Vivir así
Crónica del Estado de Excepción hondureño
*Los nombres de las personas mencionadas en esta crónica, salvo funcionarios y figuras públicas, fueron cambiados para proteger su identidad.
Quienes lo conocen y lo aman dicen que Marco* ya ni siquiera era dieciochero y que lo que le hizo la Policía Militar es cruel e injusto. Dicen que no había necesidad porque ahora él era una ovejita en los brazos de Cristo, reformado y bueno, y que la droga se la plantaron: que la Policía Militar se la plantó, cuentan ellos, porque lo vieron pobre y joven, con un tatuaje de un uno y un ocho y porque vive en una zona controlada por el Barrio 18 que es la vieja pandilla de Marco pero ya no más —dicen los que lo conocen y lo aman—, y como no tenían razones para llevárselo le pusieron la bolsita entre sus cosas y dijeron esto es tuyo te vamos a llevar y así fue, se lo llevaron, y Marco, que ya no andaba en cosas de la pandillas sino que vendía frutas y que se había reformado tan bien que Dios lo bendijo con una refri para que la fruta la vendiera fresquita, ahora está en el mamo y no en su casa con familia ni su refri.
Podría decir: en el barrio de Marco ya no se vende fruta fresca porque hoy está preso, acusado de vender droga y sus familiares y amigos dicen que los militares se la plantaron.
Podría decir: en el barrio de Marco, su vieja pandilla controla y Marco vive en su barrio porque no tiene dónde más.
Podría decir: El Barrio 18, recientemente declarado como un grupo terrorista por Donald Trump, tiene un control tan firme de esa zona de la capital de Honduras que no solo cobran extorsión a los taxistas, a los buseros y a las tienditas, sino que cobran el agua, la luz y hasta el cable. Por lo que, si alguien quiere ir a trabajar en transporte colectivo, o comprar un refresco o ver las novelas tiene que pagarle a la 18.
Podría decir: desde el seis de diciembre de 2022, Honduras está bajo un Estado de Excepción que suprime múltiples garantías constitucionales como una medida para combatir el crimen organizado y la extorsión, que continúa afectando a 304 388 familias hondureñas.
Podría decir todo eso, como si significara algo.
Como si tuviera sentido.
Quiero explicarle que no es normal. Richard* es un ayudante de carpintería que vive en una ciudad del Valle de Sula, al norte de Honduras, controlada por las pandillas. Estamos hablando en uno de sus recesos. Es flaco como rama de guayabo y, sobre unos músculos fibrosos, tiene la piel tostada de quien trabaja bajo el sol. Yo le pregunto cómo lo ha tratado la policía aquí en su barrio ahora que, según mandato de la presidenta Xiomara Castro, tiene menos garantías constitucionales y él me responde con un encogimiento de hombros.
— Lo normal —dice—. Llegan, te piden los papeles y vas de manos para la pared. Vos sabés.
—Te buscan los tatuajes para ver si sos pandillero.
—Simón.
— ¿Y antes del Estado de Excepción? —pregunto.
—Lo mismo.
Lo normal.
En diciembre de 2022 Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, llegó a la conclusión de que la eterna crisis de violencia en el país necesitaba medidas drásticas. Honduras atravesaba un repunte de delitos asociados a las pandillas, como la extorsión y el sicariato y la percepción de seguridad estaba por los suelos.
La idea para solucionarlo era una exportación regional: en marzo de ese mismo año, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele decidió subir los decibeles a los viejos planes de mano dura para combatir el crimen organizado y destruir a las pandillas en El Salvador. No es secreto que lo logró. Los resultados de su experimento parece que son lo único de lo que hemos hablado en los últimos años: El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos de América Latina a ser uno de los países con menos asesinatos en todo el mundo, pasando de 17.6 asesinatos por cada cien mil habitantes en 2021 a 1.9 en 2024, según el balance de InSight Crime.
Ya no es secreto, tampoco, que el régimen de excepción salvadoreño fue la respuesta a una negociación fallida entre Bukele, la Mara Salvatrucha 13 (MS13) y las dos facciones del Barrio 18 que existían en El Salvador (Sureños y Revolucionarios), cosa que él niega. Este régimen sirvió de escenario para que Bukele persiguiera a sus críticos y para que se reeligiera por un nuevo periodo —una acción ilegal según su propia Constitución—. Ahora, en su segundo mandato y con las muertes bajo control, el Congreso salvadoreño, fiel a Bukele, modificó la constitución para que el presidente se mantenga en el poder todo el tiempo que quiera—que parece ser toda la vida—.
