Bolivia: 50 días de espera
Sobre las protestas que detuvieron a Bolivia por más de un mes
Este ensayo fue escrito por Mercedes Bluske. Puedes leer más de la autora y sus publicaciones en la biografía que incluimos al final del texto.
50 días de bloqueos empujaron al Gobierno de Rodrigo Paz a declarar el estado de excepción. La medida marca un punto de inflexión en un conflicto que comenzó con demandas sociales, derivó en una disputa política y terminó alterando la vida cotidiana de millones de personas. Este relato es de aquellos días de espera.
Por 53 días en Bolivia el tiempo dejó de medirse en horas, para empezar a contarse en filas: las que había que hacer para llenar el tanque de combustible, las que recorrían varios mercados antes de encontrar leche o huevos, las que formaban los vehículos detenidos frente a un bloqueo con la esperanza de que alguien anunciara un cuarto intermedio.
La imagen más visible de la crisis fueron las carreteras cortadas. Coche tras coche; camión tras camión, todos en la espera de llegar a su destino o dando la vuelta, derrotados.
Por casi dos meses, el país se detuvo de lleno, asediado por tantos frentes, que es imposible atribuir la responsabilidad a una solo de ellos. En la espera, y en la incertidumbre, los bolivianos nos preguntamos: ¿cómo llegamos aquí?, ¿quién es el responsable?
No existe una sola respuesta.
Las filas fueron solo un síntoma de un conflicto mayor, que aún seguimos desentrañando.
Pero en ellas, en las filas y la espera, está la llave para entender a un país dinámico. En esos 53 días está la clave de Bolivia.
El punto de partida ha de ser la inflexión.
Tras casi 20 años de gobierno por el Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por el ahora expresidente Evo Morales, Bolivia votó por un cambio. En las elecciones del año pasado, el centrista Rodrigo Paz llegó a la presidencia con una agenda que prometía un rumbo nuevo y estabilidad para Bolivia. Pronto se enfrentaría a las muchas tensiones que habitaban en el país y al desafío de mantener el frágil equilibrio.
Entre sus primeros intentos por reformar al país, estuvo la Ley 1720 de Conversión de Tierras. Con ella, buscaba un cambio para los pequeños terratenientes bolivianos: aquellos que poseen tierra para su autosustento. Antes de su ratificación, Bolivia prohibía las hipotecas sobre pequeñas propiedades para proteger a terratenientes rurales. Ahora, con la nueva normativa, esos mismos pequeños propietarios podían transformar voluntariamente sus predios en medianas propiedades, y así acceder a créditos bancarios. La nueva Ley abría la puerta a la mercantilización de la tierra y a una mayor concentración de la propiedad agraria.
Pero el cambio, habría de revelar las muchas fracturas que quedan en Bolivia.
No todos la recibieron con entusiasmo.
Para organizaciones indígenas de los departamentos de Pando y Beni, la medida favorecía a los grandes empresarios agropecuarios y debilitaba la protección sobre la propiedad campesina. Así que decidieron actuar; decidieron marchar.
El ocho de abril, grupos en contra de la Ley partieron de Cobija, en el departamento de Pando, para recorrer los más de mil kilómetros que los separaban de la Sede de Gobierno, en La Paz.
Tras casi un mes de caminata, la marcha indígena llegó a La Paz el 4 de mayo para exigir la derogación de la norma. Ante el creciente descontento social, el Gobierno cedió nueve días después y la abrogó.
Pero para entonces, el conflicto había dejado de girar alrededor de una sola ley. Ahora la queja giraba sobre diferentes aspectos en torno a la nueva administración del país. Mientras grupos indígenas avanzaban hacia La Paz, otros sectores comenzaron a movilizarse por razones distintas: el deterioro económico, la escasez de combustibles y el creciente descontento con la gestión del presidente Paz.
