Este texto es parte de Los anteojos, nuestra newsletter de coyuntura. Cada semana, comisionamos dos crónicas de temas que todo mundo habla pero nadie te explica. Para recibirla en tu correo:
Dos días después que Daniel Ortega decretó en plaza pública la pretensión de abolir las elecciones en Nicaragua, le pregunté a Josefina, que vive en Managua, qué le parecía la declaración que copó titulares alrededor del mundo por la despreocupada desfachatez con la que el viejo dictador sandinista la soltó en el acto del aniversario 47 del derrocamiento de la dinastía somocista. “Siento alivio”, me dijo, y la respuesta, de inmediato, me dislocó. Para mí, un periodista que lleva más de siete años en el exilio, mantener la conexión con quienes viven dentro del país es vital. Por eso intento mantener ese polo a tierra con esa realidad arrebatada y, para serles franco, lo que sale de ella nunca deja de sorprenderme. Es una realidad que se mueve en otra sintonía, en una de sobrevivencia ante un régimen que ha impuesto el terror y la represión sin piedad como política de gobierno.
– ¿Alivio? – le dije sin poder disimular el asombro.
– Sí… Es un gran alivio que quiten las elecciones, porque así no nos obligan a ir a votar, a participar en un circo. Pero sobre todo, no nos marcan – remarca la mujer que vive en la capital nicaragüense junto a su nutrida familia.
Josefina, cuyos apellidos me reservo por razones de seguridad, viene de una familia sandinista, activa en la revolución de los ochenta. Esa generación que, tras derrocar al somocismo, cautivó al mundo con una épica guerrillera y que, tras una guerra impuesta por Estados Unidos y la propia perversión de los ideales primigenios del sandinismo, acabó devenida en ese destino del que parecen no escapar casi todas las revoluciones: convertidas en algo, similar o peor, que aquello que derrocaron. En el caso de Nicaragua, sucedió con el regreso al poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2006, en una dictadura tan familiar como totalitaria. En especial tras el viraje de las protestas de 2018, cuando asesinaron a más de 356 personas que salieron a las calles a protestar pacíficamente por un cambio democrático, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De modo que la frase que Ortega soltó durante el acto del pasado 19 de julio, esa que ha resonado tanto, y dice “aquí no volverá a haber elecciones”, es la mejor síntesis de una larga deriva dictatorial que empezó, precisamente, pervirtiendo comicios con repetidos fraudes denunciados por organismos de observación como el Centro Carter, la Unión Europea y la OEA.
Fraudes en comicios municipales y generales. Es por eso que Josefina, en la práctica, no siente que le hayan arrebatado el poder de elegir, porque era algo que ella sintió violado en 2008, cuando votó por primera vez y las actas marcadas por la oposición aparecieron en basureros de León, al occidente de Nicaragua, una de las primeras ciudades donde, irónicamente, triunfó la revolución sandinista en 1979, esa que prometió libertad.
Josefina se decepcionó del rumbo que tomó el Frente Sandinista, el partido político de la familia, en especial en 1998, cuando Zoilamérica denunció a su padrastro, Daniel Ortega, por violarla repetidamente desde los once años. Ella tenía 14 años entonces, y la repulsión se le instaló desde esa vez contra aquel hombre que le habían enseñado a reconocer como líder. Luego, en su adultez y con su propia familia, se distanció de la “política”, pero apoyó a los heridos de las protestas de 2018. Sintió que era un deber. Aunque está en total desacuerdo con la represión sostenida desde entonces, vive en Nicaragua con una especie de mordaza. La asume como necesaria para seguir “sobreviviendo” y sacar adelante a sus hijos. Por esa razón tuvo que aceptar el carné de militante sandinista, para no quedar como una sospechosa opositora.
En las pasadas elecciones de 2021, cuando el régimen encarceló a todos los precandidatos opositores, Josefina entendió la hondura del control territorial del régimen en los barrios. Asegura que uno de los funcionarios sandinistas le explicó que los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) están encargados de “levantar listas” de las personas que habitan en los domicilios y que, con base en el padrón electoral, verifican “quiénes no fueron a votar”. “Entonces es así como te marcan. O sea, si no votás te convertís, para ellos, en opositor de entrada. Y creo que no tengo que explicarte qué significa ser considerado ‘traidor’ para el gobierno”, dice.
Y claro que lo sé, porque en 2023 el régimen me declaró “traidor a la patria” por mi labor periodística. Confiscaron mis bienes, congelaron mis cuentas bancarias, me declararon prófugo de la justicia y me despojaron de mi nacionalidad. Me sucedió junto a más de 400 nicaragüenses desnacionalizados cuyos derechos civiles y políticos, como el de elegir y ser electos, quedaron inhabilitados de por vida, según la dictadura sandinista.
Cuando Josefina me lo explica, de alguna forma entiendo su alivio. Lo que era un “derecho sagrado” pasó a ser un trámite bajo vigilancia. “Un circo”, como insiste, del que sacaba más perjuicio que beneficio. Sin embargo, en la admisión de Ortega de su deseo de abolir las elecciones en Nicaragua se esconde algo más grave que el alivio que siente Josefina.
Después de los disparos letales y los asesinados de 2018, la profanación de las tumbas de las víctimas de abril, las encarceladas con torturas, violaciones, desapariciones, exilios, desnacionalizaciones, confiscaciones, la persecución religiosa, la clausura de universidades y organizaciones civiles, el destierro de la prensa, el Poder Judicial convertido en escribanía de la pareja gobernante, el expolio indígena, las purgas internas, la represión transnacional, la copresidencia impuesta por decreto y la hilera de fraudes electorales, los Ortega-Murillo volvieron a cruzar otro rubicón en su afán de poder sin fin, de corte macbethiano, al enarbolar ahora la pretensión de eliminar las elecciones en Nicaragua.
