Lo que queda del alma de Ecuador
(luego del asesinato de cuatro chicos)
Este ensayo fue escrito por Eduardo Varas Carvajal para Perpetuo. Puedes leer más del autor en la biografía que incluimos al final.
Esta parte es obvia, tanto que es mejor pasarla rápido. ¿Cómo más hubieran podido reaccionar unos padres que llevaban dos semanas sin saber el paradero de sus hijos? ¿Qué otra cosa les quedaba por hacer ante la noticia del descubrimiento de cuatro cuerpos en una zona pantanosa y alejada? Pues gritar. Punto. Y ellos gritaron toda su desesperanza en el Complejo Judicial Florida Norte. El lugar, ubicado en el kilómetro 8 ½ de la vía a Daule, al noroeste de Guayaquil, estaba prácticamente vacío esa noche: era el 24 de diciembre de 2024.
Mientras en otras casas todo estaba listo para la cena de Nochebuena, cuatro familias luchaban por encontrar a sus hijos en una de las ciudades más grandes de Ecuador. Guayaquil es el motor económico del país, una ciudad costera con tres millones de habitantes, que ha puesto a cinco de los últimos ocho presidentes ecuatorianos. Es paradójica, como toda urbe latinoamericana; en ciertos puntos tiene un firme carácter residencial, con verjas de hierro resguardando calles y casas y con guardianía privada como gesto de seguridad. En otros, hay personas de grupos vulnerables, minorías; gente de clase media baja y baja que, a veces, más que vivir, sobrevive.
Ya eran las 19:00 y se supone que debía empezar a enfriarse esa sensación abrasante que regala la ciudad en época navideña (y en cualquier otra). Pero algo más hervía ahí dentro. La jueza constitucional Tanya Maricela Loor Zambrano le dijo a los familiares de Ismael y Josué Arroyo —14 y 15 años, respectivamente—, de Nehemías Arboleda, de 15, y de Steven Medina, de 11 y a los abogados auspiciantes que la esperen.
—Dénme tres horas para pensarlo, pero hoy mismo doy la resolución.
Estaban ahí porque habían interpuesto una demanda de hábeas corpus para que la justicia ordenara al Estado la búsqueda de los tres adolescentes y el niño que, desde la noche del 8 de diciembre pasado, no aparecían. Lo último que se supo de ellos fue que un grupo de 16 militares, en dos camionetas, los había detenido cerca del Mall del Sur, un centro comercial a pocos minutos del barrio Las Malvinas, donde ellos vivían. Los videos de las cámaras de vigilancia del Municipio de Guayaquil no dejaban dudas: fueron subidos a los carros por los uniformados y esas serían las últimas imágenes con vida de Ismael, Josué, Nehemías y Steven.
Pero en ese momento los cuatro chicos—cuatro chicos afrodescendientes—solo estaban desaparecidos.
Integrantes del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos —CDH—, de Guayaquil, estaban con los padres. Y durante el desarrollo de la audiencia, recibieron un mensaje de texto del fiscal Christian Farez, de la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza. En él, les decía algo que no esperaban escuchar en ese momento.
—Siempre está la pregunta de qué hacer, porque quieres cuidar a los familiares. Pero las familias también tienen una voz política y tienen el derecho a saber la información difícil y a llorar. ¿Por qué teníamos que ocultarles la información? —se pregunta, meses después, Fernando Bastías, abogado de la CDH, que estuvo esa noche y que ha estado en muchas otras noches, procesos y audiencias luchando por justicia junto a los familiares de los chicos.
Cuando la jueza les pidió esas tres horas, él se acercó a los padres, quienes, para ese minuto, se sentían animados: creían que esa era la forma en que podrían ver a sus hijos de nuevo.
El Complejo Judicial Florida Norte estaba vacío, ellos eran los únicos que le permitían a ese lugar sonar a algo humano con su presencia, su respiración y con los pasos que daban. La jueza se retiró a su oficina cuando Bastías les habló.
—Tengo la obligación no solo legal, sino también ética de comentarles todo lo que pasa. Ustedes confían en nosotros para justamente eso.
La frase no atenuó lo que salió inmediatamente después de la boca de Bastías.
—Encontraron cuatro cuerpos —dijo él, partiendo la tierra en dos.
Fernando les contó que el fiscal estaba avanzando con los peritos en la zona para resguardar todo dentro de la cadena de custodia.
Los padres de los chicos lo escucharon y se quedaron en silencio por al menos un par de minutos. Hicieron preguntas sobre lo que estaba sucediendo y el equipo de la CDH ofreció respuestas. Pidieron un espacio y cada uno fue a una sala de audiencia distinta. Solo unas pocas luces permanecieron encendidas en el Complejo Judicial Norte.
Luego de varios minutos se apagaron los gritos.
—No son ellos —dijeron.
No había forma posible de darles la razón.
—Les explicamos el procedimiento que seguía porque no podíamos decir que era falso o verdadero —recuerda Bastías, meses después, en las oficinas del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, en el centro de Guayaquil —. Tenían que hacerse exámenes y eso no significaba que no fueran a seguir buscando, porque hasta no tener una identidad, tenían que seguir buscando.
Escucharon eso, volvieron a las salas de audiencia; comenzaron a rezar. Cuando los rezos terminaron, volvieron a la audiencia para la que habían ido.
—Se comprueba la vulneración de los derechos de la vida, integridad personal, interés superior del niño, a la supervivencia, al desarrollo y pertenecer a grupos de atención prioritaria de los niños —dijo la jueza, aceptando el pedido de hábeas corpus.
Menos de dos meses después, esta decisión sería apelada por el gobierno y el 20 de mayo de 2025 otro tribunal revocaría esa sentencia. Hoy, la Corte Constitucional debe decidir sobre esta revocatoria.
La jueza Loor también ordenó que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas hiciera todas las investigaciones pertinentes en el país para dar con los chicos.
El 25 de diciembre iba a ser un día de descanso porque no había alternativa por las festividades. El 26 irían a que les tomaran muestras de ADN que servirían —o no— para definir si los restos encontrados eran de sus hijos.
—Queremos vivos a nuestros hijos —dijo Luis Arroyo a los periodistas que estaban esperando el final de la audiencia. Era una frase que ya había dicho y que diría un par de veces más ante cámaras y grabadoras. Pero la diría solo por una semana más.
