Los anteojos es nuestra newsletter de coyuntura. Cada semana, comisionamos dos crónicas de temas que todo mundo habla pero nadie te explica. Para recibirla en tu correo:
Esta semana es diferente. Por primera vez y con motivo de las fiestas patrias, hemos dedicado Los anteojos a un solo país: a México. La nación se encuentra dividida entre dos visiones. Unos aplauden los logros de la administración actual; otros, la critican.
En lugar de caer en sesgos, en Perpetuo queremos presentar a nuestros lectores con ambas perspectivas ante el tema que más inquieta a los mexicanos: la seguridad. La verdad, existe entre las ideas. Y en una revista, debemos crear esa veracidad en los puntos medios.
Esta semana:
Natalia Torres argumenta por qué aunque han bajado los homicidios, la estrategia federal no ha impactado en el día a día.
Manuel Pedrero reflexiona sobre los logros tras ocho años de la Cuarta Transformación en materia de seguridad e igualdad social.
¿Cómo va el país? Esa es la pregunta —quizás vaga— que quisimos plantearnos en esta entrega. Dependiendo de quién responda, el panorama será radicalmente distinto. En los puntos más extremos del espectro político mexicano estarán los fatalistas que afirmen que necesitamos la salvación de nuestros vecinos del norte y, del otro, los incapaces de criticar al modelo actual, que defienden que ya habitamos el país de las maravillas. Como siempre, se requieren matices.
Para entender la historia completa, estamos convencidos, hay que ver las dos caras de la moneda. Natalia Torres y Manuel Pedrero se han consolidado como jóvenes que hacen política desde sus trincheras: el análisis y la investigación. Mucho se habla de relevo generacional en las estructuras partidistas, pero no se enfatiza la necesidad de que ese relevo se vea también plasmado en los medios de comunicación, en las voces que escuchamos y leemos. En Perpetuo, tenemos una meta ambiciosa: servir como instrumento para la consolidación de una nueva «comentocracia»—jóven, crítica y visible—.
Esta semana, en México, conmemoramos el grito que nos dio la Independencia, hace 216 años. Cada 15 de septiembre, el titular del ejecutivo —la titular en este caso— sale al balcón de Palacio Nacional a mirar a su pueblo y plasmarse como garante de la Constitución. Las fiestas patrias —como otras temporadas de festejo— pueden servir no sólo para el goce, sino para la introspección.
¿Cómo llega Claudia Sheinbaum a este segundo grito de su administración? Dejemos que Natalia y Manuel lo contesten, y vayamos a Los anteojos.
— Sofía Otero, editora de Los anteojos
México, a dos años de Sheinbaum
El sexenio más consciente que he vivido —políticamente hablando— ha sido el del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Claro que recuerdo a Enrique Peña Nieto —su predecesor— pero en sus elecciones yo no podía votar, aún era menor de edad. Siempre me gustó la política y aunque medianamente entendía las pláticas de sobremesa que tenían mis papás con mis tíos o mis hermanos con mis primos, la realidad es que fue hasta finales del gobierno de Peña que empecé a cobrar un poco más de consciencia.
Mi familia, siempre politizada y apuntando los comentarios políticos hacia diversas direcciones, me dejó algo muy claro: la seguridad es de los retos más grandes del país. Sin importar el color en turno, la crisis a resolver siempre ha sido gigantesca. Conforme empezaba a crecer, estudiar, leer y formarme como abogada, lo corroboré. La inseguridad de este país es el efecto de una causa completamente identificable: la impunidad.
Los mexicanos sufrimos cada vez más inseguridad porque hay cada vez menos expedientes resueltos o procesos de denuncia que logren algo diferente a provocar una sensación de pérdida de tiempo absoluta, producida por el espacio mismo en que una persona debe denunciar un daño. El punto es claro: las condiciones de México en su atmósfera política, social, jurídica, institucional y de gobierno, generan el fertilizante perfecto para que a la gente nos duela algo que no puede solucionarse: la «seguridad».
A dos años de la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, el reto no ha cambiado. El problema es que la dinámica política tampoco. Si algo enseñó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) —el otrora partido hegemónico— es que la mentira y el ocultismo son los recursos perfectos para la construcción eficiente de las narrativas. Algo parecido al ya famoso «los números no mienten, pero se puede mentir con los números». Que esta sea la estrategia adoptada no resulta extraño dado que la formación política del actual grupo en el poder es exactamente la misma que tuvieron los priistas durante setenta años en este país.
