Este texto es parte de Los anteojos, nuestra newsletter de coyuntura. Cada semana, comisionamos dos crónicas de temas que todo mundo habla pero nadie te explica. Para recibirla en tu correo:
En un patio rentado, en un país lejano y frío, Reynaldo aprovecha el poco tiempo libre que le queda para cultivar esa tierra extraña. «Donde sea que vayamos, nosotros vamos a producir», me dice. Es la segunda vez que lo veo lejos de su comunidad —Guapinol, en Tocoa, al norte de Honduras—; la primera vivía de la generosidad de un amigo en un pueblo a cuatro a cuatro horas de allí. Esta es su segunda huida.
Reynaldo huye desde hace años de un conflicto minero que primero atacó a su organización ambientalista en redes sociales y después escaló hasta el asesinato de dos de sus hermanos y varios compañeros. Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden la tierra y el medioambiente: según la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), en la última década se registraron 113 asesinatos de defensores ambientales, y nueve de cada diez casos siguen impunes. La mayoría se concentra en los departamentos norteños de Colón, Yoro y Atlántida, marcados por disputas por la tierra y los recursos naturales.
A miles de kilómetros de Colón hay ahora una hortaliza, un gallinero, un frijolar y 43 personas de una sola familia que no deberían estar acá, sino allá, donde Reynaldo nació y donde quiere ser enterrado.
«Estos países se prestan para individualizar a las personas, pero yo digo que si nos mantenemos unidos todo va a salir bien», dice mientras me muestra donde ya cosechó tomates y chiles. Tiene 61 años, vive con diabetes y trabaja en lo que salga. Su esposa, sus hijas y sus hijos cuidan bebés, limpian casas o levantan cercos para grandes empresas. Salieron como refugiados con apoyo de una agencia internacional y de parientes que habían migrado décadas atrás; hoy se esconden, porque ya nadie se siente seguro ni en tierra ajena.
Cuando mataron a sus hermanos —a Aly Domínguez en enero de 2023 y a Óscar Oquelí Domínguez en junio del mismo año, este último frente a su familia—, la sentencia ya estaba escrita: el siguiente era Reynaldo. Tras ocho años defendiendo el río Guapinol, lo intuía: lo decían las redes sociales y lo confirmaba la impunidad con que operaba la empresa minera, la impunidad con la que quedan los asesinatos de ambientalistas en Honduras. Entonces, cargó con su esposa, sus hijos y sus nietos y se mudó a otra ciudad de Honduras, a una casa donde apenas cabían, añorando el río y los cultivos que dejó atrás. Meses después dejaron el país.
Ana Mabel, su esposa, siente que todo esto es una repetición. De joven vio a su padre, don Isaías de la O, luchar junto a Carlos Escaleras, uno de los primeros ambientalistas de la zona y considerado el primer mártir del Aguán, asesinado en 1997 en el conflicto por una planta de aceite de palma del empresario Miguel Facussé, cerca del río Guapinol. El parque que defendieron hoy lleva el nombre de Escaleras.
«Carlitos le dijo a mi papá: “vos ándate, que a vos te van a encontrar primero; yo me puedo esconder más fácil”. Mi papá se fue, y cuando iba por Guatemala mataron a Carlos», recuerda Mabel, y se le ahoga la voz.
Décadas después, el megaproyecto minero Los Pinares —de Ana Facussé, hija del empresario Miguel Facussé (QDDG), y su esposo, el empresario de la construcción Lenir Pérez— se instaló justo en la zona que Escaleras y don Isaías habían defendido. El sufrimiento volvió. «Mi papá motivaba a los jóvenes en las protestas. Hasta lo gasearon (reprimieron con gas lacrimógeno) y tuvo que ir la ambulancia; por eso quedó mal de los pulmones», cuenta Mabel. En abril de 2025, cuando la familia llevaba meses fuera del país, don Isaías murió. «No pude verlo, solo por teléfono. La ausencia de nosotros lo entristeció mucho».
