La gota que derramó el vaso
Cómo Ayotzinapa se hizo en un movimiento
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Este texto es de Sofía Yaliztli Ackerman Sandoval. Puedes leer más de ella en la biografía que incluimos al final.
A mediados de junio del año pasado, tuve la oportunidad de visitar Ayotzinapa, un poblado enclavado en las montañas de Guerrero, a una media hora de la capital del estado, Chilpancingo. Es un lugar cuyo nombre todos en este país hemos escuchado, pero que pocos conocen en persona. Un sitio citado en los medios nacionales, en debates académicos y en conferencias presidenciales, pero cuya realidad cotidiana permanece apartada de todo: tranquila, serena y sobre todo, trabajadora.
El 26 de septiembre de 2014, la localidad de Ayotzinapa se convirtió en una parte esencial de la historia contemporánea de México. Aquel día, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” salió del poblado con la intención de tomar tres autobuses para emprender un viaje de 295 kilómetros rumbo a la Ciudad de México, donde planeaban participar en la marcha anual del 2 de octubre. Ese plan nunca se concretó. Tras intentos de las autoridades por detener la toma de los camiones, 43 de ellos desaparecieron. No fueron asesinados, ejecutados ni secuestrados: simplemente, desaparecieron.
Ese día, cuarenta y tres familias dirían sus últimas palabras a sus hijos sin saber que, meses después, el país entero les hablaría.
Durante mi visita, recorrí la normal rural, conversé con padres y estudiantes, y escuché sus ideales profundamente revolucionarios. Es una escuela llena de vida: de colores, de murales, de convicciones. Un lugar donde la nobleza de los estudiantes es verdaderamente conmovedora. Jóvenes —muchos de ellos con menos de veinte años— dejan los hogares de sus familias para formarse como los futuros maestros de sus comunidades, con la esperanza de llevar una educación digna a las regiones más olvidadas del país.
“Mi hijo decidió por su cuenta venir a esta escuela [la Normal Raúl Isidro Burgos]” recordó una de las madres. “Antes de llegar aquí, cada mañana se levantaba antes del amanecer para ir al campo con mis padres, ayudándoles a sembrar verduras, maíz y todo tipo de cultivos. Luego regresaba a casa, donde yo tenía su comida lista, se bañaba, comía y se iba a la escuela. Esa era su rutina diaria”.
“Un día, cansado y frustrado, me dijo: ‘Mamá, voy a intentar entrar a la normal de Ayotzinapa’. Así que hizo el examen de admisión, y cuando lo aceptaron, yo fui con él a su primer día para instalarlo en su cuarto. Me acuerdo que me fui tranquila porque él estaba muy feliz, por fin estaba en la escuela de sus sueños.
Los fines de semana los dejaban ir a casa, así que ese sábado llegó y dijo: ‘¡Ya llegué!’ Yo sonreí y le dije: ‘Está bien, pásale. Ve a bañarte’. Venía todo lleno de lodo. Se rió y me dijo: ‘Ya me bañé allá mamá’, pero yo insistí: ‘Te caliento agua—ándale, báñate otra vez.’ Y así, durante algunas semanas, cada fin de semana él venía desde la escuela Normal y se quedaba con nosotros. Pero siempre tenía que regresar los lunes.
Pero un día, de repente, llegó a casa un viernes por la mañana, era 26 de septiembre. Entró con prisa y me dijo: ‘Mamá, solo vengo de paso. Vamos a salir—vamos a conseguir unos camiones.’ Le dije: ‘Ten mucho cuidado.’
Y fue raro porque ese día me abrazó muy fuerte—él nunca hace eso. Incluso me levantó del piso. Le dije, riéndome, ‘¡Bueno! Cuídate,’ y él me respondió: ‘Tú también cuídate’”.
Sin saberlo, esa fue la última vez que María Concepción vería a su hijo de 21 años, Jovany Rodríguez Tlatempa. Mientras los estudiantes “conseguían camiones”, como explicó Jovany, fueron interceptados por la policía y simplemente desaparecieron.
Hoy, once años después, estas familias siguen esperando. Esperan un golpe en la puerta, una llamada telefónica, una señal de que sus hijos puedan, de algún modo, regresar. Cada día trae una nueva ola de angustia. ¿Aparecerá el nombre de su hijo en una esquela? ¿O finalmente escucharán la voz que tanto anhelan al otro lado del teléfono? Sus vidas se han convertido en un ciclo insoportable de esperanza y dolor, una herida que se niega a sanar.
Hace 11 años, la exigencia por encontrar con vida a 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa detonó una ola de movilizaciones masivas. Fue tal su magnitud, a nivel local, nacional e internacional, que llegaron a poner en jaque al gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Cientos de miles de personas salieron a las calles coreando: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, desde las montañas de Guerrero hasta el Zócalo capitalino, y más allá: Nueva York, París, Buenos Aires.
Para febrero de 2015, el movimiento había generado protestas en al menos 237 ciudades —en México y en 33 países más, incluidos Estados Unidos— así como 114 paros laborales y estudiantiles en universidades y centros de trabajo. Las tácticas de protesta también incluyeron acciones más radicales, como la toma de aeropuertos, el cierre de carreteras, incendios en edificios públicos, bloqueos a bancos e incluso la quema de boletas electorales.
