Los anteojos es nuestra newsletter de coyuntura. Cada semana, comisionamos dos crónicas de temas que todo mundo habla pero nadie te explica. Para recibirla en tu correo:
Esta semana:
Wilfredo Miranda Aburto habla sobre la lapidación de la democracia en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Marina de la Sierra nos explica qué es la Doctrina Donroe, la nueva estrategia de Estados Unidos en América Latina.
La democracia debe ser defendida y procurada como el mejor sistema político que hemos ideado los humanos con el mayor grado de justicia. El debate crucial no es ese, sino quiénes son los aliados para sostener tal mecanismo en una época donde la autocracia acecha y el intervencionismo es rampante. Algunos por ejemplo, mantienen que ante la caída de varias democracias en América Latina , el mejor aliado es Washington. Otros, que se debe sostener la soberanía de cada nación sin intervencionismos.
Ese es el debate al centro de los textos de esta semana.
Desde Nicaragua, Wilfredo Miranda Aburto, nos hace entender los horrores de la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nos muestra cómo Nicargua dista, por mucho, de ese ideal democrático que sostenemos.
Desde Brasil, Marina de la Sierra cuestiona el despliegue del poderío militar estadounidense como estrategia para intentar recuperar la dominación global, en un mundo donde Estados Unidos dejó de ser la única gran potencia.
Sin más, vayamos a Los Anteojos.
La bestia bicéfala que abolió las elecciones en Nicaragua
El régimen copresidencialista anuncia el fin de la democracia
Dos días después que Daniel Ortega decretó en plaza pública la pretensión de abolir las elecciones en Nicaragua, le pregunté a Josefina, que vive en Managua, qué le parecía la declaración que copó titulares alrededor del mundo por la despreocupada desfachatez con la que el viejo dictador sandinista la soltó en el acto del aniversario 47 del derrocamiento de la dinastía somocista. “Siento alivio”, me dijo, y la respuesta, de inmediato, me dislocó. Para mí, un periodista que lleva más de siete años en el exilio, mantener la conexión con quienes viven dentro del país es vital. Por eso intento mantener ese polo a tierra con esa realidad arrebatada y, para serles franco, lo que sale de ella nunca deja de sorprenderme. Es una realidad que se mueve en otra sintonía, en una de sobrevivencia ante un régimen que ha impuesto el terror y la represión sin piedad como política de gobierno.
– ¿Alivio? – le dije sin poder disimular el asombro.
– Sí… Es un gran alivio que quiten las elecciones, porque así no nos obligan a ir a votar, a participar en un circo. Pero sobre todo, no nos marcan – remarca la mujer que vive en la capital nicaragüense junto a su nutrida familia.
Josefina, cuyos apellidos me reservo por razones de seguridad, viene de una familia sandinista, activa en la revolución de los ochenta. Esa generación que, tras derrocar al somocismo, cautivó al mundo con una épica guerrillera y que, tras una guerra impuesta por Estados Unidos y la propia perversión de los ideales primigenios del sandinismo, acabó devenida en ese destino del que parecen no escapar casi todas las revoluciones: convertidas en algo, similar o peor, que aquello que derrocaron. En el caso de Nicaragua, sucedió con el regreso al poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2006, en una dictadura tan familiar como totalitaria. En especial tras el viraje de las protestas de 2018, cuando asesinaron a más de 356 personas que salieron a las calles a protestar pacíficamente por un cambio democrático, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De modo que la frase que Ortega soltó durante el acto del pasado 19 de julio, esa que ha resonado tanto, y dice “aquí no volverá a haber elecciones”, es la mejor síntesis de una larga deriva dictatorial que empezó, precisamente, pervirtiendo comicios con repetidos fraudes denunciados por organismos de observación como el Centro Carter, la Unión Europea y la OEA.
Fraudes en comicios municipales y generales. Es por eso que Josefina, en la práctica, no siente que le hayan arrebatado el poder de elegir, porque era algo que ella sintió violado en 2008, cuando votó por primera vez y las actas marcadas por la oposición aparecieron en basureros de León, al occidente de Nicaragua, una de las primeras ciudades donde, irónicamente, triunfó la revolución sandinista en 1979, esa que prometió libertad.