Reynaldo cuenta que Juan López, ambientalista asesinado en septiembre de 2024 y su compañero más cercano, le dijo casi las mismas palabras que Escaleras le había dicho a su suegro: «usted váyase, que van a venir por usted». Reynaldo se fue; Juan se quedó y lo mataron.
De la difamación a la muerte
El megaproyecto de Inversiones Los Pinares afectó la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras y los ríos Guapinol, San Pedro y La Ceibita, que abastecen de agua a decenas de comunidades en las montañas cercanas al Caribe hondureño. Frente a la mina, esas comunidades se agruparon en el Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, liderado por Juan López y Reynaldo. Hoy ninguno encabeza ya la lucha, y quienes quedaron calculan unas 400 personas desplazadas por el conflicto. La más golpeada es Guapinol.
La violencia digital antecedió a la letal. El mismo día en que Oquelí fue asesinado, en junio de 2023, se activó en cuestión de horas una red coordinada de cuentas en X que negaban su condición de defensor y lo criminalizaban. Según investigadores independientes en riesgos digitales y las verificaciones de Contracorriente, esas cuentas —creadas casi todas semanas antes, con escasa actividad orgánica— dedicaban la mayor parte de sus mensajes a promover empresas de Lenir Pérez, como el Aeropuerto Palmerola y Alutech, ambas del conglomerado EMCO Holding, registrado en Delaware, Estados Unidos. También lo defendieron cuando se supo que el FBI lo había interrogado.
La red se conectaba con el portal Hondunews, cuyo propietario, Daniel Villeda, es además jefe de redacción de La Tribuna, uno de los diarios más antiguos del país. Villeda admitió a Contracorriente que redactó las notas que tildaban a los defensores de «falsos ambientalistas» y que Hondunews mantuvo contratos de publicidad con empresas de EMCO entre 2019 y 2023, en los que también publicaba boletines enviados por esas empresas. «Por la línea económica de cualquier medio aquí en Honduras, por fuerza se tenían que publicar», dijo. El patrón —difamación digital que precede a la violencia— no es exclusivo de Honduras: una alianza regional coordinada por el CLIP documentó en seis países 789 publicaciones de ataque y el hostigamiento a 77 personas, comunidades y organizaciones.
La esperanza que no llegó
Los asesinatos de Aly y Oquelí ocurrieron en 2023, apenas un año después de que el gobierno de izquierda de Xiomara Castro (Partido Libre) asumiera el poder, tras ocho años del conservador Partido Nacional de Juan Orlando Hernández —después condenado por narcotráfico en Estados Unidos e indultado por Donald Trump en diciembre de 2025—. Para Reynaldo el dato pesa: él trabajó para que Libre llegara al poder y creyó en la promesa de una Honduras distinta.
Pero la ironía es profunda y hasta grosera. Aly, criminalizado junto a Reynaldo y Juan López en 2019, había sido activista del Partido Nacional y coordinador local de «Vida Mejor», el programa social estrella de Hernández, señalado por opacidad y manejo irregular de fondos públicos. «Yo le decía: “tu presidente te tiene preso”», recuerda Reynaldo. Un año después de que ese gobierno cediera el poder, Aly fue asesinado junto a otro compañero, Jairo Bonilla.
«Esas cosas nos pierden en este caminar de las luchas: ¿por qué no ocurrió esto cuando estaba Juan Orlando? ¿Cómo pasó en el gobierno de Xiomara, al que le pusimos toda la esperanza?», dice Reynaldo. Aun así reconoce un logro: en mayo de 2024, el decreto 18-2024 recuperó y protegió la zona núcleo del parque, prohibiendo la minería en el área que Los Pinares pretendía explotar. «Falta que lo implementen», advierte. El decreto desató otra campaña de difamación, esta vez desde el portal Noticias de Colón, que acusaba al Comité de provocar el «desplazamiento forzoso de 50 mil personas»; el rumor llegó a las comunidades más aisladas y derivó en amenazas.
