Este texto es parte de Los anteojos, nuestra newsletter de coyuntura. Cada semana, comisionamos dos crónicas de temas que todo mundo habla pero nadie te explica. Para recibirla en tu correo:
El sexenio más consciente que he vivido —políticamente hablando— ha sido el del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Claro que recuerdo a Enrique Peña Nieto —su predecesor— pero en sus elecciones yo no podía votar, aún era menor de edad. Siempre me gustó la política y aunque medianamente entendía las pláticas de sobremesa que tenían mis papás con mis tíos o mis hermanos con mis primos, la realidad es que fue hasta finales del gobierno de Peña que empecé a cobrar un poco más de consciencia.
Mi familia, siempre politizada y apuntando los comentarios políticos hacia diversas direcciones, me dejó algo muy claro: la seguridad es de los retos más grandes del país. Sin importar el color en turno, la crisis a resolver siempre ha sido gigantesca. Conforme empezaba a crecer, estudiar, leer y formarme como abogada, lo corroboré. La inseguridad de este país es el efecto de una causa completamente identificable: la impunidad.
Los mexicanos sufrimos cada vez más inseguridad porque hay cada vez menos expedientes resueltos o procesos de denuncia que logren algo diferente a provocar una sensación de pérdida de tiempo absoluta, producida por el espacio mismo en que una persona debe denunciar un daño. El punto es claro: las condiciones de México en su atmósfera política, social, jurídica, institucional y de gobierno, generan el fertilizante perfecto para que a la gente nos duela algo que no puede solucionarse: la «seguridad».
A dos años de la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, el reto no ha cambiado. El problema es que la dinámica política tampoco. Si algo enseñó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) —el otrora partido hegemónico— es que la mentira y el ocultismo son los recursos perfectos para la construcción eficiente de las narrativas. Algo parecido al ya famoso «los números no mienten, pero se puede mentir con los números». Que esta sea la estrategia adoptada no resulta extraño dado que la formación política del actual grupo en el poder es exactamente la misma que tuvieron los priistas durante setenta años en este país.
Cuando digo que Morena heredó las formas de hacer política del PRI no hablo únicamente en sentido figurado. El propio Andrés Manuel López Obrador —expresidente de México— inició su carrera política dentro del Revolucionario Institucional. Y no fue el único.
Dentro de Morena hay varias figuras de gran relevancia que también se formaron dentro de las estructuras priistas. Está Marcelo Ebrard que militó en el partido casi dos décadas y fue secretario general del PRI en la Ciudad de México; Ricardo Monreal, actual coordinador de la Cámara de Diputados; y Manuel Barlett, exfuncionario del gobierno obradorista que fue gobernador y dirigente nacional del debilitado monstruo político, PRI.
Morena nació prometiendo romper con el viejo régimen, pero una parte fundamental de quienes construyeron el nuevo poder aprendieron a hacer política dentro de él. Los partidos pueden cambiar de nombre; las formas de ejercer el poder son bastante más difíciles de sepultar. Un perro viejo no aprende nuevos trucos.
Hay algo que me incomoda cada vez que escucho al gobierno de Claudia Sheinbaum decir que los homicidios han disminuido más de 50% y que eso, entonces, hace que México sea un país más seguro. La seguridad de un Estado, creo yo, no se define única y exclusivamente con los homicidios. Si no entendemos que incluso un porcentaje que nos diga que hay menos delitos puede generarse porque hay menos personas que denuncian —aunque los crímenes sí se cometan— las estadísticas siempre podrán instrumentalizarse para crear una narrativa que está muy lejos de acercarnos a la verdad. Y sin completa noción del problema, ni lo mides, ni lo cuentas, ni lo comunicas, ni lo arreglas.
Construyen, a partir de una gráfica, un silogismo que opera con un «matan menos, ergo, estás más a salvo» que se plantea para decirnos que ese reto gigantesco está haciéndose cada vez más pequeño. Nos dicen que el problema ya se está solucionando porque, a diferencia de todos los demás, este gobierno «sí tiene intenciones de mejorarlo, no de maquillar las cifras para que así parezca». Y bueno, eso también considero es falso. Me incomoda la verdad escondida entre varias mentiras y no es porque la mentira sea el único factor de incomodidad. En realidad, es porque las mentiras atentan contra personas de carne y hueso.
El dato de la reducción del 50% en homicidios no es inventado. No eligieron un número al azar y lo empezaron a comunicar. Pero sí eligieron solo una parte de la foto para querer enseñar el paisaje. Te enseñan solo la falda de la montaña y no es falsa. La falda se ve así, pero no se asoman las cumbres. Y eso, si bien es deshonesto, también es la forma en la que aprendieron a hacer política. Uno nunca niega sus orígenes, y Morena no los niega ni queriendo.
El gobierno federal sostiene que, entre septiembre de 2024 —el momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum tomó el rumbo de México— y julio de 2026, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 86.9 a 42.5; una reducción de 51%. Si uno mira únicamente esa gráfica, la conclusión positiva es inevitable: la estrategia de seguridad está funcionando y México es un país considerablemente menos violento que hace dos años. Yo quisiera que fuera así de sencillo y, sobre todo, que así se sintiera la gente en la calle, igual de contenta que ese 51% asomándose en el informe de la presidenta. Pero no es el caso.
