El acierto de Trump
La ‘alianza intolerable’ entre el gobierno mexicano y el crimen organizado
Donald Trump es probablemente el presidente estadounidense con la política exterior más hostil hacia México desde James K. Polk—quien lo supera nada menos que por lanzar una guerra de conquista y anexar gran parte del territorio nacional—. Basta con observar sus amagues arancelarios o enlistar las tantas ocasiones en que ha denostado al inmigrante mexicano como “criminal”. Aunque nada justifica su retórica violenta y su política errática hacia nuestra gente, ello no significa, sin embargo, que todas sus ideas (o las de sus asesores) sean dañinas para México a largo plazo. Existe un tema en el que Trump no está tan equivocado y el cual vale la pena tomarse en serio de nuestro lado del Río Bravo: el gobierno mexicano, en todos sus niveles, está infiltrado y asociado con el crimen organizado.
A pesar de nuestro bien fundado desdén hacia el déspota al norte, el público mexicano no debería rechazar con tanta premura este ángulo de su estrategia contra el narcotráfico. Si procuramos un futuro de mayor seguridad y estado de derecho, debemos abordar con frialdad los vínculos de corrupción del mundo empresarial y político ligados al crimen organizado, los cuales Trump ha puesto en la mira del Departamento de Justicia estadounidense (DOJ).
Aquí los hechos. El primero de febrero de este año, Trump acusó en una orden ejecutiva que el gobierno mexicano mantiene “una alianza intolerable” con los carteles, la cual debe “erradicarse de la relación bilateral”. La presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en catalogar las declaraciones de Trump como una “calumnia de la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales”. Cuatro días después, un memorando del DOJ declaró que la “eliminación total de los carteles requiere un cambio fundamental en mentalidad y enfoque”, lo cual incluye “remover impedimentos burocráticos” para la implementación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (“Foreign Corrupt Practices Act”). Además, indica que el DOJ “deberá priorizar las investigaciones relacionadas con actos de soborno que facilitan las operaciones criminales de los carteles y restar atención a los casos que no involucren dicha conexión”. Es decir, el documento no solo instruye priorizar las investigaciones con indicios de corrupción por parte de autoridades extranjeras, sino que apunta a que se retiren recursos de las investigaciones que no presenten dichas sospechas. Sheinbaum contestó al memorando repitiendo gran parte de su discurso de la semana anterior, en el cual rechaza “cualquier intención injerencista en nuestro territorio”, y enfatiza que “la soberanía no es negociable.”
Por mayor que sea nuestro menosprecio por la administración Trumpista, cualquier ciudadano informado estará de acuerdo con que la existencia de una “alianza intolerable” entre el crimen organizado y el gobierno mexicano –en todos los órdenes del pacto federal–es todo menos una “calumnia”. Hace apenas dos semanas, el propio Secretario de Seguridad del gobierno federal, Omar Harfuch, confirmó que la Fiscalía General de la República investiga presuntos nexos de alcaldes con el crimen organizado. Tan solo en el estado de Michoacán, la documentación de “#SedenaLeaks” reveló vínculos entre 29 alcaldes y la delincuencia organizada, incluyendo 18 vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, nueve con La Familia Michoacana, y dos con Cárteles Unidos, ninguno de los cuales ha sido investigado.
Y eso son solo los casos recientes. En la última década, al menos siete ex gobernadores han sido encarcelados por colusión con el crimen organizado, pertenecientes a distintos partidos políticos incluyendo el PRI, PAN y PRD, lo que demuestra que este problema trasciende ideologías y colores partidistas.
Así como nada de esto debe ser sorpresa para cualquier mexicano que no viva bajo una piedra desde hace veinte años, tampoco es novedoso para el gobierno estadounidense. El aparato de inteligencia norteamericano no subestima el panorama de corrupción narco-política en México, como queda patente con la sentencia a Génaro García Luna, el arresto y la pronta liberación de Salvador Cienfuegos, o los testimonios de soborno al gobierno federal por parte del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Eso sin contar que desde diciembre del 2024 existe un expediente de 192 páginas en la fiscalía federal de Nueva York que acusa al ex presidente López Obrador y dos gobernadores morenistas de recibir dinero de los carteles de Sinaloa, del Noreste y del Golfo. Mismos que hoy son clasificados como terroristas por el gobierno norteamericano. Una lectura sobria apunta a que estos casos son apenas la punta del iceberg, y que, de acuerdo con su nueva estrategia, nuestro vecino al norte lo sabe.
Lo diga Trump o nos percatemos de ello por nuestra historia, es inevitable que México tiene un problema de corrupción estrechamente ligado al narcotráfico. La gran pregunta es, ¿qué hacemos tras darnos cuenta de ello?
La buena noticia es que la infiltración del crimen organizado en los altos mandos del gobierno no es un fenómeno exclusivo de la experiencia mexicana. Japón lidió con el mismo problema en su lucha contra la Yakuza, Estados Unidos hizo lo propio con sus mafias en los años sesenta, Italia con las mafias en Sicilia, Calabria y Nápoles, y Colombia con los carteles de Medellín y Cali. La experiencia internacional demuestra que las organizaciones delictivas exitosas son aquellas que logran infiltrar el gobierno, por lo que frenar su expansión requiere, a su vez, poner un alto su capacidad de trabajar a través del Estado. En todos estos casos, la clase política debió caer en cuenta que la lucha no es una del Estado contra el crimen organizado, sino del Estado contra sí mismo.
Dicho de otra forma, ningún país que haya exitosamente contenido la expansión de grupos delictivos transnacionales lo ha hecho sin cierto grado de purga política.