El 31 de diciembre supieron lo que nadie está preparado para saber: esos cuerpos encontrados eran los de Ismael, Josué, Nehemías y Steven.
Para el domingo 5 de enero de 2025 se sabían muchísimas cosas de lo que había pasado con los chicos.
Por ejemplo, lo que quedaba de los cuatro eran huesos y fragmentos de sus cuerpos. Todo estaba calcinado.
También se sabía que 16 militares eran oficialmente los sospechosos de su desaparición y que, el mismo día que las pruebas de ADN confirmaron lo horroroso, el juez Dennis Ugalde dictó orden de prisión preventiva —enfocadas en investigaciones— para estas personas por el delito de desaparición forzada. Los videos de las cámaras de seguridad habían circulado por todas las cadenas de televisión y no dejaban de compartirse a través de miles de cuentas de redes sociales.
El 26 de diciembre de 2024 dos de los 16 militares dieron una entrevista al medio digital La Posta en la que daban su versión de los acontecimientos. Ocultaron quiénes eran a través de gafas y pasamontañas y en la emisión los llamaron militar 1 y militar 2; una generalidad insignificante. Entre los dos, acusaron a los chicos de haber robado a alguien, explicando que, por eso, los detuvieron. Esta misma razón dio, por esos días, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo en intervenciones públicas. Esa misma razón se volvió tesis de muchísimas personas que encontraron, en ese supuesto dato, la justificación de lo sucedido. Para ese mismo 5 de enero de 2025, la Fiscalía ya había informado que no había ninguna evidencia, en ningún lugar —parte policial o denuncia— que sostuviera la excusa de militares y autoridades del gobierno: los niños simplemente no estaban robando.
Esos militares dijeron en la entrevista que los chicos no traían documentos de identificación, que no quisieron dar sus nombres, ni sus edades. Que no les hicieron nada y que los soltaron con vida.
—Estas personas eran hasta un poco más altas que nosotros, entonces en ningún momento daban la impresión de ser niños —dice el militar 2 en el video. Sí, un militar haciendo gaslighting a millones de personas. No hay forma de mirar esos videos y ser incapaz de reconocer a un adolescente.
Para el quinto día del 2025 se sabía la versión de los militares. Que devolvieron las cosas robadas a la mujer a la que habían supuestamente asaltado y que se llevaron a los chicos para entregarlos en la unidad policial que más conocían, y que, porque no eran de la zona en la que los detuvieron, decidieron llevarlos muy, pero muy lejos de ahí. Ese relato tenía, al final, un dato incuestionable: los habían trasladado a la zona de Taura, una parroquia del cantón Naranjal, de la provincia del Guayas. Un lugar que queda muy cerca de la Base Aérea de Taura, instalación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, aproximadamente a 40 kilómetros de donde fueron detenidos. Un recorrido que con tranquilidad les pudo tomar una hora.
Es decir, ya se sabía que los militares —en un país que vive militarizado como la única solución posible ante la crisis de violencia e inseguridad, de acuerdo al gobierno de Daniel Noboa— no siguieron el protocolo definido sobre qué hacer en caso de encontrar a gente cometiendo un delito: entregarlos de inmediato a la Policía. Es más, tomando en cuenta que eran menores de edad, era la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes en Ecuador (DINAPEN) la que debía encargarse de ellos.
Pero eso no sucedió.
Para ese 5 de enero de 2025 se sabía que los restos de los chicos se encontraron en una zona pantanosa de acceso muy complicado, en el estero Chabelo, a 15 minutos de la Base Aérea.
Sí, muy cerca de donde los militares dijeron que los habían soltado con vida. Dos chicos de 15 años, uno de 14 y otro, el más pequeño, de 11, todos afroecuatorianos, abandonados a su suerte, a kilómetros de sus casas, por adultos que representan la seguridad del Estado. Los militares dijeron que los dejaron con vida, pero es su palabra versus la de los chicos asesinados que no pueden hablar.
En la entrevista en La Posta se muestra una vez más uno de los videos de la detención. Se puede ver que cuando suben a uno de los chicos al balde de una de las camionetas —ya había otro de ellos ahí— uno de los militares le pega. Son tres golpes. El militar 2 insiste en decir que lo que se ve no es lo que se ve.
—Lamentablemente, nosotros solo estábamos haciendo que giren la cara hacia abajo. No son golpes —dice militar 2, con esa forma tan cínica de negar lo que todo el mundo ha visto.
Para entonces también se sabía que uno de los chicos, Ismael, pudo hablar con su padre por cinco minutos. Así, Luis Arroyo, uno de los padres, supo que los habían detenido, golpeado y que estaban en Taura. La llamada que recibieron los Arroyo, a las 22:40 del 8 de diciembre de 2024, se hizo utilizando el teléfono de alguien que vivía en Taura y que los había encontrado. Ese hombre —según su declaración ante la Fiscalía, se topó a los chicos frente a su casa; estaban desnudos— le quitó el teléfono al muchacho y habló directamente con Arroyo.
—Tienes de 45 minutos a una hora para que los vengas a ver a Taura porque este sector es muy peligroso y como los niños son negritos y nadie los conoce, va a venir la mafia y se los va a llevar.
Eso fue lo que declaró Arroyo.
A través de WhatsApp, le enviaron la ubicación en tiempo real. Los Arroyo llamaron al ECU-911 —el Servicio Integrado de Seguridad del Ecuador, que atiende las emergencias en todo el país— para que los ayudara a rescatar a los chicos. Era imposible para los familiares conseguir a esa hora un vehículo e ir hasta allá con rapidez. Además, a Arroyo le parecía peligroso para él y los muchachos ir por su cuenta, al no conocer nada sobre Taura ni saber qué esperar a su llegada. Cuando los policías llegaron al punto marcado en el mapa, no los encontraron.
—Llamé nuevamente por WhatsApp a este sujeto y me dijo: ‘¿Para qué me mandaste la ley? Yo por hacer un favor casi me haces meter preso, yo tuve que correr e irme de la casa, yo no sé nada, ya vinieron 10 motos de la mafia y se los llevaron’ —declaró Arroyo.