Pronto empezó a escucharse en las calles un nuevo grito colectivo: “¡Todos somos Ayotzinapa!”. Personas de todos los sectores sociales —jóvenes y adultos, del campo y de la ciudad, con o sin recursos— se apropiaron del caso como una causa común.
Las demandas, poco a poco, salían de la exigencia de justicia para los 43; el movimiento amplió sus horizontes para denunciar la crisis nacional de desapariciones forzadas, rechazar las reformas educativas impulsadas por el gobierno del presidente Peña Nieto y cuestionar el uso sistemático de la represión como herramienta de Estado. La consigna “¡Fue el Estado!” se volvió el centro del reclamo, al señalar no solo a los autores materiales, sino también a todo el aparato político como responsable de lo ocurrido, llegando al extremo de exigir abiertamente la renuncia del presidente con el grito de “¡Fuera Peña Nieto!”.
Los 43 jóvenes guerrerenses dejaron de ser únicamente víctimas de una tragedia más: se transformaron en símbolo nacional. Representaron el hartazgo de un país malacostumbrado a la violencia cotidiana, a la impunidad sistémica y a la indiferencia oficial. Ayotzinapa fue “la gota que derramó el vaso”, de una sociedad que ya no aguantaba más.
La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿cómo es que la causa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa—de un pueblo desconocido para el mexicano promedio—logró romper las barreras del desinterés social que típicamente rodean la violencia contra poblaciones marginadas? ¿Cómo creció para convertirse en una lucha que movilizó prácticamente toda la sociedad mexicana? ¿Cómo fue que los 43 jóvenes desaparecidos pasaron a convertirse en “nuestros 43”, encarnando luchas colectivas y superando barreras ideológicas y de clase?
Estas son las preguntas que condujeron mi investigación durante los meses de junio y julio de 2024, como parte de la elaboración de mi tesis de licenciatura en la Universidad de Harvard. Como parte de mi trabajo, entrevisté a 41 actores clave, en la Ciudad de México y en la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, incluyendo estudiantes, periodistas, activistas, políticos, académicos y familiares de los estudiantes desaparecidos.
Ahora, a once años de su desaparición, busco compartir algunos hallazgos de mi investigación. Por un lado, una reconstrucción de los hechos, a través de una exploración de mis entrevistas donde rastreo cómo la sociedad mexicana pasó de un estado de pasividad y resignación a uno de movilización generalizada. Por otro, un análisis más político sobre lo que implicó este tipo de movilización. En todos, un testimonio de cómo la lucha por Ayotzinapa sigue.
Crecimiento y consolidación del movimiento
El 28 de septiembre, dos días después del ataque, el primer grupo en emitir un comunicado oficial fue el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una organización no gubernamental con sede en Guerrero. Esta ONG, que brinda asistencia legal y apoyo a familias afectadas por violaciones de derechos humanos en la región, compartió lo siguiente: “ACCIÓN URGENTE | 55 Normalistas Atacados en Iguala Permanecen Desaparecidos”.
El comunicado narraba los hechos con base en información recabada por parte de sobrevivientes, padres de familia y la misma escuela de Ayotzinapa donde estudiaban los normalistas desaparecidos. Además, se presentó una petición pública con una serie de demandas, dirigidas no directamente a las autoridades, sino a la “sociedad civil”. El texto decía: “Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la sociedad civil para presionar a las autoridades estatales y federales sobre [lista de demandas]”.
Es interesante observar tanto (1) la rapidez con la que Tlachinollan recopiló la información, como (2) la decisión deliberada de no dirigirse directamente a las autoridades, sino de apelar desde el inicio a la sociedad civil. Tlachinollan sabía estratégicamente que actuando con rapidez y convocando no solo a la sociedad civil nacional, sino también a la comunidad internacional que en general, lograrían ejercer mayor presión sobre las autoridades estatales. Y cuando se trataba de desapariciones, era crucial intervenir lo antes posible con la esperanza de recuperar con vida a las personas desaparecidas. Tlachinollan rápidamente se convirtió en la fuente de referencia para muchos periodistas.
Vidulfo Rosales, el abogado de Tlachinollan, y después también de los padres de familia de Ayotzinapa, me comentó lo difícil que fueron esos primeros días. Una gran cantidad de estudiantes había salido la noche del 26 para conseguir autobuses; no existía un consenso claro sobre exactamente cuántos habían salido o regresado.
Rosales me relató que su equipo esperaba pacientemente y a partir de diversos testimonios iban contabilizando cuántos estudiantes estaban vivos, heridos o seguían desaparecidos. El número inicial de desaparecidos ascendía a 60, pero cada hora un padre de familia, amigo o compañero de clase les iba informando si los estudiantes que conocían habían regresado o no: “¡59! Encontramos a dos más. ¡57! Encontramos a Martín, bien, 56.” Y así sucesivamente, hasta llegar a la cifra de 43, y ahí se detuvo el conteo.
