El dolor de volver a empezar
Sobre las víctimas de Fujimori ahora que su hija será presidenta
Este ensayo fue escrito por Hernán P. Floríndez. Puedes leer más del autor y sus publicaciones en la biografía que incluimos al final del texto.
Durante más de tres décadas en el Perú, los familiares de las víctimas de Cantuta han dedicado sus vidas a denunciar los crímenes cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori y a sostener la memoria de sus familiares asesinados. Ahora, la victoria electoral de Keiko Fujimori—hija del exdictador— trae la sensación de un retorno al inicio. ¿Qué sucede cuando un país te obliga a reiniciar un duelo que creías estar terminando?
Después de la noticia, el padre de Bertila Lozano no aguantó más.
Cuando Augusto Lozano descubrió en 2023, luego de 30 años, que unos centímetros de hueso correspondían al maxilar superior derecho de su hija desaparecida, su cuerpo comenzó a apagarse. «Y de ahí nomás, al mes, él falleció», relata la señora Juana Torres, esposa de Lozano y madre de Bertila; tratando de cerrar dos despedidas al mismo tiempo. «Después, hicieron más excavaciones. Encontraron nuevamente un pedazo de los huesos de Bertila, estaba parte de su frente. Y me fui a Lima, pero decidí traerme esa partecita de mi hija para acá, enterrarla acá en su pueblo».
Parecen hallazgos mínimos. A veces es encontrar un poco de frente, unos restos de maxilar, un fragmento de codo. Pero en esa mínima parte, está la posibilidad de cierre; de por fin, dar la sepultura ansiada. De que sus familiares vuelvan a tener un lugar en el mundo. De intentar juntar, después de cientos de marchas, juicios, denuncias, memoriales y testimonios, a hijos y padres en una misma oración.
Bertila Lozano fue uno de los nueve estudiantes—junto al profesor Hugo Muñoz—secuestrados y desaparecidos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, mejor conocida como La Cantuta, en 1992.
El crimen sucedió durante los momentos más violentos de la historia peruana reciente: desde los años ochenta, Sendero Luminoso, una organización terrorista de inspiración maoísta, declaró una guerra contra el Estado a través de asesinatos, atentados y masacres, dejando a miles de víctimas. Como respuesta, sectores de las Fuerzas Armadas peruanas recurrieron también a las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzadas.
Solo tres meses antes del secuestro de los estudiantes, Alberto Fujimori cerró el Congreso en un autogolpe de Estado de la mano de los militares, e intervino el Poder Judicial y el Ministerio Público con la excusa de derrotar al terrorismo. En ese contexto, actuó el Grupo Colina, un destacamento militar encubierto.
Fue ese grupo—que buscando represalias tras un atentado senderista en Lima que le quitó la vida a 25 personas y dejó más de 200 heridos—el responsable de entrar a la ciudad universitaria, secuestrar a los estudiantes, trasladarlos hasta las afueras de la capital, dispararles, envolver sus cuerpos en cajas de cartón, prenderles fuego, e intentar ocultar los restos entre la arena de un cerro descampado.
En 2009, este caso fue crucial para condenar a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad contra Alberto Fujimori, probando que el Grupo Colina estuvo bajo su dominio. Tanto la Comisión de la Verdad y Reconciliación, como las investigaciones judiciales, establecieron además que eran estudiantes universitarios sin relación alguna con Sendero Luminoso.
Desde hace 33 años, los familiares de las víctimas de La Cantuta buscan los cuerpos de sus desaparecidos y luchan por juzgar a los responsables. Consiguieron lo que parecía imposible: decenas de condenas, incluyendo sentencias históricas contra el mismo Fujimori y otros implicados, como el exgeneral Nicolás Hermoza Ríos, el exasesor Vladimiro Montesinos y el jefe de operaciones Santiago Martín Rivas. También lograron la recuperación e identificación de cinco de los estudiantes desaparecidos y el profesor Hugo Muñoz Sánchez. Su presencia y activismo marcaron en diferentes generaciones el recuerdo vivo de las atrocidades cometidas por la dictadura. Bajo el lema de «Nunca más» fueron símbolo de oposición al retorno de aquel periodo de la historia.
Parecía suficiente.
Carmen Amaro es hermana de Armando, otro de los estudiantes desaparecidos en La Cantuta. De él, solo se recuperaron unos trozos de codo y unas llaves calcinadas. Amaro ha sido de las principales organizadoras de las familias. Por años ha coordinado la logística, los actos memoriales, la presencia en medios, los gastos, las acciones judiciales e incluso el soporte emocional de los familiares. A sus 19 años hizo de la lucha por la memoria su prioridad de vida. Un camino trascendente, pero austero y desgastante como pocos.
«Cuando decidí involucrarme sabía qué significaba, cuál era mi prioridad, mi compromiso con mi hermano» dice Amaro. «Lo hice como demostración de amor, una apuesta de una vida. Quizá si yo no lo hubiera hecho, yo podría tener una familia, tuviera un trabajo estable, no lo sé. Pero no me arrepiento».
La presencia pública de las familias en juicios y en búsqueda de sus hijos, parecía haber fijado un límite moral innegociable al país. Pero no siempre la verdad histórica es la memoria de sus ciudadanos.
A mediados de junio, con el conteo de las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori, hija del exmandatario y candidata por cuarta vez, resultó electa como la nueva presidenta del Perú.
«Yo decidí entregar todos estos años y ahora siento que es retornar al inicio» admite Amaro. «Solo que dejé de tener 19, ahora tengo 53 años. Ya no tengo las mismas energías. Ahora yo veo por mi madre, yo siento el riesgo, yo me pregunto ahora qué les va a pasar».
