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Bismarck Soto estaba sentado en una piedra en la orilla del río Mapiri, en Bolivia. Lo vi preocupado. Era un día soleado de agosto de 2025. Agarraba una bolsa verde llena de hojas de coca. Estaba masticando la planta con sus tres compañeros. Buscaba matar el hambre para luego entrar al río y sacar oro. También fumaba un cigarro sin filtro y seguía sentado mirando de un lado a otro. «Todavía hay oro, tenemos la calanchera (una pequeña embarcación) para sacarlo. Hay días buenos, pero también hay días malos», me dijo.
Se puso de pie y de inmediato me enumeró los sacrificios que pasaba por sacar el material precioso: las enfermedades, como la neumonía; dejar a su familia todo el día; y el más terrible, la criminalidad que hay en este negocio. Así empezaba su jornada laboral, que terminaba cuando el sol se escondía. Se sentía algo intranquilo, ya que los conflictos por el oro estaban —y todavía siguen— acabando con vidas humanas. Bismarck decidió realizar el trabajo por su cuenta. A estos mineros los llaman rescatistas, que en Bolivia son las personas que recuperan el metal precioso que llega a partes bajas del río.
«Hay enfrentamientos entre cooperativas, todo por las cuadrículas, por los espacios. Hay también mucho avasallamiento y ahí empiezan los conflictos, que pueden llegar a la muerte. Nosotros no usamos mucho mercurio, porque prácticamente rescatamos el oro que se les va a las cooperativas y a las empresas», me confesó
En Bolivia, las cooperativas mineras son asociaciones de trabajadores autogestionados que agrupan a miles de socios, destacan por su gran peso político y operan principalmente en los departamentos de Potosí, La Paz y Pando. Este sector genera una parte muy importante de la producción nacional de minerales, pero enfrenta debates constantes sobre sus aportes fiscales y el uso de recursos naturales.
Bismarck me recordó el conflicto de agosto de 2024. En la comunidad Mescalita, del municipio de Guanay, cerca de la Amazonía boliviana, se enfrentaron las cooperativas mineras Gran Poder Uno y Primero Mayo con armas de fuego y cachorros de dinamita por predios colindantes. El saldo de este enfrentamiento fue un fallecido y dos personas heridas. Ese conflicto sigue vigente y la investigación fue cerrada sin detenidos.
Hoy la situación es igual o peor. Bolivia tiene zonas de explotación de oro marcadas. Casi todas en su Amazonía. El departamento de La Paz es el más afectado. Ahí están los municipios de Guanay, Mapiri, Teoponte, Ixiamas, Tipuani y Sorata donde mafias criminales se asentaron. Hay presencia armada y hasta el gobierno central admite que la minería ilegal se adueñó de zonas auríferas. Un caso reciente sucedió en la comunidad de Achiquiri, en el municipio de Mapiri, donde el 1 de julio funcionarios públicos fueron emboscados. La comitiva técnica de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) fue recibida con disparos y piedras.
«Donde hay minería ilegal, hay tráfico de armas bajo una tenencia ilegal, existen grupos irregulares vinculados a temas de narcotráfico, con el lavado de dinero, legitimación de ganancias y otros», relata Jaime Sanabria, director de la AJAM.
Esa instancia es la entidad pública encargada de dirigir, administrar, registrar y fiscalizar toda la actividad minera en Bolivia. Entre sus funciones está realizar controles, inspecciones y procesos legales para desbaratar actividades mineras que operan sin autorización.
«Acá la minería es sinónimo de violencia», me afirmó Víctor Ticona, quien hasta marzo de este año era alcalde de Guanay. Ticona aseguró que existe presencia extranjera en los conflictos mineros. «Hemos tenido más presencia de (ciudadanos) colombianos y chinos, son empresas que vienen a explotar nuestras comunidades, quienes tienen el derecho minero. Ellos son como inversores», relata el exalcalde, que ahora es una figura de oposición en la localidad.
Desde 2016, a diferencia de otros países de la región como Chile, Perú, Ecuador y Colombia, Bolivia no reporta el detalle de sus envíos del codiciado metal: ni sus exportadores ni sus importadores. Solo se conocen preliminarmente cantidades aproximadas que se declaran oficialmente en Aduana. El boom del oro en Bolivia se originó en 2014, cuando las cooperativas elevaron la producción y empujaron esta actividad extractiva hacia nuevos territorios, como la Amazonía. Ese año, se aprobó la nueva Ley de Minería y Metalurgia.
Pero la presencia de la minería ilegal en Bolivia es mucho mayor. El gobierno de Luis Arce (2020-2025) estimó en 2023, cuando se debatía la Ley 1503 de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales, que el 50% de las exportaciones en el país provienen de fuentes no reguladas, principalmente por contrabando desde Perú.
Una guerra en Sorata
En muchas zonas de Bolivia el oro vale más que una vida humana. La madrugada del 3 de abril de 2025 todo parecía normal en el cantón Yani, municipio de Sorata, que está a 260 kilómetros de la ciudad de La Paz. Cerca de las dos de la mañana de ese día, el luto llegó. Las noticias locales reportaron que la comunidad atestiguó una guerra para disputarse espacios mineros. Dos cooperativas se enfrentaron con el trágico resultado de cinco vidas perdidas y al menos 12 heridos. Primero se escucharon los disparos de ametralladoras y al final, una explosión a larga distancia. El caso quedó congelado. No hay detenidos en cárceles, pero sí hay recuerdos amargos.
La mina de Hijos de Ingenio se encuentra a más de 3500 metros sobre el nivel del mar, en el cantón de Yani. Esa zona es de difícil acceso por los caminos de tierra que atraviesan altas montañas y se elevan hasta los 4500 metros sobre el nivel del mar. Las comunidades mineras están más abajo.