Mientras esto ocurría en Guerrero, en otras partes del país el caso todavía no trascendía. Muchas de las personas que entrevisté recordaron un silencio sorprendente durante los primeros diez días después de las desapariciones. En un aparente intento por aislar el incidente como un asunto de importancia estrictamente local, el gobierno federal se negó a emitir pronunciamientos formales. Por ejemplo, la periodista Paula Mónaco, que en ese momento trabajaba como corresponsal de Telemundo me comentó: “Fue un shock darnos cuenta de que no teníamos información formal ni oficial sobre lo que estaba sucediendo; había un vacío de información por parte de todos los involucrados, del gobierno, del ejército”. Agregó que “faltaban declaraciones, incluso del Presidente de la República; no había pronunciamientos de las autoridades federales, y todos se pasaban la pelota [la culpa], esperando que alguien más respondiera.”
Los medios corporativos siguieron la línea del gobierno tratando de encubrir la situación.
“Es realmente impactante que los medios tradicionales ni siquiera informaran sobre esto” me dijo la Profesora Ruiz, quien trabajaba en una escuela normal rural de Oaxaca. “Solo algunos medios independientes y muy críticos cubrieron el caso al principio, y aun así, se trató como otra noticia más, no como la más importante”.
El silencio inicial se mantuvo durante aproximadamente semana y media, un período en el que el caso no recibió más atención que cualquier otro acto de violencia en comunidades marginadas en ese momento. “Siento que el gobierno de Peña Nieto apostaba a que todo se quedaría así”, me comentó un estudiante del IPN, explicando que el gobierno ya había salido impune de abusos de poder similares y no tenía razones para pensar que el caso Ayotzinapa podría ser diferente.
Apenas tres años antes, en 2011, 72 migrantes provenientes de Centro y Sudamérica fueron secuestrados y asesinados en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas. Esta masacre atrajo atención mediática, pero no dio origen a un movimiento social. Unos meses antes del ataque en Ayotzinapa, en junio de 2014, soldados mexicanos ejecutaron extrajudicialmente a 22 jóvenes desarmados en la localidad de Tlatlaya, Estado de México. En este caso, los perpetradores eran claramente fuerzas del Estado, y aun así no hubo una respuesta social amplia.
Ayotzinapa fue diferente.
Los padres de los estudiantes desaparecidos y la comunidad directamente afectada no podían quedarse cruzados de brazos y esperar hasta que el resto del país despertara para movilizarse. Desde el mismo día de los hechos ya empezaban a movilizarse en Guerrero con marchas y movilizaciones en Chilpancingo.
El 1 de octubre se produjo la primera respuesta internacional, proveniente de una organización no gubernamental, Amnistía Internacional:
“ACCIÓN URGENTE: ESTUDIANTES ASESINADOS Y OTROS DESAPARECIDOS EN GUERRERO: El 26 de septiembre, estudiantes fueron interceptados por patrullas de la policía mexicana que dispararon contra ellos y posteriormente atacados por personas desconocidas en Iguala, estado de Guerrero. Al menos seis personas fueron asesinadas, 20 resultaron heridas y se desconoce el paradero de 38”.
En este punto, podemos observar que los números aún eran inciertos; la cifra de estudiantes desaparecidos en este comunicado estaba equivocada: “se desconoce el paradero de 38”.
El 2 de octubre, durante la marcha anual en conmemoración de los estudiantes de 1968—a la que los estudiantes de Ayotzinapa planeaban asistir y, por la cual, habían tomado los camiones— el caso de Ayotzinapa no tuvo gran visibilidad. Todavía no se había convertido en un tema central de atención nacional, ni siquiera entre los activistas de izquierda en la Ciudad de México, normalmente bien informados y políticamente conscientes, que asistían a este tipo de eventos conmemorativos.
Fue al día siguiente, el 3 de octubre, que la relevancia del caso dio un paso importante a nivel internacional, cuando tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la ONU oficialmente condenaron la desaparición de los 43 estudiantes y solicitaron protección para las familias de las víctimas, exigiendo aclarar la situación. No obstante, hasta ese momento, la investigación oficial seguía centrada únicamente en el ámbito local en Guerrero, y el presidente Enrique Peña Nieto aún no había reaccionado ni se había pronunciado sobre el caso.
El 4 de octubre, el Fiscal del Estado de Guerrero declaró que había encontrado fosas clandestinas a 30 minutos del lugar del ataque y anunció que contenían aproximadamente 28 cuerpos. Al día siguiente, el gobierno de Guerrero informó que, según declaraciones de miembros de un grupo criminal llamado “Guerreros Unidos”, la policía local de Iguala había entregado a los estudiantes a dicho grupo, que posteriormente los asesinó en un área cercana a donde se encontraron las fosas comunes. Luego, el 6 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) asumió la investigación, arrebatando el caso del control de las autoridades locales.
La rapidez con la que las autoridades atribuyeron la responsabilidad a los “narcos”, así como la pronta atracción del caso al nivel federal, generaron sospecha. Paula Mónaco agregó que percibió de inmediato que el gobierno federal no había intervenido en el caso para esclarecerlo realmente, sino más bien para cerrarlo rápidamente y evitar que se convirtiera en un escándalo mayor.
