🇭🇳🇧🇴El mortífero negocio del oro en Bolivia; reflexiones de Hondurasgate
Los Anteojos Vol. VIII
Los anteojos es nuestra newsletter de coyuntura. Cada semana, comisionamos dos crónicas de temas que todo mundo habla pero nadie te explica. Para recibirla en tu correo:
Esta semana:
Iván Paredes Tamayo habla sobre la lucha armada por el control de territorios mineros en Bolivia.
Valeria Duarte Galleguillos narra cómo el exilio la guió a filtrar los audios que exponen redes de poder que intentan alterar la política latinoamericana.
El deseo de dejar al descubierto a los grupos de poder que tienen sometidos a los más vulnerables, guía los textos de esta semana.
Los dos autores de esta edición son originarios del corazón de Sudamérica; de Bolivia. Su trayectoria los ha llevado a distintos lugares e historias. Ambos, además de la nacionalidad, comparten esa naturaleza intrínseca del periodista: el deber de prestar su tinta para la denuncia.
Desde La Paz, Iván Paredes Tamayo nos narra la mortífera lucha por el oro. Los ataques ya han cobrado vidas tanto de mineros, como de policías bajo un Estado incapaz de controlar la crisis de extracción ilegal.
Desde la Ciudad de México, Valeria Duarte Galleguillos reflexiona sobre el significado de Hondurasgate, investigación que lideró y que dejó al descubierto el entramado de intereses detrás de la reconfiguración política de Latinoamérica.
Es hora de ponerse los anteojos para entender este mundo cambiante...
Violencia y silencio: el negocio del oro en Bolivia
Bismarck Soto estaba sentado en una piedra en la orilla del río Mapiri, en Bolivia. Lo vi preocupado. Era un día soleado de agosto de 2025. Agarraba una bolsa verde llena de hojas de coca. Estaba masticando la planta con sus tres compañeros. Buscaba matar el hambre para luego entrar al río y sacar oro. También fumaba un cigarro sin filtro y seguía sentado mirando de un lado a otro. «Todavía hay oro, tenemos la calanchera (una pequeña embarcación) para sacarlo. Hay días buenos, pero también hay días malos», me dijo.
Se puso de pie y de inmediato me enumeró los sacrificios que pasaba por sacar el material precioso: las enfermedades, como la neumonía; dejar a su familia todo el día; y el más terrible, la criminalidad que hay en este negocio. Así empezaba su jornada laboral, que terminaba cuando el sol se escondía. Se sentía algo intranquilo, ya que los conflictos por el oro estaban —y todavía siguen— acabando con vidas humanas. Bismarck decidió realizar el trabajo por su cuenta. A estos mineros los llaman rescatistas, que en Bolivia son las personas que recuperan el metal precioso que llega a partes bajas del río.
«Hay enfrentamientos entre cooperativas, todo por las cuadrículas, por los espacios. Hay también mucho avasallamiento y ahí empiezan los conflictos, que pueden llegar a la muerte. Nosotros no usamos mucho mercurio, porque prácticamente rescatamos el oro que se les va a las cooperativas y a las empresas», me confesó
En Bolivia, las cooperativas mineras son asociaciones de trabajadores autogestionados que agrupan a miles de socios, destacan por su gran peso político y operan principalmente en los departamentos de Potosí, La Paz y Pando. Este sector genera una parte muy importante de la producción nacional de minerales, pero enfrenta debates constantes sobre sus aportes fiscales y el uso de recursos naturales.
Bismarck me recordó el conflicto de agosto de 2024. En la comunidad Mescalita, del municipio de Guanay, cerca de la Amazonía boliviana, se enfrentaron las cooperativas mineras Gran Poder Uno y Primero Mayo con armas de fuego y cachorros de dinamita por predios colindantes. El saldo de este enfrentamiento fue un fallecido y dos personas heridas. Ese conflicto sigue vigente y la investigación fue cerrada sin detenidos.