Josefina se decepcionó del rumbo que tomó el Frente Sandinista, el partido político de la familia, en especial en 1998, cuando Zoilamérica denunció a su padrastro, Daniel Ortega, por violarla repetidamente desde los once años. Ella tenía 14 años entonces, y la repulsión se le instaló desde esa vez contra aquel hombre que le habían enseñado a reconocer como líder. Luego, en su adultez y con su propia familia, se distanció de la “política”, pero apoyó a los heridos de las protestas de 2018. Sintió que era un deber. Aunque está en total desacuerdo con la represión sostenida desde entonces, vive en Nicaragua con una especie de mordaza. La asume como necesaria para seguir “sobreviviendo” y sacar adelante a sus hijos. Por esa razón tuvo que aceptar el carné de militante sandinista, para no quedar como una sospechosa opositora.
En las pasadas elecciones de 2021, cuando el régimen encarceló a todos los precandidatos opositores, Josefina entendió la hondura del control territorial del régimen en los barrios. Asegura que uno de los funcionarios sandinistas le explicó que los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) están encargados de “levantar listas” de las personas que habitan en los domicilios y que, con base en el padrón electoral, verifican “quiénes no fueron a votar”. “Entonces es así como te marcan. O sea, si no votás te convertís, para ellos, en opositor de entrada. Y creo que no tengo que explicarte qué significa ser considerado ‘traidor’ para el gobierno”, dice.
Y claro que lo sé, porque en 2023 el régimen me declaró “traidor a la patria” por mi labor periodística. Confiscaron mis bienes, congelaron mis cuentas bancarias, me declararon prófugo de la justicia y me despojaron de mi nacionalidad. Me sucedió junto a más de 400 nicaragüenses desnacionalizados cuyos derechos civiles y políticos, como el de elegir y ser electos, quedaron inhabilitados de por vida, según la dictadura sandinista.
Cuando Josefina me lo explica, de alguna forma entiendo su alivio. Lo que era un “derecho sagrado” pasó a ser un trámite bajo vigilancia. “Un circo”, como insiste, del que sacaba más perjuicio que beneficio. Sin embargo, en la admisión de Ortega de su deseo de abolir las elecciones en Nicaragua se esconde algo más grave que el alivio que siente Josefina.
Después de los disparos letales y los asesinados de 2018, la profanación de las tumbas de las víctimas de abril, las encarceladas con torturas, violaciones, desapariciones, exilios, desnacionalizaciones, confiscaciones, la persecución religiosa, la clausura de universidades y organizaciones civiles, el destierro de la prensa, el Poder Judicial convertido en escribanía de la pareja gobernante, el expolio indígena, las purgas internas, la represión transnacional, la copresidencia impuesta por decreto y la hilera de fraudes electorales, los Ortega-Murillo volvieron a cruzar otro rubicón en su afán de poder sin fin, de corte macbethiano, al enarbolar ahora la pretensión de eliminar las elecciones en Nicaragua.
Es que el “aquí no volverá a haber elecciones” que pronunció el caudillo sandinista en la Plaza de la Fe el pasado 19 de julio volvió a instalar esa incredulidad que desgaja: los Ortega-Murillo siempre cruzan fronteras que ni sabíamos que existían, siempre encuentran una convención más que violar. Abolir uno de los derechos más básicos de toda democracia, las elecciones, cabreó incluso a las bases sandinistas. Hasta en dictaduras como la de los copresidentes esos votos servían de simulación para validarse. Pero acometieron un paso que ni Somoza se atrevió a dar.