Cuando digo que Morena heredó las formas de hacer política del PRI no hablo únicamente en sentido figurado. El propio Andrés Manuel López Obrador —expresidente de México— inició su carrera política dentro del Revolucionario Institucional. Y no fue el único.
Dentro de Morena hay varias figuras de gran relevancia que también se formaron dentro de las estructuras priistas. Está Marcelo Ebrard que militó en el partido casi dos décadas y fue secretario general del PRI en la Ciudad de México; Ricardo Monreal, actual coordinador de la Cámara de Diputados; y Manuel Barlett, exfuncionario del gobierno obradorista que fue gobernador y dirigente nacional del debilitado monstruo político, PRI.
Morena nació prometiendo romper con el viejo régimen, pero una parte fundamental de quienes construyeron el nuevo poder aprendieron a hacer política dentro de él. Los partidos pueden cambiar de nombre; las formas de ejercer el poder son bastante más difíciles de sepultar. Un perro viejo no aprende nuevos trucos.
Hay algo que me incomoda cada vez que escucho al gobierno de Claudia Sheinbaum decir que los homicidios han disminuido más de 50% y que eso, entonces, hace que México sea un país más seguro. La seguridad de un Estado, creo yo, no se define única y exclusivamente con los homicidios. Si no entendemos que incluso un porcentaje que nos diga que hay menos delitos puede generarse porque hay menos personas que denuncian —aunque los crímenes sí se cometan— las estadísticas siempre podrán instrumentalizarse para crear una narrativa que está muy lejos de acercarnos a la verdad. Y sin completa noción del problema, ni lo mides, ni lo cuentas, ni lo comunicas, ni lo arreglas.
Construyen, a partir de una gráfica, un silogismo que opera con un «matan menos, ergo, estás más a salvo» que se plantea para decirnos que ese reto gigantesco está haciéndose cada vez más pequeño. Nos dicen que el problema ya se está solucionando porque, a diferencia de todos los demás, este gobierno «sí tiene intenciones de mejorarlo, no de maquillar las cifras para que así parezca». Y bueno, eso también considero es falso. Me incomoda la verdad escondida entre varias mentiras y no es porque la mentira sea el único factor de incomodidad. En realidad, es porque las mentiras atentan contra personas de carne y hueso.
El dato de la reducción del 50% en homicidios no es inventado. No eligieron un número al azar y lo empezaron a comunicar. Pero sí eligieron solo una parte de la foto para querer enseñar el paisaje. Te enseñan solo la falda de la montaña y no es falsa. La falda se ve así, pero no se asoman las cumbres. Y eso, si bien es deshonesto, también es la forma en la que aprendieron a hacer política. Uno nunca niega sus orígenes, y Morena no los niega ni queriendo.
El gobierno federal sostiene que, entre septiembre de 2024 —el momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum tomó el rumbo de México— y julio de 2026, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 86.9 a 42.5; una reducción de 51%. Si uno mira únicamente esa gráfica, la conclusión positiva es inevitable: la estrategia de seguridad está funcionando y México es un país considerablemente menos violento que hace dos años. Yo quisiera que fuera así de sencillo y, sobre todo, que así se sintiera la gente en la calle, igual de contenta que ese 51% asomándose en el informe de la presidenta. Pero no es el caso.
Las cifras que el gobierno presenta cada mes vienen de los registros de incidencia delictiva, basados en la información de las fiscalías locales: averiguaciones previas y carpetas de investigación que luego pueden ser actualizadas, corregidas o reclasificadas. No son la única manera de medir la violencia en México y tampoco deberían serlo. El problema, de nuevo, son las cumbres. No la falda. El truco está, en buena medida, en qué decides contar y en qué momento lo cuentas.
Cuando el gobierno presume la caída de los homicidios, utiliza principalmente los registros de víctimas de homicidio doloso que las fiscalías reportan al Secretariado Ejecutivo: es decir, casos que ya ingresaron al sistema mediante carpetas de investigación y que, además, fueron clasificados específicamente como homicidios dolosos. El tema es todo lo que queda fuera de la fotografía. Una persona desaparecida —cuya muerte no ha sido confirmada— no aparece ahí; tampoco suman los homicidios culposos, los feminicidios, ni las muertes violentas clasificadas como «otros delitos contra la vida».