Cuando mataron a Oquelí, Reynaldo estaba en Estados Unidos, en una gira de incidencia. Allí opera Nucor Corporation, el gigante del acero con el que Los Pinares mantuvo transacciones hasta 2023. Y de allí llegó también la señal que hoy más inquieta a los defensores: el respaldo de Trump al nacionalista Nasry «Tito» Asfura en las elecciones de noviembre de 2025 que hace temer que la mina, frenada en los últimos años, vuelva a activarse.
La hora de Guapinol
Pese a todo, Reynaldo sostiene la esperanza: «Tengo fe en que volveremos con la frente en alto, en defensa de una causa que es de todos. La minería no es solución; hay otras maneras de desarrollar el municipio. Si nos fallan las autoridades, será una tragedia más».
Reynaldo y Mabel casi no salen de casa, salvo cuando hay trabajo. Un día vamos a un almacén y, a los pocos minutos, una mujer se les acerca casi llorando: fue su vecina en Guapinol y migró hace cuatro años. En este país, los reencuentros ocurren por casualidad, en el pasillo de una tienda.
La familia se ha dispersado, pero 26 de sus miembros lograron quedarse cerca, en dos casas de vecindarios contiguos. Esta noche se juntaron. Es domingo y son las diez aquí, pero son las ocho en Guapinol: Reynaldo y sus hermanos sobrevivientes siguen marcando, por dentro, la hora del pueblo. Una decena de niños corre entre los adultos que tomamos café con pan. Reynaldo no para de contar anécdotas; habla de Juan, de sus hermanos. «Decía Juan: “si la vida hay que defenderla con la vida, adelante”. Juan ya hizo esa prueba», dice.
En Guapinol, Reynaldo fue presidente de la junta de agua; Aly, de la junta de padres de familia; Oquelí, vocal del patronato. Eran el pilar de una familia numerosa que vivía de lo que cultivaba. Hoy dependen del trabajo del día. «No podemos regresar, porque volveríamos a la misma lucha y nos estarían esperando. No somos enemigos del desarrollo, pero sí de la forma en que quieren explotar todo aquí. Vivir sin agua algún día sería más terrible», dice.
Mabel extraña todo: los hermanos de la iglesia, las madrugadas en que ordeñaba la vaca y bajaba al río, andar libre en su Honduras. «Aquí no nos sentimos libres», me dice encerrada en una habitación de la casa que rentan. Recuerda por qué lucharon: el agua del río llegaba sucia, no podían lavar los uniformes de los hijos; y cómo, después, el agua volvió a correr clara. La esperanza la tienen colgada en unos cuadros: collages de Juan, Carlos Escaleras y los hermanos Domínguez fundidos en una imagen del río Guapinol. Con eso invocan justicia, y el deseo de volver. «Yo quiero ser enterrado en mi tierra natal —dice Reynaldo—, no acá».
Entonces Mabel sonríe entre lágrimas. Se levanta y vuelve con un trozo de tortilla y un pedazo de cuajada que nos ofrece, como si estuviéramos en su casa de Guapinol. «Esta cuajada la hago aquí, pero es con leche de bote», dice, y se ríe.
Jennifer Avila es periodista, cofundadora y directora de Contracorriente en Honduras. Ganadora del Premio a la Excelencia de la Fundación Gabo y del LASA Media Award. Becaria de Columbia University, Fundación Gabo, Finance Uncovered y Big Tech Investigation Lab. Fellow de Tallberg Foundation, Ford Foundation (2024) y del Central American Leadership Initiative (CALI) 2025.
Este Anteojo incluyó información de Fernando Alexander Silva. Fernando es un periodista de investigación que ha liderado coberturas sobre corrupción, derechos humanos, estructuras de poder, extractivismo y medio ambiente. Es parte del equipo que ganó el Ortega y Gasset 2019 por «Transnacionales de la Fe». Es becario en la International Women’s Media Foundation, GIJN y Columbia University.