Noticias de otro gran secuestro
A 30 años de lo ocurrido con Juan Carlos Gaviria, hermano del expresidente, se conocen nuevas verdades y confesiones.
Esta crónica fue escrita por Sebastián Hoyos. Puedes leer más del autor y sus publicaciones en la biografía que incluimos al final.
Entre abril y junio de 1996, la noticia de dos secuestros sacudió a Colombia. La primera, fue la del lanzamiento del que entonces era el último libro del premio nobel de literatura, Gabriel García Márquez, Noticia de un Secuestro. La otra, que mantenía al país en vilo, era el rapto de Juan Carlos Gaviria, hermano del expresidente César Gaviria Trujillo, quien entonces fungía como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Gaviria desapareció en los alrededores de la ciudad de Pereira en vísperas de la Semana Santa de 1996. Durante varios días se desconoció su paradero, hasta que el enigmático y prácticamente desconocido grupo subversivo Movimiento Dignidad por Colombia anunció que lo tenía en su poder. Las negociaciones secretas entre la familia y los captores—con la intermediación de Fidel Castro y el despliegue de un complejo operativo de la inteligencia nacional; donde no solo estaba en juego la vida de Gaviria sino la permanencia de Ernesto Samper Pizano en la Presidencia de la República—han sido prácticamente desconocidas por la mayoría de colombianos. Así ha sido hasta hoy, cuando se cumplen 30 años de los hechos y con la aparición de archivos secretos, evidencias y el testimonio de varios de los protagonistas que habían preferido guardar silencio, se puede desvelar lo ocurrido. Con ello, se espera cumplir las mismas palabras con las que García Márquez arrancaba Noticia de un secuestro, por esas mismas fechas: “Con la esperanza de que nunca más nos suceda este libro”.
La tensión en la cúpula del poder en Colombia era la mayor.
Por esas semanas el Congreso de la República adelantaba un juicio político para votar si el Presidente Ernesto Samper Pizano debía abandonar la Casa de Nariño como responsable de recibir financiamiento del Cartel de Cali en su campaña presidencial—denuncias que el entonces ministro de la Defensa (y gerente de campaña de Samper), Fernando Botero Zea, reconoció; alegando que esos recursos sucios, enviados en cajas de cartón envueltas en papel regalo, sí habían entrado a la campaña—. Todo este escándalo político fue conocido como el Proceso 8,000, por el número de radicado que le correspondió cuando la Fiscalía General de la Nación conoció la denuncia criminal.
En medio del escándalo nacional más significativo en la historia reciente de Colombia, llegó la noticia del secuestro a la familia Gaviria. Se trataba de una retención política.
Los captores pedían, para no asesinar a Gaviria, la renuncia de Samper, que el Congreso lo declarara culpable de financiamiento ilícito y que, en su reemplazo, asumiera la presidencia Gabriel García Márquez o, ante su negativa, María Eugenia Rojas—hija del exdictador Gustavo Rojas Pinilla, quien gobernó el país de 1953 a 1957—. También pedían la renuncia de César Gaviria de la OEA; la del vicepresidente, Humberto de la Calle y la publicación de las declaraciones de renta de toda la familia Gaviria, entre otras solicitudes que hubieran rayado entre la locura y la hilaridad, de no ser por la tragedia en ciernes.
Durante 72 días Gaviria estuvo enterrado con vida en algún lugar del eje cafetero, soportando un calvario que lo dejó el resto de su vida con claustrofobia y miedo al silencio. Tan violenta fue su retención que, tras su liberación, duró tres meses prácticamente inválido, sin poder caminar. Se demoró otros tres meses para volver a dar sus primeros pasos como un hombre libre. Nunca ha querido hablar sobre lo ocurrido, porque no le interesa revivir esos capítulos oscuros de su vida, de los que aún tiene serias secuelas, como aclaró a inicios de 2024 cuando fue entrevistado sobre su secuestro.
