Los anteojos es nuestra newsletter de coyuntura. Cada semana, comisionamos dos crónicas de temas que todo mundo habla pero nadie te explica. Para recibirla en tu correo:
Esta semana:
Jennifer Ávila narra el dolor del exilio impuesto por la defensa de la tierra en Honduras.
Naveen Krishnan expone la tensión regional en América Latina entre las dos grandes potencias: Estados Unidos y China.
Esta semana, los anteojos son cortesía del Business Book Fair 2026: la primera feria de libros para temas empresariales en México. Y no podría darnos más gusto. Tuve la fortuna de conocer a Ben y Julia (sus organizadores) el año pasado cuando lanzaban su primera feria. La idea era alarmantemente sencilla: el futuro del país está en los negocios; es imperativo que los empresarios hagan el hábito de leer.
Y es que tienen toda la razón. La literatura usualmente no se mezcla con otras disciplinas; es solitaria y celosa. Lo que ha hecho el Business Book Fair es devolverle su habilidad de encanto para miles de lectores.
Este año reunieron a más de 30 autores, editoriales y lectores alrededor de los libros de negocios, liderazgo e innovación. Todo del 3 al 5 de septiembre en el Teatro El Cantoral. Y lo mejor, nos ofrecieron 50 cortesías para nuestros lectores. Si esto es algo que les interesa, pueden reclamar sus boletos gratis con este botón:
Sin más, volvemos a los anteojos.
-JL Sabau, Editor general
El terreno está en disputa constante. Los Anteojos de esta semana lo plasman desde enunciaciones distintas. El terreno puede ser natural, ideológico, o dividido por barreras arancelarias. Día con día se toman decisiones que nos imponen muros, a veces económicos, a veces literalmente evitando el traspaso físico.
Jennifer Ávila plasma las consecuencias —en ocasiones mortales— de defender la tierra trabajada; aquella reconocida como propia. En el centro pone a Reynaldo, un hombre hondureño obligado a huir por segunda ocasión tras el asesinato de sus hermanos. La razón de su exilio: oponerse a un megaproyecto minero.
Naveen Krishnan, desde Estados Unidos nos narra otro escenario en conflicto: América Latina como clave de desarrollo económico. Pekín y Washington están en una confrontación palpable que ha transformado el deseo de control estadounidense, en ofertas —progresivamente más incisivas— de «ayuda» en materia de seguridad.
Latente en ambos, está la autodeterminación. Ya sea que hablemos del derecho de las comunidades en Honduras a cultivar sin miedo a persecución, o de la capacidad de los gobiernos de optar por las ofertas económicas que más les convengan, sin presiones de por medio.
Vayamos a Los Anteojos.
El huerto en el exilio
En un patio rentado, en un país lejano y frío, Reynaldo aprovecha el poco tiempo libre que le queda para cultivar esa tierra extraña. «Donde sea que vayamos, nosotros vamos a producir», me dice. Es la segunda vez que lo veo lejos de su comunidad —Guapinol, en Tocoa, al norte de Honduras—; la primera vivía de la generosidad de un amigo en un pueblo a cuatro a cuatro horas de allí. Esta es su segunda huida.
Reynaldo huye desde hace años de un conflicto minero que primero atacó a su organización ambientalista en redes sociales y después escaló hasta el asesinato de dos de sus hermanos y varios compañeros. Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden la tierra y el medioambiente: según la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), en la última década se registraron 113 asesinatos de defensores ambientales y nueve de cada diez casos siguen impunes. La mayoría se concentra en los departamentos norteños de Colón, Yoro y Atlántida, marcados por disputas por la tierra y los recursos naturales.
A miles de kilómetros de Colón hay ahora una hortaliza, un gallinero, un frijolar y cuarenta y tres personas de una sola familia que no deberían estar acá, sino allá, donde Reynaldo nació y donde quiere ser enterrado.
«Estos países se prestan para individualizar a las personas, pero yo digo que si nos mantenemos unidos todo va a salir bien», dice mientras me muestra donde ya cosechó tomates y chiles. Tiene sesenta y un años, vive con diabetes y trabaja en lo que salga. Su esposa, sus hijas y sus hijos cuidan bebés, limpian casas o levantan cercos para grandes empresas. Salieron como refugiados con apoyo de una agencia internacional y de parientes que habían migrado décadas atrás; hoy se esconden, porque ya nadie se siente seguro ni en tierra ajena.
