald Trump abrió la Oficina Oval por más de una hora a Flávio Bolosnaro, el senador brasileño quien lidera a la derecha en la siguiente elección presidencial de su país. Lo escuchó y atendió; dicen que incluso preguntó por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, ahora preso por intentar derrocar a su oponente.

Hizo tiempo para atenderlo y luego hizo más. Tomó acciones sobre Brasil; su mano entró en la contienda.

Pero antes de lo político, estuvo el gesto. Una fotografía junto a Bolsonaro hijo. Trump sentado en el escritorio Resolute; Flávio a su lado.

Los dos sonríen.

Sus manos visibles, pero sin tocarse.

Sigo las elecciones brasileñas desde mi infancia. Ya son más de 50 años desde entonces. En los 70s, en plena dictadura militar, los brasileños solo teníamos el placer de votar en las elecciones de ciudades al interior del país. En las capitales de los estados, los alcaldes eran designados por el régimen. No era una contienda real: casi siempre se daban entre dos o tres candidatos afines a la dictadura.

Y aún entonces, no eran del todo nuestras.

Desde aquella época, escuchaba comentarios sobre la interferencia del gobierno de Estados Unidos en los rumbos de Brasil, siempre de forma discreta; casi susurrada. La discreción era obligada. Después de todo, en las dictaduras, cualquier palabra mal dicha o mal entendida puede tener consecuencias severas. Había discreción del otro lado de la historia. La intromisión de la Casa Blanca nunca fue asumida, divulgada ni anunciada en voz alta. Era una mano invisible, aun si era una mano.

Bueno... nunca digas nunca.

Este año, en las elecciones en Brasil la mano se hizo presente en la forma de un líder ajeno. Los susurros cambiaron por un barullo intenso y al centro de esta polarización cada vez mayor entre izquierda y derecha está el presidente estadounidense Donald Trump.

Y Trump es todo menos discreto.

En esta historia, lo interesante no es la intromisión misma, sino cómo algunos personajes están al centro del poder de control sobre la repercusión de sus actos. Cómo los dos punteros electorales parecen ver la mano y hacer lo posible por usarla, también.

De un lado, está el presidente en turno, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido dos Trabalhadores (mayor fuerza de izquierda en el país). Al otro, se encuentra Flávio Bolsonaro, senador en turno por el derechista Partido Liberal y, crucial, hijo del ahora preso expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar un golpe de Estado contra su rival. Ambos se preparan para una contienda en octubre donde las encuestas sugieren una sutil y creciente delantera para Lula.

Pero, como muestra esta historia, eso puede cambiar.

A principios de mayo, Trump recibió a Lula da Silva en la Casa Blanca. La reunión se prolongó mucho más de lo previsto. El presidente brasileño consiguió que se aceptaran algunas de sus peticiones, entre ellas la de no tener una entrevista pública junto a su colega norteamericano. Así, Trump, idolatrado por la derecha en todo el mundo, dio inesperadamente y sin motivos claros, un impulso a la candidatura de uno de los principales representantes de la izquierda en el planeta. En Brasil, la disputa no se libra por los votos de izquierda o de derecha. Esos ya están consolidados. Lula y Bolsonaro hijo buscan atraer a los millones de votantes del centro. Para hacerlo, intentan formar una imagen de “moderados”. Al posar junto a Trump, Lula envió un mensaje: “Soy un estadista de alcance mundial y diálogo incluso con quienes tengo diferencias”. Y provocó en Flávio la necesidad de dar una respuesta...

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Perpetuo

Creando la mejor revista en español

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No había garantía de que se diera, pero aun así se dio. El presidente estaba en medio de revisiones médicas y negociaciones sobre una guerra distante. La reunión prometida no estaba en la agenda pública y las garantías habrán sido solo palabras; promesas.

De São Paulo a Washington hay unas once horas de vuelo—sin contar las posibles escalas—; las suficientes para reflexionar a detalle sobre la reunión y temer que no se haga. Más con una agenda ocupada, decenas de prioridades que balancear y el hecho de que, hace poco, se había reunido con su rival.