“Recuerdo que un domingo, mientras estaba en una comida familiar, vi de repente en Twitter que el procurador federal, Murillo Karam, se encontraba en Iguala, Guerrero, diciendo que habían encontrado una fosa común y que aseguraban que había 17 o 18 de los muchachos […] Y en ese momento, mi pareja, que es fotógrafo, y yo, ambos periodistas, dijimos: “Aquí hay algo raro”. Si el procurador está ahí, si encuentran una fosa común, si se apresuran a decir que son los estudiantes, hay algo extraño. Porque no hay manera de saberlo de inmediato; una autopsia tarda semanas.”
En efecto, las rápidas conclusiones eran inconsistentes con las complejidades de resolver un caso de desaparición forzada, en el que la esencia del crimen se basa en la completa ausencia de información.
Once días después de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por primera vez sobre el caso en una conferencia de prensa: “Como sociedad mexicana, y como Presidente de la República, estoy profundamente indignado y consternado por la información que ha salido durante el fin de semana […] Lamento particularmente que […] sobre todo, estudiantes jóvenes hayan sido afectados y se les hayan violado sus derechos en el municipio de Iguala”.
En este pronunciamiento, Peña Nieto prometió garantizar “el Estado de derecho” en la investigación, afirmando que “la impunidad no puede ser aceptable”. Para el día siguiente, los 22 policías locales que inicialmente habían sido señalados por su participación en el secuestro ya habían sido procesados.
Pero ya se había iniciado algo más grande; un movimiento social.
En la madrugada del 7 de octubre, estalló la primera gran protesta en Guerrero. Ese día, estudiantes de la Federación de Estudiantes Socialistas Rurales de México (FECSM) tomaron las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE). Más de 500 manifestantes exigieron justicia por los 43 desaparecidos y colgaron fotografías de los estudiantes por todo el edificio. Fueron atacados y reprimidos por la policía municipal de Iguala; para tener visibilidad política nacional, decidieron trasladarse a otro lugar más relevante para continuar su protesta; un lugar usado cada fin de semana por cientos de familias que buscan salir de la capital para ir a la playa. Esta vez estuvieron acompañados por los padres de los desaparecidos en la Autopista México-Acapulco (Autopista del Sol), donde tomaron la caseta de peaje.
Es interesante notar que la prensa internacional fue la más interesada en el caso Ayotzinapa. Uno habría esperado que una noticia local se convirtiera primero en un tema nacional antes de llegar a la cobertura internacional. Sin embargo, en nuestra conversación, Vidulfo Rosales también mencionó que fueron principalmente periodistas extranjeros quienes decidieron ir a Guerrero y cubrir la historia desde el inicio. Señaló que personas como el periodista estadounidense John Gibler fueron clave para transmitir la noticia al mundo y también a la misma Ciudad de México y otras partes del país.
Así, también, llegó la periodista Paula Mónaco al mismo lugar que yo acabaría visitando años después.
Al entrar en la escuela de Ayotzinapa, Mónaco notó un contraste entre lo que presenciaba de primera mano en el lugar y la narrativa del gobierno y los medios nacionales en torno al caso:
“En ese momento, al ver a los estudiantes en la calle, poder hacerles algunas preguntas, y luego llegar a la escuela normal rural—ver a las madres y padres que estaban ahí, conocer quiénes eran, cómo eran—darse cuenta de que eran campesinos que venían de sus comunidades, trayendo la comida que habían preparado, los delantales que las mujeres usaban para trabajar […] y al mismo tiempo ver cómo se desarrollaba la narrativa del gobierno: decir que [los estudiantes y la comunidad de Ayotzinapa] eran confrontacionales, que eran narcotraficantes, que ya habían sido encontrados en una fosa común—todo parecía un discurso construido apresuradamente. Ese abismo entre el mundo real y el mundo de una narrativa construida en los medios.”
Este intento por criminalizar a los estudiantes desaparecidos también surgió con mis conversaciones con la periodista Dawn Paley quien señaló que, desde el principio, percibió una intención del gobierno de “plantar” la idea de que los estudiantes estaban involucrados en actividades ilegales:
“Recuerdo todos los rumores que se difundieron: que habían ido a alterar la casa de los Abarca [alcalde de Iguala], presentándolos como alborotadores, criminalizándolos y estigmatizándolos desde el inicio. Así que, al principio, pensé: esto encaja perfectamente en esa fórmula de usar la violencia contra la población mientras se disfraza como algo relacionado con las drogas.”
Este contraste entre la realidad de campesinos trabajadores que los periodistas internacionales estaban presenciando y la narrativa que buscaba desestimar el caso y criminalizar a las víctimas desempeñó un papel fundamental para que se convirtiera en una noticia de alcance global:
“Comenzó a surgir en mí, como en muchos otros periodistas, no solo interés, sino una sensación de la importancia de lo que estábamos presenciando” me dijo Mónaco. “Empezamos a darnos cuenta de que lo que sucedía era algo grande, que estaban intentando construir un discurso, una narrativa, una versión que lo resolviera todo en cinco minutos y absolviera al Estado de toda responsabilidad”
Esta conexión emocional y la sensación de que “lo que estaba sucediendo era algo grande” entre los periodistas y las víctimas, junto con la sospecha de que probablemente había complicidad estatal en los más altos niveles, fue clave para romper el velo de despolitización de la violencia que normalmente rodea las desapariciones en México. Así se logró que éste caso dejara de ser solo un número aterrador y pasara a ser una situación política muy profunda que valía la pena analizar.