En Nicaragua, simpatizantes sandinistas y ciudadanos hablan en voz baja de un anuncio que los descalabra. Confirma la radicalización de un régimen familiar decidido a confrontar las presiones internacionales, en especial las de Estados Unidos, que lleva años exigiendo elecciones libres. Peor aún, sepulta las ruinas de la democracia y toda esperanza de un cambio político pacífico por la vía del voto. Y no es una amenaza en el aire: la leal Asamblea Nacional sandinista ya empezó este 22 de julio los trámites para dar cabida legal al deseo del dictador, inhabilitar para siempre a los partidos opositores, casi todos desterrados, y con ellos la alternancia. Este lunes 27 de julio, el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, convocó al cuerpo diplomático acreditado en Managua para informar que realizarán una reforma constitucional en septiembre y que sí harán elecciones, pero a la “nicaragüense”, es decir un eufemismo en que cualquier competencia real al poder de turno está proscrita. Además, planean ampliar el plazo del mandato presidencial a más de seis años, como actualmente está establecido. ¿Cuántos años más? Los que sus jefes, los copresidentes, deseen.
Lo grave ahora es lo superlativo de la pretensión, aparejado a la consolidación de un poder de pareja que se sostiene en el terror y en una macroeconomía funcional, aunque la pobreza siga amaneciendo ahí como el dinosaurio de Monterroso. La gran incógnita, por ahora, es de qué tipo de legalidad específica van a dotar a las “elecciones a la nicaragüense”. En eso los Ortega-Murillo son muy creativos: ya impusieron la copresidencia, una figura inédita en el mundo con una reforma constitucional en la que aprobaron la reelección indefinida. Por ahora todo sigue en el limbo y lo dicho por Porras puede cambiar mañana, después de aplacar un poco la nutrida crítica internacional al deseo de abolir los comicios.
De modo que los analistas políticos siguen apostando por dos vías. Que el régimen suspenda las elecciones mediante una reforma constitucional, o que convierta la Asamblea Nacional en Constituyente, sin convocar comicios, para adjudicarse el plazo que deseen en el poder, quizá hasta la muerte. Eso también le ahorraría a la impopular, pero temida, copresidenta Murillo un trámite sucesorio por las urnas. En todo caso, un régimen de partido único, el viejo anhelo del caudillo sandinista. Y ahí aparece el espejo que muchos invocan: China.
Si ese fuera el caso, como advierten dos analistas políticos exiliados, Juan Carlos Gutiérrez y Eliseo Núñez, incluso con China sería distinto, porque en Pekín hay un partido, una nomenclatura que decide. En Nicaragua, pese al lema de que “el pueblo es presidente”, no existe una nomenclatura sandinista que resuelva como en la revolución de los ochenta. Todo se concentra en la pareja copresidencial. Nada, absolutamente nada, se decide al margen de Ortega y Murillo. Lo que hay son operadores obedientes, sin autonomía, so pena de cárcel. Ese autoritarismo marital es la diferencia clave con la China actual. Un modelo chino con impronta copresidencial se parecería más a la vieja China roja, cuando Mao gobernaba de la mano de su madame, Jiang Qing.
Más allá de los vericuetos legales que encuentren para legalizar la abolición de las elecciones, lo más abyecto es la negativa total de los copresidentes a una alternancia pacífica, en especial hacia los opositores desterrados, a quienes ya inhabilitaron de por vida con condenas de traición a la patria. La oposición nica sigue torpemente desunida, pero el fantasma de un frente nacional y plural, como en las protestas de 2018, todavía atemoriza a los Ortega-Murillo.
Y esto trasciende a los opositores. A partir del 19 de julio de 2026, todos los nicaragüenses también pierden el sufragio, ese que otros llaman “sagrado”, como en Costa Rica, país tan cercano y tan lejano en tradición democrática. La diferencia es capital: allí se abolió el ejército, no las elecciones. Es el corolario de la destrucción de Nicaragua a manos de dos ancianos represores que, como en Macbeth, están tan metidos en un río de sangre que volver atrás sería tan difícil como seguir adelante. Solo les satisface conservar el poder, aunque cueste otro crimen más, para no acabar juzgados por crímenes de lesa humanidad. Esta bestia bicéfala vestida de copresidencialismo es lo más maligno que los nicaragüenses han sufrido en su historia moderna.
Y sin embargo, Josefina siente alivio. No porque no entienda lo que viene, sino porque lo entiende demasiado bien. Para ella, dejar de votar es dejar de estar en la lista, dejar de ser marcada. En ese alivio cabe todo el horror de lo que Nicaragua se ha convertido. Un país donde perder un derecho, tan manoseado y violado como el voto, se siente como ganar un respiro.