Cuando mataron a sus hermanos —a Aly Domínguez en enero de 2023 y a Óscar Oquelí Domínguez en junio del mismo año, este último frente a su familia—, la sentencia ya estaba escrita: el siguiente era Reynaldo. Tras ocho años defendiendo el río Guapinol, lo intuía: lo decían las redes sociales y lo confirmaba la impunidad con que operaba la empresa minera, la impunidad con la que quedan los asesinatos de ambientalistas en Honduras. Entonces, cargó con su esposa, sus hijos y sus nietos y se mudó a otra ciudad de Honduras, a una casa donde apenas cabían, añorando el río y los cultivos que dejó atrás. Meses después dejaron el país.
Ana Mabel, su esposa, siente que todo esto es una repetición. De joven vio a su padre, don Isaías de la O, luchar junto a Carlos Escaleras, uno de los primeros ambientalistas de la zona y considerado el primer mártir del Aguán, asesinado en 1997 en el conflicto por una planta de aceite de palma del empresario Miguel Facussé, cerca del río Guapinol. El parque que defendieron hoy lleva el nombre de Escaleras.
«Carlitos le dijo a mi papá: “vos ándate, que a vos te van a encontrar primero; yo me puedo esconder más fácil”. Mi papá se fue, y cuando iba por Guatemala mataron a Carlos», recuerda Mabel y se le ahoga la voz.
Décadas después, el megaproyecto minero Los Pinares —de Ana Facussé, hija del empresario Miguel Facussé (QDDG) y su esposo, el empresario de la construcción Lenir Pérez— se instaló justo en la zona que Escaleras y don Isaías habían defendido. El sufrimiento volvió. «Mi papá motivaba a los jóvenes en las protestas. Hasta lo gasearon [reprimieron con gas lacrimógeno] y tuvo que ir la ambulancia; por eso quedó mal de los pulmones», cuenta Mabel. En abril de 2025, cuando la familia llevaba meses fuera del país, don Isaías murió. «No pude verlo, solo por teléfono. La ausencia de nosotros lo entristeció mucho».
Reynaldo cuenta que Juan López, ambientalista asesinado en septiembre de 2024 y su compañero más cercano, le dijo casi las mismas palabras que Escaleras le había dicho a su suegro: «usted váyase, que van a venir por usted».
Reynaldo se fue; Juan se quedó y lo mataron.
De la difamación a la muerte
El megaproyecto de Inversiones Los Pinares afectó la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras y los ríos Guapinol, San Pedro y La Ceibita, que abastecen de agua a decenas de comunidades en las montañas cercanas al Caribe hondureño. Frente a la mina, esas comunidades se agruparon en el Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, liderado por Juan López y Reynaldo. Hoy ninguno encabeza ya la lucha y quienes quedaron calculan unas cuatrocientas personas desplazadas por el conflicto. La más golpeada es Guapinol.
La violencia digital antecedió a la letal. El mismo día en que Oquelí fue asesinado, en junio de 2023, se activó en cuestión de horas una red coordinada de cuentas en X que negaban su condición de defensor y lo criminalizaban. Según investigadores independientes en riesgos digitales y las verificaciones del medio Contracorriente, esas cuentas —creadas casi todas semanas antes, con escasa actividad orgánica— dedicaban la mayor parte de sus mensajes a promover empresas de Lenir Pérez, como el Aeropuerto Palmerola y Alutech, ambas del conglomerado EMCO Holding, registrado en Delaware, Estados Unidos. También lo defendieron cuando se supo que el FBI lo había interrogado.
La red se conectaba con el portal Hondunews, cuyo propietario, Daniel Villeda, es además jefe de redacción de La Tribuna, uno de los diarios más antiguos del país. Villeda admitió a Contracorriente que redactó las notas que tildaban a los defensores de «falsos ambientalistas» y que Hondunews mantuvo contratos de publicidad con empresas de EMCO entre 2019 y 2023, en los que también publicaba boletines enviados por esas empresas. «Por la línea económica de cualquier medio aquí en Honduras, por fuerza se tenían que publicar», dijo. El patrón —difamación digital que precede a la violencia— no es exclusivo de Honduras: una alianza regional coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) documentó en seis países setecientas ochenta y nueve publicaciones de ataque y el hostigamiento a setenta y siete personas, comunidades y organizaciones.