Otra persona declaró que estaba en un bar de la zona y que llegaron miembros de un GDO —Grupo de Delincuencia Organizada— en motos; se estaban llevando a los chicos. Que los mataron y que querían desaparecer los cuerpos.
—Se los llevaron a un manglar y después, al día siguiente, me enteré que ya estaban quemados —dijo en su declaración. Ese testigo dio cuatro nombres de posibles responsables del acto: Ofelio, alias Ñato, alias Dani y Momo, quien, se supone, dio la orden para asesinarlos.
A raíz de estos datos, la investigación se partió en dos. Una por desaparición forzada, que es la que más ha avanzando y que tiene su base en Guayaquil, por la que hay 17 personas investigadas —en el camino se incluyó a un teniente coronel, como cómplice—. La otra por secuestro con resultado de muerte, a cargo de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT), que se sigue en Quito y es de carácter reservado —no se pueden conocer detalles como se quisiera—.
Sin embargo, casi 10 meses después de que este testigo dijera lo que dijo, se desdijo.
En su declaración formal como parte de este segundo proceso fiscal, en septiembre de 2025, el testigo dijo que militares lo sacaron de su casa la madrugada del 21 de diciembre de 2024, que lo detuvieron y torturaron para que dijera que a los chicos los habían matado miembros de bandas criminales.
Pero eso se sabrá luego. Aunque para el 5 de enero de 2025 se sabía lo suficiente.
—Está bien que les hayan dado vire a esos muchachos de mierda, ladrones —la frase salió de la boca de uno de los amigos de Roberto, un jubilado que vive en un barrio al norte de Guayaquil, en el que, como él, viven centenares de familias de clase media.
Él prefirió no decir nada y quizás esa es la razón por la que todavía recuerda la conversación que se desarrolló en uno de los parques de su ciudadela, en el que, una vez que caía la noche, se solían reunir algunos vecinos a conversar, desafiando el temor de que alguien llegara a asaltarlos, para que la respiración de los árboles los refrescara, porque el invierno en Guayaquil —una ciudad con una humedad relativa anual del 75%— llama a vivir fuera de las casas.
—Sí, el ahijado de un sobrino vive en Las Malvinas y le ha dicho que todos sabían que esos niños robaban y que hasta vendían drogas —dijo otro de los jubilados que estaba sentado en una de las bancas de cemento del parque.
—Eso es lo que hacen, eso es lo que hacen —volvió a hablar el señor que celebró que hayan matado a los chicos.
Roberto quiso esconder su incomodidad y no dijo nada. Fue suficiente para él participar en ese juicio público que aceptaba con gusto que hayan matado a cuatro chicos.
—No sé por qué, con toda la información que hay, la gente siga creyendo lo primero que escucha o lo que le ha dicho el primo del vecino del vendedor de agua que caminaba a dos kilómetros de donde agarraron a los niños —dice Roberto. Ya es octubre de 2025.
Ese domingo 5 de enero de 2025 tomó la decisión de salir más temprano y encontrar a otro grupo de vecinos con quienes conversar.
Roberto no se considera una persona de izquierda o progresista — “¿quién en Guayaquil va a ser de izquierda?”, pregunta—. Dice que votó por Daniel Noboa para presidente en las dos elecciones en las que ha participado y que estaba de acuerdo con que los militares salieran a patrullar las calles de la ciudad. En realidad, dice que es pragmático; que es fanático de aprender, de la lectura. de saber qué está pasando en Ecuador y en el mundo y que su pasado como profesor de secundaria lo obliga a mantener su cabeza afilada.
—Afilada como un buen lápiz —dice. Es decir, tener sus propias ideas y no dejar que otros se las escriban para que él las repita.
Y eso, a esta altura, significa tachar con el grafito las caras de personas que no debe ver más.
—No quiero tener nada que ver con gente que piensa que desaparecer y matar niños está bien —sentencia.
Solo con leer lo que se sabía hasta ese 5 de enero de 2025 no podía pensar en otra cosa.
—Es más, le voy a decir algo polémico, porque veo que nadie más habla de esto —dice una tarde de octubre, en un parque en su ciudad natal—. Yo no me trago eso de que los soltaron vivos y que llegaron criminales y los mataron. No tiene sentido. ¿Por qué un grupo delincuencial iba a quemar los cuerpos? ¿Qué ganaban con eso si cuando matan dejan los cuerpos ahí, a la vista de todos? Los quemaron los que lo mataron porque no querían dejar pruebas y eso es tan obvio.
No es el único en pensar algo así.
A mediados de septiembre de 2025, en su casa en el barrio de las Malvinas, Luis Arroyo y Kathy Bustos están a minutos de salir a la iglesia cristiana a la cual asisten a diario. Son los padres de Ismael y Josué. Ellos no solo han lidiado en todo este tiempo con la desaparición y asesinato de sus hijos —al igual que los familiares de Nehemías y Steven—, también lo han hecho con escuchar en las audiencias que los abogados de los militares se refieran a sus chicos como “sospechosos” o “individuos” —.
—A mí sí me molestó mucho que ellos traten de esa manera nuestros hijos —dice Luis al hablar de esto— como que fueran cualquier perrito.
También han debido resistir las acusaciones que han lanzado sobre ellos, las que han escuchado, visto y soportado todo este tiempo.
—Cuando decían que nuestros hijos robaban, ¡Dios mío santo! Hicieron como una cadena desde el mismo Estado para dañar la integridad de nuestros hijos y de nosotros, sus padres —dice Arroyo, que el día que identificó los cuerpos de sus hijos habló con los medios y lanzó una frase que deberá quedar guardada en los archivos de la ignominia humana: “Reconocí a mi hijo por los pies, porque su cabeza ya no estaba”.
—¿Qué culpa tenemos nosotros? —dice él, recordando en septiembre todas esas acusaciones que se mantienen a finales de 2025.
Ismael Eduardo Arroyo Bustos tenía 15 años; desde antes de cumplir los nueve ya estaba jugando fútbol. Era jugador del equipo Richard Borja, y su ubicación era a la extrema izquierda de la alineación; era, también, uno de los goleadores del equipo: había marcado 20 goles en dos años, ese era su superpoder. Quería ser jugador profesional de fútbol. Su hermano Josué Didier Arroyo Bustos, un año menor, también jugaba y ha sido definido como un estudiante con buenas notas en el colegio y un chico amoroso. Steven Yeral Medina Lajones, de 11 años, era el más pequeño de su familia y amaba el fútbol; su superhéroe favorito era Spiderman. Nehemías Saúl Arboleda Portocarrera, también de 15, amaba la música, se pasaba cantando todo el tiempo y en todas las actividades artísticas que podía inscribirse en su colegio, se inscribía.