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América Latina y la Doctrina Donroe
La historia se repite, aunque, paradójicamente, nunca de forma idéntica—va tropezando torpemente con las particularidades del presente que nos conducen a otra espiral de repeticiones distintas.
El 2026 comenzó con el sentimiento de que caminamos un camino ya transitado, en donde florece nuevamente el lado más crudo del intervencionismo estadounidense en el continente americano— ese que siempre ha estado, pero que, desde el fin de la Guerra Fría, ha adoptado tácticas híbridas, apoyándose más del poder blando que de las armas; del golpe judicial que del golpe militar; de la asfixia financiera que del bloqueo naval.
Una particularidad del presente es que, en la retórica de la nueva generación de halcones que hoy ocupa Washington—Trump, Marco Rubio, J.D. Vance, con el músculo financiero de Silicon Valley detrás—, han desaparecido las viejas justificaciones que aludían a la democracia y a la misión civilizatoria del orden liberal. En su lugar, emerge sin pudor el burdo llamado al control territorial, ideológico y de recursos. En esa particularidad se asoma una nostalgia por ser la nación de antes en el mundo de antes, en donde las guerras e intervenciones se emprendían, implícitamente, por recursos como el petróleo, que garantizaban su dominación material; un mundo en donde las empresas estadounidenses eran propiamente estadounidenses y no un conglomerado de intereses sin fronteras, cotizando en bolsas asediadas por las firmas globales de gestión de activos; un mundo en donde persiste «la era de dominio de Occidente» con los Estados Unidos al frente.
Tropezamos, entonces, con el hecho de que ya no vivimos en el mundo unipolar que precedió la Guerra Fría, ni en un mundo donde el petróleo es la única fuente energética, ni vivimos ya, quizá, en la era del petrodólar. Y eso es lo que oculta la retórica de «es nuestro hemisferio» de la administración actual: si su ambición principal es gobernar el hemisferio occidental, supone una importante degradación del poder estadounidense.
¿Qué significa entonces que Trump salga a declarar su corolario de la Doctrina Monroe, poniendo como ejemplo el ataque a Venezuela para el resto de América Latina? ¿Qué hay detrás de las máscaras que mantuvieron tantos años en pie al orden liberal?
Si el fascismo es un teatro, el escenario está en Venezuela
Venezuela es el motor de la intervención estadounidense en Latinoamérica, aunque, paradójicamente, su petróleo tal vez no sea lo que se use para echarlo a andar.
Cuando Trump declaró que tomar el control del gobierno de Venezuela no le costaría nada a los estadounidenses, ya que el gasto se pagaría con el dinero «que sale del suelo Venezolano»—es decir, con su petróleo—, nos sumergió en el mismo espiral que precedió la invasión de Irak: Paul Wolfowitz, entonces Secretario de Defensa, aseguró que el crudo iraquí financiaría la reconstrucción postguerra, argumento que sirvió de luz verde para una apertura masiva y privatización de la industria petrolera en beneficio de empresas como ExxonMobil y Shell. Trump ha intentado imitar esta estrategia, en la cual grandes ejecutivos petroleros occidentales llegaron a dirigir el Ministerio del Petróleo durante los meses posteriores a la invasión, luego ejerciendo como asesores del nuevo Gobierno iraquí y desempeñando un papel fundamental en la redacción de la Ley de Hidrocarburos de Irak, diseñada precisamente para garantizar la inversión privada extranjera.
Hay una ironía profunda en que la narrativa de «invasión por petróleo»—tanto en su versión trumpista como en la crítica simplista de izquierda—oculta deliberadamente. Hay que recordar que, en Irak, lo que realmente ocurrió no fue extracción, sino saqueo financiero: contratos multimillonarios a empresas como Halliburton, una producción colapsada que tardó dos décadas en recuperarse (y solo entonces gracias a la inversión china, no estadounidense) y, sobre todo, un sistema que no falló, sino que funcionó exactamente como estaba diseñado. En un capitalismo financiarizado, el dinero no se hace inundando mercados de petróleo, sino restringiendo la oferta, inflando precios, secuestrando flujos futuros y extrayendo rentas mediante instrumentos de deuda.