Hoy la situación es igual o peor. Bolivia tiene zonas de explotación de oro marcadas. Casi todas en su Amazonía. El departamento de La Paz es el más afectado. Ahí están los municipios de Guanay, Mapiri, Teoponte, Ixiamas, Tipuani y Sorata donde mafias criminales se asentaron. Hay presencia armada y hasta el gobierno central admite que la minería ilegal se adueñó de zonas auríferas. Un caso reciente sucedió en la comunidad de Achiquiri, en el municipio de Mapiri, donde el 1 de julio funcionarios públicos fueron emboscados. La comitiva técnica de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) fue recibida con disparos y piedras.
«Donde hay minería ilegal, hay tráfico de armas bajo una tenencia ilegal, existen grupos irregulares vinculados a temas de narcotráfico, con el lavado de dinero, legitimación de ganancias y otros», relata Jaime Sanabria, director de la AJAM.
Esa instancia es la entidad pública encargada de dirigir, administrar, registrar y fiscalizar toda la actividad minera en Bolivia. Entre sus funciones está realizar controles, inspecciones y procesos legales para desbaratar actividades mineras que operan sin autorización.
«Acá la minería es sinónimo de violencia», me afirmó Víctor Ticona, quien hasta marzo de este año era alcalde de Guanay. Ticona aseguró que existe presencia extranjera en los conflictos mineros. «Hemos tenido más presencia de (ciudadanos) colombianos y chinos, son empresas que vienen a explotar nuestras comunidades, quienes tienen el derecho minero. Ellos son como inversores», relata el exalcalde, que ahora es una figura de oposición en la localidad.
Desde 2016, a diferencia de otros países de la región como Chile, Perú, Ecuador y Colombia, Bolivia no reporta el detalle de sus envíos del codiciado metal: ni sus exportadores ni sus importadores. Solo se conocen preliminarmente cantidades aproximadas que se declaran oficialmente en Aduana. El boom del oro en Bolivia se originó en 2014, cuando las cooperativas elevaron la producción y empujaron esta actividad extractiva hacia nuevos territorios, como la Amazonía. Ese año, se aprobó la nueva Ley de Minería y Metalurgia.
Pero la presencia de la minería ilegal en Bolivia es mucho mayor. El gobierno de Luis Arce (2020-2025) estimó en 2023, cuando se debatía la Ley 1503 de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales, que el 50% de las exportaciones en el país provienen de fuentes no reguladas, principalmente por contrabando desde Perú.
Una ‘guerra’ en Sorata
En muchas zonas de Bolivia el oro vale más que una vida humana. La madrugada del 3 de abril de 2025 todo parecía normal en el cantón Yani, municipio de Sorata, que está a 260 kilómetros de la ciudad de La Paz. Cerca de las dos de la mañana de ese día, el luto llegó. Las noticias locales reportaron que la comunidad atestiguó una guerra para disputarse espacios mineros. Dos cooperativas se enfrentaron con el trágico resultado de cinco vidas perdidas y al menos 12 heridos. Primero se escucharon los disparos de ametralladoras y al final, una explosión a larga distancia. El caso quedó congelado. No hay detenidos en cárceles, pero sí hay recuerdos amargos.
La mina de Hijos de Ingenio se encuentra a más de 3500 metros sobre el nivel del mar, en el cantón de Yani. Esa zona es de difícil acceso por los caminos de tierra que atraviesan altas montañas y se elevan hasta los 4500 metros sobre el nivel del mar. Las comunidades mineras están más abajo.
La disputa que llevó a aquella fatídica madrugada de abril se venía arrastrando desde hace cuatro años. La cooperativa Hijos de Ingenio fue la que se llevó lo más trágico, mientras la agrupación minera Señor de Mayo fue la acusada de estallar el explosivo y de usar armas de fuego. Hay una tercera, que era parte de las tensiones, San Mateo, pero que en este último conflicto se marginó. «Ellos tenían metralletas, tenían armas de grueso calibre. Lo que sufrimos esa madrugada fue un ataque, un atentado», me relata Samuel Quispe, dirigente de Hijos de Ingenio.