Lo ocurrido con la negociación y liberación de Gaviria, el 12 de junio de 1996, sin dudas hubiera tenido un capítulo importante en el libro de García Márquez. Ese día se desató una gran polémica nacional. Como parte del acuerdo, los secuestradores pudieron salir del país con rumbo a Cuba.
El escándalo agitó al país. En medio de una violencia que azotaba a decenas de colombianos, el gobierno parecía favorecer a la familia de un expresidente.
Desde varias orillas de la opinión pública se plantearon interrogantes que nunca obtuvieron respuesta. Entre ellas estaban las de Fernando Vargas, vocero de ´Víctimas de la Guerrilla´ (Vida), acompañadas del Directorio Nacional Conservador y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Estas organizaciones le solicitaron a la Fiscalía General de la Nación aclarar las bases jurídicas que permitieron el acuerdo y la salida de los secuestradores.
En su icónica columna de opinión de la Revista Semana, en la edición del 25 de junio de 1996, Antonio Caballero mencionó que los voceros de ´Víctimas de la Guerrilla´ consideraron que las autoridades involucradas habían transgredido la jurisdicción antisecuestro recientemente establecida (Ley 282 de 1996) al acordar un pacto inconstitucional con los implicados. Esto porque la Carta Magna prohibía el indulto o la amnistía para el delito de secuestro. Además que la Ley 40 de 1993 determinaba que en ningún caso el autor de un secuestro podía ser indultado, así como tampoco este crimen podía considerarse como un delito político o conexo.
Sobre lo anterior, Caballero concluyó que Fedegán “tenía razón cuando le exige al gobierno el mismo trato que dio al hermano de Gaviria para los más de 200 ganaderos secuestrados”—haciendo referencia a la prevalencia de la violencia entre los estratos más pobres de Colombia— .
Estas inquietudes tenían un denominador común: los términos del “intercambio humanitario” que permitieron la liberación de Juan Carlos Gaviria. ¿Fue legítima y transparente esa negociación de cara al país? Para el expresidente Ernesto Samper Pizano, al sol de hoy, no lo fue.
Su respuesta es que por segunda vez en su mandato fue engañado, alegando que gran parte de lo ocurrido sucedió a sus espaldas:
“La verdad es que nunca fui consultado de la negociación en esos términos. A mí me la presentaron como un operativo de la Policía y una liberación. Si el trueque humanitario se dió, no fue autorizado por la Presidencia. En ningún momento me dijeron que fue un intercambio humanitario”, dijo en 2025 al ser entrevistado sobre lo ocurrido.
JEGA y un tal Bochica
Para entender esta especie de traición, es necesario reconstruir lo que sucedió en los dos largos meses del secuestro de Juan Carlos Gaviria. Tras su desaparición, a comienzos de abril de 1996, nadie sabía cuál era el paradero del hermano del expresidente. Incluso, se tardaron en confirmar si estaba secuestrado o desaparecido—el acontecimiento era indescifrable—. Nadie había visto nada, ni sabía a qué hora, ni cómo lo raptaron rumbo al Club Campestre de Pereira, donde acostumbraba a practicar tenis.
Tampoco hubo un actor armado (o grupo narcotraficante) que se atribuyera la autoría de inmediato. La única evidencia que quedó era el carro particular de Gaviria abandonado, con las llaves puestas en el encendido. El grupo de inteligencia de la Policía encargado del caso fracasó en obtener respuestas. En realidad, todos estaban enredados en la telaraña que minuciosamente había tejido, desde hacía meses, Hugo Antonio Toro Restrepo, conocido como el comandante “Bochica”, líder del Movimiento Dignidad por Colombia, una pequeña guerrilla marxista-leninista prácticamente desconocida frente a otras históricas como las FARC, el ELN, EPL o el M-19.