No es que a la mayoría de centroamericanos les importe. La mayoría hasta lo celebra. Lo que importa es que hay menos muertos.
Por eso, cuando la presidenta Castro decidió copiar la estrategia, muchos hondureños admiradores del milagro Bukele suspiraron aliviados, creyendo que las extorsiones y los asesinatos iban a terminar. Que iba a triunfar el orden y la ley. Y siguieron suspirando, esta vez de decepción, con los resultados.
Aunque la tasa de homicidios pasó de 38.1 en 2022 a 25.3 en 2024, miles de familias hondureñas siguen pagando extorsión y las pandillas y el crimen organizado sigue controlando con puño de hierro los territorios donde tienen presencia. El Estado de Excepción, si acaso, ha servido para que las fuerzas de seguridad del Estado abusen de su poder cubiertos con la tibia cobija de la impunidad. Según múltiples organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros, han aumentado los casos de uso excesivo de la fuerza, tortura y desapariciones forzadas.
La medida permite a las fuerzas de seguridad cosas como entrar a la vivienda de quién se les antoje sin ninguna orden judicial, regular dónde y a qué hora puede circular alguien o con quién puede reunirse. Todo para combatir grupos que, en muchos lugares del país, hacen cosas como entrar a la vivienda de quién se les antoje sin ninguna orden judicial, así como regular dónde y a qué hora puede circular alguien o con quién puede reunirse.
A pesar de todo esto, para 2024 Honduras seguía siendo el país más violento de Centroamérica y cuarto con la mayor tasa de homicidios en América Latina, sólo detrás de Ecuador, Venezuela y Colombia. Cristosal, una organización que por décadas ha monitoreado la violencia en Centroamérica, recopila en su informe “Estado de excepción y violencia estructural” testimonios como este: “Se supone que con más policías y estando en estado de excepción, los índices de criminalidad y muchas otras cosas deberían bajar, pero no es así. Más bien, el ciudadano es violentado por la policía y es violentado por el crimen organizado”.
Pablo* hace como que no, pero cada vez que pasa uno de los muchachos en su moto mira sobre el hombro y se encoje un poco. Yo hago como que no, pero también.
Cuando el zumbido cruza la calle, levanta una nube de polvo y empaña la vista, así que hablamos mientras las partículas de tierra flotan en el aire cálido de la noche. Tuve suerte y toda la semana no llovió. Estamos en la Rivera Hernández, en San Pedro Sula, y en esta época del año el agua te puede llegar al cuello tras un par de días de lluvia. Aquí las luchas territoriales entre las pandillas han trazado fronter
La Rivera Hernández es un conjunto de barrios y calles de tierra que se inundan cuando llueve y que, desde que se fundó en los 70, ha tenido fama mala de lugar violento. El estado la ha tomado como la excusa perfecta para no hacer su trabajo: asegurar que a la gente no la asesinen mucho, no la desaparezcan mucho, tener suficientes calles pavimentadas, luz pública; esas cosas. Está ubicada a unos 11 kilómetros del centro de San Pedro Sula, la ciudad industrial más importante de Honduras. Es su ciudad más rica y, por lo mismo, la más desigual. Llegar hasta San Pedro Sula, desde cualquier lado, es cruzarse con fábricas, maquilas, empacadoras, procesadoras y campos sembrados. Dentro, un millón doscientas mil personas hacen que este país sea, a duras penas, posible.
El periodista y antropólogo salvadoreño, Juan Martínez, una de las voces más importantes para entender la violencia en Centroamérica, describe en su libro “El que tenga miedo a morir que no nazca” cómo San Pedro Sula fue resultado de una serie de fenómenos históricos que ahora marcan la vida y la muerte de miles de personas. Desde la instalación de la industria bananera y las desigualdades sociales que exportó, hasta las políticas migratorias racistas de Estados Unidos que le dieron forma a Pandillas como la MS13 y el Barrio 18. “En ese espacio se concentran los resultados de más de un siglo de capitalismo”, escribe.
San Pedro Sula fue la ciudad de mis primeros viajes. Desde 2022, cuando me hice periodista, el trabajo me hacía recorrer varias veces al año los 243 kilómetros de carretera desde Tegucigalpa para llegar a una ciudad que se me hacía mejor que la mía: mejor comida, mejor cerveza, mejores discos, más verdor: el engaño. La ciudad no oculta sus matices, pero cualquier visitante podría quedarse en el barrio correcto y creer que aquella ciudad de torres de apartamentos, grandes casonas, cafés gourmets y parques con la grama bien podada es nada más el centro de la riqueza hondureña. Quien no se quiere enterar, no se entera.