Brandon Acarapi, junto a su prima, Soledad Quito Acarapi eran mineros de la cooperativa liderada por Samuel. Ella estaba embarazada, pero aquello no le era un impedimento para trabajar sacando oro. A Soledad tampoco le interesaba el conflicto que tenía su cooperativa. Solo quería crecer, trabajar y sacar adelante a su familia. Su padre, sus hermanos y familiares extendidos también eran mineros.
La última vez que Brandon vio a su prima con vida fue la noche del 2 de abril del año pasado. Se despidió como lo hacía siempre: con un beso y un abrazo. Luego, se fue tranquilo de regreso a casa. En las primeras horas del 3 de abril recibió un mensaje estremecedor de su prima, enviado a un grupo de WhatsApp que compartían. «Compañeros, están quemando autos. Ya están en el campamento. Nos tiene rodeados». Brandon vio el mensaje y se lanzó de inmediato desde su comunidad. La distancia no supera los 15 minutos de viaje. «Llegué y solo vi que perdimos todo, solo quería ver a mi prima y ellos seguían disparando», narra Brandon.
Lo que él encontró fue un campo de batalla. En medio de la oscuridad y de las balas todavía en el aire, él seguía buscando, inhalando un olor profundo de humo que dejó la detonación. Todo había sido destruido. Las paredes de la sede de Hijos de Ingenio ya no estaban. De las pequeñas habitaciones de los mineros solo quedaban añicos. No había rastro de Soledad. «En todo el dolor, tenía una esperanza de hallarla viva», relata Brandon. Minutos después halló el cuerpo mucho más allá de donde ella pernoctaba. «Yo llegué corriendo como loco, dando vueltas, intentando encontrar a mi prima, pero la encontré muerta». Soledad había fallecido, al igual que aquel pequeño ser que se gestaba en su vientre.
La disputa entre Hijos de Ingenio y Señor de Mayo llegó a la justicia. La Fiscalía de La Paz abrió un proceso que ahora está paralizado. Hubo dos personas judicializadas, pero ambas gozaban de la misma medida cautelar: tenían detención domiciliaria con salida laboral, que es prácticamente estar libre.
Según la investigación, existe un sumario de antecedentes de esta disputa. El 23 de abril de 2024 hubo otro enfrentamiento con armas de fuego entre ambas cooperativas auríferas que dejó dos heridos de bala: un adulto y un niño. «El pequeño salió de casa para observar lo que pasaba y recibió una bala», dice parte de la indagación.
El 24 de julio de 2024 hubo otro enfrentamiento entre las cooperativas Señor de Mayo, Hijos de Ingenio y San Mateo. Dejó tres personas heridas. El hecho se registró aproximadamente a las 23:00, nuevamente en Yani. En esa ocasión, tras dos días de fuego cruzado y dinamita entre cooperativistas, un contingente policial se trasladó al lugar para restablecer el orden.
Los mineros en pugna encendieron los pajonales para frenar la entrada de la Policía y el fuego dejó una decena de heridos, entre ellos dos uniformados con graves quemaduras y un civil herido por arma de fuego. «El 27 de julio de 2024 fallece en el Hospital Obrero de la Paz, el subteniente Fabricio Guillermo Reynoso Gutiérrez, quien sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo cuando la Policía Boliviana intentaba controlar los enfrentamientos entre cooperativas mineras en Yani», destaca la investigación.
Un día después del fallecimiento del policía, el minero Erasmo Quito, de la cooperativa Señor de Mayo, recibió un impacto de bala en la cabeza en los enfrentamientos en el cantón Yani. Permaneció en estado de coma hasta que falleció en abril de este año. El 2 de agosto de 2024 también murió el mayor Pablo Vargas Cuarita, el segundo oficial de la Policía Boliviana que resultó gravemente herido el 27 de julio durante los enfrentamientos.