Al evocar a Irak, no solo se busca popularizar una nueva intervención, se busca reactivar la imagen de un Estados Unidos superpoderoso, capaz de repetir eternamente el pasado. Que Trump proclame abiertamente que todo esto es por el petróleo no significa que las máscaras de las invasiones estadounidenses por fin hayan caído; significa que la nueva máscara es hacernos creer que ya no hay máscara. Tomarle la palabra y reducir todo a una invasión por petróleo es precisamente el error que nos impide ver el cuadro real: el de una potencia que, al recurrir a manuales desgastados, delata su ansiedad por un dominio que en el siglo XXI ya no le pertenece.
Reconstruir Petróleos de Venezuela (PDVSA) —una empresa devastada por años de sanciones, fuga de cerebros y desinversión masiva— requeriría décadas y billones de dólares. No es, precisamente, una apuesta atractiva, y las grandes petroleras lo saben: lejos de presionar por una guerra, han sido notablemente reticentes. A esto se suma un hecho incómodo para esta narrativa: hoy Estados Unidos es el mayor productor mundial de crudo. Eso no lo vuelve inmune a los shocks energéticos globales —la crisis en el estrecho de Ormuz lo demuestra—, pero la necesidad estratégica ya no es la misma que en el siglo XX. La prueba más evidente la dio el propio Maduro, que ofreció repetidamente concesiones petroleras a cambio de un alivio de las sanciones. Si el objetivo fuera solo el crudo, la ruta comercial ya estaba abierta. Que Washington la rechazara revela que el verdadero juego es otro: se trata de un castigo ejemplar. Y en el centro está Marco Rubio, líder de una cruzada ideológica forjada durante décadas en los pasillos del exilio anticastrista de Miami. Su aversión al gobierno de Cuba y, por extensión, a sus aliados como Venezuela, no es una postura circunstancial: es el núcleo de un proyecto personal cuidadosamente cultivado, pero, fundamentado en una mentira central de su núcleo familiar. Finalmente, como lo reveló el Wall Street Journal, sus padres huyeron de la isla en 1956, durante el gobierno de Fulgencio Batista, no de Fidel Castro. Pero claro, eso no contribuye a la construcción de un Marco Rubio como estandarte de la lucha contra el supuesto comunismo cubano.
En un gobierno donde la coherencia ideológica brilla por su ausencia, Rubio pretende representar la excepción: es el único asesor con un historial largo, sostenido y obsesivo en la configuración de las políticas hacia América Latina. Ha sido uno de los principales impulsores de las sanciones contra Venezuela, ideadas para que la vida cotidiana de la gente común y corriente sea insostenible. Y detrás del teatro, que ha puesto en escena a Trump como el presunto futuro superhéroe que logrará reducir los precios de la gasolina en su país— una promesa que ni a las petroleras les conviene, ni es realmente factible en los siguientes diez o veinte años— late una guerra mucho más decisiva: la que se libra por la moneda en que se intercambia el crudo. El petrodólar es el pilar que permite a Estados Unidos financiar su déficit y sostener su deuda; cualquier intento de vender petróleo fuera del dólar —como han explorado China, Rusia, Irán y, claro, Venezuela— es una amenaza existencial para esa arquitectura. Por eso el castigo a Venezuela no se explica solo por el petróleo, sino por el ejemplo: desalentar a cualquier país que aspire a comercializar su riqueza energética al margen del sistema monetario estadounidense.
Venezuela es el laboratorio perfecto de este mecanismo. Las sanciones no buscaban simplemente castigar a Maduro, buscaban garantizar el colapso productivo de PDVSA para activar una cadena perfectamente orquestada: el default activa arbitrajes internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI); los acreedores financieros —BlackRock, los fondos buitre— absorben deuda soberana a precio de liquidación; y la «reconstrucción» futura no vendrá en forma de inversión productiva, sino de acuerdos de producción compartida, swaps de deuda por petróleo y una producción permanentemente estrangulada que garantice rentas, no abastecimiento. El objetivo nunca ha sido que los estadounidenses paguen menos por gasolina, más bien que el petróleo venezolano valga más, no produciéndolo sino existiendo como garantía colateral de deuda, como palanca geopolítica, como activo financiero en manos de gestoras globales—y, sobre todo, que ningún barril se negocie jamás fuera del perímetro del dólar.