La Rivera Hernández sirve de ejemplo: si un viajero quiere llegar a este barrio desde el Bulevar del Este—una de las principales arterias de la ciudad—, tendrá que pasar por una calle oscura, cubierta por árboles tropicales más viejos que todas estas historias y deberá conducir un kilómetro por una calle de pavimento, doblar a la izquierda hasta un retén policial y de ahí seguir hasta entrar al corazón de la Rivera. Si, en vez de girar a la izquierda, el viajero sigue derecho, llegará a una calle polvosa y a terrenos baldíos reclamados por la maleza que poco invita a seguir. Si, además, el viajero es curioso o imprudente y pregunta, se enterará que ahí suelen tirar los cuerpos de víctimas con nombres olvidados. Sin embargo, si antes de llegar al desvío el viajero se detiene frente a las grandes puertas de metal y pasa los guardias armados, habrá llegado a la Residencial Quintas El Dorado y verá mansiones con piscinas y cámaras de seguridad y calles sin polvo para los hijos de los ricos de San Pedro Sula, que, protegidos por sus murallas, juegan en el sol sin mojarse los pies con la sangre que corre a pocos metros de sus puertas.
En 2012 San Pedro Sula recibió el título de la capital mundial del asesinato, alcanzando 148 homicidios por cada cien mil habitantes, dejándola arriba de otras ciudades como Ciudad Juárez o Caracas. Para 2013, según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal, la cifra se había disparado a 187. Puede que sea cierto que las comparaciones sean injustas, pero por el placer morboso de contextualizar, para ese mismo año en Nueva York —una ciudad considerada como peligrosa en relación a otras grandes urbes— la tasa de homicidios fue del 3.92.
Quiénes recuerdan esa época en la Rivera Hernández dicen que sienten preocupación de que las cosas estén volviendo a ponerse malas. Nadie espera que haya tantos asesinatos cómo antes, cuando había tantas pandillas peleando por el control. Pero de pronto la tensión crece, hay más asesinatos y está el problema de las desapariciones. Me cuentan que algunas semanas se pueden perder hasta 15 personas de sus casas. Un día están y al otro no. Se las traga la tierra.
Se las come el barrio.
Sabiendo todo esto, no termino de decidir si es paranoia o un sentido del peligro bien afilado, pero desde que llegué tengo la sensación de que me están vigilando.
Cosa de detalles: un muchacho que se refugia en las sombras de un terreno baldío, cerca de donde estamos o el grupo de mujeres en la esquina, que se quedan calladas al verme llegar y se quedan calladas todo el rato que estoy ahí. Pablo está nervioso, pero lo oculta bien. La reacción, estando las cosas como están, es natural.
Prácticamente todos los barrios de la Rivera Hernández son controlados o disputados por alguna pandilla. Las principales —las que tienen más gente, más armas, más dinero y más poder político— son el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha 13, o los emeese como se conoce en estos lados. Sus historias y conflictos se pueden rastrear hasta las calles de Los Ángeles, en California, donde migrantes pobres llegaron a Estados Unidos escapando de Centroamérica y empezaron a hacer grupo para resistir la violencia policial y la de otras pandillas ya asentadas en la zona.
El eterno retorno de Nietzsche pero con mareros.
Ahora, tanto los 18 como la MS13 son considerados grupos terroristas transnacionales por el gobierno de los Estados Unidos y células con estos nombres —aunque no necesariamente relacionadas entre sí— operan en Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y aquí, en la Rivera Hernández.
Quiero decir: sobre todo aquí, en la Rivera Hernández.
Ningún lugar en Honduras se ha visto tan moldeado por ambas pandillas como este y hoy, me explica Pablo, la cosa está perra. Así lo dijo y yo le creo.
En los últimos meses los 18 escalaron sus incursiones en los territorios de la MS y en ambos lados las alertas están encendidas. Pablo vive en una de las zonas controladas por la 18. Llegué cruzando una calle en territorio de la MS y, para regresar a mi destino, tengo que dar una vuelta de varios kilómetros y bordear la misma zona, evitando que me vean cruzando una frontera. Así me lo aconsejaron.