Ninguno estaba asaltando a nadie, no eran parte de ninguna agrupación criminal, no tenían tatuajes, nada.
Regresaron ese 8 de diciembre de 2024 a sus casas, en un grupo de más de una docena de chicos de Las Malvinas.
“Ellos estaban en su día libre ese domingo” recuerda Luis; los verbos los usa en presente, “y como mi hijo entrenaba de lunes a viernes y jugaba sábado y domingo, ese día justo había salido a un partido a la una de la tarde y obvio que tienen sus amigos y siempre se reúnen a hacer deporte, como todos los muchachos y como ese parque está cerca, se fueron a hacer deporte”.
Habían estado en el sector de las canchas de la Coviem, una ciudadela un poco más al sur de su barrio, a una distancia a pie que puede variar de 15 a 20 minutos. Por la noche, cuando se acabaron todos los partidos, decidieron regresar caminando. Algo que habían hecho antes, que otros chicos que han ido a jugar los campeonatos en esas canchas han repetido otras veces: ir hasta la zona del Mall del Sur, tomar colectivos y buses para ir a sus hogares. El grupo de amigos de Las Malvinas no tenían que agarrar ningún carro, solo debían recorrer las calles de esa zona por pocos minutos e iban a estar en sus casas. Esa era una ruta que conocían.
—Lamentablemente pasaron estos sujetos, estos militares y los persiguieron —dice Luis.
—No fue solamente a los cuatro. Eran como 16 —aclara Kathy.
—Mire, corretearon a 16 y los agarran a ellos. Los otros niños que se fugaron después contaron sus testimonios y andaban aterrorizados.
Los chicos que no fueron atrapados por esa patrulla militar corrieron para escapar, quizás como nunca antes habían corrido en ningún entrenamiento o juego. Uno de ellos, un hermano mayor de Steven, se quitó la camiseta y se hizo pasar como mendigo debajo de uno de los pasos a desnivel de la zona, para que no lo atraparan. Quienes sobrevivieron aseguran que los militares dispararon.
En uno de los videos de las cámaras de seguridad del Municipio de Guayaquil, se puede ver cómo una persona de pantalón blanco hasta las rodillas, zapatos deportivos también blancos y camiseta oscura ha detenido a uno de los chicos. Los militares llegan a esa acera y el hombre se los entrega, los mira por menos de un segundo, se da media vuelta y sigue su camino por la vereda. Al chico, de pantalón corto azul oscuro y camiseta de un color más cerca del rojo y del naranja, lo suben a una camioneta.
—¿Te imaginas ser ese pobre diablo y agarrar a un pelado que iba corriendo y dárselo a los militares pensando que había detenido a un ladrón? — dice Emilio, de 34 años, gerente de sistemas de una empresa guayaquileña, mientras toma un café con tres amigos de su época de colegio, en una cafetería en la zona de Samborondón.
Nadie le responde, aunque la respuesta es obvia.
—¡Pobre hijueputa! No quisiera estar en sus zapatos —sintetiza Emilio, antes de beber un poco más de su americano, en un vaso de cartón. Minutos atrás, él había dicho que sí, que había que detener y juzgar a los militares porque no se pueden hacer las cosas así; pero entendía que esta es una época de guerra y que inocentes siempre van a morir en una guerra.
No se sabe nada del hombre de ese video. Nadie lo ha ubicado, solo está ahí, eternizado en medio del horror, en un video que no permite identificarlo. ¿Podrá dormir después de haber hecho lo que hizo?
Eran 16 militares los que sospechosos iniciales del delito de desaparición forzada.
El 11 de abril de 2025 se vinculó al teniente coronel de la Fuerza Aérea, Juan Francisco Iglesias. De acuerdo a la información dispuesta por la Fiscalía, porque “el oficial habría tenido conocimiento del operativo militar, acudido al lugar de los hechos, levantado indicios y omitido entregar información de manera oportuna, lo que entorpeció la búsqueda y el derecho de las víctimas a ser localizadas con vida”.
Lo que Iglesias hizo fue armar un operativo, por su cuenta, el 11 de diciembre de 2024 —es decir, tres días después de la desaparición de los chicos—; con ella, recuperó la ropa de los cuatro y luego la entregó a la Unidad Antiextorsión policial (UNASE). Lo hizo sin aviso ni presencia de la Policía ni de la Fiscalía y sin seguir la cadena de custodia necesaria. Algo que se supone que debe hacerse con evidencia para reducir el riesgo de alteración o contaminación.
Así, los 16 pasaron a ser 17.
El 5 de noviembre de 2025 se instaló el juicio por la desaparición de Ismael, Josué, Nehemías y Steven, luego de varios retrasos por maniobras legales de los abogados de la defensa de los militares. Al momento de escribir este párrafo se han realizado 11 sesiones del juicio en el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil por las que han pasado 26 testigos y expertos; se han presentado 180 pruebas documentales. Las revelaciones en este juicio se pueden leer en la cobertura de los medios de estas audiencias a las que se puede asistir a través de un link de Zoom.
En el juicio y en el expediente del caso se han expuesto detalles que llenan de ira. Por ejemplo, que se hizo una primera reconstrucción de los hechos el 16 de marzo de 2025, que duró un poco más de siete horas. Esa reconstrucción —basada en las declaraciones iniciales de los militares— llegó a la misma conclusión: que los dejaron libres en la zona de Taura, que, cuando iban por una ruta no asfaltada, empolvada, de tercer nivel, se encontraron un árbol caído y que los chicos ayudaron a levantarlo para que las dos camionetas continuaran su camino; que ahí los soltaron y que estaban vivos y sanos cuando los dejaron; que de ahí los chicos llegaron a la casa desde donde Ismael pudo hablar con su padre y que de ahí pasó el resto de la historia que se conoce.
En noviembre de 2025, la Fiscalía demostró que los militares implicados tenían un grupo de WhatsApp titulado Asesoría jurídica militar, aunque solo pudieron ingresar a nueve teléfonos de los sospechosos. En el expediente se pueden leer varios de los mensajes extraídos.