Así, el país que más aportó al capitalismo mundial en el siglo XX, durante el mismo tiempo que carecía de un sistema de cloacas adecuado en los epicentros de producción petrolera, se encamina a más de lo mismo: a hipotecar su soberanía a través de un saqueo financiero que, como en Irak, dejará la producción estrangulada, la deuda como único legado y el petróleo convertido en garantía colateral de unos acreedores que nunca pondrán un pie en el lago de Maracaibo. Al final, no se trata solo de barriles, sino de quién dicta el lenguaje en que se valoran.
Detrás del telón del «narcoterrorismo»
Esta obsesión con Venezuela es el eslabón más visible de una cadena de intervenciones que recorre el continente bajo una lógica similar.
Es importante recordar que las alusiones al petróleo venezolano comenzaron a multiplicarse solamente después de la captura de Maduro. Antes de eso, Marco Rubio anunciaba su intención de designar al inexistente «Cártel de los Soles» como organización terrorista extranjera, con el objetivo de acusar a Nicolás Maduro de liderar una conspiración narcoterrorista. El término, acuñado en los años noventa por la prensa venezolana para referirse a generales corruptos por los soles en sus hombreras, fue inflado hasta convertirlo en un arma de guerra narrativa que proporcionaba la cobertura legal y retórica para fusionar la guerra contra las drogas y la guerra contra el terror en un mismo comodín geopolítico. Pero los cargos que enfrenta Maduro hoy tienen poco que ver con esa construcción inicial: el 3 de enero de 2026, la narrativa oficial empezó a cambiar. Las referencias al Cártel de los Soles en los documentos judiciales se redujeron drásticamente—de más de 30 menciones a solo dos—, mientras que las alusiones al petróleo comenzaron a multiplicarse en los comunicados. El presidente dejó de hablar de narcoterrorismo para afirmar que «vamos a tomar el petróleo». La justificación inicial, construida sobre un fantasma, se desvaneció cuando cumplió su función.
Desde su campaña en 2024, Trump insistió en vincular la expansión del supuesto cártel con las guerrillas colombianas y los cárteles mexicanos más importantes. La lógica no es nueva: construir un enemigo amplificado que oculte las verdaderas redes del poder, donde los cárteles funcionan como un dispositivo simbólico para desviar la atención de la complicidad estatal en los flujos del narcotráfico. En México, esa lógica se materializa en la presión para que el gobierno de Claudia Sheinbaum permita operativos militares conjuntos contra los cárteles, designados ya como terroristas. El mismo task force estadounidense que asesinó pescadores en el Caribe bajo sospechas infundadas de narcotráfico colaboró brindando información crucial para la fatal operación contra «El Mencho» en México. Fueron militares mexicanos quienes arriesgaron, y perdieron su vida, pero fue la inteligencia estadounidense la que estuvo detrás. A eso se suma el caso de Chihuahua, donde se confirmó la presencia de agentes operativos de la CIA que participaron en el presunto desmantelamiento de un narcolaboratorio, un patrón que muestra cómo la guerra se libra con una letalidad sin control judicial ni fronteras claras, donde un mismo comando puede matar en altamar impunemente y luego operar en suelo extranjero. Las amenazas de suspensión de ayuda —que enfrentan no solo México, sino también Colombia, como parte de la misma estrategia— son una herramienta de coerción para alinear gobiernos y doblegar soberanías. Es el nuevo rostro de un intervencionismo que se levanta sobre los cimientos del pasado para buscar desesperadamente (re)organizar un hemisferio en un mundo que ya no controla.