La esperanza que no llegó
Los asesinatos de Aly y Oquelí ocurrieron en 2023, apenas un año después de que el gobierno de izquierda de Xiomara Castro (Partido Libre) asumiera el poder, tras ocho años del conservador Partido Nacional de Juan Orlando Hernández —después condenado por narcotráfico en Estados Unidos e indultado por Donald Trump en diciembre de 2025—. Para Reynaldo el dato pesa: él trabajó para que Libre llegara al poder y creyó en la promesa de una Honduras distinta.
Pero la ironía es profunda y hasta grosera. Aly, criminalizado junto a Reynaldo y Juan López en 2019, había sido activista del Partido Nacional y coordinador local de «Vida Mejor», el programa social estrella del presidente Hernández, señalado por opacidad y manejo irregular de fondos públicos. «Yo le decía: “tu presidente te tiene preso”», recuerda Reynaldo. Un año después de que ese gobierno cediera el poder, Aly fue asesinado junto a otro compañero, Jairo Bonilla.
«Esas cosas nos pierden en este caminar de las luchas: ¿por qué no ocurrió esto cuando estaba Juan Orlando? ¿Cómo pasó en el gobierno de Xiomara, al que le pusimos toda la esperanza?», dice Reynaldo. Aun así reconoce un logro: en mayo de 2024, el decreto 18-2024 recuperó y protegió la zona núcleo del parque, prohibiendo la minería en el área que Los Pinares pretendía explotar. «Falta que lo implementen», advierte. El decreto desató otra campaña de difamación, esta vez desde el portal Noticias de Colón, que acusaba al Comité de provocar el «desplazamiento forzoso de cincuenta mil personas»; el rumor llegó a las comunidades más aisladas y derivó en amenazas.
Cuando mataron a Oquelí, Reynaldo estaba en Estados Unidos, en una gira de incidencia. Allí opera Nucor Corporation, el gigante del acero con el que Los Pinares mantuvo transacciones hasta 2023. Y de allí llegó también la señal que hoy más inquieta a los defensores: el respaldo de Trump al nacionalista Nasry «Tito» Asfura en las elecciones de noviembre de 2025 que hace temer que la mina, frenada en los últimos años, vuelva a activarse.
La hora de Guapinol
Pese a todo, Reynaldo sostiene la esperanza: «Tengo fe en que volveremos con la frente en alto, en defensa de una causa que es de todos. La minería no es solución; hay otras maneras de desarrollar el municipio. Si nos fallan las autoridades, será una tragedia más».
Reynaldo y Mabel casi no salen de casa, salvo cuando hay trabajo. Un día vamos a un almacén y, a los pocos minutos, una mujer se les acerca casi llorando: fue su vecina en Guapinol y migró hace cuatro años. En este país, los reencuentros ocurren por casualidad, en el pasillo de una tienda.
La familia se ha dispersado, pero veintiséis de sus miembros lograron quedarse cerca, en dos casas de vecindarios contiguos. Esta noche se juntaron. Es domingo y son las diez aquí, pero son las ocho en Guapinol: Reynaldo y sus hermanos sobrevivientes siguen marcando, por dentro, la hora del pueblo. Una decena de niños corre entre los adultos que tomamos café con pan. Reynaldo no para de contar anécdotas; habla de Juan, de sus hermanos. «Decía Juan: “si la vida hay que defenderla con la vida, adelante”. Juan ya hizo esa prueba», dice.
En Guapinol, Reynaldo fue presidente de la junta de agua; Aly, de la junta de padres de familia; Oquelí, vocal del patronato. Eran el pilar de una familia numerosa que vivía de lo que cultivaba. Hoy dependen del trabajo del día. «No podemos regresar, porque volveríamos a la misma lucha y nos estarían esperando. No somos enemigos del desarrollo, pero sí de la forma en que quieren explotar todo aquí. Vivir sin agua algún día sería más terrible», dice.
Mabel extraña todo: los hermanos de la iglesia, las madrugadas en que ordeñaba la vaca y bajaba al río, andar libre en su Honduras. «Aquí no nos sentimos libres», me dice encerrada en una habitación de la casa que rentan. Recuerda por qué lucharon: el agua del río llegaba sucia, no podían lavar los uniformes de los hijos; y cómo, después, el agua volvió a correr clara. La esperanza la tienen colgada en unos cuadros: collages de Juan, Carlos Escaleras y los hermanos Domínguez fundidos en una imagen del río Guapinol. Con eso invocan justicia, y el deseo de volver. «Yo quiero ser enterrado en mi tierra natal —dice Reynaldo—, no acá».