Sumándose a las protestas indígenas, la Central Obrera Boliviana (COB) abrió un nuevo frente de conflicto. Exigía incremento salarial, medidas frente a la crisis económica, soluciones al desabastecimiento de combustibles, el cumplimiento de promesas electorales y el rechazo a varias reformas impulsadas por el Ejecutivo, como «ley anti bloqueos», que buscaba proteger la libre circulación en el territorio nacional. Como medida de presión para el cumplimiento de sus demandas, el 1 de mayo declaró un paro nacional indefinido.
Cinco días después se sumó la Federación Túpac Katari—una de las agrupaciones sindicales agrícola más grandes del país—, que anunció el bloqueo indefinido en las 20 provincias de La Paz. Si la COB aportó la articulación sindical nacional, la organización campesina aportó el control territorial que terminó cercando al departamento durante semanas.
No es todo.
El 11 de mayo ingresó un tercer actor: el magisterio urbano y rural. Los maestros reclamaban aumento salarial, mayor presupuesto para educación, la contratación de más personal permanente para reducir la sobrecarga laboral y mejoras en infraestructura escolar. A diferencia de otros sectores, su conflicto fue breve. Cinco días después aceptaron un acuerdo con el Gobierno que creó un bono anual y postergó la negociación salarial hasta octubre.
Aún con un actor menos, el conflicto apenas empezaba.
Con el magisterio fuera del conflicto, la COB radicalizó sus medidas.
Para entonces, Bolivia registraba 22 puntos de bloqueo carretero; 18 de ellos estaban concentrados en las cercanías de La Paz. La ciudad comenzó a vaciarse.
Lo primero en desaparecer fueron los alimentos de los mercados; de la mano, desaparecieron de las mesas. Lo poco que llegaba duplicaba o triplicaba su precio. El maple de huevos pasó de costar entre cuatro y cinco dólares a superar los diez, según el cambio oficial fijo que estuvo vigente en Bolivia hasta este 29 de junio. El kilo de queso prácticamente se triplicó. Lo mismo fue sucediendo con otros alimentos básicos, como el pollo.
Hablé con Mariana, una tarijeña que vive en La Paz, para entender el conflicto. Su historia resume mejor que cualquier estadística el aislamiento que comenzó a vivir la ciudad.
«Mi familia tenía que ir al aeropuerto de Tarija», recordó, «y buscar conocidos que viajaran a La Paz entre los pasajeros para mandarme una conservadora con alimentos, porque las filas para enviar encomiendas, que en su mayoría eran conservadoras, eran de más de dos cuadras».
El 23 de mayo el Gobierno intentó romper ese cerco con el Corredor Humanitario de las Banderas Blancas, un operativo que buscaba ingresar cisternas con combustible, alimentos y medicamentos hacia las ciudades de La Paz y El Alto. Fue eso, un intento. Los enfrentamientos entre policías y bloqueadores obligaron a suspender el operativo para evitar una escalada de la violencia.
En lugar de abrir las carreteras, el Gobierno buscó rutas alternativas.
Habilitó vuelos humanitarios para transportar alimentos a las zonas afectadas; la primera dama, María Elena Urquidi, impulsó la campaña «Una Bolivia, un Corazón», que reunió 16 toneladas de ayuda para distribuirlas entre familias vulnerables de La Paz y El Alto.
Pero el desabastecimiento ya no era un problema exclusivo de occidente.
En la ciudad de Sucre, más al centro del país, las góndolas de lácteos quedaron vacías. En otras zonas comenzó a escasear la carne, el aceite y los combustibles.
En Santa Cruz, al este del país, productores avícolas advertían que no recibían el alimento balanceado necesario para criar aves en granjas.
Los efectos del conflicto se extendían a las ciudades, pero también se agudizaban en las carreteras.
Miles de choferes permanecían atrapados desde hacía semanas entre un punto de bloqueo y otro; dormían dentro de sus camiones, cocinaban con lo poco que encontraban y esperaban en la ruta, ante el miedo de perder su carga.
Según la Cámara de Transporte Pesado de Oruro, tres conductores murieron durante los bloqueos.
Las víctimas no fueron únicamente transportistas.