Centroamérica es, quizás como siempre ha sido, el lugar más apto para desenmascarar las lógicas que en otros escenarios requieren sutileza. El 28 de noviembre de 2025, Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por conspirar para introducir más de 400 toneladas de cocaína y proteger a narcotraficantes, calificando su procesamiento como una «cacería de brujas» montada por el gobierno de Joe Biden. Simultáneamente, amenazó con cortar la ayuda a Honduras si no ganaba las elecciones su candidato preferido, el conservador Nasry «Tito» Asfura, del mismo partido que Hernández. La ironía alcanzó su punto más alto cuando la Mara Salvatrucha (MS-13)— designada por el propio Trump como organización terrorista extranjera— respaldó activamente a Asfura en las urnas, intimidando a punta de muerte a los votantes. Así, la cortina de humo del narcoterrorismo se activa o desactiva según la conveniencia ideológica y estratégica del momento.
En El Salvador, la estrategia alcanza su expresión más siniestra: la subcontratación de la tortura. Mientras Washington aplaude el modelo Bukele —quien, según reveló El Faro, pactó con pandillas desde su etapa como alcalde para obtener beneficios políticos—, el gobierno salvadoreño se convierte en el brazo carcelario de Estados Unidos, en donde migrantes deportados son encarcelados en el CECOT, sin debido proceso, y sometidos a golpizas sistemáticas, desnudez forzada y violencia sexual en un régimen que los propios guardias describen como «el infierno». Aquí es dónde cobra relevancia aquella frase del ex Secretario de Estado y arquitecto de dictaduras latinoamericanas, Henry Kissinger: tal vez ser enemigo de Estados Unidos sea peligroso, pero ser su amigo es fatal. Bien harían en recordarlo las nuevas corrientes MAGA en nuestro continente, desde Machado y Milei hasta Kast y Bukele: el aplauso entusiasta al autoritarismo que sí sigue las órdenes no es el sello de una alianza sino el eco que escucha un verdugo subcontratado y, sobre todo, desechable.
La violencia es el último acto
El imperio se repliega, se fortifica, y en ese repliegue se vuelve más peligroso: recurre a la nostalgia que alimenta el sueño de hacer a «América grande de nuevo» —aquel que cree que invadir Venezuela y arrancarle el petróleo restaurará su dominio global; que imagina sus empresas como las potencias industriales del siglo XX; que da por hecho que el dólar reina sin desafíos; que añora aquel mundo donde cada barril arrancado a sangre y fuego alimentaba la máquina de grandeza de una nación que hoy, simplemente, ya no existe. Esa es la fantasía que la administración vende a su base MAGA: la promesa de fábricas reabiertas, de empleos eternos, de un país que vuelve a producir como antes. Pero el capital ya no tiene patria, y los barriles —si es que llegan a fluir— no serán para echar a andar las ciudades devastadas por décadas de desindustrialización, sino para engordar los fideicomisos de fondos de inversión que operan desde paraísos fiscales. El fatal intento por restaurar el dominio estadounidense no lo pagará su élite— los magnates de Silicon Valley, los gestores de activos sin rostro, los arquitectos de los algoritmos que gobiernan la vida— que, a cambio de la lealtad de las masas, solo estarán dispuestos a rentarles espacios virtuales. El sueño de la grandeza americana termina siendo un producto más.
En el centro de todo, Venezuela espera su turno: ya no para ser invadida, sino para ser descuartizada financieramente, para que su petróleo se convierta en garantía de deuda y su soberanía en una cláusula de un contrato redactado en Nueva York. Lo que estamos presenciando es la furia de un imperio que intenta desesperadamente volver a controlar un orden global que se le escapa entre los dedos. Y en esa desesperación, América Latina se convierte en el laboratorio donde ensaya las formas más crudas de su decadencia. El imperio, en su repliegue, no se vuelve más débil; se vuelve más depredador. Y quienes lo sufren no son sus adversarios, ni los dictadores, ni el líder de un cártel o de una pandilla. Es la gente común— la venezolana asfixiada por sanciones, la mexicana entre cárteles y torres de vigilancia fronteriza, la salvadoreña que no sabe en qué cárcel está su hijo— atrapada en el fuego cruzado de una guerra que no es la suya.
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