Una ilustración perfecta de cómo Ayotzinapa fue creciendo en la narrativa colectiva es uno de los primeros videos virales sobre los desaparecidos que circuló por redes sociales titulado: “Omar García: Sobreviviente de la Masacre Estudiantil en Ayotzinapa”, publicado por Telemundo. El título ya es revelador. Primero, comienza dando un nombre completo en lugar de un número. Segundo, lo llama “sobreviviente” en lugar de “víctima”. Tercero, utiliza la palabra “masacre”, que remite a un trauma histórico, tal como se le denomina a la represión del movimiento de 1968: “la masacre de Tlatelolco”.
El contenido del video presenta un testimonio de primera mano de los hechos a través de los ojos del estudiante Omar García. A lo largo del video, ningún periodista interviene y el joven habla directamente a la cámara, al espectador. Al verlo hablar, notar sus gestos y comprender su origen humilde como estudiante joven con aspiraciones de convertirse en maestro, se humaniza completamente y cambia la narrativa. Comprendemos que los 43 estudiantes desaparecidos eran como él, 43 seres humanos inocentes y vulnerables. Este video se volvió viral en redes sociales, alcanzando más de nueve millones de reproducciones en YouTube. Este tipo de representación fue clave para romper con la criminalización de los estudiantes de Ayotzinapa como “confrontacionales” y “perturbadores” y para enmarcar los hechos del 26 de septiembre como una violación inaceptable a los derechos humanos.
A medida que creció la atención internacional y la narrativa mediática comenzó a inclinarse hacia la humanización de las víctimas, el 8 de octubre de 2014 los padres de los 43 convocaron a la primera “Acción Global por Ayotzinapa”, movilizando a personas en todo el país y el mundo. Ese día las calles de la Ciudad de México se llenaron de indignación y quince mil manifestantes se reunieron: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “Pedimos educación y nos dan balas” fueron algunas de las consignas que miles de participantes corearon al mismo tiempo.
Así, tras la barbarie de Ayotzinapa, se generaba algo mayor; se creaba un movimiento que exigía justicia.
Una cosa quedó muy clara sobre el movimiento desde el inicio: no confiaban en las autoridades gubernamentales. Los padres de los estudiantes desaparecidos rechazaron la investigación del gobierno, negándose a cooperar con funcionarios que consideraban de algún modo cómplices o deshonestos. En cambio, el movimiento recurrió a organizaciones internacionales y a la protesta pública como medios para exigir responsabilidades a las autoridades.
Había un descontento palpable con la política nacional. El movimiento no sólo rechazaba a la administración de Peña Nieto y al partido gobernante, el PRI, sino a todos los políticos y partidos. Por ejemplo, al finalizar la protesta del 8 de octubre, Cuauhtémoc Cárdenas, líder histórico de la izquierda mexicana intentó acercarse al estrado donde se encontraban los oradores del mitin, pero los manifestantes enfurecidos comenzaron a empujarlo, insultarlo y arrojarle objetos: “¡Ni PAN, ni PRI, ni PRD!”, coreaban mientras se retiraba hacia su automóvil—en referencia a los tres partidos más importantes del momento. “La gente está harta de parásitos y estafadores” dicen manfestantes en un video de los hechos “No importa a qué partido pertenezcan; todos son iguales” señaló uno de los manifestantes.
El gran giro vino el 8 de octubre de 2014. Fue un punto de inflexión en la movilización masiva en la capital mexicana, sino también a nivel global. Ese día, los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos fueron coreados en calles de todo el mundo, en al menos 55 ciudades dentro y fuera de México. Hubo protestas en ciudades como Berlín, Madrid, Buenos Aires, La Paz, San Francisco, Nueva York, Los Ángeles, Montreal y Londres. El movimiento se estaba convirtiendo en algo imposible de ignorar.
Pablo Amílcar Sandoval, líder político de Guerrero y en ese entonces miembro del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, compartió conmigo cómo el silencio de los días inmediatamente posteriores a los hechos se volvió imposible de mantener una vez que estalló este movimiento social masivo:
“Los medios no pudieron evitar cuestionar lo que estaba ocurriendo en Iguala. Una vez que se atrajo la atención internacional, el enfoque social en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no pudo detenerse. Esto llevó a las mayores protestas sociales de los últimos años en el estado de Guerrero y en el país. [...] Manifestaciones masivas en todo el país exigiendo que los 43 estudiantes de Ayotzinapa regresaran vivos. Una tras otra, las protestas llenaban las calles. Incluso las plazas de las ciudades más pequeñas se llenaban, demandando que los estudiantes de Ayotzinapa regresaran vivos; era algo que realmente ponía la piel de gallina.”
En efecto, el movimiento se extendió mucho más allá de la Ciudad de México, alcanzando prácticamente todo el país. La periodista Dawn Paley describió como Puebla no era un lugar conocido por su activismo político, pero aun así, las calles se llenaron. “Recuerdo que la gente me decía: ‘Estas son las marchas más grandes que hemos tenido en Puebla en décadas’ y comentaban que la última vez que hubo una protesta tan grande fue en los años setenta”.