«No vaya a ser que te arruinen la camisa por andar en el lado contrario», me dirá después alguien y yo entenderé el mensaje. La gente aquí habla con esos códigos, diciendo sin decir.
Pablo también. Reglas del barrio.
Lo que puedo decir de él sin ponerlo en peligro es que es un hombre joven, moreno, bajo y habla con esa entonación característica de esta zona del país, aspirando las eses intervocálicas y convirtiéndolas en jotas suspiradas, como en janpedro o nojotro. Es una persona de clase trabajadora perfectamente común, que vive dentro de una de las zonas controladas por las grandes pandillas de Honduras. Tiene miedo de los muchachos en sus motos, que nos ven como si supieran, y tiene miedo de la policía, que levanta el polvo con sus camiones y patrullas.
—Pasan volando los hijosdeputa. Les vale verga si levantan a algún niño o a una señora —dice, y me explica que en los últimos meses los operativos han arreciado: llega la policía, te tumba la puerta y le da vuelta a tus cosas buscando algo: algo, lo que sea. No ocupan tener una orden judicial por el estado de excepción. Los policías que se animan te llevan lo que encuentren.
A Pablo, por ejemplo, le robaron los únicos 500 lempiras (unos 20 dólares) que tenía y le dieron su respectiva paliza, así que ahora cojea un poco y está enojado. Si no fuera por eso, quizá no habría aceptado hablar conmigo. De todos modos, fue de los que tuvo suerte. Algunos agentes se animan a más, me cuenta, y pueden llegar a ser más descarados todavía.
—A una señora le tumbaron la puerta, le dieron vuelta a la casa y le llevaron todo.
—¿Cómo todo?
—Todo. El tele, el microondas, la cama. Sin nada la dejaron
—¿Cómo es posible eso? —pregunto. Pero yo ya sé cómo es posible, no es la primera vez que me cuentan esta historia.
—Subieron las cosas a un camión y se las llevaron.
—La policía.
—La policía. Esos robando se la pasan. Vas caminando por la calle y de la nada te agarran y te piden dinero y si no te amenazan con darte escala.
—¿Cómo así?
—Escala al otro barrio. Te van a tirar donde los emeeses. A los cipotes de acá se los venden a 20, 30 mil lempiras. Y riéndote te lo dicen, que te van a vender. 20 mil varas vale una vida aquí. Es un juego para ellos.
El gobierno hondureño insiste que los resultados del Estado de Excepción son muy buenos, y de lo bueno, más. Así que la medida se renueva cada vez y cada vez y así desde finales de 2022. La presidenta sólo puede decretar Estado de Excepción durante 45 días, pero se puede extender con aprobación de los diputados del Congreso Nacional. El problema es que los diputados de dicho Congreso no se han puesto de acuerdo en muchas cosas (en casi nada) y han sesionado poco (casi nada), así que la renovación va de facto. Porque sí.
Todo empezó principalmente por la extorsión.
Este mecanismo vital para las economías criminales le costaba a los hondureños unos 737 millones de dólares al año, según el informe “Impuesto de Guerra: Extorsión en Honduras” de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) publicado pocas semanas antes del inicio del Estado de Excepción. Posteriores reportes de la ASJ encontraron que a pesar de que el Estado de Excepción se había diseñado específicamente para luchar contra el pago del impuesto de guerra, la cantidad de hogares afectados había aumentado pasando de 266 mil en 2022 a 304 mil en 2024.
La extorsión no solo afecta financieramente sino que es parte de un mecanismo de control mucho más profundo utilizado por las pandillas y estructuras del crimen organizado. Por ejemplo, en un barrio de una ciudad principal de Honduras —que prefiero no decir— y que es controlado por el Barrio 18, la pandilla cobra extorsión a la barbería, a la tiendita, al puesto de baleadas, al transporte público, al salón de belleza, al puesto de carnitas, al taller mecánico y al kiosko de Pizza Hut. O, al menos, a la persona que trabaja en el puesto de Pizza Hut. No pude comprobar con la cadena de restaurantes si el dinero sale de su bolsa o del de la persona que atiende.
—El Estado de excepción es una cortina de humo del Estado para generarse empleo entre ellos mismos—dice con desdén el apóstol Carlos Cerrato mientras hablamos en un centro comercial de Tegucigalpa. Hace un par de semanas empecé a ir a la iglesia donde pastorea unas 1,500 personas para ver si me ayudaba a entender algo. Cerrato es algo así cómo un político de barrio, un hombre de influencia en su comunidad. Cuando habla, lo hace con la confianza de quien sabe que lo que va a decir tiene peso, aunque sea en el micromundo de los barrios de la capital, donde predica para que los impíos conozcan a su dios y escapen de las llamas del infierno.