“Toca mantener a ver qué se nos indica”, escribió el subteniente John Henry Zabala España el 12 de diciembre. El emoji que acompaña su nombre en el material que se extrajo de este chat es una calavera.
“Nos podemos hundir nosotros mismos”, responde por escrito el soldado Moisés Israel Loor López.
“Toca ponernos de acuerdo. Antes de dar versiones”, escribe en el chat Danny Wilmer López Carrasco el 13 de diciembre de 2024.
“Óseo ustedes tienen que reunirse todos para que hagan y exista una sola versión”, escribe Wilson Alfredo Cueva Briceño, el 13 de diciembre de 2024.
Pero las versiones estaban por cambiar.
El giro que ha permitido que se sepa algo más detalles de lo que sucedió durante la detención de los chicos vino desde los mismos militares. Entre el 27 y 28 de abril de 2025, el sargento segundo Nelson Sagnay y los soldados Alex Quishpe, Carlos Espín y Cristian Aucapiña se acogieron a la cooperación eficaz. De acuerdo al artículo 491 del Código Integral Penal (COIP) de Ecuador, este habla de “reducción de la pena” como resultado de esta colaboración.
El relato de los cuatro es diametralmente opuesto al del resto.
Dicen, por ejemplo, que algunos de los militares golpearon a los niños, una y otra vez. Algo no tan difícil de creer si se toma en cuenta lo que se puede ver en los videos de las cámaras de seguridad del Municipio de Guayaquil. A la altura del peaje de la vía Durán-Tambo, una de las camionetas se detuvo mientras esperaba la llegada de la otra. El soldado Carlos Xavier Espín sacó su teléfono y empezó a grabar lo que pasaba, sin que nadie se diera cuenta. Que lo hizo porque “la cosa se estaba poniendo fea y no sabía a dónde nos íbamos”.
—Agradece, negro, que no te metí un tiro en la cabeza. Te lo juro por mi madre —le dijo a uno de los chicos el cabo Jhon Eduardo Tagle, según la versión de Espín.
Espín iba en una de las camionetas, dos de los chicos estaban en el balde del vehículo, donde él permanecía sentado en uno de los bordes. Él contó que otro de sus compañeros, el cabo segundo David Andrés Correa, le pegó a los adolescentes en la cabeza, usando su fusil. Poco después se empezaron a reír los militares: se acordaron cómo uno de ellos, el cabo Ronald Pilay, se cayó durante el operativo en el que detuvieron a los cuatro. Violencia y risas al mismo tiempo.
El testimonio de Espín revela más actos en contra los chicos.
En algún punto de esa noche, el cabo Jonathan Raúl Galeas habría bajado a dos de los chicos y los hizo acostar boca abajo, en el suelo, cerca de la camioneta.
—Negros cabrones, van a ver lo que les pasa —dijo Galeas, en versión de Espín.
Luego los habría puesto de rodillas y ordenado que unieran sus manos detrás de la cabeza. La fotografía de la reconstrucción de los hechos muestra a dos policías reemplazando a los muchachos, arrodillados, dándole la espalda a la cámara: los chicos fueron torturados física y psicológicamente.
Ese cabo los golpeó en la cabeza por varios minutos, usando sus puños.
Un adulto golpeando a niños.
En el relato de Espín, Galeas se detuvo cuando llegó la otra camioneta, agarró a los dos chicos y los lanzó hacia el balde de la camioneta. Uno de ellos se golpeó con uno de los fusiles al caer, el resultado fue una herida en su cabeza.
La misma noche, pero más tarde, Espín le envió el video de lo que grabó a su hermana, Deysi Geoconda Espín. Ella guardó el archivo en su teléfono; cuatro días después, el 12 de diciembre, cuando Espín salió de franco, le dijo que había borrado el video por orden del subteniente John Henry Zabala España.
En el juicio, especialmente en los primeros días de diciembre, cuando declararon los militares que están colaborando con la Fiscalía, hubo más detalles sobre lo sucedido. Se supo, así, que los miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana dispararon en dirección a los chicos cuando los atraparon, apuntando muy cerca de ellos, sin herirlos; que hubo más golpes, hasta con palos, que al más pequeño —Steven— le cayeron a cinturonazos. En otros videos se pueden ver cómo los apuntan con sus armas.
—Hemos llegado al lugar en el que van a morir —dijo el subteniente Zabala a los chicos cuando estuvieron en Taura, envueltos en oscuridad y vegetación.
Las versiones de los colaboradores remarcan que Zabala los hizo desvestirse.
Cada vez que iniciaban sus intervenciones, los cuatro colaboradores pidieron perdón a los familiares de Ismael, Josué, Nehemías y Steven. El soldado Alex Quishpe fue muy claro al ofrecer disculpas por no haber hecho nada para evitar lo que pasó; reconoció que no tenía rango para enfrentar a sus superiores.
Pero el resto de los militares se mantuvieron en la declaración inicial: que no golpearon a los chicos, que los llevaron hasta la zona de Taura —que si bien iban a entregar a los chicos en una unidad de policial que ellos conocían, les ordenaron desviar la ruta por supuestos desmanes en Taura—, que, como los chicos ayudaron a quitar un árbol de esa vía casi abandonada, los dejaron libres ahí, en medio de un vacío oscuro y vegetal que les absorbió la vida.
Dicen que los chicos estaban robando, que fueron los grupos de delincuencia organizada los que los mataron y que los compañeros que colaboran con la Fiscalía están mintiendo.
De acuerdo al resultado de las autopsias, los chicos sufrieron violencia extrema antes de que les dispararan. Una vez muertos, sus cuerpos fueron mutilados y quemados para no dejar rastros. En el lugar que ubicaron lo que quedó de ellos era una zona fangosa, un pantano repleto de manglares, a menos de un kilómetro del recinto Casa de Zinc. Pegado a los restos carbonizados había restos de vestimentas y en las muñecas de uno de los chicos se encontró un trozo de cuerda anudado, como si lo hubieran maniatado.