Entonces Mabel sonríe entre lágrimas. Se levanta y vuelve con un trozo de tortilla y un pedazo de cuajada que nos ofrece, como si estuviéramos en su casa de Guapinol. «Esta cuajada la hago aquí, pero es con leche de bote», dice y se ríe.
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El sube y baja: la disputa de Washington y Beijing por América Latina
Anualmente, la Escuela de negocios de Harvard y la Escuela de Administración y Dirección de Empresas Sloan del MIT organizan una conferencia sobre Tecnología y Seguridad Nacional donde académicos, funcionarios de gobierno y ejecutivos discuten los desafíos apremiantes del mundo. La conferencia suele centrarse en los «titulares más llamativos» del momento. Para definir los temas, un equipo organizador —del que he formado parte dos años— debate qué áreas del mundo merecerán su propio panel en el evento.
Como era de esperarse, el primer panel definido fue Ucrania. Le siguió el mar de China Meridional, dadas las tensiones con Taiwán. Nos quedaba un tema por definir. Pensamos en los crecientes comentarios en línea y los vientos políticos en Washington. La decisión fue clara: América Latina, estelar por primera vez en la conferencia.
Fuera de los «titulares llamativos», la región venía ganando protagonismo silenciosamente en el debate de la política estadounidense, no sólo por la renovada doctrina de la administración Trump de enfocarse en la región en términos de seguridad, sino por su posición como área de disputa en la carrera global entre Washington y Pekín.
El primer BYD que vi
He trabajado como consultor de gestión en distintas partes del mundo —desde Taipéi hasta Chicago— analizando aranceles comerciales, controles de exportación y operaciones de manufactura transfronteriza. Estas reuniones suelen ser bastante áridas, centradas en números, hojas de cálculo y negociaciones.
Después de una reunión en la Ciudad de México, pedi un taxi de plataforma, un Didi (滴滴出行) para ser concreto. Nunca había visto esa app originaria de Pekín donde vivo—no está disponible en Estados Unidos—. El auto que me recogió era un BYD (比亚迪), un vehículo eléctrico chino, prohibido en territorio estadounidense debido a los altos y onerosos aranceles de importación.
Fue solo cuando llevaba unas dos cuadras de recorrido que me di cuenta de que este auto era la manifestación física de todo lo que discutía en las reuniones: el posicionamiento gradual de China como el socio económico número uno para la mayoría de los países de América Latina, por encima de Estados Unidos. Al hablar un poco con el conductor sobre su decisión de comprar este auto, me habló de la autonomía de la batería y las estaciones de recarga. La sede de la empresa nunca apareció como un factor de importancia.
Mientras muchos analistas estadounidenses discuten sobre América Latina a través de artículos periodísticos —hablando de temas como minas de litio, autoridades portuarias y canales diplomáticos—, experiencias sencillas como esta sirven para mostrar cuán evidente se ha vuelto el cambio de equilibrio entre Washington y Pekín en las capitales de la región.
Mientras la difusión de tecnologías y empresas chinas ha seguido creciendo con el tiempo, los analistas de Washington —que llegan tarde a esta conversación—, suelen estar cegados dada la prohibición de tales bienes en Estados Unidos. Acercándose por detrás al juego, intentan montar una contraofensiva que sólo ha llevado a mayores tensiones.
Los patrones que definen estas crecientes tensiones económicas en la región suelen seguir el mismo libreto. Primero, un producto o proyecto de infraestructura chino entra en marcha con fuerza. Luego, los Estados Unidos despiertan ante este cambio y plantean una estrategia de ataque. Después, las capitales latinoamericanas, atrapadas en el medio, enfrentan decisiones cada vez más difíciles.
Por ejemplo, el puerto de Chancay —cerca de Lima, Perú, en la costa occidental de América Latina— abrió un nuevo flujo comercial a través del Océano Pacífico hacia Beijing. Para 2019, COSCO Shipping (中远海运), la naviera estatal china, obtuvo la participación mayoritaria —sesenta por ciento— en este poco común puerto de aguas profundas. Cinco años después, en noviembre de 2024, Xi Jinping, presidente de China, inauguró el puerto. El gobierno estadounidense comenzó a posicionar esta inversión como un punto de conflicto, una preocupación de seguridad para Washington. Perú, ve esta inversión en términos económicos, no políticos y ahora enfrenta el efecto sube y baja de equilibrar los deseos de su mayor socio comercial —China— con los deseos del hegemón de seguridad de la región—Estados Unidos—.