En la experiencia japonesa, norteamericana, italiana y colombiana, ello se logró de la mano de fiscalías y magistrados independientes, capaces de barrer a diestra y siniestra. Tan solo en el 2023, Italia concluyó uno de sus múltiples “maxi-juicios”, en donde sentenció a más de 200 individuos ligados a la mafia calabresa—entre ellos decenas de políticos de gran calado, incluyendo un senador, jefes de la policía, y un alcalde—. México debería comenzar por desmantelar sus redes de corrupción política y empresarial, tal y como lo ha hecho Italia desde los años ochenta.
¿Pero cómo podría México replicar este modelo? Para empezar, necesitaríamos una verdadera autonomía del poder judicial, acompañada de una protección real para jueces, fiscales y testigos dispuestos a enfrentar al poder narco-político. El modelo italiano de la “Direzionale Nazionale Antimafia” podría servir como inspiración: una agencia especializada con amplia autonomía operativa y presupuestaria, dedicada exclusivamente a investigar los vínculos entre crimen organizado, empresarios y políticos, sin importar su nivel o afiliación partidista. Ciertamente Italia nunca alcanzó los niveles de violencia que se viven en México. Pero sí vivió, al igual que México, la captura del Estado por parte del crímen organizado
Hay modelos, lo que falta es la voluntad para seguirlos.
Lo más preocupante, y acerca de lo cual más me apena estar de acuerdo con Trump, es que México no parece capaz de llevar a cabo una purga política de la envergadura necesaria por su propia cuenta.
Consideremos, tan solo como ejercicio hipotético, que un número considerable de alcaldes, gobernadores, diputados y senadores de cualquier partido, sea Morena, PAN, PRI, MC o cualquier otro, mantuvieran nexos con el narcotráfico, por ejemplo a través del financiamiento de campañas políticas. ¿Por qué querría cualquier partido en el poder dotar a una fiscalía con la independencia y los dientes para investigar a sus correligionarios? ¿Si eres legislador y sabes que tú y tu partido tienen cola que les pisen, por qué legislar en tu propia contra?
Las innovaciones institucionales necesarias para combatir el crimen organizado tienen un costo político asociado muy alto. El expediente en contra de López Obrador debería bastar para ilustrar este punto. El partido hegemónico no tiene incentivos para dar rienda suelta a una fiscalía completamente desprovista de alianzas con el poder ejecutivo. Paradójicamente, un shock externo, como lo es la presión de Trump, puede sacudir el plácido status quo de las élites políticas. Ojalá fuesen suficientes las madres buscadoras, los gritos, las imágenes, los campos de exterminio, o las veladoras para impulsar las reformas necesarias. Pero tal vez lo que siempre ha hecho falta son aranceles.
Concluyendo, México no tiene la culpa de todos los malestares estadounidenses. la presidenta Sheinbaum hace bien en responder combativamente a las acusaciones de que la epidemia de opiáceos en Estados Unidos es responsabilidad principalmente mexicana, y en afirmar que las medidas arancelarias son tan solo una excusa que no tendrá ningún efecto sobre su consumo. También hace bien en recalcar que el ávido consumo de estupefacientes en Estados Unidos y el tráfico de armas hacia México son los combustibles principales a la violencia en nuestro país. Pero la realidad política y social pocas veces se acomoda al maniqueísmo del héroe y el villano, sobre todo cuando tratándose de una relación bilateral con tantas dimensiones: no porque muchas (o la mayoría) de las políticas de Trump hacia México sean erráticas significa que todas lo sean.
Aunque sea por razones instrumentales, Trump no se equivoca en señalar que combatir la corrupción política de alto nivel es una parte crítica y necesaria para contener la expansión e influencia del crimen organizado. Desafortunadamente, tampoco parece equivocarse en que la clase política y empresarial mexicana no está dispuesta a confrontar los costos de una estrategia antimafia, por temor a la tierra que levante. La línea de defensa de la presidenta podrá ser el mantra de la soberanía, pero escudarse bajo el lema del “no injerencismo” no debe servir para blindar a nuestros gobernantes de investigaciones anticorrupción, ni debe impedir la creación de una fiscalía independiente para perseguir los nexos de la clase política y empresarial con la delincuencia.
Si Estados Unidos continúa con la estrategia delineada por el DOJ, México tendrá que dar respuestas. En el escenario ideal, lograríamos construir nuestro propio modelo de combate a la corrupción política asociado al crímen organizado, inspirado en los “maxi juicios” italianos pero adaptado a nuestra realidad.. Si bien el pronóstico actual no es alentador, particularmente tras una reforma judicial que ha debilitado la independencia de los jueces, los ciudadanos no debemos renunciar a exigir instituciones fuertes e independientes. La presión externa, aunque incómoda, puede convertirse en una oportunidad para impulsar cambios internos que de otra forma no ocurrirían.
El combate efectivo al crimen organizado en México requiere que como sociedad reconozcamos que la primera batalla es contra la corrupción política y empresarial que lo sostiene. Si realmente queremos un país más seguro y justo, debemos reconocer que, en este punto particular, incluso un adversario como Trump puede tener razón en su diagnóstico, aunque discrepemos profundamente de sus métodos y motivaciones. . La tarea está en abordar esta necesidad por nuestra propia cuenta, sin la interferencia del DOJ.
La soberanía nacional no se defiende protegiendo a políticos corruptos, sino construyendo instituciones capaces de combatir la criminalidad en todos los niveles, especialmente en los más altos círculos de poder. Esa es la verdadera independencia que México necesita conquistar. Para librar una lucha real contra el crimen organizado, lo primero que tiene que hacer el gobierno es desparasitarse. Ojalá el dolor de las víctimas fuese suficiente para impulsar estas reformas; ojalá pudiésemos hacerlo solos.
Este texto fue escrito por Alejandro Roemer González para Perpetuo.