Aun así, hizo el tiempo. Se cumplió.

Donald Trump abrió la Oficina Oval por más de una hora a Flávio Bolosnaro, el senador brasileño quien lidera a la derecha en la siguiente elección presidencial de su país. Lo escuchó y atendió; dicen que incluso preguntó por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, ahora preso por intentar derrocar a su oponente.

Hizo tiempo para atenderlo y luego hizo más. Tomó acciones sobre Brasil; su mano entró en la contienda.

Pero antes de lo político, estuvo el gesto. Una fotografía junto a Bolsonaro hijo. Trump sentado en el escritorio Resolute; Flávio a su lado.

Los dos sonríen.

Sus manos visibles, pero sin tocarse.

Sigo las elecciones brasileñas desde mi infancia. Ya son más de 50 años desde entonces. En los 70s, en plena dictadura militar, los brasileños solo teníamos el placer de votar en las elecciones de ciudades al interior del país. En las capitales de los estados, los alcaldes eran designados por el régimen. No era una contienda real: casi siempre se daban entre dos o tres candidatos afines a la dictadura.

Y aún entonces, no eran del todo nuestras.

Desde aquella época, escuchaba comentarios sobre la interferencia del gobierno de Estados Unidos en los rumbos de Brasil, siempre de forma discreta; casi susurrada. La discreción era obligada. Después de todo, en las dictaduras, cualquier palabra mal dicha o mal entendida puede tener consecuencias severas. Había discreción del otro lado de la historia. La intromisión de la Casa Blanca nunca fue asumida, divulgada ni anunciada en voz alta. Era una mano invisible, aun si era una mano.

Bueno... nunca digas nunca.

Este año, en las elecciones en Brasil la mano se hizo presente en la forma de un líder ajeno. Los susurros cambiaron por un barullo intenso y al centro de esta polarización cada vez mayor entre izquierda y derecha está el presidente estadounidense Donald Trump.

Y Trump es todo menos discreto.

En esta historia, lo interesante no es la intromisión misma, sino cómo algunos personajes están al centro del poder de control sobre la repercusión de sus actos. Cómo los dos punteros electorales parecen ver la mano y hacer lo posible por usarla, también.

De un lado, está el presidente en turno, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido dos Trabalhadores (mayor fuerza de izquierda en el país). Al otro, se encuentra Flávio Bolsonaro, senador en turno por el derechista Partido Liberal y, crucial, hijo del ahora preso expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar un golpe de Estado contra su rival. Ambos se preparan para una contienda en octubre donde las encuestas sugieren una sutil y creciente delantera para Lula.

Pero, como muestra esta historia, eso puede cambiar.

A principios de mayo, Trump recibió a Lula da Silva en la Casa Blanca. La reunión se prolongó mucho más de lo previsto. El presidente brasileño consiguió que se aceptaran algunas de sus peticiones, entre ellas la de no tener una entrevista pública junto a su colega norteamericano. Así, Trump, idolatrado por la derecha en todo el mundo, dio inesperadamente y sin motivos claros, un impulso a la candidatura de uno de los principales representantes de la izquierda en el planeta. En Brasil, la disputa no se libra por los votos de izquierda o de derecha. Esos ya están consolidados. Lula y Bolsonaro hijo buscan atraer a los millones de votantes del centro. Para hacerlo, intentan formar una imagen de “moderados”. Al posar junto a Trump, Lula envió un mensaje: “Soy un estadista de alcance mundial y diálogo incluso con quienes tengo diferencias”. Y provocó en Flávio la necesidad de dar una respuesta...

Decisiones desagradables

La suma de los acontecimientos ya es naturalmente compleja. Por aquí, el resultado de esa suma es siempre, siempre imprevisible. Hay que ver tan solo la situación en la que terminó metido Flávio Bolsonaro, sin tener ninguna intención de ello: necesitaba una fotografía junto a Trump, necesitaba equilibrar el juego.