En Sucre, la Asociación de Voluntarios Contra el Cáncer Infantil (AVCCI) denunció la muerte de una niña que no logró llegar desde la comunidad de Tambo Quemado para recibir atención médica.
El conflicto se había esparcido por toda Bolivia, desde los manifestantes en el occidente, hasta los que necesitaban atención médica en el centro y la falta de alimentos al poniente. El panorama era igual en todo el país.
Toda Bolivia, detenida.
La figura de Evo Morales no tardó en surgir en medio del conflicto. Morales gobernó el país del 2006 al 2019. Fue un periodo de cambios. El primer presidente indígena en un país donde el 38.7% de la población se percibe como indígena. Mismo que lideró una reducción de la pobreza, nacionalizó hidrocarburos y, en un intento de reelección por cuarta vez, desató protestas masivas que lo obligaron a dejar el país.
Volvió un año después, cuando su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), retomaba la presidencia bajo el mando de Luis Arce.
El idilio duró poco.
Pronto terminaría dividiendo el partido en dos: aquellos que apoyaban a Arce y aquellos de su lado; los leales al expresidente. Ya fuera de la silla presidencial, fue sujeto a investigaciones por estupro, trata y tráfico de personas. Ahora, existe una orden de aprehensión en su contra; misma que evita dentro de territorio nacional.
Desde su retorno al país, Morales se ha atrincherado en Lauca Eñe, en la región del Trópico de Cochabamba, uno de los bastiones que mantiene en el país, donde el apoyo de las bases dificulta todo intento de arresto.
Ahí, en la periferia nacional, trata de mantener su relevancia. En las elecciones presidenciales, sin competir, promovió el voto nulo contra los candidatos. Consiguió que un 19% de la población votara de esta forma.
Ahora, en las protestas, aparecía en un momento clave para posicionarse en el discurso nacional.
Durante una emisión de su programa en Radio Kawsachun Coca, Morales reivindicó el protagonismo de las organizaciones sociales que mantenían los bloqueos y aseguró que sus bases se harían respetar.
Para la politóloga Susana Bejarano Auad, Morales llegó cuando el conflicto ya estaba instalado.
«Evo Morales no ha sido autor de la movilización. Evo Morales se ha colgado de la movilización con intereses políticos propios».
Pero la semilla estaba puesta. El líder histórico de la izquierda se colocaba del lado de las protestas que, inexplicablemente, habían consumido a la nación. En conversación con Bejarano, la analista sostuvo que el Gobierno leyó la crisis únicamente como una operación política del evismo y dejó de ver un malestar más profundo.
«Es una movilización de tierras altas y de movimientos sociales que no habían votado por el voto nulo impulsado por Morales en las elecciones, sino por el propio presidente Paz, y que ahora se encuentran inconformes con su gestión».
Aunque Morales volvió a ocupar el centro del debate público, las organizaciones que iniciaron las protestas no salieron a las carreteras para exigir su retorno, sino para reclamar respuestas frente a una economía cada vez más deteriorada.
Morales era una narrativa cómoda, pero engañosa, para explicar un conflicto que atañía a tantos sectores que no podía atribuirse a una sola persona, sin importar su peso político.
Este era un conflicto nacional.
El 8 de junio, cuando la Administradora Boliviana de Carreteras registró el punto más alto del conflicto —93 bloqueos simultáneos en todo el país—, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley de Regulación de los Estados de Excepción.
La norma no levantaba los bloqueos ni declaraba automáticamente un estado de excepción. Lo que sí hacía era cambiar las reglas del juego.
A partir de ese momento, el Gobierno contaba con un marco legal para adoptar medidas extraordinarias y recurrir, si lo consideraba necesario, al apoyo de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden.
La discusión dejó de ser jurídica para convertirse en política. ¿Debía intervenir el Gobierno para desbloquear las carreteras o insistir en el diálogo?
Se gestaba lo que podría ser una crisis de violencia; un estallido con respuesta del Estado. Pero eso se quedó en hubiera.