Las cifras del Secretariado pueden modificarse más adelante conforme las fiscalías reclasifican sus registros. Por eso, cuando México Evalúa amplía el universo y suma cinco categorías oficiales —homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas y no localizadas—, la reducción de la violencia resulta mucho menor. Aunque el gobierno puede exhibir caídas superiores al 50% en homicidio doloso desde el inicio del sexenio, la medición integral de violencia letal apenas cayó 8.6% entre 2024 y 2025. No necesariamente están inventando muertos que no existen; están escogiendo una categoría más estrecha para describir un fenómeno mucho más amplio. Y dependiendo de qué vidas decides poner dentro de la estadística, puedes contar una historia radicalmente distinta.
Para este punto me parece que el problema es muy evidente: si solo discutimos la seguridad interna a partir del homicidio doloso, terminamos mirando a México por el agujero de una cerradura. Si realmente quiero saber si mi país es más seguro, debo abrir la puerta completa. Necesito saber cuántas personas desaparecen; cuántas muertes terminan clasificadas como homicidio culposo, feminicidio u «otros delitos contra la vida»; cuántas personas son extorsionadas, asaltadas o violentadas sexualmente; cuántas denuncian; cuántas consiguen que su denuncia se convierta siquiera en una carpeta de investigación; cuántos delitos llegan ante un juez; cuántos responsables reciben una sentencia; cuánto territorio controla efectivamente el Estado y, finalmente, y no por ello menos importante: si quienes vivimos aquí nos sentimos seguros.
Cuando abro así el panorama, la historia deja de encajar cómodamente en una gráfica de homicidios presumida alrededor del segundo informe de gobierno de la presidenta.
Cada año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) —órgano gubernamental autónomo— realiza la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Durante 2025, esta encuesta reportó que se cometieron 33.8 millones de delitos en México. El 93.4% no fue denunciado o no derivó en una carpeta. Es decir, por cada cien delitos que ocurren en el país, aproximadamente noventa y tres permanecen fuera de la estadística de investigación penal. Y la cifra negra no mejoró: pasó de 93.2% en 2024 a 93.4% en 2025.
En el fondo de cualquier número que pueda publicarse para hacer política, yace una pregunta clave: ¿las reducciones de las gráficas se sienten en las calles? En junio de 2026, aún después de la reducción registrada durante el año, 59.8% de los habitantes adultos de las principales ciudades decían sentirse inseguros en su día a día. Entre las mujeres, la proporción alcanzaba 65.6%. Siete de cada diez personas se sentían inseguras al utilizar un cajero automático en la vía pública y más de seis de cada diez, en las calles. Si casi seis de cada diez habitantes urbanos continúan percibiendo que el lugar donde viven es inseguro, no puedo concluir que el problema está resuelto porque una categoría delictiva haya bajado.
De nuevo, todo lo anterior no significa que la reducción de los homicidios sea falsa. Significa que «seguridad» y «homicidio doloso» están muy lejos de ser sinónimos.
Yo quiero ver y analizar las cifras de homicidios, pero también de desapariciones. Quiero saber cuántas extorsiones y delitos sexuales realmente se cometen. Quiero conocer la «cifra negra». Quiero saber cuántos delitos terminan en una carpeta, cuántas carpetas llegan ante un juez y cuántas producen una sentencia. Quiero conocer la capacidad de nuestras policías y fiscalías, pero también el control territorial que conservan las organizaciones criminales. Quiero saber cuántos comerciantes pueden abrir sus negocios sin pagar derecho de piso y cuántas mujeres pueden caminar hasta su casa sin modificar su ruta por miedo.
En otras palabras: dependiendo de qué decidamos contar, podemos plasmar dos Méxicos diferentes. Uno aparece cada mañana en la conferencia presidencial detrás de una gráfica y el otro está compuesto por personas desaparecidas, familias buscando cuerpos, mujeres violentadas, comerciantes extorsionados y comunidades que han aprendido a convivir con poderes que no llevan uniforme ni fueron electos por nadie. Es ese segundo México el que me interesa mirar para evaluar los primeros dos años de Claudia Sheinbaum.
Quizá el error no está en la cifra que la presidenta enseña, sino en todas las cifras que dejamos de mirar mientras la vemos.
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México, a dos años de Sheinbaum
Iba caminando por las calles de la Ciudad de México con los audífonos puestos rumbo a una entrevista. Nada muy fuera de lo usual, hasta que Juana saltó enfrente de mí, jadeando. Había corrido para alcanzarme. Era una mujer de manos gruesas, uniformada, una trabajadora de limpieza. Sin comprenderla del todo —por los audífonos todavía puestos en los que sonaba Radiohead— Juana me gesticulaba, visiblemente apasionada.