Es un hombre ancho, como un ex luchador de box callejero que no dejó de entrenar. Tiene las manos gruesas como guante de beisbol, la nariz ligeramente torcida a la derecha y un tatuaje —borroso— de una lagrima bajo el ojo izquierdo: un recuerdo de cuando era joven, tonto y salvaje y decidió llamar hermanos a la clica Tiny Locos del Barrio 18.
De vez en cuando, cuando el fervor de un espíritu celestial le atraviesa la carne, Cerrato se levanta la camisa y le muestra a su audiencia —su congregación— un estómago prominente cubierto casi por completo por tatuajes con las letras XVIII y él aprovecha para contar su testimonio de cómo Dios le mostró que sería el pastor de miles de ovejas en Honduras, España y Estados Unidos. Si Trump lo viera diría que es un terrorista y lo tiraría en una celda de Uganda o El Salvador.
—La policía no tiene un plan. No saben discernir verdaderamente, creen que porque estos muchachos eran pandilleros ya no se pueden reformar. Ni le preguntan a uno “¿Pastor se congrega esta persona en su iglesia?” Sino que lo meten al mamo y le hacen un expediente.
Su iglesia es totalmente diferente a cualquiera a la que haya ido. Para empezar, jamás había visto gente tan contenta de ir a la Iglesia. Los miembros más involucrados son parte de “comandos” y “escuadrones”, que es como le dicen a los grupos de oración semanal y visten camisas con estilo militar. El edificio de la Iglesia, ubicado en una de las colonias marginadas de la capital, está pintado de camuflaje y dentro del templo hay torres de control, una espada y varios afiches hechos con inteligencia artificial de soldados, águilas y leones. La “división” que cuida a los niños se llama “Fuerzas Básicas Infantiles”: FBI. Me da vergüenza preguntar si el acrónimo o el nombre vino primero.
Cerrato cree que la solución a toda la violencia —la del Estado y las pandillas— está en volverse ovejita. Aunque soy escéptico de esta teoría, hasta cierto punto tiene razón. Por un lado, es una de las formas en las que un pandillero puede abandonar la pandilla. La otra es muerto.
Por otro lado, muchos pastores en todo el país han sustituido el rol que el Estado debería tener para proteger a los jóvenes hondureños de tanta violencia. He conocido pastores mediadores de conflictos entre pandillas, he conocido pastores que intentan prevenir tanta muerte. He conocido pastores que buscan desaparecidos por la policía y pastores que buscan desaparecidos por las pandillas. Hombres que, pareciera, lo único que los guarda es el poder de la fe. La suya y de quienes piensan que hacerle daño a un hombre de Dios puede traer malas consecuencias. Pero, aún así, el dios de Carlos Cerrato no es uno de paz, así que le pregunto por qué, si la policía y los militares los acosan tanto, les gusta adornarse como guerreros.
—Cuando yo comencé el ministerio, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué tanta iglesia en Honduras está vacía y las cárceles están llenas? —dice— Entonces Dios me enseñó muchos soldados y me dijo, “No quiero un club social, quiero un cuartel de guerra”. Y esos somos nosotros: el ejército de Dios.
Una lógica vieja, pienso. Imbuida en el mismo espíritu de mi ciudad natal. El patrono católico de Tegucigalpa, la capital de Honduras, es San Miguel Arcángel, el jefe del ejército de Dios. En el centro de la ciudad, frente a la Iglesia Los Dolores, hay una estatua en honor a este santo. Lo muestra con su espada en alto, triunfante; y, bajo sus pies, un Satanás casi derrotado, con cara de total angustia. Grafiteado sobre el monumento, hay un placazo que marca que esa es zona de la MS y alrededor de la estatua, las pertenencias de varias personas sin hogar que viven a los pies de su patrono. Pero San Miguel Arcángel no ha ganado todavía: la escultura los inmortaliza a él y al que una vez fue su hermano en un momento de eterno conflicto, de violencia perenne.
El guerrero de Dios y el hijo rebelde enfrascado en una guerra milenaria como patronos de la capital de uno de los países más violentos de América Latina. Puede que un día esa lucha termine, que las estatuas cobren vida y que toda esta violencia finalmente acabe y quizás, entonces, aprendamos a vivir de otra manera.