El 1 de enero de 2025, los restos de los cuatro chicos descansaban en cuatro ataúdes que familiares y amigos cargaron en sus hombros por una distancia de ocho kilómetros; desde la casa comunal del barrio Las Malvinas hasta el cementerio Ángel María Canals, en el suburbio de Guayaquil, una zona eminentemente popular de la ciudad.
Las Malvinas es uno de los barrios del sureste de Guayaquil que a inicios de los años 80 empezaron a existir como asentamientos irregulares. Fue creado en 1983 y es posible que su nombre se deba a la guerra entre Argentina y Reino Unido por las islas ubicadas al sur del océano Atlántico.
Ahí la vida es exterior. Algunas calles son estrechas, con cierto sentido zigzagueante y una largura que genera la ilusión de que los traslados toman tiempo. Los niños juegan afuera, se detienen cuando pasan los carros y vuelven a jugar; la gente se saluda cuando se ve, como si se reconocieran de estas y todas sus vidas anteriores y las por venir. Hay vecinos, pero a diferencia de lo que sucede en otros espacios de Guayaquil, aquí existen menos reservas hacia el otro. En Las Malvinas hay colores en las fachadas de las casas; son tenues, apastelados, pero lo que predomina es el gris del cemento y una sensación térmica que hace hervir el asfalto. Los perros caminan con familiaridad, los gatos van al otro lado de la acera, las ratas se suben a los mesones de las casas o se esconden en los agujeros que encuentran. La convivencia es de múltiples vías en Las Malvinas.
Así como hay vida, existe la idea de que es una zona peligrosa. El prejuicio está ahí junto a una forma sinuosa de verdad: desde 2022 hay reportes policiales y mediáticos sobre Las Malvinas como uno de los espacios con mayor violencia criminal en la ciudad y como punto neurálgico dentro del mercado de venta de drogas, que ha soportado operativos de decomiso a cada rato —uno de ellos, tres días antes de la desaparición de los chicos—. Y como en otros barrios de Guayaquil, han habido y hay asaltos, asesinatos y sicariatos. Es más, en marzo de 2022, un grupo de siete —cinco hombres y dos mujeres— fue asesinado por personas que no fueron identificadas, mientras compartían música y bebidas alrededor de una piscina inflable, la noche de un domingo.
Sí hay que aclarar algo: hay una realidad de violencia en Guayaquil y en Ecuador. Esa violencia no solo le pertenece a Las Malvinas.
El 2025 cierra como el año más violento en la historia de Ecuador, con una cifra que impresiona. Según datos de la Policía Nacional, del 1 de enero al 28 de noviembre hubo 8,272 homicidios intencionales; misma que superan ya la cantidad de 2023, en su momento, considerado el más violento, con 8248 asesinatos. El 30% de estos crímenes han sucedido en lo que se conoce como la Zona 8, una división administrativa del país en la que han ubicado a las ciudades de Guayaquil, Durán y Samborondón, las tres muy pegadas, separadas por largos puentes y otros límites que con los años se han desdibujado. Es como si todo fuera una gran ciudad consumida por la violencia.
Para el gobierno lo que está pasando es que los criminales se están matando entre ellos. Lo han repetido sin empacho: Lo ha dicho el presidente Daniel Noboa y el ministro del Interior, John Reimberg, quien en una entrevista el 4 de diciembre de 2025, en un programa de la cadena Teleamazonas, aseguró que más del 85% de las muertes violentas tienen que ver con delincuentes que forman parte de grupos criminales. No ofrecen fuentes que sustenten este porcentaje y portales de verificación y fact checking han revelado que no existen datos públicos que puedan verificar esta aseveración gubernamental.
Sin embargo, el mismo 4 de diciembre de 2025, se hizo público un informe del Observatorio de Conflictos de la Universidad Central del Ecuador, ubicada en Quito, que reveló que ocho de cada 10 víctimas de homicidios no tenían antecedentes penales y que cuatro de cada 10 eran estudiantes.
Es la sociedad civil la que está siendo asesinada en Ecuador.
El cortejo fúnebre tomó tiempo en llegar al cementerio. A lo largo de varias cuadras, que caminaron casi 300 personas, con flores, chigualos —esa música tradicional en comunidades afros en la provincias de Esmeraldas, sostenida por el ritmo prodigado de instrumentos percusivos— y pirotecnia; pocas horas antes había empezado el año. Para algunas personas, ese sonido que se reproducía en los videos que periodistas subieron en sus cuentas de redes sociales —en su cobertura en vivo— era el sonido de disparos.
Pero no, eran sonidos de petardos y pirotecnia. No hubo reportes policiales de uso de armas.
Igual pasó con las motos que utilizaron algunas personas para transportarse, que dizque eran motos de sicarios o que quienes las conducían, disparaban. Se reproducía todo lo que sirviera para mantener una narración falsa, un relato que repetía lo dicho por el gobierno: eran criminales, los chicos, aún si no había evidencia.
Pero en algún punto se dobló la apuesta de esa infamia. Se compartieron fotografías y videos de chicos afro en los que se los veía asaltando a alguien en una calle, o con armas, joyas, dinero y tatuajes. Ninguna de esas imágenes correspondían a Ismael, Josué, Nehemías y Steven, aunque eso fue lo de menos. Hoy, un año después de su desaparición y asesinato, se siguen replicando estas imágenes como si fuesen hechos, como si tuviera sentido alguno que se detuviera a menores de edad y en lugar de llevarlos ante la policía se los dejara en una zona completamente desconocida para ellos, en medio de la nada.
Si no fuera por su fe, los padres de Ismael y Josué no seguirían con vida.
—No sé por qué llegaron a hacerle tanta maldad a estos niños —dice Luis Arroyo, padre de los hermanos Ismael y Josué—. Este es un dolor que solo Dios nos puede ayudar.
La palabra Dios sonará 36 veces más en una conversación de 30 minutos.
Arroyo dice que le tomó cinco días, desde el 8 de diciembre, entregarse a Dios. Que la fortaleza que tienen para seguir adelante viene de Él. Que el 13 de diciembre fue el día que se “convirtieron a Cristo” y desde ahí asisten a la iglesia de lunes a sábado, a las 18:30 y los domingos prefieren pasar en familia.
—Hubo muchos malos pensamientos. El enemigo nos decía que nos autoeliminemos, que nos matemos. Pero el Señor nos ha sostenido —confiesa el papá de Ismael y Josué.