A partir del 8 de octubre, el presidente Peña Nieto enfrentó los peores meses de su mandato.
Las protestas masivas no se limitaron a uno o dos episodios, sino que se repitieron de manera constante durante meses, cada vez con mayor intensidad a medida que la indignación ciudadana crecía. Para el 14 de octubre, los manifestantes habían llegado a incendiar el Palacio Municipal de Iguala—la localidad de Guerrero donde desaparecieron los estudiantes—, así como las oficinas del Gobernador de Guerrero en la capital, Chilpancingo.
El 22 de octubre, la segunda “Acción Global por Ayotzinapa”, organizada por los padres de los estudiantes desaparecidos, provocó un aumento significativo en la respuesta de la sociedad civil mexicana e internacional. En esta ocasión, alrededor de 50 mil personas protestaron en la Ciudad de México y más de cien ciudades nacionales e internacionales realizaron manifestaciones ese día, incluyendo Londres, Nueva York, Madrid y Río de Janeiro. Además, estudiantes de universidades públicas como la UNAM y la UAM, en solidaridad con los 43 estudiantes desaparecidos, declararon un paro de 48 horas, paralizando por completo las actividades de la mayoría de las escuelas y facultades. Este descontento creciente y la presión sobre el gobierno llevaron finalmente a la renuncia del Gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, el 24 de octubre.
A medida que la causa política crecía, Ayotzinapa se transformaba lentamente en algo mucho más grande que un simple movimiento. Se convirtió en algo más que una lucha por justicia para los 43 estudiantes; evolucionó hasta convertirse en un símbolo de movilización de alcance general. Con la aparición de consignas como “¡Todos somos Ayotzinapa!”, el caso se volvió algo con lo que todos podían identificarse, de alguna manera.
La búsqueda de los 43 estudiantes trajo más preguntas que respuestas para México. A medida que los esfuerzos por encontrarlos continuaban, comenzaron a aparecer otros casos de violencia. Durante la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa se descubrieron al menos 60 fosas clandestinas con más de 129 cuerpos identificados, ninguno de ellos coincidiendo con el ADN de los estudiantes desaparecidos.
“Cuando comenzaron las búsquedas” me dijo la periodista Dawn Paley “recuerdo que empezaron a salir noticias desde Iguala reportando cosas como ‘se encontró una fosa con cierto número de cuerpos, pero no son los estudiantes’, y recuerdo que la indignación iba creciendo y creciendo, y a partir de ahí nos dimos cuenta rápidamente de que había muchas fosas clandestinas, y que las desapariciones eran algo más común de lo que a menudo percibíamos”.
Muchos comenzaron a darse cuenta de la magnitud y la extensión del problema de las desapariciones forzadas en el país y de que muchos otros “Ayotzinapas” podían haber ocurrido sin recibir atención alguna.
La ola de protestas siguió creciendo en número e intensidad. El 5 de noviembre al menos 50,000 personas salieron a las calles de la Ciudad de México y, en esta ocasión, hubo más enfrentamientos entre civiles y policías.
El 7 de noviembre, el Procurador General de la República, Murillo Karam, declaró en conferencia de prensa que el grupo criminal Guerreros Unidos era directamente responsable de la desaparición y asesinato de los estudiantes. Tras enfrentar numerosas preguntas de la prensa, el funcionario culminó abruptamente su conferencia con la frase “Ya me cansé” antes de retirarse. Esta declaración fue rápidamente interpretada por la sociedad civil como una poderosa expresión de agotamiento colectivo frente al abuso y la violencia gubernamental. El 11 de noviembre, el Equipo Argentino de Antropología Forense rechazó la versión oficial presentada por Murillo Karam, señalando inconsistencias en la investigación del Estado mexicano.
Y luego llegó la histórica protesta del 20 de noviembre de 2014, aniversario de la Revolución Mexicana, recordada por la mayoría de los entrevistados como el punto máximo del levantamiento. Una manifestación masiva tuvo lugar en la Ciudad de México, con más de 100,000 participantes, mientras protestas paralelas estallaron en más de 250 ciudades. Numerosas escuelas y universidades volvieron a declararse en paro. Sin embargo, esta vez se reportaron aún más casos de brutalidad policial.
El alcance de las demandas del movimiento se había ampliado. Además de generar identificación personal con el caso específico de los 43 desaparecidos, la causa de Ayotzinapa se había convertido en un símbolo de problemas más estructurales de corrupción, impunidad, represión y violencia en México. La consigna “¡Todos somos Ayotzinapa!” pasó a complementarse e incluso a ser reemplazada por lemas más políticos e ideológicos como “¡Fuera Peña Nieto!” y “¡Fue el Estado!”.
El momento más impactante de la protesta del 20 de noviembre en el Zócalo fue cuando los manifestantes quemaron una enorme piñata con la forma del propio Peña Nieto frente al Palacio Nacional. Y que esto ocurriera precisamente en el día de la conmemoración de la Revolución Mexicana no pasó desapercibido para nadie. Parecía que una nueva “revolución” estaba a punto de nacer.