Y la consiguió.

El candidato fue a una reunión en la Casa Blanca, sin duda una concesión poco común para un senador brasileño; posó junto al presidente estadounidense. Trump equilibró la balanza y ahora impulsa su candidatura presidencial con su apoyo. Lo hizo de manera concreta. Tras escuchar la petición de Bolsonaro hijo, atendió su petición de clasificar como terroristas a dos organizaciones criminales brasileñas.

En las elecciones, la imagen lo es todo. Y la de Flávio venía desgastada por la revelación reciente de una llamada donde pedía dinero a un banquero responsable del mayor escándalo del país. Trump le dio una fotografía y un discurso contra la violencia. El hijo de Bolsonaro recuperaba terreno, pero...

Pero Trump es Trump. No es fácil estar cerca de un hombre imprevisible.

La mano se hizo notar.

A la familia Bolsonaro le gusta presentarse como amiga de Trump y del gobierno norteamericano. Sin embargo, todos lo sabemos: el presidente y la gran mayoría de las naciones no tienen amigos, tienen intereses.

Pocos días después del encuentro en la Casa Blanca, una comisión del gobierno estadounidense recomendó la implementación de aranceles de hasta el 37.5 % sobre productos brasileños. Además, pasó a criticar el sistema de pagos más utilizado por los brasileños, llamado PIX por hacerle competencia injusta a empresas privadas estadounidenses. El sistema es eficaz, rápido, absolutamente popular y, lo mejor de todo, gratuito. Se convirtió en un competidor gigantesco de los sistemas para pagos bancarios como Visa y Mastercard. En otras palabras, el PIX atrajo la furia de gigantes norteamericanos. Y nadie hace eso sin recibir algún tipo de respuesta.

El “voto” de Trump

La pregunta era: ¿de dónde vino esa iniciativa? La política nacional hizo lo suyo.

El presidente Lula acusó a Flávio Bolsonaro de haber propiciado las medidas contra Brasil—tanto los aranceles como las amenazas contra PIX. Él lo niega. Cosas de campaña.

Lo importante aquí no es saber quién tiene razón, sino observar el papel central asumido por Trump en la elección brasileña. Es ver la mano, que deja de ser invisible.

No existe registro de una interferencia tan evidente, tan clara y, a veces, tan grosera de un presidente estadounidense en las disputas electorales brasileñas. Sobre todo, porque la historia aún no acaba. Se espera una decisión de la Casa Blanca en los próximos días. La mayor expectativa pende sobre las posibles medidas contra el PIX en el sistema financiero internacional. De tomar una posición en contra del sistema de pagos, jugarían con el más sensible de los órganos humanos: el bolsillo. Y le daría a Lula argumentos muy fuertes para atacar la candidatura de Bolsonaro hijo.

En una elección tan reñida como la actual, cualquier alteración en el tablero puede cambiar totalmente el juego. Y la mano de Trump está por hacer su movimiento. Se encuentra entre defender a las empresas norteamericanas o evitar desgastes para un candidato con el que mantiene enormes afinidades ideológicas y políticas; entre apoyar a gigantes financieros de Estados Unidos o a Flávio Bolsonaro.

En el corto plazo, la respuesta parece bastante obvia: los intereses están por encima de todo. Sin embargo, conviene recordar que estamos hablando de una elección en una potencia regional, de cuatro años de mandato y de una polarización entre derecha e izquierda.

¿Cuál será la elección de Trump?

Es difícil saberlo. Solo hay una certeza: será ruidosa, muy diferente de otras épocas, cuando Estados Unidos también influía en los rumbos de los países ubicados en su patio trasero, pero lo hacía de forma discreta, silenciosa.

Elegantemente cruel.

Antonio Carlos Leite es periodista hace 39 años. Ha trabajado con algunas de las redes de comunicación más importantes de Brasil como Globo, SBT y Band. Además de dirigir redacciones, ha sido articulista en periódicos impresos, publicaciones web, presentador en programas de TV y radio.