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En un patio rentado, en un país lejano y frío, Reynaldo aprovecha el poco tiempo libre que le queda para cultivar esa tierra extraña. «Donde sea que vayamos, nosotros vamos a producir», me dice. Es la segunda vez que lo veo lejos de su comunidad —Guapinol, en Tocoa, al norte de Honduras—; la primera vivía de la generosidad de un amigo en un pueblo a cuatro a cuatro horas de allí. Esta es su segunda huida.
Reynaldo huye desde hace años de un conflicto minero que primero atacó a su organización ambientalista en redes sociales y después escaló hasta el asesinato de dos de sus hermanos y varios compañeros. Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden la tierra y el medioambiente: según la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), en la última década se registraron 113 asesinatos de defensores ambientales y nueve de cada diez casos siguen impunes. La mayoría se concentra en los departamentos norteños de Colón, Yoro y Atlántida, marcados por disputas por la tierra y los recursos naturales.
A miles de kilómetros de Colón hay ahora una hortaliza, un gallinero, un frijolar y cuarenta y tres personas de una sola familia que no deberían estar acá, sino allá, donde Reynaldo nació y donde quiere ser enterrado.
«Estos países se prestan para individualizar a las personas, pero yo digo que si nos mantenemos unidos todo va a salir bien», dice mientras me muestra donde ya cosechó tomates y chiles. Tiene sesenta y un años, vive con diabetes y trabaja en lo que salga. Su esposa, sus hijas y sus hijos cuidan bebés, limpian casas o levantan cercos para grandes empresas. Salieron como refugiados con apoyo de una agencia internacional y de parientes que habían migrado décadas atrás; hoy se esconden, porque ya nadie se siente seguro ni en tierra ajena.
Cuando mataron a sus hermanos —a Aly Domínguez en enero de 2023 y a Óscar Oquelí Domínguez en junio del mismo año, este último frente a su familia—, la sentencia ya estaba escrita: el siguiente era Reynaldo. Tras ocho años defendiendo el río Guapinol, lo intuía: lo decían las redes sociales y lo confirmaba la impunidad con que operaba la empresa minera, la impunidad con la que quedan los asesinatos de ambientalistas en Honduras. Entonces, cargó con su esposa, sus hijos y sus nietos y se mudó a otra ciudad de Honduras, a una casa donde apenas cabían, añorando el río y los cultivos que dejó atrás. Meses después dejaron el país.
Ana Mabel, su esposa, siente que todo esto es una repetición. De joven vio a su padre, don Isaías de la O, luchar junto a Carlos Escaleras, uno de los primeros ambientalistas de la zona y considerado el primer mártir del Aguán, asesinado en 1997 en el conflicto por una planta de aceite de palma del empresario Miguel Facussé, cerca del río Guapinol. El parque que defendieron hoy lleva el nombre de Escaleras.
«Carlitos le dijo a mi papá: “vos ándate, que a vos te van a encontrar primero; yo me puedo esconder más fácil”. Mi papá se fue, y cuando iba por Guatemala mataron a Carlos», recuerda Mabel y se le ahoga la voz.
Décadas después, el megaproyecto minero Los Pinares —de Ana Facussé, hija del empresario Miguel Facussé (QDDG) y su esposo, el empresario de la construcción Lenir Pérez— se instaló justo en la zona que Escaleras y don Isaías habían defendido. El sufrimiento volvió. «Mi papá motivaba a los jóvenes en las protestas. Hasta lo gasearon [reprimieron con gas lacrimógeno] y tuvo que ir la ambulancia; por eso quedó mal de los pulmones», cuenta Mabel. En abril de 2025, cuando la familia llevaba meses fuera del país, don Isaías murió. «No pude verlo, solo por teléfono. La ausencia de nosotros lo entristeció mucho».
Reynaldo cuenta que Juan López, ambientalista asesinado en septiembre de 2024 y su compañero más cercano, le dijo casi las mismas palabras que Escaleras le había dicho a su suegro: «usted váyase, que van a venir por usted».
Reynaldo se fue; Juan se quedó y lo mataron.