Lo que quieren es “verdad y justicia”, porque “esto no se puede quedar impune”, sintetiza él.
Natalia Santos es psicóloga clínica y lleva más de tres años trabajando en el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos —CDH—. Ella es parte del equipo profesional que acompaña a los familiares de los chicos junto a expertos del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer —CEPAM—. Ella entiende esa cercanía con lo religioso como parte del proceso de los padres.
“La religión es como un emblema, un escudo para darse una respuesta” dice Santos. “Antes eran religiosos, pero ahora mucho más. Salen del trabajo a las cinco de la tarde, van al culto y llegan a su casa a las 11 de la noche. Es muchísimo, pero debo ser sincera, si esto es un sostén o es un bote salvavidas y no tenemos nada con que reemplazar esto, no hay forma de quitarlo”.
En muchos casos de violaciones a derechos humanos, la defensa se topa con la religión como una dificultad añadida en la lucha legal por respuestas. La onda es: “que sea lo que Dios quiera” o “Dios hará justicia en la vida eterna”, lo que suele significar que Dios ofrece solución y la justicia humana, no. Por ende, los familiares se desentienden de los procesos legales. Este no ha sido el caso con los padres de los chicos de Las Malvinas.
Si bien la religión tiene mucho que ver ahí, la atención psicológica ha sido determinante en muchos aspectos —siempre respetando los deseos de los familiares— para que ellos continuaran con la demanda. Pero es posible que otro factor que los haya decidido, sea la virulencia con la que se atacó la imagen de los niños asesinados y la forma en que centenares de personas han justificado la actuación de los militares, rechazando que se trate de un crimen de Estado.
—Hubo un primer momento de indignación real, una que movió a la gente, a las madres porque eran niños, porque eran futbolistas y era Navidad —dice Santos.
Sin embargo, para ella esa indignación social se agotó con rapidez. Y es probable que haya sido reemplazada por “una campaña de desestimación de los niños y recuerdo estar muy enojada por lo que se decía”, cuenta.
—Si llevaba la conversación sobre el caso a personas cercanas, me decían: pero si salió la foto del niño con el arma. Fue una campaña muy fuerte que me atrevería a decir que terminó en una o dos semanas, pero fue suficiente —dice la psicóloga —. Ya en enero todo el mundo tenía la opinión de que los niños habían robado, de que eran delincuentes.
Desde mediados de diciembre de 2024 decenas de periodistas, influencers y figuras políticas muy cercanas al gobierno continúan alimentando la idea de que lo que sucedió con los chicos fue porque asaltaron a una mujer. Y estas ficciones todavía encuentran eco en varias personas. El equipo legal de los padres está barajando la posibilidad de demandarlos por daño moral.
—Estamos analizando, una vez que termine el caso Malvinas, con la sentencia, hacer acciones legales en contra de ciertos líderes de opinión que aún, hoy por hoy, persisten en posicionar o implementar la idea, a fuerza, de que los cuatro niños fueron delincuentes —dijo en una entrevista Abraham Aguirre, abogado de los familiares y miembro de la CDH, el 8 de diciembre de 2025.
Hay dos preguntas que flotan. La primera golpea: ¿Por qué hay gente que ha reaccionado de forma tan permisiva y justificando una ruptura de la norma que terminó con un crimen de Estado? No hay una respuesta clara, quizás sí aproximaciones que tratan de explicar lo que sucede dentro del ecuatoriano promedio, que sobrevive en medio de una violencia que parece consumir todo lo que tiene al frente, hasta el sentido común.
—Como que nos hemos desensibilizado frente al horror— dice el doctor en Psicología y escritor David Aguirre—Se nota en cómo nos permitimos hablar, pensar y transitar desde el horror sin hacernos cargo de nada, ni de lo que nos toca tan cerca. Me parece que nos hemos hecho hasta un poco cínicos—.
Eso nos ha llevado, explica Aguirre, a pensar en el otro como un objeto, denigrándolo, ya no siquiera lo miramos.
—Un poco como diría Lacan, estamos en esta desmentida de la realidad, que es como pensar que ahí donde veo el fracaso, donde veo el horror, transito por otras vías y argumentos, como que los niños eran ladrones o que eran unos malcriados… un discurso bastante cínico y cargado —sentencia.
La segunda pregunta tiene que ver con el hecho en sí: ¿Por qué sucedió o por qué los militares hicieron lo que hicieron?
El periodismo ha tratado de dar una respuesta a eso. En agosto de 2025, una investigación de Tierra de Nadie y Connectas, titulada Operación sin rumbo, reveló que la cifra de desapariciones muy parecidas a las de Ismael, Josué, Nehemías y Steven no es pequeña: “(...) este equipo de investigación identificó (...) 43 personas que desaparecieron después de haber sido aprehendidas en operaciones y allanamientos irregulares ejecutados por militares. La mayoría ocurrió durante la noche y la madrugada, en tres provincias costeras: Los Ríos, Esmeraldas y Guayas. Ocho de esas personas, incluyendo a los niños de Las Malvinas, fueron encontradas sin vida”, se puede leer casi al inicio del reportaje multimedia.
Para Operación sin rumbo, ocho militares colaboraron con el trabajo y aseguraron que las acciones que cometen y que rompen la ley se dan porque los han lanzado a las calles sin una estrategia clara sobre cómo combatir a grupos narcodelictivos. Un soldado, en el segundo párrafo del texto, lo deja en claro: “Nos exigen resultados. Se busca que el personal militar encuentre drogas, armas, que capture a criminales. El problema es que nosotros no tenemos inteligencia, ni información. No nos orientan hacia los objetivos específicos. Entonces, el personal militar, por cumplir con las misiones, captura a un grupo de delincuentes y por obtener información les empiezan a torturar”.
Y parece que no ha pasado nada con esta revelación. Nada se ha removido, ni ante la confesión del fracaso del plan de seguridad.
“El discurso ecuatoriano, o el guayaco, principalmente, es bastante perverso. Nos hemos familiarizado tanto con el horror que decimos ‘sigamos viviendo, jugando pádel, haciendo cerámica, pintando tote bags y haciendo como que no pasa nada’ —dice David Aguirre, que está seguro de que, si el caso de los chicos hubiera sucedido contra alguien blanco, la sociedad civil se hubiera movilizado —. Pero como son niños racializados de ciertos lugares, de ciertas etnias y de ciertas condiciones socioeconómicas, nos hacemos de la vista gorda.