El comandante “Bochica” nació el 4 de septiembre de 1948 en Santuario, Risaralda, en una humilde familia liberal de la región cafetera colombiana. Estudió Derecho en la Universidad Tecnológica de Pereira. Dedicó su juventud y parte de su adultez a militar en la Alianza Nacional Popular (Anapo), partido político abanderado por el exdicador de Colombia, Gustavo Rojas Pinilla, quien recuperó sus derechos políticos en 1961 tras vivir en el exilio. El 19 de abril de 1970, “Bochica” se autoproclamó como fiel creyente de la lucha armada (y, por lo tanto, abstencionista de la contienda política) al vivir el fraude electoral en el que el general Rojas Pinilla perdió las elecciones presidenciales contra el conservador Misael Pastrana Borrero—el último exponente del Frente Nacional—.
Desde esa fecha, “Bochica” se dedicó a vivir una doble vida: ante su familia, era un abogado que sostenía su hogar en Bogotá con un pequeño consultorio jurídico; a sus espaldas, era un hombre dedicado a estudiar los postulados del marxismo-leninismo para crear una teoría con la que cualquier grupo armado pudiera tomarse el poder en Colombia. Cuando finalizó su obra, después de siete años, a finales de los setenta un colega lo presentó con Medardo Correa, un exguerrillero del ELN. Correa quedó “fascinado” con el planteamiento teórico de “Bochica”. Lo convenció de unirse al “16 de marzo”, célula urbana de la guerrilla en la capital que aludía, con su nombre, a la Rebelión de los Comuneros, en 1781.
Su vida con el ELN duró poco.
En 1983 fue expulsado de la guerrilla junto con el resto del 16 de marzo por parte de la Dirección Nacional, encabezada por el padre español, Manuel Pérez. En ese entonces, el movimiento urbano “16 de marzo” había secuestrado al hermano del presidente Belisario Betancur para demostrarle a la cúpula del ELN que la teoría de “Bochica” podía causar un estallido social. La realidad fue diametralmente opuesta: el secuestro causó un rechazo generalizado en la opinión pública nacional contra el ELN. El gobierno de Betancur le estaba apostando a una salida negociada del conflicto armado, otorgándole amnistías a guerrilleros por delitos políticos, propiciando diálogos con las FARC, el M-19 y el EPL. Medidas que mostraban un aspecto conciliador que encontró más resonancia que las teorías de “Bochica”. Ya fuera del ELN, “Bochica” y otros exguerrilleros dieron vida al Movimiento Jorge Eliécer Gaitán (JEGA), su apuesta armada para materializar su teoría subversiva.
Desde mediados de 1995, “Bochica” estaba confinado en el centro penitenciario La Picota en Bogotá por motivos ajenos a sus actividades subversivas. Cuando celebraba el grado de secundaria de su única hija—quien no sabía realmente a qué se dedicaba su padre—en un bar conocido como la Esquina del Tango, comenzó una riña con un joven. El desenlace: “Bochica” sacó un arma, le disparó y acabó con su vida, llevándolo a prisión.
Acto seguido, “Bochica” fue condenado a 25 años de cárcel, Aunque esto no le impidió orquestar el secuestro de Juan Carlos Gaviria desde su celda.
Sin saberse mucho de lo que era Dignidad por Colombia, la prensa capitalina atribuía a los narcos la autoría intelectual del secuestro de Gaviria y acusaban a los cárteles de usar la retención del hermano del expresidente como un mensaje contra la extradición. Era entendible, ese había sido el motivo de los secuestros que García Márquez narraba en Noticia de un Secuestro.
Ante el complejo panorama del proceso 8,000, una parte de la opinión pública consideró que Samper no llegaría al final de su período presidencial—en parte por las presiones provenientes de la administración Clinton, como la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico (en marzo de 1996), o la suspensión del visado del ejecutivo colombiano—. Frente a estas complicaciones y aprovechando que Gaviria podría convertirse en un personaje relevante en una transición política que nunca llegó, la lógica del momento sugería que el secuestro de Juan Carlos Gaviria era una garantía para impedir que reviviera el debate político para restablecer la extradición.