Aún con el poder en la mano, el presidente Paz eligió lo segundo.
Mientras sectores empresariales, cívicos y parte de la oposición reclamaban la aplicación del estado de excepción, el Ejecutivo apostó por una estrategia más lenta: negociar con algunos sectores, aislar a otros y esperar que el desgaste terminara debilitando las protestas.
Mientras tanto, el humor social empezaba a cambiar. El rechazo por las movilizaciones dejó las redes sociales y llegó a las calles.
Cuando el dirigente de la COB, Octavio Urquizo, ofrecía una entrevista con la prensa, una mujer se acercó y le lanzó un tomate al rostro mientras le gritaba: «¡Traga esto!» y le recriminaba sobre los bloqueos.
La escena sintetizaba el desgaste de una protesta que empezaba a afectar a los ciudadanos. Pronto, también alcanzaría a las organizaciones movilizadas.
En el departamento de Chuquisaca, la Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios (Futpoch) decidió suspender los bloqueos. Otras organizaciones comenzaron a declarar cuartos intermedios o habilitar el paso temporal de vehículos para aliviar el desabastecimiento.
Las carreteras empezaban a abrirse, aunque lentamente.
El 17 de junio, la COB presentó un nuevo pliego petitorio para iniciar el diálogo con el Gobierno. Ya no se trataba únicamente de salarios o combustibles. Exigía la liberación de los detenidos durante las protestas, la paralización de la llamada ley antibloqueos y el cumplimiento de compromisos asumidos por el Ejecutivo durante la campaña electoral.
En el oriente, mientras tanto, la paciencia también se agotaba. El sector avícola advirtió que, si el Gobierno no actuaba para desbloquear las carreteras, ellos mismos iniciarían medidas de presión y amenazaron con «bloquear los cielos». La paradoja era perfecta: bloquear para exigir que terminaran los bloqueos.
Dos días después, tras largas horas de diálogo que mantuvieron expectante al país, el Gobierno y la COB llegaron a un acuerdo para iniciar el desbloqueo del país. Respecto a la liberación de los detenidos durante las protestas, el ministro de la presidencia, José Luis Lupo, descartó liberar a los que estuvieran vinculados con ataques armados y uso de explosivos durante el conflicto.
Aun así, el diálogo avanzó.
«Creemos que tiene que existir una reconciliación», afirmó Mario Argollo, líder de la COB, en un tono conciliador desconocido hasta entonces «hay un país que está esperando que haya humo blanco. Somos responsables con el país, hay que empezar a limar nuestras diferencias».
El conflicto acababa.
Como parte del acuerdo las partes implicadas establecieron un plazo de 90 días para trabajar en comisiones, para tratar las peticiones presentadas por la organización social en su último pliego petitorio.
La madrugada del 20 de junio el Gobierno declaró estado de excepción en el territorio nacional.
La medida autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía en el desbloqueo de carreteras, proteger la infraestructura crítica y asegurar el paso de alimentos, combustibles y medicamentos. Se daba mientras, a la vez, se negociaba con las partes activas de las tantas protestas.
El presidente advirtió que quienes mantuvieran los bloqueos o interrumpieran servicios esenciales serían procesados por la justicia.
«Llega un momento en que no actuar deja de ser prudencia y se convierte en irresponsabilidad. Ese momento ha llegado», dijo en un mensaje televisado, cuando aún permanecían 39 puntos de bloqueo en el país.
Ahora, entre negociaciones y diálogo, se ha restaurado la normalidad. Las carreteras se despejan y los ciudadanos esperan que en los próximos días, el tiempo se vuelva a medir en horas.
Quedan solo los recuerdos de este conflicto, aun si sus causas siguen latentes en la sociedad. Bolivia se detuvo, sus problemas más profundos continúan.
Mercedes Bluske Moscoso (Bolivia) es periodista de investigación y escritora; cofundadora del medio digital Verdad con Tinta. Ha publicado con la International Women’s Media Foundation, CONNECTAS y la BBC de Londres.