En Bolivia la minería ilegal avanza a tiros, a estallidos. Ya rebasó a la Policía y a las autoridades competentes. Avanza dañando los ríos por la presencia de mercurio. Y esa es la otra parte triste de esta historia. Los pueblos indígenas que habitan a orillas de la cuenca amazónica cada vez ven su salud más comprometida. Los rodea la violencia y contaminación mientras sus reclamos no hallan respuesta.
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Reflexiones de Hondurasgate
Si en 2019, cuando aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez para iniciar el exilio a los 25 años, hubiera sabido que mis oídos serían de los primeros en escuchar cómo se gestaba uno de los mayores operativos de injerencia política en América Latina —el Hondurasgate— quizá habría desperdiciado menos noches preguntándome si había hecho lo correcto al dejar Bolivia, el país que me vio nacer. Siempre he creído que ningún paso es casual. Que cada decisión tiene consecuencias y que las personas que aparecen en nuestro camino, los lugares a los que llegamos y las conversaciones a las que decidimos prestar atención van trazando, casi imperceptiblemente, el mapa del destino que terminaremos recorriendo.
Con el tiempo entendí que el exilio fue mi primer acercamiento a Honduras, incluso antes de saberlo. En 2020, en plena pandemia de COVID-19, participaba en un círculo de lectura virtual feminista para discutir qué representaba Penélope y su eterna espera en la isla de Ítaca en la Odisea. Allí conocí a un grupo de compañeras que luego me conectarían a hondureños que, como yo, también habían encontrado un nuevo propósito en México. Muchos de ellos habían vivido durante su juventud, el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. Comenzaron a narrarme, con una mezcla de dolor y esperanza, la realidad de su país: el gobierno de Juan Orlando Hernández, la violencia, la persecución política, la corrupción, la inseguridad y el anhelo permanente de que algún día las cosas cambiaran.
La historia por contar comienza en 2009. El golpe de Estado contra Zelaya marcó un punto de inflexión para toda la región. Lo veo como el primer gran laboratorio de una nueva modalidad de ruptura democrática que posteriormente se repetiría con distintas características en varios países latinoamericanos. Honduras abrió una puerta que después atravesaron Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador con procesos de desestabilización política dirigidos contra gobiernos progresistas.
Cuando Rafael Correa, expresidente ecuatoriano (2007-2017) denunciaba en 2016 el vaciamiento de la democracia ecuatoriana y la existencia de un «Plan Cóndor 2.0» —tras la traición política de su sucesor, Lenín Moreno— probablemente no imaginaba hasta qué punto esa advertencia terminaría materializándose años después. Hondurasgate demostraría que aquello no era una metáfora política, sino un manual de operación.
Escuchar el poder desde adentro
Después de que mi fuente me hiciera llegar los audios, por la naturaleza y sensibilidad de lo que exponían, me dirigí con Pablo Iglesias, director del canal en el que me desempeño. Desde el primer minuto, ambos comprendimos que no estábamos frente a una filtración cualquiera; durante varios días fuimos las únicas personas que tuvimos acceso. El material revelaba una operación coordinada de injerencia política y desestabilización regional. Esta era la forma en que el poder planea, calcula y ejecuta sus operaciones sobre América Latina.
Los audios involucran al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos; al actual presidente Nasry Asfura; al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; y a la exconsejera electoral Cossette López, entre otros operadores políticos. Las grabaciones describen —con un nivel de detalle inédito— mecanismos de coordinación y corrupción entre actores políticos hondureños, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y el presidente de Argentina, Javier Milei para intervenir en la política latinoamericana.
Se plasma abiertamente la persecución contra los gobiernos progresistas de Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, dirigentes de izquierda; elaboración de listas para vigilar, detener, torturar e incluso ejecutar opositores; cesión de territorios estratégicos a capitales privados mediante zonas económicas especiales; judicialización de la política; expansión de bases militares; coordinación con iglesias evangélicas como estructuras de influencia; redes de espionaje; campañas mediáticas destinadas a moldear la opinión pública; reformas legales orientadas a reducir la soberanía de los Estados y proyectos vinculados con inteligencia artificial y biotecnología aplicados al control político.
No era una conversación aislada; era un manual de dominación.