Es que el “aquí no volverá a haber elecciones” que pronunció el caudillo sandinista en la Plaza de la Fe el pasado 19 de julio volvió a instalar esa incredulidad que desgaja: los Ortega-Murillo siempre cruzan fronteras que ni sabíamos que existían, siempre encuentran una convención más que violar. Abolir uno de los derechos más básicos de toda democracia, las elecciones, cabreó incluso a las bases sandinistas. Hasta en dictaduras como la de los copresidentes esos votos servían de simulación para validarse. Pero acometieron un paso que ni Somoza se atrevió a dar.
En Nicaragua, simpatizantes sandinistas y ciudadanos hablan en voz baja de un anuncio que los descalabra. Confirma la radicalización de un régimen familiar decidido a confrontar las presiones internacionales, en especial las de Estados Unidos, que lleva años exigiendo elecciones libres. Peor aún, sepulta las ruinas de la democracia y toda esperanza de un cambio político pacífico por la vía del voto. Y no es una amenaza en el aire: la leal Asamblea Nacional sandinista ya empezó este 22 de julio los trámites para dar cabida legal al deseo del dictador, inhabilitar para siempre a los partidos opositores, casi todos desterrados, y con ellos la alternancia. Este lunes 27 de julio, el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, convocó al cuerpo diplomático acreditado en Managua para informar que realizarán una reforma constitucional en septiembre y que sí harán elecciones, pero a la “nicaragüense”, es decir un eufemismo en que cualquier competencia real al poder de turno está proscrita. Además, planean ampliar el plazo del mandato presidencial a más de seis años, como actualmente está establecido. ¿Cuántos años más? Los que sus jefes, los copresidentes, deseen.
Lo grave ahora es lo superlativo de la pretensión, aparejado a la consolidación de un poder de pareja que se sostiene en el terror y en una macroeconomía funcional, aunque la pobreza siga amaneciendo ahí como el dinosaurio de Monterroso. La gran incógnita, por ahora, es de qué tipo de legalidad específica van a dotar a las “elecciones a la nicaragüense”. En eso los Ortega-Murillo son muy creativos: ya impusieron la copresidencia, una figura inédita en el mundo con una reforma constitucional en la que aprobaron la reelección indefinida. Por ahora todo sigue en el limbo y lo dicho por Porras puede cambiar mañana, después de aplacar un poco la nutrida crítica internacional al deseo de abolir los comicios.
De modo que los analistas políticos siguen apostando por dos vías. Que el régimen suspenda las elecciones mediante una reforma constitucional, o que convierta la Asamblea Nacional en Constituyente, sin convocar comicios, para adjudicarse el plazo que deseen en el poder, quizá hasta la muerte. Eso también le ahorraría a la impopular, pero temida, copresidenta Murillo un trámite sucesorio por las urnas. En todo caso, un régimen de partido único, el viejo anhelo del caudillo sandinista. Y ahí aparece el espejo que muchos invocan: China.
Si ese fuera el caso, como advierten dos analistas políticos exiliados, Juan Carlos Gutiérrez y Eliseo Núñez, incluso con China sería distinto, porque en Pekín hay un partido, una nomenclatura que decide. En Nicaragua, pese al lema de que “el pueblo es presidente”, no existe una nomenclatura sandinista que resuelva como en la revolución de los ochenta. Todo se concentra en la pareja copresidencial. Nada, absolutamente nada, se decide al margen de Ortega y Murillo. Lo que hay son operadores obedientes, sin autonomía, so pena de cárcel. Ese autoritarismo marital es la diferencia clave con la China actual. Un modelo chino con impronta copresidencial se parecería más a la vieja China roja, cuando Mao gobernaba de la mano de su madame, Jiang Qing.
Más allá de los vericuetos legales que encuentren para legalizar la abolición de las elecciones, lo más abyecto es la negativa total de los copresidentes a una alternancia pacífica, en especial hacia los opositores desterrados, a quienes ya inhabilitaron de por vida con condenas de traición a la patria. La oposición nica sigue torpemente desunida, pero el fantasma de un frente nacional y plural, como en las protestas de 2018, todavía atemoriza a los Ortega-Murillo.
Y esto trasciende a los opositores. A partir del 19 de julio de 2026, todos los nicaragüenses también pierden el sufragio, ese que otros llaman “sagrado”, como en Costa Rica, país tan cercano y tan lejano en tradición democrática. La diferencia es capital: allí se abolió el ejército, no las elecciones. Es el corolario de la destrucción de Nicaragua a manos de dos ancianos represores que, como en Macbeth, están tan metidos en un río de sangre que volver atrás sería tan difícil como seguir adelante. Solo les satisface conservar el poder, aunque cueste otro crimen más, para no acabar juzgados por crímenes de lesa humanidad. Esta bestia bicéfala vestida de copresidencialismo es lo más maligno que los nicaragüenses han sufrido en su historia moderna.
Y sin embargo, Josefina siente alivio. No porque no entienda lo que viene, sino porque lo entiende demasiado bien. Para ella, dejar de votar es dejar de estar en la lista, dejar de ser marcada. En ese alivio cabe todo el horror de lo que Nicaragua se ha convertido. Un país donde perder un derecho, tan manoseado y violado como el voto, se siente como ganar un respiro.
Wilfredo Miranda Aburto (Nicaragua) es coordinador editorial y editor en Divergentes y colaborador de El País. Ha sido galardonado con el Premio Ortega y Gasset (2022) y el Rey de España de Periodismo Iberoamericano (2018).