Ivonne tiene 26 años y pidió permiso en su trabajo para salir media hora antes de su horario regular. Caminó cinco cuadras para llegar al boulevard de las Naciones Unidas, en el centro norte de Quito, donde se iba a encontrar con algunas amigas. Está ahí, en medio de decenas de personas que hacen una vigilia por Ismael, Josué, Nehemías y Steven.
Es 8 de diciembre de 2025, un año después de que fueran perseguidos y detenidos por militares. En varias ciudades del país —como Quito, Cuenca y Guayaquil— diversos grupos se organizaron para hacer marchas y plantones por la memoria de los chicos; en la ciudad de los pequeños, en su barrio, sus padres salieron marchando con sus vecinos desde la misma casa comunal de la que salieron con sus féretros.
Sin importar la ciudad, las proclamas eran las mismas: “¡Por Ismael! ¡Nadie se cansa! ¡Por Josué! Nadie se cansa! ¡Por Nehemías! ¡Nadie se cansa! ¡Por Steven! ¡Nadie se cansa!”. Gritos de unas 200 personas en Quito que, en horas de la tarde y noche de ese lunes, estaban ahí. Ivonne entre ellos.
—Es que no puedo creer por qué no hemos ido a arrastrar a toda esa gente que les hizo eso a los niños, la verdad —dice y se le llenan los ojos de lágrimas. Cuenta que solo piensa en su hermano de 15 años, se pone en el lugar de los familiares de los chicos y mira los dibujos que muchos han hecho y llevado al encuentro. Los retratos son precisos, son esas caras que se han visto las suficientes veces como para volverse inolvidables para quienes sí se preocupan por lo que pasó. En cada papel con los trazos de los chicos se ha colocado el nombre y la edad de cada uno “cuando el Estado lo mató”.
Las arengas en contra del gobierno siguen. Hay un megáfono y los asistentes toman su turno para leer poemas e historias inspiradas en los chicos, dar unas palabras, refrendar el ánimo de quienes están en ese punto de la avenida Naciones Unidas, cerca de la calle Japón, a pocos metros del Centro Comercial Iñaquito y a contados pasos de una de las paradas del metro. Los curiosos van y vienen, pero se quedan el tiempo suficiente para entender lo que sucede. Hay personas que toman fotos, leen todos los textos que han sido colgados en sogas que se han amarrado en postes y que no se guardan nada: “¡FAE, tienes tus manos manchadas de sangre!”, “¡Estado asesino, infancia irrecuperable!” y “¡Noboa asesino. Tu silencio es encubrimiento!”.
Mariana llega y saluda con un abrazo a Ivonne. Le entrega una vela; se queda con una y ambas las encienden.
—Dicen que los soltaron, pero esos militares mienten. Así solo uno de ellos les haya disparado, todos son responsables —dice Mariana.
—¿Por qué crees que no todo el país reacciona como ustedes o la gente que está aquí?
Ella escucha la pregunta y parece tomarse el tiempo para dar una respuesta precisa. Ivonne se le adelanta.
—Porque eran niños negros y somos racistas.
—Sí, somos gente mala. No tenemos alma —remata Mariana.
Se quedan ahí, siendo parte de ese círculo que sigue creciendo, alrededor de un centro en el que hay casi cinco decenas de velas encendidas, una lona grande, cubierta de plástico, con las fotos de los chicos, y varios girasoles sobre el suelo. Hay perros, tambores que ya fueron golpeados y que volverán a ser aporreados pronto, acompañando a una exigencia de justicia que no pierde fuerza.
El lunes 15 de diciembre, durante el juicio por desaparición forzada en contra de los 17 militares, en su alegato final, el fiscal Christian Farez pidió 34 años y ocho meses de prisión para 11 de los procesados, entre ellos el subteniente John Henry Zabala España, como principal responsable. Al teniente coronel Juan Francisco Iglesias, la Fiscalía pidió siete años y cuatro meses de prisión, por ser cómplice y encubridor del hecho. El fiscal pidió también una reparación simbólica de 10 mil dólares por cada uno para los familiares. Para los otros cinco militares —que terminaron ayudando a la investigació— se pidió 30 meses de prisión.
El lunes 22 de diciembre de 2025 deberá emitirse la sentencia por parte de la justicia.
Un vendedor de chaulafán —una versión muy ecuatoriana de lo que sería un arroz hecho según recetas chinas— pasa en medio de las personas que están en la vigilia en el boulevard de las Naciones Unidas. Intenta vender algún plato, pero se detiene a mirar los dibujos. Se queda un rato en silencio y susurra algo para sí mismo.
—Lo que le hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí —parafrasea una cita bíblica del evangelio de Mateo al tiempo que se persigna.
Continúa su marcha por el boulevard, gritando que vende chaulafán, porque la vida sigue y a veces hasta el ciudadano más enfocado en sobrevivir que otra cosa, tiene una conciencia que le permite diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto.
Postdata (a una hora de haberse publicado el texto)
La mañana del lunes 22 de diciembre de 2025, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas sentenció a 11 de los 17 militares a 34 años y ocho meses de prisión. A los cinco soldados que cooperaron con la investigación, la justicia los condenó a 30 meses de reclusión. El teniente coronel Juan Francisco Iglesias fue sobreseído porque, a criterio del Tribunal, no se pudo demostrar su responsabilidad como cómplice.
Además, el juez ponente, Jovanny Suárez, ordenó en su fallo que se rectifiquen las versiones difundidas que acusaban a los chicos de ser delincuentes y que se publique un extracto de la sentencia y una disculpa pública bajo el título: “Rectificación y verdad: inocencia de las víctimas del caso Malvinas”.
Eduardo Varas Carvajal (Guayaquil, 1979) Escritor, periodista y músico. En 2011 fue seleccionado por la FIL de Guadalajara como uno de los “25 secretos mejor guardados de América Latina”. Ha publicado cinco libros, entre ellos “Las tres versiones” (Cadáver Exquisito, 2022), con el que ganó el premio de novela corta Miguel Donoso Pareja, de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, en 2021. Es docente universitario de periodismo y ha sido reportero y editor de varios medios.