La disputa que llevó a aquella fatídica madrugada de abril se venía arrastrando desde hace cuatro años. La cooperativa Hijos de Ingenio fue la que se llevó lo más trágico, mientras la agrupación minera Señor de Mayo fue la acusada de estallar el explosivo y de usar armas de fuego. Hay una tercera, que era parte de las tensiones, San Mateo, pero que en este último conflicto se marginó. «Ellos tenían metralletas, tenían armas de grueso calibre. Lo que sufrimos esa madrugada fue un ataque, un atentado», me relata Samuel Quispe, dirigente de Hijos de Ingenio.
Brandon Acarapi, junto a su prima, Soledad Quito Acarapi eran mineros de la cooperativa liderada por Samuel. Ella estaba embarazada, pero aquello no le era un impedimento para trabajar sacando oro. A Soledad tampoco le interesaba el conflicto que tenía su cooperativa. Solo quería crecer, trabajar y sacar adelante a su familia. Su padre, sus hermanos y familiares extendidos también eran mineros.
La última vez que Brandon vio a su prima con vida fue la noche del 2 de abril del año pasado. Se despidió como lo hacía siempre: con un beso y un abrazo. Luego, se fue tranquilo de regreso a casa. En las primeras horas del 3 de abril recibió un mensaje estremecedor de su prima, enviado a un grupo de WhatsApp que compartían. «Compañeros, están quemando autos. Ya están en el campamento. Nos tiene rodeados». Brandon vio el mensaje y se lanzó de inmediato desde su comunidad. La distancia no supera los 15 minutos de viaje. «Llegué y solo vi que perdimos todo, solo quería ver a mi prima y ellos seguían disparando», narra Brandon.
Lo que él encontró fue un campo de batalla. En medio de la oscuridad y de las balas todavía en el aire, él seguía buscando, inhalando un olor profundo de humo que dejó la detonación. Todo había sido destruido. Las paredes de la sede de Hijos de Ingenio ya no estaban. De las pequeñas habitaciones de los mineros solo quedaban añicos. No había rastro de Soledad. «En todo el dolor, tenía una esperanza de hallarla viva», relata Brandon. Minutos después halló el cuerpo mucho más allá de donde ella pernoctaba. «Yo llegué corriendo como loco, dando vueltas, intentando encontrar a mi prima, pero la encontré muerta». Soledad había fallecido, al igual que aquel pequeño ser que se gestaba en su vientre.
La disputa entre Hijos de Ingenio y Señor de Mayo llegó a la justicia. La Fiscalía de La Paz abrió un proceso que ahora está paralizado. Hubo dos personas judicializadas, pero ambas gozaban de la misma medida cautelar: tenían detención domiciliaria con salida laboral, que es prácticamente estar libre.
Según la investigación, existe un sumario de antecedentes de esta disputa. El 23 de abril de 2024 hubo otro enfrentamiento con armas de fuego entre ambas cooperativas auríferas que dejó dos heridos de bala: un adulto y un niño. «El pequeño salió de casa para observar lo que pasaba y recibió una bala», dice parte de la indagación.
El 24 de julio de 2024 hubo otro enfrentamiento entre las cooperativas Señor de Mayo, Hijos de Ingenio y San Mateo. Dejó tres personas heridas. El hecho se registró aproximadamente a las 23:00, nuevamente en Yani. En esa ocasión, tras dos días de fuego cruzado y dinamita entre cooperativistas, un contingente policial se trasladó al lugar para restablecer el orden.
Los mineros en pugna encendieron los pajonales para frenar la entrada de la Policía y el fuego dejó una decena de heridos, entre ellos dos uniformados con graves quemaduras y un civil herido por arma de fuego. «El 27 de julio de 2024 fallece en el Hospital Obrero de la Paz, el subteniente Fabricio Guillermo Reynoso Gutiérrez, quien sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo cuando la Policía Boliviana intentaba controlar los enfrentamientos entre cooperativas mineras en Yani», destaca la investigación.
Un día después del fallecimiento del policía, el minero Erasmo Quito, de la cooperativa Señor de Mayo, recibió un impacto de bala en la cabeza en los enfrentamientos en el cantón Yani. Permaneció en estado de coma hasta que falleció en abril de este año. El 2 de agosto de 2024 también murió el mayor Pablo Vargas Cuarita, el segundo oficial de la Policía Boliviana que resultó gravemente herido el 27 de julio durante los enfrentamientos.
En Bolivia la minería ilegal avanza a tiros, a estallidos. Ya rebasó a la Policía y a las autoridades competentes. Avanza dañando los ríos por la presencia de mercurio. Y esa es la otra parte triste de esta historia. Los pueblos indígenas que habitan a orillas de la cuenca amazónica cada vez ven su salud más comprometida. Los rodea la violencia y contaminación mientras sus reclamos no hallan respuesta.
Iván Paredes Tamayo es un periodista boliviano con 18 años de experiencia en medios impresos a nivel nacional y en el extranjero. Actualmente trabaja en investigación para Mongabay Latam, especializado en temas ambientales y delitos transnacionales. Formó parte del equipo de Tierra de Resistencias, que, a través del trabajo colaborativo, fue finalista del Premio Gabo 2021 por un reportaje que mostraba los ataques a líderes indígenas maltratados en sus propios territorios. Su premio más reciente fue por Periodismo de Investigación «Franz Tamayo» en Bolivia. En 2026 fue finalista nuevamente del Premio Gabo con el trabajo de investigación «Autopistas de depredación».