Epílogo
Fragmento de diario de campo. Tegucigalpa, finales de septiembre
El mendigo era un empresario relativamente rico, seguramente millonario, y con los ojos más rojos de ira y de vergüenza que de tristeza. Pero aún así, tan tristes.
Lo conocí en un café elegante en una de las zonas caras de la ciudad, en uno de los sábados que tomo para no pensar en tanta muerte. Al principio no pensé que el millonario era un millonario porque empezó su discurso con un “no se asusten”, como hacen los mendigos en los buses antes de contar su historia. No le hice mucho caso. No creo que nadie de los presentes le haya hecho mucho caso: no nos queríamos enterar. Sin embargo, el mendigo dijo palabras raras para un mendigo. Dijo extorsión. Dijo secuestro. Dijo millones. Era un empresario, de esos hombres que con muchos años de trabajo duro y un puñado de suerte logran el ascenso social. La ilusión de ello, por lo menos.
Era, también, víctima de extorsión. Nos contó que le daba mucha pena estar ahí, pero que no tenía de otra, que el crimen organizado secuestro a una niña, familia suya, y que pedían varios millones para devolverla. Dijo que había logrado reunir una parte pero no todo. Dijo que ocupaba nuestra ayuda, dijo que con lo que sea. Las manos se levantaron, y al rato aquel hombre tenía un puñado de billetes de cien lempiras y los ahí presentes se sintieron un poco mejor consigo mismos. El hombre se despidió, agradeció a la gerencia del café por dejarle entrar a pedir dinero y salió.
Fui tras él y le expliqué que era periodista de investigación, que escribía sobre violencia y que sentía mucho lo que le estaba pasando. Me contó un poco más sobre lo que le había pasado a su familiar. Le pregunté si me daría una entrevista, en un futuro. Que quería entender. Me dijo que cuando resolviera esto.
—Cuando resuelva esto—me contestó.
Esto: su familia secuestrada. Su búsqueda por los millones que le faltaban para pagar el rescate. La amenaza de lo que le podía a pasar a la niña si no. Nos dimos la mano y se fue. Afuera del café una anciana pedía dinero, pero a ella no la dejaron entrar. Dentro todos siguieron bebiendo su café.
— Siempre andás tras la noticia, ¿va? —bromeó uno de mis acompañantes y yo pensé en cómo era posible.
— ¿No les parece triste que estas cosas pasen? Que entre un señor pidiendo dinero para un secuestro y que estemos acostumbrados.
Pero no dijeron nada. Sonrieron incómodos viendo sus tazas y empezamos a hablar del clima. Afuera la temporada de huracanes empezaba a dar sus primeras arcadas y la lluvia fue silenciando las conversaciones; éramos un montón de cuerpos domesticados por el miedo. Quise decir otra cosa, pero yo también me quedé callado.
1 de octubre
Hoy agarraron a tiros al punto de taxis en el que viajé por años. Queda en el Centro de la capital, a una cuadra de la estatua del General Francisco Morazán, de la catedral Metropolitana y del Dunkin Donuts: a la vista de todos. Hay quienes creen, con razón, que es el punto de taxis más grande de Tegucigalpa: unos 200 carros moviendo a decenas de miles de hondureños todos los días de sus casas a sus trabajos y al revés. Cuando era niño era la ruta que mi mamá y yo usábamos para hacer mandados. Ella me dejaba sentarme siempre en la ventana, para poder ver la calle mientras el carro avanzaba por la ciudad.
Dos muchachos en una moto llegaron por la madrugada para decirles que, ahora, les tocaría pagar el impuesto de guerra a ellos. Para mostrarles que la cosa iba en serio le dispararon a los taxis. Ahora dos policías de la dirección contra pandillas vigilan el punto: se pasan el día bajo la sombra, fusil en mano, viendo sus celulares y bebiendo cocacolas tibias.
En unos días me subiré a uno de esos taxis para hacer el recorrido que solía hacer de niño. Querré ver si algo ha cambiado, pero no veré nada.
Daniel Fonseca es periodista de investigación hondureño dedicado a contar historias sobre migración, violencia y medioambiente. Su trabajo ha sido nominado al Premio Gabo, al Certamen a la Excelencia Periodística de la SIP y al Premio Lincoln. Estudia la licenciatura en Antropología Sociocultural en la UNAH y lleva tres años reescribiendo el mismo cuento. Todavía no lo ha terminado.
Las imágenes son de Jorge Cabrera.