El 10 de noviembre de 2019, cuando Bolivia sufrió el golpe de Estado contra Evo Morales, la memoria de las dictaduras latinoamericanas dejó de ser un recuerdo para convertirse nuevamente en presente. La exigencia militar de renuncia al presidente constitucional, los tanques recorriendo las ciudades, los helicópteros y aviones militares sobrevolando el país, la persecución política y el miedo devolvieron a la región imágenes que muchos creíamos superadas. Durante años parecía que cada crisis respondía únicamente a circunstancias nacionales, hoy resulta mucho más difícil sostener esa idea.
Los acontecimientos ocurridos en Honduras, Bolivia, Ecuador, Brasil, Perú o Colombia empiezan a mostrar patrones comunes. La repetición de determinadas estrategias sugiere que no se trata solamente de procesos internos, sino de una arquitectura regional de intervención donde distintos gobiernos actúan coordinadamente con centros de poder externos. Hondurasgate aporta precisamente esa pieza que faltaba para comprender el conjunto.
No hubo un solo instante de duda, Pablo y yo sabíamos que investigar la filtración, además de ser una responsabilidad periodística, era una responsabilidad política. Comenzaron entonces semanas de trabajo ininterrumpido: escuchar horas de grabaciones, contrastar información, reconstruir contextos, buscar antecedentes, elaborar cronologías, verificar nombres, redactar borradores, seleccionar fragmentos, comprender las conexiones que unían cada pieza del rompecabezas y recibir muchas correcciones.
Mientras más avanzaba la investigación, crecía el nivel de alarma. Escuchar cómo piensan los operadores del poder, cómo diseñan estrategias, cómo clasifican países, cómo deciden quién debe gobernar y quién debe caer, eriza la piel. Escuchar desde dentro cómo hablan quienes toman decisiones sobre millones de personas produce una sensación difícil de describir
En retrospectiva, veo el proceso como una especie de bautizo como periodista. Entre las cosas más valiosas que me llevo en lo personal es que el análisis haya sido al lado de Daniela Pastrana, Directora de Diario Red América Latina —quien, con las mejores herramientas— me enseñó a pulir el texto para ser difundido en todo el mundo.
El tan esperado día de la publicación llegó con muchas ansias de que las cosas salieran bien. Esa jornada al lado del equipo del Canal Red y Diario Red fue larga. Una vez que el material fue publicado, su impacto se salía de nuestro control. La respuesta prácticamente inmediata de Juan Orlando y la cobertura mediática me comprobaron que el tema ya no estaba en mis manos. En redes sociales, en un abrir y cerrar de ojos, la investigación se replicó. El trabajo conjunto con el excelente equipo del Hondurasgate tuvo su tan esperado resultado: el foco estaba en Honduras y Estados Unidos.
México, el lugar donde confluyen las historias
Para mí como boliviana recorrer México nunca ha sido sencillo. La ciudad levantada sobre Tenochtitlan me resulta imponente; da la impresión de que aquí comienzan muchas de las grandes historias de nuestro continente. Es un territorio donde se cruzan los caminos del exilio, de la resistencia y de la memoria; un lugar donde siempre aparece alguien dispuesto a completar una historia que parecía incompleta.
Hondurasgate también pertenece a México porque fue aquí —en esta ciudad inmensa— donde tomó forma la investigación. Se escribió entre madrugadas interminables, cafés que se enfriaban sobre la mesa, conversaciones que abrían nuevas pistas, reuniones discretas, silencios prolongados y el miedo inevitable que produce acercarse demasiado al poder.
Nació aquí, en estas calles, la convicción de que el periodismo siga siendo una herramienta capaz de disputar la verdad y la política. Al final, esta investigación le dio otra cara al exilio que durante mucho tiempo significó un alejamiento de Bolivia. Me trajo exactamente al lugar desde donde pude comprender una parte fundamental de la historia contemporánea de América Latina y el porqué aún habemos muchas y muchos que nos vemos obligados a salir de nuestras tierras sin siquiera quererlo.
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