«Yo llevo veinte años limpiando pisos, lavando trastes, planchando ajeno y recogiendo desastres. Si alguien sabe de limpiar cochineros soy yo, y le puedo asegurar, joven Pedrero, que la mejor forma de limpiar porquerías que dejaron otros, es de arriba hacia abajo. Lo mismo es en el gobierno. Esperan que Claudia y AMLO (Andrés Manuel López Obrador) limpien el cochinero de casi cien años en tan solo ocho», me dijo Juana contundente.
Rápidamente fluyeron las palabras, me contó por ejemplo que era madre soltera, que su hija había recibido una beca del gobierno federal, y que vivían en Iztapalapa —una de las alcaldías más pobladas y precarizadas de la capital—. Juana me hablaba como si me conociera, porque de alguna forma, lo hacía. Era parte de la audiencia que cada tarde, de cuatro a seis, me sintoniza a través de YouTube, para enterarse de las noticias del día a día. Le entregué una sonrisa, un abrazo, y me despedí tras el corto encuentro.
Coincido con el diagnóstico de Juana. El aparente lejano 2018 está más cerca que nunca. La victoria de la izquierda significó el fin del gatopardismo que inventaron el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). Aunque ambos partidos de la hoy oposición presentaban aparentes diferencias ideológicas y prácticas en el plano público, en el ámbito privado se repartían las gubernaturas, el presupuesto y el botín de la gran tentación, México.
Si Morena, Claudia Sheinbaum y López Obrador fuesen ese gran PRI resucitado, como se encargan de vociferar los columnistas —a los cuales yo llamo «calumnistas»—, al tabasqueño le habrían regalado la presidencia desde 2006. Claro, le habrían otorgado el poder bajo el supuesto de que continuaría el servilismo institucional a quienes se sentían amos y dueños de la nación, los mismos que se acostumbraron a tratar al presidente en turno como empleado, como pelele. Le costó a Andrés Manuel, a su movimiento y a México cuarenta años de lucha democrática, llegar a Palacio Nacional a través de los votos y no de las balas.
La Cuarta Transformación (4T) —como se le denomina al movimiento social fundado por López Obrador— prometió un cambio radical y no mintió. El término «radical» viene de «raíz», y fue desagradable conocer la putrefacción de las raíces del Estado mexicano, contaminado hasta las entrañas por el «PRIAN».
Desde el año 2000, López Obrador, entonces candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, denunció la simulación democrática en un debate en televisión abierta. Aunque el PRI y el PAN se pintaban como contrincantes, según el diagnóstico del tabasqueño, operaban bajo una competencia ficticia, al responder a los mismos intereses: los de las cúpulas de poder económico. El tiempo le dio la razón. Veinte años más tarde, los supuestos bandos rivales anunciaron su alianza política en las urnas, con tal de intentar vencer a la 4T. De eso solo salieron más manchados, porque sí, lo que tocan, lo embarran: la prensa doblegada, los círculos de intelectuales y académicos, hasta algunos adeptos en la farándula. Al final, la aspiración del movimiento convertido en gobierno era mayúscula, combatir un problema claro pero que se había filtrado en demasiadas grietas: la corrupción.
El expresidente priista, Enrique Peña Nieto, ya nos había intentado marcar un destino del que planteaba no había escape. En medio de los escándalos por los monstruosos desfalcos en su administración, declaró que la corrupción era «un asunto de orden cultural», es decir, algo arraigado, parte de nuestra idiosincrasia. El planteamiento de Peña, además de ser aborrecible, es falso.
El mexicano de a pie no es malo ni corrupto ni corruptor. Establecer lo contrario poco se aleja de los supremacistas blancos en Estados Unidos que afirman que las personas negras «cometen más delitos», los racistas argumentan, resultado de su contexto cultural y hasta genético. Millones de mexicanos antes de pensar en robar para comer, hacen lo que muchos políticos no podrían porque desconocen el acto: trabajar. No por nada una y otra vez México aparece hasta arriba en las listas de países donde más horas se labora. Y dicho sea de paso, se trabaja con todo y horas extra que no son pagadas, abusos laborales y patronales, soportando todo tipo de adversidades con tal de llevar un bocado a la familia. Lo escribo y pienso en Juana.
Lo digo sin tapujos: el México de 2026 —aquel que lleva ocho años gobernado por la Cuarta Transformación— es una nación más segura y más justa que aquella que habitábamos en 2018. De la pandemia, salimos a flote. Incluso con ese contexto de crisis mundial, el sexenio pasado cerró con un logro innegable: 13.4 millones de mexicanos salieron de la condición de pobreza, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con Sheinbaum, aún no son públicos los resultados por la periodicidad de la encuesta (cada dos años), por lo que se espera que se despliegue en 2026, y se presente en 2027.