“Fue el Estado”
Uno de los factores más importantes del crecimiento del movimiento de Ayotzinapa como causa común fue la creciente percepción de que quienes participaban tenían un enemigo común, identificado como “el Estado”. En un contexto donde las víctimas de violencia solían estar aisladas y despolitizadas, y donde los funcionarios del gobierno generalmente atribuían la violencia a las propias víctimas, el movimiento desafió esa narrativa y señaló al sistema político mismo, al Estado, al gobierno y a la corrupción, afirmando que existía una responsabilidad directa en esta tragedia desde los niveles más altos del poder. Ayotzinapa confrontó la máscara hipócrita del Estado mexicano, diciéndole de frente: “Ustedes lo hicieron”, “Ustedes son los responsables”.
Así, Ayotzinapa funcionó como un llamado de atención al exponer de manera cruda y evidente la naturaleza del abuso de poder por parte del gobierno. Reveló cómo “el Estado” había sido incapaz de garantizar incluso los derechos fundamentales más básicos, impulsando la acción y la politización
Para los estudiantes, este caso fue un llamado de atención porque mostró hasta qué punto la violencia estatal los afectaba directamente.
“Sin duda, Ayotzinapa marcó a mi generación” me dijo Roberto Osorio, estudiante de primer año en la UNAM en 2014 “la que ingresaba a la universidad en 2014, y también nos marcó en términos de politización. En la universidad, politiza y generó movilización entre los estudiantes, algo muy nuevo para muchos de nosotros” señaló.
“El Estado ya estaba en crisis” me dijo Camila, otra estudiante de la UNAM“ ya sabíamos de lo que era capaz, pero esto fue un momento increíblemente descarado, llegó a un nuevo nivel de cinismo”.
Para los habitantes de Guerrero, este ataque fue especialmente descarado porque implicó una agresión hacia las personas más vulnerables del país. Como me explicó Pablo Sandoval: “En Guerrero hay varias zonas que viven bajo las mismas condiciones de pobreza que el África subsahariana. En otras palabras, las áreas más pobres, marginadas y explotadas del planeta. Y sus maestros, los que supuestamente representaban una esperanza para la educación, el acceso a la cultura, a la perspectiva crítica, a la lectura y escritura, fueron quienes fueron desaparecidos por la fuerza”.
En general, este ataque por parte de funcionarios del gobierno a las poblaciones más vulnerables del país fue: “… como el colapso total de cualquier garantía civil”, afirmó Oswaldo Zavala, profesor de la City University of New York.
Cada persona interpretó Ayotzinapa como un “llamado de atención” a su manera: algunos lo vieron como un ataque a la juventud, otros como un punto de quiebre en la guerra contra las drogas, otros aún como un ataque a los sectores más vulnerables. Sin embargo, todas estas interpretaciones convergieron en un enemigo común: “el Estado”.
Generalmente los eslóganes políticos comparten una característica: hacen demandas específicas: recuento de votos, fin de la violencia, justicia para las mujeres, etc. Pero “Fue el Estado” no fue una demanda ni un llamado a una acción concreta. Es, en cambio, una acusación directa contra el Estado en general. Es un llamado muy poderoso para que el sistema político cambie y no una exigencia concreta vinculada a las desapariciones de Ayotzinapa. Este slogan encapsula perfectamente lo que estaba ocurriendo en ese momento. Esta causa tocó distintas sensibilidades y sectores de la sociedad, transformándose en una expresión generalizada del descontento social.
Ayotzinapa, a su manera, fue como el agua; se adaptó al recipiente que era México, ocupando todos los espacios posibles. Fue uno de los rasgos únicos del movimiento; cómo logró llegar a casi todos los sectores de la sociedad y reunir a una diversidad tan amplia de actores. Aunque los movimientos sociales previos —por parte de docentes, estudiantes y víctimas de la violencia de la “Guerra contra el Narcotráfico”— habían sido liderados principalmente por activistas de izquierda, el movimiento de Ayotzinapa trascendió rápidamente las divisiones ideológicas y generacionales, unificando a la sociedad mexicana en su conjunto en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos.
Una de las principales razones de esta trascendencia fue el liderazgo de las madres y los padres de los desaparecidos, quienes, a diferencia de los estudiantes de Ayotzinapa, en su mayoría no tenían una agenda política. Uno de los factores que motivó a los periodistas internacionales a cubrir el caso fue precisamente que los padres no seguían ninguna agenda política externa. De hecho, los padres nunca buscaron liderar un vasto movimiento social para transformar el régimen mexicano. Eran, y siempre han sido, padres buscando a sus hijos. Y, sin embargo, el movimiento rápidamente adquirió una fuerza propia, de la que ellos mismos no eran plenamente conscientes.