El misterio se rompió el 9 de abril. Fue entonces que Dignidad por Colombia declaró ser el autor intelectual y material del secuestro de Gaviria. Un exmilitante de esa guerrilla confesó recientemente que “el plan de llevarse a Juan Carlos se derivó del fracaso de no poder secuestrar al expresidente César Gaviria. Esa era la idea original”. Un grupo de guerrilleros, algunos de los cuales habían militado antes en el ELN, duraron meses planeándolo pero por algún motivo aún desconocido, lo abortaron. (Aún entonces, existió el imaginario, por lo tanto, de que “Bochica” había sido contratado en el pabellón de alta seguridad por fuerzas del narcotráfico para ser el autor material del secuestro).
Que el comunicado se hiciera el 9 de abril no era casualidad. Ese día en Colombia, en 1948, fue asesinado el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, desatando revueltas y violencias en todo el país que se conocerían como La Violencia, la misma que se llevó la vida de más de 230.000 personas en varios años. Tiempo después, se sabría que el Movimiento Dignidad por Colombia sería, en verdad, el Movimiento Jorge Eliécer Gatián, conocido por las siglas JEGA.
En ese primer comunicado, Dignidad por Colombia reconoció de igual forma haber sido responsable del “atentado” contra Antonio José Cancino—el abogado del presidente Samper—. Ese suceso fue, también, un intento de secuestro. El comandante “Bochica” lo reconocería años después en unos libros clandestinos de su autoría. Con este tipo de acciones, apuntó a capitalizar el escándalo del proceso 8,000 y la crisis política para proyectar a la clase gobernante como el enemigo común de las “masas” colombianas. Los comunicados de Dignidad por Colombia publicados en esos meses y firmados bajo alias, buscaban fomentar un sentimiento antigobiernista de carácter nacional, uno que, esperaban, desataría un estallido popular similar a “El Bogotazo”. Una vía que permitiría, por lo menos sobre el papel, aspirar a la toma del poder por medio del pueblo enfurecido.
Todo esto hacía parte de las teorías políticas que el comandante “Bochica” desarrolló desde mucho antes de formar Dignidad por Colombia o de su ingreso al ELN en 1980. Se forjaron en un grupo llamado el “16 de marzo”, una célula urbana de la guerrilla en Bogotá que aludía, con su nombre, a la Rebelión de los Comuneros, en 1781, y que lo consolidaron como el eventual jefe político del Movimiento Jorge Eliécer Gaitán (JEGA) en 1984. Decenas de milicianos, militantes y partidarios de la toma armada del poder en Colombia, durante estos años encontraron en su obra “la fórmula para hacer la revolución con una precisión matemática”. El comandante “Bochica” estuvo convencido de haber resuelto la crisis contemporánea del socialismo mundial. Pensó que sus ideas cambiarían la disputa geopolítica de la Guerra Fría, por lo menos en América Latina. Su objetivo siempre fue dar a conocer su teoría insurgente con personajes capaces de ponerla en práctica: entre ellos, Fidel Castro, el en ese entonces líder del régimen cubano.
Mientras “Bochica” escribía los comunicados, los oficiales de inteligencia liderados por el entonces teniente coronel y director de la Dipol, Óscar Naranjo, descifraron el enigma detrás de su guerrilla. Una supuesta hazaña donde compararon más de 250 comunicados de distintos grupos armados archivados. “En ese ejercicio de comparación encontramos un renglón. Una línea que usaba los mismos términos y en el mismo orden gramatical que había firmado Bochica en otro comunicado, haciendo pública su responsabilidad con el secuestro de un exgobernador del Tolima. A través de un ejercicio comparativo de textos que tardó 72 horas, se llegó a la conclusión de que el responsable era el JEGA y que esa guerrilla estaba liderada por Bochica”, dijo el hoy general retirado en una entrevista para este reportaje.
Una investigación de la revista Semana, titulada La historia secreta (junio 18 de 1996), confrontó la versión del general Naranjo, haciendo alusión a que existió un informante que le reveló quiénes eran los autores del secuestro de Gaviria y delatando a “Bochica” como comandante en jefe del JEGA. Independientemente de cuál versión sea verdad, este suceso llevó a la identificación y captura de toda la cúpula de Dignidad por Colombia, proceso en el que hay numerosos interrogantes y vacíos.
