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«El museo no debe glorificar el pasado, sino hacerlo legible». Esta frase de la maestra Beatriz González —una de las artistas más relevantes en la historia reciente del país que durante catorce años ayudó a moldear el enfoque curatorial de la institución— está inscrita en un letrero que cuelga sobre la rocosa fachada del Museo Nacional de Colombia en Bogotá. Hoy, más que un homenaje a la pintora, parece un recordatorio de lo que las autoridades del museo y del Ministerio de Cultura, así como el presidente de la República, parecen haber olvidado tras doscientos años de historia.
El 15 de octubre de este año, una noticia de La Silla Vacía, sacudió la opinión pública. Denunciaba que en varias salas del Museo Nacional de Colombia se desmontaron, de la noche a la mañana, decenas de obras artísticas, documentos y objetos patrimoniales alusivos a víctimas de la violencia política, movimientos LGBTIQ+, luchas feministas y piezas referentes al Acuerdo de Paz pactado entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016. En las fotos públicas, se veían las paredes con los rastros de unos marcos vacíos —de un montaje museográfico también discreto— y las fichas de unas obras que ya no estaban.
Entre las ausencias estaban los afiches de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, ambos asesinados en 1990 en una serie de magnicidios de candidatos presidenciales en los que aparentemente estuvieron involucrados organismos de inteligencia, policiales y militares1. Actualmente, ambos casos continúan en investigación por las autoridades. Jaramillo era el candidato de la Unión Patriótica (UP), un partido de izquierda víctima de una campaña sistemática de asesinatos y desapariciones. Pizarro, antiguo comandante de la guerrilla del M-19, dejó las armas tras firmar la paz con el Estado y se convirtió en candidato presidencial por la recién creada Alianza Democrática M-19. También fue retirado el «Balígrafo», una pluma fabricada a partir de una bala y utilizada para firmar el Acuerdo de Paz en 2016.