Aun así, la diferencia es evidente. Durante los gobiernos del panista Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, el efecto fue contrario: en conjunto crearon alrededor de 15 millones de pobres, considerando los datos oficiales de «pobreza por ingresos». Para no complejizar de más, la conclusión es certera: el gobierno que durante años abanderó el dogma creado por Enrique González Pedrero «por el bien de todos, primero los pobres» cumplió.
La estrategia de seguridad «abrazos, no balazos», tampoco se quedó atrás en dar alivio a un país que se estaba desangrando. La falsaria «guerra contra el narco» de Calderón provocó un efecto espiral de violencia nunca antes vista en México. El resultado: 120.000 muertos durante el panismo, 156.000 muertos durante el priismo y 200.000 muertos durante la primera administración morenista. La tendencia que originó Calderón y que continuó Peña Nieto es el primer dato para entender la dimensión de lo que está sucediendo hoy.
Si López Obrador continuaba la estrategia de sus antecesores, la tendencia marcaba una proyección fatal; no de 200 mil muertos, sino de una cifra mayor. Lo innegable es que, con AMLO, la tendencia de homicidios, por primera vez desde el sexenio de Calderón, fue a la baja. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el último año de López Obrador cerró con una disminución del 22% en homicidios dolosos, respecto al pico histórico de 2018. Aun así, la seguridad seguía siendo una deuda, y es entonces que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum. Si bien los programas sociales del sexenio obradorista fueron una clave para disminuir la pobreza y la violencia, hacía falta una reestructuración sólida de la estrategia de combate frontal y calculado contra el crimen organizado. La presidenta tomó nota y actuó.
Junto al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, la presidenta planteó una estrategia de cuatro ejes principales: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de los trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional. Los resultados fueron contundentes: los homicidios se redujeron a la mitad, los datos prueban que así es, eso no está en debate.
A los logros de seguridad, se suman los económicos. México hoy cuenta con cifras récord de inversión extranjera directa (casi 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026), e histórica recaudación de impuestos (con un crecimiento de 4.8% en 2025). Para ampliar las capacidades financieras del gobierno no fue necesaria una reforma fiscal, sino dejar de condonar impuestos, de forma sencilla: cobrar lo debido a los grandes magnates que se creían intocables.
La reacción virulenta de esos que durante décadas litigaron y gastaron dinero para no pagar dinero nos lo confirma. El caso más emblemático sin duda es el de Ricardo Salinas Pliego, un ultrarrico —cada año en un puesto más bajo en la lista de Forbes, eso sí— dueño de TV Azteca, emporio de la comunicación propagandística que opera gracias a una concesión del Estado mexicano. A través de sus redes —infladas con bots— Salinas Pliego se ha posicionado como el opositor predilecto, poseedor de las características más rancias de la versión caricaturizada del empresario anti-4T: racista, clasista, machista, ofensivo y orgullosamente ignorante de su visión del mundo.
Incluso en septiembre, mes patrio, en pleno júbilo por nuestra Independencia, en vísperas de terremotos sociales y geológicos, figuras como el evasor fiscal y demás opositores de derecha no descansan en ofertar al país. Sueñan con volver a controlar y repartir lo que es nuestro, la nación. Mientras en México se habla de defensa de la soberanía, en Washington los priistas se dicen defensores de la democracia, y en el Parlamento Europeo los panistas acusan persecución. No es necesario desenmarañar la ironía.
En México, los proyectos anti-derechos como aquellos promovidos por figuras como Fernando Cerimedo y Javier Negre —a través del medio de desinformación «La Derecha Diario», con apoyo de Salinas Pliego— están condenados al fracaso. La explicación es simple para todo aquel que conozca al mexicano: ni con todo el dinero del mundo se nos podrá borrar la memoria colectiva de las tragedias del pasado, ni el agradecimiento del presente.
Cada año, en México, se recrea el grito que el cura Miguel Hidalgo y Costilla exclamó el 16 de septiembre de 1810: «¡Muera el mal gobierno!» El segundo grito de la presidenta, en conmemoración de aquella madrugada en Dolores, es un recordatorio permanente, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, de que las tierras aztecas se cuecen punto y aparte.
México y su pueblo viven tiempos estelares. En un mundo dominado por la hegemonía estadounidense —aliada del sionismo expansionista— depende de una mujer mexicana y de ascendencia judía, defender la independencia y soberanía de su patria.
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