Los anteojos es nuestra newsletter de coyuntura. Cada semana, comisionamos dos crónicas de temas que todo mundo habla pero nadie te explica. Para recibirla en tu correo:
Esta semana:
Amanda Romano desglosa los reclamos ante la construcción del Cablebús en Puebla.
Franco Occhipinti explica por qué Argentina está en una «posición casi inmejorable» en su exigencia de recuperar las Malvinas.
La disputa por el espacio es natural de quienes lo habitan. Claude Raffestin plasmó una importante distinción: el territorio y el espacio no son sinónimos. El espacio es un hecho, está y punto; el territorio solo existe en tanto haya actores políticos que luchen por su delimitación. Esa pugna por la territorialidad del espacio es el eje del par de anteojos de esta semana.
Desde Puebla, Amanda Romano expone la opacidad en el megaproyecto del actual gobierno estatal: un Cablebús. La publicación de los estudios de impacto ambiental sigue pendiente y los costos millonarios se acumulan mientras la ciudadanía cuestiona la necesidad de mirar a los cielos cuando el transporte terrestre sigue siendo deficiente.
Desde Buenos Aires, Franco Occhipinti desglosa las razones por las que Argentina está en un punto único en su batalla diplomática por recuperar las Islas Malvinas (hoy, bajo control británico). Con un Reino Unido que se muestra combativo ante Estados Unidos e Israel, Donald Trump podría cobrarle caro a la Corona.
El territorio se construye, y no a partir de la voz de solo uno.
A mirar con Los anteojos.
Como en el cielo, no en la tierra
La imposición del Cablebús en Puebla
Doña Marta y yo estamos sentadas en el Parque Juárez, en el centro de la ciudad de Puebla. Ella tiene sesenta y siete años y las manos marcadas por el polvo de la tierra de la periferia norte. Noto en su ceño frustración, quizás producto de los noventa minutos que ha hecho —como cada día, durante décadas— desde su casa hasta el trabajo.
Cada mañana, a las cinco y media, doña Marta se levanta entre el frío rasposo, el rugido de las unidades de transporte y el esmog que estas expelen. Para ella, la política no se mide en votos, partidos, ni promesas de campaña; se mide en el dolor de espalda que incrementa tras horas en el transporte y en las reuniones familiares a las que no llegó a tiempo —o a las que de plano no llegó— por estar atorada en una «combi» (minibús de transporte público masivo).
Puebla, ciudad custodiada por volcanes, no es una provincia menor. A dos horas al oriente de la Ciudad de México, es la cuarta zona metropolitana más poblada del país, con 1.8 millones de habitantes. Se le conoce por su gastronomía e historia. También se ha convertido en un centro industrial y automotriz —albergando plantas de fabricación internacional como Volkswagen y Audi—. Y a pesar de ostentarse como una de las urbes principales de México, Puebla sigue careciendo de algo básico: transporte de calidad.
El trayecto habitual de doña Marta cambió hace unas semanas, interrumpido por máquinas de trascabo, árboles enlistonados y cercados que fueron catalogados para su remoción. La mujer les preguntó a los trabajadores de la repentina obra en el parque qué estaba pasando. Nadie le dio razón alguna. Se acercó entonces a los vecinos, a los estudiantes y a los comerciantes locales, que vieron cómo su espacio cotidiano, de la noche a la mañana, había sido rodeado por cercas. Todos tenían la misma incertidumbre. Yo le quité la duda.
«Todo esto es porque van a construir una estación del nuevo Cablebús», expliqué. Así el primer impacto de la megapropuesta estelar del gobierno en turno para la zona metropolitana.
En Puebla, las decisiones sobre el espacio público no se consultan, no se conversan; simplemente se enlistonan cual árboles marcados para su retiro. Ni para doña Marta ni para mí este tipo de acciones son algo nuevo, más bien síntoma de una patología política que hemos padecido por años: el síntoma de un Estado huérfano. No podemos entender la oposición a un sistema de transporte aéreo sin analizar algo más allá de la movilidad: el remolino institucional del Estado. Puebla cuenta con una cifra que cualquiera entendería como símbolo de algo grave: hemos tenido nueve gobernadores en tan solo diez años.
Desde la salida en 2017 de Rafael Moreno Valle —el último gobernador en concluir un sexenio— el estado de Puebla ha quedado atrapado en medio de luchas entre facciones políticas, muertes trágicas, relevos intempestivos, mandatos truncados, hasta denuncias de magnicidio. La volatilidad institucional ha generado una ingobernabilidad que lesiona no solo la certeza administrativa, sino la posibilidad de consolidar un proyecto que cualquier metrópoli de la densidad poblana requiere: un plan de gobierno fijo, transexenal y articulado con la ciudadanía.