Una historia similar se despliega en el triángulo del litio entre Chile, Argentina y Bolivia. Mientras empresas chinas como CATL (宁德时代) y Ganfeng Lithium (赣锋锂业) se apresuraron a asegurar contratos de compra, los Estados Unidos ahora intentan abrirse paso en la industria minera mediante gestiones personales con los presidentes de estos países. A medida que Huawei (华为) invirtió en redes de telecomunicaciones en toda la región, los Estados Unidos ahora intentan frenar o revertir su expansión. Una y otra vez, vemos un patrón en el que China opera a nivel subnacional mediante la difusión económica de sus productos, mientras que Estados Unidos, tiempo más tarde, intenta ponerse al día o revertir estos cambios a través de presión política directa, con la agenda de seguridad como un eje central.
Para combatir la expansión de la presencia china en Latinoamérica, los Estados Unidos intentan utilizar un libreto que fue útil durante la Guerra Fría, cuando se vivía en un planeta dividido por dos polos ideológicos que exigía definiciones. En pleno siglo XXI, no permanece esa dinámica. Los países en América Latina no son actores que pueden ser persuadidos de un lado a otro. Ven en Washington y Pekín, a aliados únicos, útiles de acuerdo a sus intereses específicos, ya sea infraestructura para un puerto, acuerdos comerciales favorables con un socio o inversión extranjera directa.
No todos los países tienen el mismo poder de decisión. A mayor grado de influencia de una nación, mayor capacidad de navegar este delicado equilibrio, sin atraer la ira de ninguna de las dos capitales. Con economías más grandes y el dominio de ciertas industrias globales, México y Brasil se colocan como los países mejor posicionados para sobrellevar esta tensión.
Cuando China bloqueó las importaciones de soja de Estados Unidos, Brasil se apresuró a llenar el vacío, mientras México se ha convertido en un vivo ejemplo de cómo se gesta esta disputa entre potencias. México se consolidó como un centro del «nearshoring» —estrategia de reubicación de empresas para facilitar la cadena de suministro—, al tiempo que sus exportaciones hacia Estados Unidos en áreas críticas —como los componentes de centros de datos— aumentan. A su vez, los autos BYD y los pedidos de Shein se han consolidado como parte de la cotidianidad mexicana.
Washington toma nota, intentando imponerse con aranceles y amenazas punitivas respecto a la seguridad regional. Las medidas impulsadas por la administración del presidente Trump se concentran cada vez más en países pequeños con menor influencia. Lo que aún está por determinarse es cuán fuerte presionará Washington a los países intermedios de la región y cómo estos podrían responder: si intentarán equilibrar este sube y baja para obtener mayores beneficios de ambos lados, o si serán «ubicados» con mayor facilidad en un bando.
Lo que Washington no está viendo
Washington históricamente tiene una conexión más débil con sus propias corporaciones —fabricantes, mineras y desarrolladoras— en comparación con China, que cuenta con empresas estatales (SOE, por sus siglas en inglés) capaces de negociar directamente en conjunto con el gobierno. Por esta diferencia, los Estados Unidos históricamente han ejecutado decisiones de política exterior a nivel nacional: presidentes hablan con presidentes; embajadores con cancillerías, no se cuestiona el orden jerárquico.
El problema para Washington es que, en esta nueva competencia en América Latina, su adversario negocia a otro nivel: subnacional. Beijing dialoga con alcaldes individuales, autoridades portuarias y empresas, mientras Washington se equivoca del nivel óptimo de discusión, al tiempo que importa retórica de seguridad en un conversación que no solicita guía política.
En el caso de un acuerdo portuario, un desarrollador chino (una SOE, empresa estatal) trabaja en conjunto con el gobierno chino para ofrecer compromisos firmes y tarifas por debajo del mercado. Una empresa estadounidense, a menudo separada de los esfuerzos de su gobierno en la región, no puede hacer acuerdos con el mismo respaldo institucional y promesas de largo plazo.
A medida que Washington internaliza este desajuste, queda por verse si continuará con un libreto de seguridad, —como vemos con la administración Trump— o si en cambio promueve un libreto económico.
Mientras los líderes latinoamericanos se equilibran en el sube y baja entre las dos potencias que a su vez intentan preservar un punto de apoyo en la región, las decisiones difíciles podrían resultar en más disputas y desacuerdos diplomáticos, presagiando un futuro de mayor inestabilidad.
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