Cuando Amaro vio las noticias sobre la inminente victoria fujimorista, no estaba sola. A miles de kilómetros de Lima, compartía una habitación en Colombia con Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, otro de los estudiantes desaparecidos en La Cantuta. Ambas fueron invitadas por organizaciones de derechos humanos para compartir la experiencia peruana de búsqueda de justicia y memoria. Entre otras cosas, contaban cómo, después de 34 años, las familias habían iniciado plantones semanales ininterrumpidos frente al Palacio de Justicia de Lima para impedir que casos emblemáticos fueran archivados.
Los resultados que llegaban desde Perú cambiaron la conversación. Algo se había roto.
«Sentí la rabia de darme cuenta o de pensar que fueron 34 años de mi vida que no sirvieron para nada», recuerda Ortiz. «Eso es lo peor, porque al final de cuentas, más de la mitad de mi vida me he dedicado a defender la memoria de mis hermanos. Por justicia, por verdad; como una importancia no solo para mí o mi familia, sino que sea importante para el país, para que no se vuelva a repetir».
La impunidad, en realidad, no comenzó con el conteo de votos. Fue ganando terreno día a día. Primero, en 2023 cuando un tribunal de justicia promovido por el mismo fujimorismo—y en contra del derecho internacional— otorgó la liberación inmediata e indultó a Alberto Fujimori. Después, en 2024, cuando el congreso peruano aprobó la Ley 3210 que prohíbe juzgar como delitos de lesa humanidad a los crímenes cometidos antes de 2002, beneficiando directamente a integrantes del Grupo Colina. Luego, en 2025, con la Ley 32301 que prohíbe la representación legal de ONGs en juicios contra el estado, dejando a las familias sin abogados en sus casos. Y finalmente, con una reforma del Código Penal para que cualquier abuso o violación a los derechos humanos cometidos por policías y militares en funciones, sean procesados solo por sus pares en una justicia militar/policial paralela.
La victoria electoral de Keiko Fujimori fue la constatación de que la historia puede ser pendular. La ilusión de terminar un duelo, para tener que repetirlo.
«Yo creo que este 18 julio va a ser duro» dice Carmen, recordando el aniversario de La Cantuta. «Y es como que uno siempre va al cementerio y toca una rendición de cuentas. Una tiene que decirle… lo siento… mira, este año, no sé. ¿Qué les vamos a decir ahora? ¿Cómo les vamos a mirar? Si siento que hemos fallado, que quizás no estuvimos a la altura. Es como una revisión. ¿Qué hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? Es inevitable, y yo la verdad pienso en mi madre, pienso en mi hermano. Es como si una vez más lo estuvieran asesinando», dice Carmen, quien al mismo tiempo asegura que no piensan dejar de hacer lo que siempre han hecho «siempre apostaremos por la justicia, la memoria y la verdad, no hemos abandonado nunca, por más que controlen el país».
Quizá por eso Gisela Ortiz insiste: «hay una verdad jurídica, pero no hay una verdad ciudadana. A la gente no le importa si fue delincuente o no, si sufriste o no. Eso es doloroso».
Si bien los familiares probaron en un juicio histórico que Alberto Fujimori fue protector y responsable de los grupos paramilitares en su gobierno; tres décadas después, 9 millones 222 mil 375 peruanos eligieron el mismo apellido para la presidencia. El mismo movimiento contra el que estas familias habían dedicado su vida.
«No podemos minimizar el riesgo» confiesa Gisela Ortiz. «Sería lo peor que podríamos hacer. Si decidimos quedarnos, no podemos pensar que no va a pasar nada, que no nos van a detener o que no nos vayan a desaparecer. Si te quedas, tienes que quedarte a vivir con la alerta. De quién está cerca cuando abres tu puerta, quién camina cerca a ti (...) Hay que pensar con quiénes contamos, quién va a salir a dar la cara por ti. Digo, si te matan, ¿quién va a asistir a tu familia? Yo no tengo pensión, o sea, mi hijo va a ser un huérfano y va a vivir… ¿De qué? ¿De qué? Es duro, pero hay que pensarlo para evaluar qué hacer», confiesa Gisela Ortiz.
La hermana de Luis Enrique Ortiz Perea ya no tiene 20 años. La joven responsable de testimoniar contra una dictadura ahora tiene 54 años, un hijo por el que velar y una madre a quien cuidar. El tiempo le acumuló responsabilidades, pero nunca le quitó la primera.
Parece que el tiempo avanza para y contra todo, menos para el duelo o la espera. Raida Cóndor, madre de Carmen Amaro, aún no puede dormir hasta que su hija regrese a casa. No importa la hora. Si llega muy tarde o muy temprano, si debe esperar hoy o hace treinta años.
«Siempre que salgo, trato de no demorarme», dice Amaro, «porque mi madre me espera en el balcón. Hasta ahora, no se puede dormir hasta que yo llegue».
«Emocionalmente no sé si voy a poder aguantar un fujimorismo en el gobierno», suspira Gisela. «Porque los tienes que ver, los tienes que escuchar y además los tienes que evidenciar. Todo lo que vayan a hacer, cada atropello, cada pisoteo de derechos y a la gente, tenemos que estar ahí. Yo no sé si voy a poder aguantar, quizá, si supiera que esto acaba en un mes, me encierro. No salgo, no importa, pero son cinco años… o más, quizá sean más».
Volver a esperar.
Hernán P. Floríndez (Lima, Perú) es periodista especializado en corrupción política, crimen organizado y derechos humanos. Es reportero de la Unidad de Investigación de Latina Noticias y ha escrito para Hildebrandt en sus Trece, La República e IDL-Reporteros.