Cuando les pregunté cómo se sentían al notar que el movimiento de solidaridad se había expandido y transformado en algo con objetivos mucho más amplios, Vidulfo Rosales, comentó:
“Sabes, nosotros, los padres, no experimentamos eso... no vimos cómo se estaba desarrollando ese fenómeno, cómo se estaba extendiendo esa lucha. Y creo que si lo hubiéramos visto, si lo hubiéramos observado con una perspectiva más amplia, habríamos impulsado intencionalmente un movimiento más estructurado, más fuerte y de mayor alcance. Pero no lo vimos porque estábamos atrapados en el día a día: buscando cada día, las marchas, buscando aquí, buscando allá, recorriendo los cerros, en todas partes. Reuniones con el gobierno, con las autoridades, reuniones organizativas aquí... y no teníamos tiempo de ver todo lo que estaba pasando”.
Precisamente fue este enfoque pragmático y no ideológico lo que permitió a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa reunir una coalición tan amplia de apoyo a su causa. Si hubieran politizado explícitamente la búsqueda de sus hijos como una lucha contra el “neoliberalismo” desde el inicio, probablemente les habría sido mucho más difícil lograr un apoyo tan amplio de la sociedad mexicana.
Además, el hecho de que el movimiento hubiera ampliado sus objetivos para incluir el cambio de régimen, a pesar de que los padres de los desaparecidos no lo habían incluido explícitamente en la agenda, demuestra la fuerza del movimiento en sí mismo, independientemente de las intenciones de sus “líderes” formales. El movimiento de Ayotzinapa adquirió literalmente vida propia y rápidamente se convirtió en mucho más que la suma de sus partes.
El caso Ayotzinapa no solo provocó indignación: desencadenó una transformación social y política. Inicialmente, creció en escala, pasando de ser una tragedia local a un movimiento nacional e internacional. Pero, más importante aún, sufrió un cambio cualitativo: lo que comenzó como una desesperada exigencia por traer de regreso a los estudiantes desaparecidos se convirtió en un desafío directo al sistema político mexicano. Ya no se trataba solo de 43 estudiantes desaparecidos; se trataba de un sistema político podrido que permitió su desaparición.
Se supone que en una democracia formal, como gusta a los políticos mexicanos presumir que tenemos en el país, episodios de violencia de la magnitud de Ayotzinapa no deberían ocurrir. El caso mexicano, sin embargo, se desarrolló bajo un régimen de naturaleza distinta. Un sistema político que siempre ha normalizado el ejercicio de la violencia a extremos de oprobio. En México, desde antes de la aparición de este movimiento, la violencia y la frustración social estaban muy extendidas, pero no existía un antagonista claramente identificable al cual responsabilizar. Esta ambigüedad había dificultado tanto la articulación como la sostenibilidad de los movimientos sociales.
El movimiento social de Ayotzinapa vino a colmar ese vacío de antagonismo claramente identificable. Puso en evidencia lo que el gobierno buscaba ocultar: que la violencia no era fortuita ni circunstancial, sino que estaba directamente vinculada a la acción —y omisión— de las propias fuerzas estatales. Asimismo, reveló que los movimientos sociales no eran canalizados institucionalmente, sino sistemáticamente reprimidos, cooptados y neutralizados. Esta revelación detonó una movilización social sin precedentes en el México contemporáneo. Conforme se desmoronaba la “máscara” del Estado modernizador, el sistema político revelaba su verdadera naturaleza.
Sin embargo, el levantamiento de Ayotzinapa nunca llegó a convertirse en un movimiento populista en el sentido tradicional como por ejemplo ocurrió con los movimientos sociales de Sudamérica. No se articuló en torno a un liderazgo carismático ni se enfrentó a un Estado completamente autoritario. Ayotzinapa no fue ni revolución, ni simple protesta local. Más bien, se situó en un terreno intermedio articulándose en una dinámica que combinó momentos de caos, desbordamiento y confrontación, pero que al mismo tiempo también abrió espacios inéditos de democratización al ampliar la participación y la contestación ciudadana.
Hasta hoy, las familias de los desaparecidos no han recibido justicia, y el destino de los 43 estudiantes aquella fatídica noche sigue siendo desconocido. Su demanda de verdad permanece sin respuesta. No obstante, la impronta histórica del icónico Movimiento de Ayotzinapa jamás desaparecerá. La administración de Enrique Peña Nieto será recordada siempre como el gobierno que “desapareció a nuestros 43 estudiantes”. Pero, más importante aún, la sociedad civil mexicana —y, en particular, las próximas nuevas generaciones de activistas políticos— recordarán el otoño de 2014 como un período de rebeldía, participación y esperanza, que ilustra el potencial del pueblo mexicano para exigirle cuentas a su gobierno.
Sofía Yaliztli Ackerman Sandoval se graduó con altos honores de Harvard College, donde estudió Teoría Política y Social con una especialización secundaria en Cine Documental y una certificación en Estudios Latinoamericanos. Su tesis de licenciatura, “The Straw That Broke the Camel’s Back: The Enforced Disappearance of 43 Students in Guerrero, Mexico as a Catalyst for Social Change”, fue galardonada con el James R. and Isabel D. Hammond Thesis Prize, otorgado a la mejor tesis sobre América Latina, del David Rockefeller Center de Harvard. Ha desarrollado diversos proyectos de investigación y de cine documental sobre la memoria histórica, la justicia social y la participación política de comunidades marginadas. Actualmente cursa el Máster en Derechos Humanos y Acción Humanitaria en Sciences Po, París.
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