Las cifras que el gobierno presenta cada mes vienen de los registros de incidencia delictiva, basados en la información de las fiscalías locales: averiguaciones previas y carpetas de investigación que luego pueden ser actualizadas, corregidas o reclasificadas. No son la única manera de medir la violencia en México y tampoco deberían serlo. El problema, de nuevo, son las cumbres. No la falda. El truco está, en buena medida, en qué decides contar y en qué momento lo cuentas.
Cuando el gobierno presume la caída de los homicidios, utiliza principalmente los registros de víctimas de homicidio doloso que las fiscalías reportan al Secretariado Ejecutivo: es decir, casos que ya ingresaron al sistema mediante carpetas de investigación y que, además, fueron clasificados específicamente como homicidios dolosos. El tema es todo lo que queda fuera de la fotografía. Una persona desaparecida —cuya muerte no ha sido confirmada— no aparece ahí; tampoco suman los homicidios culposos, los feminicidios, ni las muertes violentas clasificadas como «otros delitos contra la vida».
Las cifras del Secretariado pueden modificarse más adelante conforme las fiscalías reclasifican sus registros. Por eso, cuando México Evalúa amplía el universo y suma cinco categorías oficiales —homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas y no localizadas—, la reducción de la violencia resulta mucho menor. Aunque el gobierno puede exhibir caídas superiores al 50% en homicidio doloso desde el inicio del sexenio, la medición integral de violencia letal apenas cayó 8.6% entre 2024 y 2025. No necesariamente están inventando muertos que no existen; están escogiendo una categoría más estrecha para describir un fenómeno mucho más amplio. Y dependiendo de qué vidas decides poner dentro de la estadística, puedes contar una historia radicalmente distinta.
Para este punto me parece que el problema es muy evidente: si solo discutimos la seguridad interna a partir del homicidio doloso, terminamos mirando a México por el agujero de una cerradura. Si realmente quiero saber si mi país es más seguro, debo abrir la puerta completa. Necesito saber cuántas personas desaparecen; cuántas muertes terminan clasificadas como homicidio culposo, feminicidio u «otros delitos contra la vida»; cuántas personas son extorsionadas, asaltadas o violentadas sexualmente; cuántas denuncian; cuántas consiguen que su denuncia se convierta siquiera en una carpeta de investigación; cuántos delitos llegan ante un juez; cuántos responsables reciben una sentencia; cuánto territorio controla efectivamente el Estado y, finalmente, y no por ello menos importante: si quienes vivimos aquí nos sentimos seguros.
Cuando abro así el panorama, la historia deja de encajar cómodamente en una gráfica de homicidios presumida alrededor del segundo informe de gobierno de la presidenta.
Cada año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) —órgano gubernamental autónomo— realiza la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Durante 2025, esta encuesta reportó que se cometieron 33.8 millones de delitos en México. El 93.4% no fue denunciado o no derivó en una carpeta. Es decir, por cada cien delitos que ocurren en el país, aproximadamente noventa y tres permanecen fuera de la estadística de investigación penal. Y la cifra negra no mejoró: pasó de 93.2% en 2024 a 93.4% en 2025.
En el fondo de cualquier número que pueda publicarse para hacer política, yace una pregunta clave: ¿las reducciones de las gráficas se sienten en las calles? En junio de 2026, aún después de la reducción registrada durante el año, 59.8% de los habitantes adultos de las principales ciudades decían sentirse inseguros en su día a día. Entre las mujeres, la proporción alcanzaba 65.6%. Siete de cada diez personas se sentían inseguras al utilizar un cajero automático en la vía pública y más de seis de cada diez, en las calles. Si casi seis de cada diez habitantes urbanos continúan percibiendo que el lugar donde viven es inseguro, no puedo concluir que el problema está resuelto porque una categoría delictiva haya bajado.
De nuevo, todo lo anterior no significa que la reducción de los homicidios sea falsa. Significa que «seguridad» y «homicidio doloso» están muy lejos de ser sinónimos.
Yo quiero ver y analizar las cifras de homicidios, pero también de desapariciones. Quiero saber cuántas extorsiones y delitos sexuales realmente se cometen. Quiero conocer la «cifra negra». Quiero saber cuántos delitos terminan en una carpeta, cuántas carpetas llegan ante un juez y cuántas producen una sentencia. Quiero conocer la capacidad de nuestras policías y fiscalías, pero también el control territorial que conservan las organizaciones criminales. Quiero saber cuántos comerciantes pueden abrir sus negocios sin pagar derecho de piso y cuántas mujeres pueden caminar hasta su casa sin modificar su ruta por miedo.
En otras palabras: dependiendo de qué decidamos contar, podemos plasmar dos Méxicos diferentes. Uno aparece cada mañana en la conferencia presidencial detrás de una gráfica y el otro está compuesto por personas desaparecidas, familias buscando cuerpos, mujeres violentadas, comerciantes extorsionados y comunidades que han aprendido a convivir con poderes que no llevan uniforme ni fueron electos por nadie. Es ese segundo México el que me interesa mirar para evaluar los primeros dos años de Claudia Sheinbaum.
Quizá el error no está en la cifra que la presidenta enseña, sino en todas las cifras que dejamos de mirar mientras la vemos.
Natalia Torres Salim (Ciudad de México, México) es abogada, profesora y analista política, especializada en Derecho Constitucional y Amparo. Es profesora en la Universidad Panamericana y participa en espacios de análisis y debate político en medios nacionales. Desde 2022 crea contenido de divulgación político-jurídica en plataformas digitales. Puedes leerla y seguir su trabajo en redes sociales como @naattorres.